miércoles, 29 de noviembre de 2006

De Nápoles a Alicante


El litoral de Denia hasta Mojácar es uno de los objetivos estratégicos de la mafia napolitana para blanquear su dinero de procedencia ilícita, casi exclusivamente en el sector inmobiliario, según se ha puesto de manifiesto estos días en el seminario organizado en Alicante por la Fiscalía General del Estado.

La fiscal de Nápoles especializada en la Mafia, Roberta Simeone, ha confirmado esta actividad de blanqueo en Alicante, Murcia y Almería, por ser más fácil esconder ese dinero ilícito en la Construcción y ser muy conscientes de ello las bandas criminales organizadas del sur de Italia.

El sector inmobiliario de la zona está pues bajo sospecha y es intensamente investigado actualmente por la Guardia Civil junto a entidades de crédito igualmente sospechosas de cooperación necesaria para delinquir. “Las facilidades dadas aquí a ese blanqueo atrae a las bandas criminales organizadas”, según Simeone.

“Ustedes están menos acostumbrados que nosotros a detectar ese dinero ilícito y por eso la mafia de Nápoles (en la ilustración de arriba con el Vesubio al fondo) se ha venido hasta aquí al encontrar menos controles”, dice Simeone.

Por su parte el fiscal de Marsella experto en crimen organizado, Patricio Ollivier, asevera que “donde hay dinero existen organizaciones criminales” tras matizar que estamos blanqueando aquí dinero ilícito de toda Europa.

Ambos fiscales, italiano y francés, están asesorando ahora a nuestra Fiscalía y Policía Judicial en estas cuestiones por lo que puedan afectar a donde se acumula riqueza inmobiliaria en Alicante, Murcia y Almería.

El narcotráfico es la gran actividad de estas bandas, ahora asentadas entre nosotros, como lugar intermedio de ese narcotráfico entre África y Europa, para su mejor control. Otra razón es esconderse en un lugar menos controlado policialmente para gestionar el negocio de la droga entre Sudamérica, Italia, Francia y España.

Ambos fiscales especializados recomiendan a las autoridades policiales y fiscales españolas participar de un servicio de inteligencia compartido y de su base de datos, entre España, Italia y Francia, para un mejor conocimiento de estas bandas mafiosas, sus componentes y actividades criminales.

Finalmente aconsejan a España más represión, penas más duras, confiscación de bienes e intervención de la sociedad civil en contra. (NEM).

lunes, 20 de noviembre de 2006

La corrupción puede acabar con la democracia


Las leyes españolas hacen compleja y difícil la persecución especializada de los delitos económicos, urbanísticos, medioambientales y contra la ordenación del territorio. Eso explica, entre otras causas, el retraso en las consecuencias de la investigación en marcha por las Fiscalías alicantina y murciana sobre los ilícitos de corrupción, prevaricación y cohecho, asociados todos a otros delitos económicos cometidos por las mafias locales de cuello blanco y foráneas en presencia.

Para el catedrático de Derecho Procesal de la UNED y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, en la Construcción “hay blanqueo de capitales y se genera dinero negro”, según declaraciones de ayer a la prensa de la zona.

El caso es que la justicia penal es lenta, ineficaz y no sirve frente a la nueva delincuencia desatada en Alicante y Murcia. Haría falta que fuese más ágil, y con controles previos, para evitar también todo tipo de ella tras el descuido que se ha tenido con la corrupción en la política local. Habría que tener más que claro que “no se puede permitir que un delincuente ejerza de autoridad local ni tampoco los reinos de taifas de los ayuntamientos”.

Ni la corrupción en la administración local es de ahora ni la urbanística es nueva sino que hace tiempo que existe en estas dos provincias mediterráneas. La gente huele que se dan políticos y técnicos corruptos, que cobran por recalificar terrenos y otorgar licencias en lo que no es sino una pura prevaricación. Pero como, a juicio de Gimeno Sendra, “la corrupción urbanística es un tipo penal con normas en blanco”, se dan pactos de silencio para delitos de difícil prueba y un dinero B cuyo rastro es complicado de seguir.

Un presunto delito desde las administraciones públicas normalmente se remite primero a la colapsada vía contencioso-administrativa por parte de los jueces penales. La corrupción administrativa precisa de la necesidad previa de la existencia de un ilícito administrativo, una contravención de la legislación urbanística. Pero el Derecho Penal y el Administrativo siguen siendo en España dos compartimentos estancos y, aparte del colapso, la vía contenciosa es poco eficaz a la hora de establecer medidas cautelares al no suspender el acto administrativo. Entonces las obras ilegales se consolidan tras un procedimiento que llega a durar hasta diez años.

Pero también la falta de un conocimiento profundo de fiscales y jueces sobre estos temas y de medios para abordarlos, concluyen en que las querellas por prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio suelen no ser admitidas o archivarse las diligencias previas. Los jueces de Murcia y Alicante son independientes pero muy ignorantes. Policía y Guardia Civil de aquí tampoco suelen saber de urbanismo o de delincuencia económica y societaria. Ni existe relación directa e inmediata, o es muy deficiente, entre la Fiscalía y la Policía Judicial. Para más “inri”, y tal como denuncia este catedrático, Anticorrupción no tiene economistas-auditores a su servicio en ambas provincias ni se da coordinación alguna entre los fiscales y los policías de investigación.

“La corrupción puede acabar con el sistema democrático”, alerta el profesor Gimeno desde su casa de El Campello, si sigue sucediendo lo que sucede. Y es que el urbanismo y la economía están ahora demasiado relacionados en ambas provincias. Proliferan por eso las construcciones ilegales. Pero no se puede permitir a los ayuntamientos, en materia de urbanismo, falta de previsión y planificación de suministro hídrico, eliminación de residuos o déficit de infraestructuras. Los fiscales tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir las leyes vigentes a la vez que urge despolitizar a los jueces. Porque existe garantía de que la Fiscalía no va a prevaricar, ni siquiera en temas de corrupción política.

Si bien los municipios tienen su autonomía consagrada en la Constitución, y ésta habla de las competencias exclusivas de supervisión urbanística de las Comunidades Autónomas, si permiten, consienten u otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Aunque la prevaricación, como el cohecho, tiene hoy una pena leve. Lo más aconsejable, a juicio de los especialistas y expertos, sería contar con una jurisdicción de lo contencioso rápida y expedita para evitar que se levanten edificaciones. Un control judicial-administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que ahora está ocurriendo.

jueves, 16 de noviembre de 2006

Ahora le toca a la Región de Murcia y Alicante


Los efectos de la llamada “Operación Malaya” no tardarán de sentirse en la Región de Murcia y sur de Alicante de forma inmediata, según fuentes policiales solventes. Al igual que en Marbella, aquí se dice habrá detenciones preventivas, mucho más sonadas, de políticos, empresarios, altos funcionarios, profesionales, intermediarios y hasta puede que algún que otro financiero local muy comprometido, al parecer, con ciertos sospechosos muy relevantes. Miembros del CNI, con base en Cartagena, Valencia, Alicante y Madrid, pueden haber aportado información previa a las investigaciones más complejas.

La Fiscalía del TSJ murciano trabaja a toda marcha gracias a la rapidez y agilidad de las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil destacadas en Cartagena y Benidorm respectivamente, y otras de Delincuencia Económica Organizada llegadas expresamente desde Madrid y Barcelona. Existen claras ramificaciones delictivas murcianas en el sur de la provincia de Alicante y en el levante almeriense, que también han sido objeto de investigación, y un segundo viejo financiero-promotor inmobiliario de Orihuela (la ilustración de arriba es de su ayuntamiento), está en el punto de mira de los detectives que rastrean algunas pistas muy determinantes.

En medios periodísticos marbellíes, que han seguido este caso, está más que claro que la lucha contra la corrupción urbanística y el consiguiente blanqueo de capitales vivirá muy pronto entre nosotros su segundo gran capítulo a tenor de los movimientos ya percibidos con la Guardia Civil solicitando y analizando papeles en el interior de Ayuntamiento de Cartagena y otras conexiones delictivas descubiertas en su comarca natural. Los resultados más sorprendentes los arroja la investigación, no obstante, en la capital regional murciana y se esperan conclusiones más definitivas a la altura de la próxima Navidad.

Tanto la Jefatura Superior de Policía de Murcia como su Comandancia de la Benemérita participan igualmente en algunas de las pesquisas a las órdenes directas de jueces y fiscales locales. Se han detectado también conexiones con el sur de Italia, Rusia, Florida y República Dominicana, que ya se investigan con ayuda de “Europol” e “Interpol”. Se cree que lo de Marbella es una conspiración para delinquir, comparativamente mucho menor que lo sucedido en la Región de Murcia y sur de Alicante en los últimos diez años, con las mafias autóctonas, y foráneas de Nápoles, San Petersburgo, Moscú, Miami y Santo Domingo.

Desde hace quince días, la Delegación del Gobierno en Murcia conoce gran parte del operativo puesto en marcha desde instancias judiciales y fiscales de Madrid y Murcia, gracias a una comunicación personal e interna del Ministerio del Interior, que tiene absolutamente movilizado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, al Servicio de Información de la Guardia Civil en toda la costa, desde Torrevieja a Águilas pasando por Los Alcázares y Mazarrón.

Algunas denuncias concretas desde embajadas europeas en Madrid han obligado a intervenir al fiscal de Sala de la Fiscalía General del Estado para ordenar alguna investigación suplementaria mientras se rumorea insistentemente que casi todos los sumarios que se puedan abrir en Murcia terminen finalmente en manos de la Audiencia Nacional por la extensión de esta presunta delincuencia organizada a otras provincias limítrofes, como Alicante y Almería. (NEM)

lunes, 13 de noviembre de 2006

La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"



La primera entidad de crédito de la Región de Murcia, propiedad última de todos los ciudadanos residentes y/o censados aquí, se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de España, Hacienda y de nuestra sociedad civil menos complaciente ante su apuesta radical por la economía especulativa en vez de la productiva o la social. “Cajamurcia” está hoy, además, bajo sospecha hasta de la perspicaz administración federal norteamericana por ciertas compañías que frecuenta y el sorprendente montante de algún crédito concedido.

Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.

No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.

Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.

La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.

La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.

Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.

La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.

El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.

No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.

Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.

Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.

17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística


Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del GobiernoCentral y de algunas organizaciones políticas no aportan solucionesconcretas y se convierten en "pura filosofía".
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valoracomo "muy tibias las medidas propuestas por los partidos y consideranecesario que estos se dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen adar ejemplo ante al ciudadanía".

Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas ala opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio ydebate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticasque consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos decorrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente ynuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible yequilibrado".
Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social einstitucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar asíque la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de formairreversible en nuestro archipiélago.
Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son purascompraventas de recalificaciones urbanísticas.
2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de losAyuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientospúblicos o viviendas protegidas.
3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objetoreclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelosterciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usosresidenciales.
4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácterprevio a los desarrollos inmobiliarios.
5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de sureclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones delimitación de nuestro territorio insular.
6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener unlímite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y deequipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificacionesy/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas ysuelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de lasnecesidades de vivienda protegida.
7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación delos actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía alrespecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo lasurbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.
8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público MarítimoTerrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, esteaumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.
9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no seaurbano a los Ayuntamientos.
10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antesde aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir elblanqueo de dinero.
11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de loscargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es queexisten, y de sus familiares directos, con acceso público.
12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya ladestitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, queesté imputado, procesado o condenado por la justicia.
13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a loscargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos quelas informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa alos cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidadespenales.
14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitosmedioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgadosinsulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.
15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociacionesentre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorioy/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a losmiembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de lasfunciones encomendadas.
16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientosadministrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así comode los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando laposibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popularsobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.
17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestroterritorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano asuelo rústico o de protección ambiental.

El ladrillo


Maximiliano Bernabé

(...) Si repasamos nuestra historia de los últimos años nos encontramos con una expresión que se repite bastante en los titulares: “burbuja inmobiliaria”. Hace referencia al gran crecimiento de nuestra economía basado, en gran parte, en la especulación inmobiliaria. España, en el s. XX ha tenido dos grandes empujones económicos. Uno fue, así aproximadamente, desde 1959 hasta 1974, y el otro comenzó en la segunda mitad de la década de 1990, y en el cuál todavía estamos. Han provocado un gran aumento del nivel de vida, que haya habido una gran brecha entre nuestra sociedad actual y una basada en la actividad agrícola y una economía precaria que traía una solución de continuidad de varios siglos anteriores. También, ha extendido bastante una estética chabacana de nuevo rico, del que ha hecho dinero –o, a lo mejor, no tanto- pero no ha tenido tiempo de pulirse un poco.

En este segundo salto, es donde ha desempeñado un gran papel la especulación inmobiliaria: Si damos un paseo por cualquier calle, veremos que donde antes había una panadería ahora hay una agencia inmobiliaria. Sólo en España se ha construido más en los últimos años que en varios países de la Unión Europea juntos; creo que cada español tocaría a dos casas si se repartieran todas. La urbanización desenfrenada arrasa muchos espacios naturales, multiplica el consumo de agua y parece como si nuestros campos fueran a convertirse, primero, en un mar de grúas y luego en filas de adosados. El precio de la vivienda se ha cuadruplicado en muy poco tiempo, lo que ha provocado una precarización en el acceso a la misma, es decir, hipotecas que, a este paso, acabarán institucionalizando la esclavitud por deudas, descenso de la calidad, infraviviendas, etc. Hasta las conversaciones de mucha gente parecen estar centradas casi exclusivamente en estos temas. No obstante, ningún ciclo de expansión, como nada, es eterno; mucho menos aquellos basados en la creación artificial de riqueza, es decir, en la especulación.

El caso paradigmático es el “crack” de Estados Unidos en 1929, que no fue tan fortuito como pudiera parecer sino que tuvo signos premonitorios. De hecho, las grandes fortunas, los magnates de aquellos años, se vieron tocados, claro, pero no perdieron ni fortuna ni poder. Las riquezas deshechas fueron, más bien, las de “medio pelo”. Si alguien –que tiene acceso a mucha información- ve signos de que el río va a venir crecido, trata de llevarse lo que tiene en la orilla a otro sitio. Otros, que no saben de dónde les viene el viento, cuando ven esto, primero fingen impasibilidad, luego se desconciertan y, más tarde aún, viene el pánico. Y al final de la cascada, los que más acaban sufriendo siempre son los que tenían muy poco o nada.

Eso que oímos tan frecuentemente de que “la burbuja inmobiliaria se va a desinflar” nos parece algo tan lejano, una mezcla de redención y catástrofe, algo que no sabemos si desear o temer, siempre en la esfera de lo nebuloso, como las catástrofes o los amaneceres de gloria. Sin embargo, quizá sea algo más cotidiano y hasta anodino, que ya está pasando. Puede que lo que vemos sean signos, puede que no sea nada, es absurdo jugar a profeta. Están los movimientos de capital de que hablábamos más arriba. Está el aumento continuado de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios –cuando los precios están más bajos, los intereses suelen ser altos, cuando los precios suben mucho el precio del dinero baja, lo que no suele coexistir durante mucho tiempo sin convulsiones es precios altos y “dinero caro”-. Están, claro, todas las viviendas que han sido construidas en los últimos años; todas las que están en venta, que no se venden tan rápidamente como algunos pretenden hacernos creer. Y ahora, si jugamos un poco a la ciencia ficción podemos suponer lo que pasaría si esto sigue así, digamos, dos años más.

Se sigue construyendo mucho, la oferta está saturada. Pero, al mismo tiempo, la subida de los intereses hace que el pago de una hipoteca sea cada vez más oneroso. Por consiguiente, los bancos se cuidan mucho de conceder estos préstamos a quienes no ofrecen garantías de poder hacerles frente. Como consecuencia, sumado a la saturación del mercado, la venta de viviendas comienza a ralentizarse, cada vez más. Mientras tanto, muchos promotores, que han continuado construyendo, han de hacer frente a sus pagos. Alguno, incluso, puede llegar a estar en una situación apurada. Frente a la disyuntiva de quebrar o bajar el precio de las viviendas, y perder algo pero continuar en pie, la elección es clara. En cuanto uno baje, otros, empujados por la competencia, lo harán también.

Durante todo este proceso, es posible que los grandes intereses económicos hayan dejado de invertir en un sector que ya no proporciona ganancias tan rápidas. Sin embargo, no habrá desplome aún, porque muchos pequeños y medianos inversores aprovecharán para comprar mucho de lo que ha bajado o, al menos, no ha subido. Después de todo, la vivienda todavía conservará parte de su prestigio como inversión segura. Esto reactivaría el sector sólo momentáneamente; antes o después la caída continuaría.

Esto no es ningún apocalipsis, la construcción y venta de viviendas continuaría, a una escala mucho menor. Los primeros interesados en ello son los intermediarios, las inmobiliarias: ellos cobran su porcentaje tanto de una transacción alta como de una más baja, lo que no quieren es que le mercado se paralice. Naturalmente, muchas constructoras e inmobiliarias de las que han proliferado en estos últimos años quedarán por el camino. Al descender grandemente el ritmo de construcción y venta, muchas empresas que dependen de ello cerrarán; habrá despidos, el paro crecerá y el crecimiento económico español se parará, o bajará mucho. Esto es lo que se denomina una crisis.

El que pierda su empleo o su poder adquisitivo, no podrá hacer frente al pago de sus deudas, es decir al recibo de la hipoteca. Como es técnicamente imposible que los bancos ejecuten miles o millones de viviendas impagadas –coste económico, opinión pública-, el Estado se vería obligado a intervenir de alguna forma que estaría por ver, puede que de alguna parecida al “corralito” argentino. Y puede que incluso se recortasen o suprimiesen las competencias urbanísticas de los municipios: algunos han actuado como sociedades mafiosas para intereses turbios, y muchos han recalificado terrenos, cuando menos, irresponsablemente. En cualquier caso, nada de esto es tan descabellado, y en algo así podría consistir el fin de la “burbuja inmobiliaria”.
www.elinconformistadigital.com

viernes, 10 de noviembre de 2006

Reflexión sobre cómo engaña el PP


La verdad no está de moda entre las filas populares. Es vista como algo totalmente prescindible, inútil e incluso incómodo. El uso cínico de la mentira al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular a partir de prácticas antipolíticas que alimentan un estado permanente de distorsión de la realidad responde a una estrategia perfectamente estudiada por sus expertos de marketing, desarrollada ambiciosamente visto el éxito que ha tenido en otros países como EE.UU.

Por mis estudios de psicología, este tema siempre me ha fascinado, y en mis libros de texto siempre ha ocupado un lugar privilegiado para la reflexión y profundización. Muy a menudo recupero mis apuntes de psicología social y les doy un repaso para refrescarme y recordar que la palabra puede ser más eficaz y puede hacer más daño que una pistola. Es interesante saber como responde la mente humana a un mensaje, cuando este es efectivo, cuando no, el tipo de lenguaje indicado según sea el público, según el nivel cultural de los receptores, así como las más diversas y efectivas técnicas de manipulación y persuasión que se puedan imaginar.

El Partido Popular aplica todos los días aquellos principios que ya entonces un tal Goebbels asentó en los oscuros años de nazismo. Lo de repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad está a día de hoy más de moda que entonces. Porque el espejo donde el PP se mira es el Partido Republicano de G. Bush y el ejemplo es que allí, sin un líder preparado, con un discurso falto de contenidos y con una gestión pésima, los neoconversadores se llevaron las últimas elecciones presidenciales contra todo pronóstico.

Porque han sido los republicanos de EEUU los que han estudiado con mayor celebridad e interés, invirtiéndo muchísimo dinero, los mecanismos del voto, las motivaciones de las personas cuando lo ejercen, y cómo los mensajes pueden hacer diana facilmente en el electorado. Una apuesta contundente por ganar a cualquier precio mediante el engaño, la falacia, la confusión y las malas artes con el adversario si fuesen necesarias. La ley del mínimo esfuerzo en definitiva, la elección del camino más corto para llegar a meta dejando de lado cualquier atisbo de ética o moral, porque repito, la verdad no les importa, es como lo demás, un negocio con el que se puede traficar.

Nos tienen tan estudiados que da miedo pensar hasta que punto los ciudadanos podemos caer en las garras de la persuasión con una facilidad pasmosa, indefensos y presos de técnicas mentales de última generación, estudiadas en laboratorio y estudios de campo de cierta importancia. Mi intención hoy queridos lectores es que seais conscientes de las técnicas que emplea el Partido Popular, directamente importadas de la potencia numero uno del mundo, para someter y aborregar a un buen numero de ciudadanos. Porque solo conociendo como actuan, podemos poner coto a sus trampas dialécticas.

Dicen los expertos que los republicanos basan su estrategia en la activación de las estructuras inconscientes, los llamados "frames" palabra traducible como marco, armazón o estructura: una especie de marcos mentales, de metáforas estructurantes de la personalidad, que organizan nuestros modos de pensar y nuestros miedos. Por decirlo de un modo más simple, nuestros prejuicios más básicos, nuestra identidad más primaria. Son aquellas cuestiones que como humanos, nos caracterizan y ante las cuales casi genéticamente solemos responder. Automática y casi irreversiblemente, cuando un mensaje logra activar un frame, poco podemos hacer si no estamos prevenidos, respondemos como simples autómatas.

No importa que se lance un mensaje falaz, subjetivo, desproporcionado, disparatado, nada de eso importa si logra activar un frame dando en la diana de los sentimientos y acertando en el inconsciente colectivo humano. Por muy simple y lamentable que parezca, esto está ocurriendo a día de hoy en la política española a imagen y semejanza de que ocurre en EEUU bajo mandato republicano.

Su acción política tiene un único fin: abastecer de miedo irreal y de inseguridad innecesaria el frame más elemental de sus votantes y de todos aquellos que puedan cazar por el camino. Solemos reirnos con cierto desparpajo, y yo el primero, de las campañas que denuncian que "España se rompe" aquellas que dicen que "el gobierno se rinde a ETA". Pero os puedo asegurar que tienen mucho más impacto del que os imaginais y merecen, si no un respeto, una consideración (o varias).

Muchos direis que eso es exagerado, que no llega la sangre al río, pero quizá formulais este planteamiento en términos erroneos, es decir, "como a mí no me engañan, no creo que engañen a mucha gente". Falso, no apliquemos nuestro rasero a los demás porque la persuasión y la psicología política son temáticas requete-estudiadas. Ellos conocen, porque así lo tienen estudiado, que una parte importante de la sociedad, de nivel cultural medio-bajo, poco dada a informarse, a leer prensa, sin inquietudes, vota por criterios vacilantes, de subjetividad acuciante, por una mera cuestión de que tal candidato despierte simpatía, seguridad o confianza.

Así ganó Bush, por dar sensación de fortaleza, de seguridad, de ser alguien que no vacila y que sería capaz de llenar el mundo de bombas atómicas con tal de defender la patria. A eso se pretende jugar desde Génova. Pintar un país caótico que solo puede salvarse en manos de alguien recto, duro y sin miramientos: su candidato.

Aquí en España mucha gente se mueve en esos parámetros que os comentaba a la hora de votar. Más de lo que nos imaginamos. Gente que ve manifestaciones de las victimas del terrorismo y automáticamente llega a la conclusión de que "si se manifiestan con todo su dolor, será que el gobierno está cediendo en algo, quizá tengan razón".

Nosotros, por nuestra ideología, simpatía o conocimiento sabemos que esto objetivamente es incierto, pero el frame profundo sigue siendo machacado constantemente y por relevos: empieza Zaplana, continua Acebes y remata Rajoy.

Todo junto a un ruido mediático organizado minuciosamente desde los mass media afines, léase La Cope o El Mundo y complementado por colectivos como el de las victimas que activan frames de "solidaridad" "empatía" o "apoyo incondicional". Infundir miedo, desconfianza en las instituciones, pintar al rival político como bobo, como débil, para después vender que lo que este país necesita es fortaleza y mano dura y que la dureza de Rajoy está más que justificada.

Su acción política tiene también un único argumento: "Nosotros somos los únicos defensores verdaderos de España, cualquier Gobierno que no sea el nuestro o político que no seamos nosotros hace daño a España". ¿Qué importa mentir? ¿Qué importa que la democracia se resienta? ¿Qué importa que la convivencia se vaya al carajo? ¿Qué importa que sufra el Estado de Derecho? Todo vale, todo está permitido, no hay límites, así lo aprendieron de los que ganaban comicios montando escándalos sexuales al presidente de turno. La verdad no importa porque no es imprescindible para llegar a la victoria.

Porque aunque no somos tontos, ni digo que lo seamos, un catedrático puede perfectamente caer en las redes de esta gente si no toma conciencia de las intenciones del emisor y si el mensaje es lanzado bajo una serie de premisas. Aquellos que día a día se topan y tienen la responsabilidad de rebatir los argumentos de la bancada popular deberían estudiar estas cosas para no caer en la trampa.

Para los Rajoy, Acebes o Zaplana se trata de recuperar el poder al precio que sea. En una sociedad líquida, frágil, esto es especialmente rentable, aunque sea repugnante, reaccionario y nada indicado para favorecer el fortalecimiento democrático de la sociedad española. Sus cartas están claras. Nada de lo que nos importa a la mayoría preocupa seriamente a estos extremistas que hoy dirigen el Partido Popular. Ni la convivencia ni el futuro ni poner en riesgo las reglas del sistema democrático que tanto luchamos por construir. Se sirven de todo: del terrorismo, de la Justicia, del Ejército, del debate territorial, de la enseñanza de nuestros hijos, de la religión, del trabajo, de la economía, del medio ambiente, de la guerra y de la paz.

Lo más peligroso de todo este asunto, es que el gobierno, el partido socialista y los grupos progresistas del Congreso no son capaces de contrarrestar estas eficaces técnicas de persuasión. Las ridiculizan, se autoconvencen de que la gente no es tonta, se ciñen a que el contenido del mensaje es irreal, y santas pasquas, a mirar para otro lado; aunque solo fuese por higiene democrática y por limpiar el polvo de la clase política, deberían prestar más atención a estas cuestiones. No se puede dejar mano ancha al "todo vale", como mínimo hay que denunciarlo, pero claro, sabiendo denunciarlo.

Ellos llevan a la práctica con brillantez una serie de premisas que todos podemos ver en cualquier cara a cara o debate entre candidatos. Ellos son los que usan un tono más fuerte, para dar la impresión de sólidez y convencimiento en su discurso. Ellos son los que más ironizan, los que más se burlan de la posición del rival que casi siempre mantiene las formas porque tiene otro talante. Ellos pierden las formas, pero no de cualquier manera; lo justo para darnos la impresión de que el oponente está diciendo disparates; incluso pueden permitirse de gastarles una "coña" para desviar el debate cuando les interesa un tiempo muerto.

Interrumpen sistemáticamente para poner nervioso al rival, llaman la atención del moderador para mostrarse victimas y hacer ver que el oponente no cumple el reglamento. Cuidan sus gestos hasta el milímetro. Todo esto unido, a los ojos de un espectador imparcial, sin ideología, sin preferencias, resulta mucho más atractivo. Hay formas de combatir estas trampas dialécticas sin ponerse a su altura, nadie propone que un debate se convierta en una pelea de gallos.

Ejemplos de "frames" utilizados por el PP, vamos allá para que quede bien claro. A los ya comentados de la unidad de España y la rendición a los asesinos de ETA, algunos más. Por ejemplo esa insistencia machocona de repetir hasta la saciedad (esta es una ténica basica que se llama "disco rayado") que Zapatero es amigo y aliado exclusivo de Castro y Hugo Chavez y que hemos pasado de ser aliados de la primera potencia mundial a darnos palmaditas con dictadores. "No somos nadie en el exterior porque nadie nos quiere ni nos hace caso". Aquí introducen un recurso patético pero efectivo, la ridiculización del político, por ejemplo, llamar a Moratinos "Desatinos". Hoy en día, hay casí más gente que conoce a nuestro ministro por lo segundo que por su apellido real.

Otro frame, muy de moda y más rentable todavía, es la utilización del frame "solidaridad" para justificar una política hídrica basada en los trasvases, aunque estos sean irracionales económica y medio ambientalmente y respondan a oscuros intereses urbanísticos más que a una sincera preocupación por los agricultores. Hoy en día todavía recogen los gobiernos populares de Murcia y Valencia los frutos de severas y machaconas campañas del Agua para todos por todo Levante, aunque eso suponga insultar y enfrentarse con otras comunidades, aquí tampoco importa el precio a pagar; "Carod Rovira nos quiere secar o todo para los catalanes", un frame complementario llamado "catalanofobia" y sobre el que no hace falta hablar. Quien no se pliegue a esas condiciones, no solo es tachado de insolidario, si no que por ejemplo, un murciano que se opone al trasvase del Ebro es automáticamente apartado y tachado de "antimurciano".

"Ellos son los malos, los catalanes, los aragoneses, a por ellos"; una forma muy inteligente de trasladar el foco de atención de la gente hacia el exterior para poder hacer lo que a uno se le antoje de puertas hacia dentro; luego nos extrañamos de los niveles de corrupción de Valencia, Alicante, Murcia, pero la realidad es que la gente, hipnotizada por un mensaje de defensa ante supuestos enemigos (ya se encargan ellos de decir quienes son), todo condimentado con un nacionalismo hidráulico bastante paleto, no ha controlado la gestión de sus gobernantes y así, muchos corruptos así han podido meter la mano con toda tranquilidad y enriquecerse con la absoluta tolerancia de unos habitantes que miran para otro lado. ¿Me equivoco o no?

Me podría explayar mucho más en el tema. Mis conocimientos me lo permiten pero no quiero ser pesado. Una de las motivaciones que me llevaron a abrir este blog fue contrarrestar y desenmascarar las técnicas persuasivas del PP. Porque yo sé perfectamente como romper ese discurso, como evitar que activen frames y en su caso, activar contra-frames (otros frames que desactivan uno anterior).

Habrá muchas personas, expertos, más instruidos que yo seguro, que deberían tener despacho en Ferraz, en La Ser o en cualquier medio interesado en desenmascarar las malas artes de la derecha mediática. No os quepa duda que un buen aparato de comunicación y unos buenos asesores pueden obrar milagros, incluso que un ex-alcohólico que cree hablar con Dios por las noches dirija el mundo.Ojalá este escrito sea leído por algún político del PSOE y lo tenga en cuenta, le de valor y ponga sobre la mensa de los compañeros esta humilde reflexión.

Es esencial que Zapatero se rodee de los mejores psicólogos, sociólogos, expertos en markenting y asesores y que la política de comunicación tenga la importancia que se merece, ni más, ni menos. Casi todo está estudiado y está en los libros, no es tan difícil. Hace un año circuló por todas las agrupaciones socialistas un documento que trataba de instruir a los cargos para comunicar eficientemente y llegar al electorado, todo ello junto con una serie de consejos para una buena labor política. Eran insuficientes, superficiales, y además, no se han aplicado porque la iniciativa provocó más cachondeo que otra cosa. Cuidado con las formas, que nos guste o no, son tan o más importantes que el contenido.

http://lasombradeaznar.blogspot.com

viernes, 3 de noviembre de 2006

La corrupción urbanística/Hemeroteca para amnésicos


El concepto de corrupción implica la violación de un deber posicional, una actuación secretista o enórmemente disimulada y le existencia de beneficios a partir de una o varias actuaciones. Los actos de corrupción no son sino una situación de abuso producida al actuar con absoluta discreccionalidad, en una posición de monopolio y sin ningún mecanismo que permita exigir responsabilidad por lo realizado. Son aquellos actos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica.

El corrupto aprovecha su posición de privilegio, en virtud de la cual actúa. La gran corrupción, la que produce pingües beneficios, encuentra su ambiente más propicio cuando se adoptan decisiones que comportan grandes inversiones económicas en régimen de monopolio y poder, con amplia discrecionalidad y sin controles ante los que responder, y donde el interés privado prevalece al interés público o social.

Corrupción urbanística en España
Lo que está ocurriendo en España desde hace muchos años en relación a la ordenación del territorio y el urbanismo resulta verdaderamente escandaloso, pero no es nada nuevo. En sus orígenes la ordenación del territorio no era más que una función pública que, tras surgir después de la Segunda Guerra Mundial, tenía como fin controlar el crecimiento espontaneo de los diversos usos y actividades que se desarrollaban en el territorio. Se trataba de ordenar con la ayuda de la urbanística el descompasado crecimiento surgido después de la Guerra.

España afrontó con relativa prontitud la cuestión urbanística, pero pronto comenzaron a aparecer las características que han determinado la evolución del urbanismo tal y como hoy lo conocemos. La primera Ley que optó por la planificación urbana en un ámbito estatal se promulgó en 1956 y su tendencia se extendió en leyes posteriores. Al no existir controles democráticos, las actuaciones sobre el suelo y la urbanización del territorio se movían en el terreno de la especulación y favorecían la corrupción. Más adelante, con la creación de las Comunidades Autónomas previstas en la Constitución de 1978, el proceso de descentralización no produjo sino un mayor número de áreas de competencias públicas, lo que favoreció igualmente la aparición de todo tipo de supuestos de corrupción pública.

Como es fácil imaginar, los ayuntamientos y corporaciones locales son principales entes potenciales de corrupción. El alto número de relaciones individuales que priman en las mismas y la dificultad de establecer adecuados mecanismos de control hecen que se produzcan de manera habitual casos de corrupción urbanística a todos los niveles. El caso del ayuntamiento de Marbella en Málaga , convertido en circo mediático gracias a la peculiaridad de sus protagonistas, o los más novedosos de los municipios de Seseña en Toledo o Villanueva de la Cañada, en Madrid, son sólo tres ejemplos, que bien pudieran servir de paradigma de los innumerables casos que continuamente se producen en España. El arraigo de la "cultura" del patronazgo y del clientelismo en el ámbito de las relaciones competenciales entre las autoridades locales y los ciudadanos genera continuas situaciones de corrupción y "normalizan" los llamados "pelotazos urbanísticos", que tienden a quedar impunes.

Artículo 47 de la Constitución
El hecho, por ejemplo, de que los ayuntamientos sean propietarios de abundante suelo público, en vez de significar la posibilidad de que lo utilicen para favorevcer la creación de viviendas "protegidas" o de dotaciones públicas o parques , frenando así la especulación y el aumento del precio del suelo, supone su profusa enajenación como método de financiación y alimenta las posibilidades de corrupción que puedan surgir al respecto. Esta situación, que es un hecho constante, cotidiano y ampliamente constatado, se opone a uno de los reconocimientos más importantes de la Constitución española recogido en el artículo 47 que señala que "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada." Precisamente, este artículo prohibe de manera expresa todo acto o supuesto de especulación en relación con la vivienda. Pero a pesar de que los poderes públicos deberían promover y establecer cuantas normas fuesen necesarias para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, los casos conocidos y denunciados de corrupción urbanística vienen siendo habituales desde hace décadas sin que nada o casi nada se haga al respecto.

En España las autoridades no son capaces de controlar la abusiva especulación que se produce en torno a la vivienda y que permite que el diseño del tejido urbano lo realicen los promotores y constructores en lugar de los técnicos en urbanismo. El resultado es un urbanismo basura que nos rodea y amenaza por todas partes. Una realidad constatable, conocida y asumida por todos, pero dificilmente erradicable. En los últimos diez años la especulación ha sido brutal, el precio de la vivienda ha tenido incrementos anuales cifrados entre el 15% y el 17%, tres veces más que el aumento de los salarios. En el mismo contexto de la vivienda, los beneficios ligados al sector empresarial de la construcción de viviendas incrementan en similar proporción.

Mecánica de la corrupción urbanística
La mecánica de la corrupción urbanística necesita de unos actores cuyas estrechas relaciones entre ellos determinan el tipo y el alcance de la corrupción.

1) Así, en primer lugar es preciso contar con unos promotores y unos contructores cuyas relaciones con los ayuntamientos les conceda un trato de favor por parte de estos últimos y una total permisividad e impunidad ante las irregularidades o delitos de cualquier tipo cometidos.

2) Por su parte, las autoridades locales que participan en la venta, expropiación, recalificación y protección de los promotores y constructores, deben trabajar en íntima conexión con éstos. La práctica supone el intercambio de "favores" con dinero -siempre "negro"-, propiedades, para los políticos locales y allegados; suelo urbanizable, recalificaciones, convenios sobre planeamiento y todo tipo de facilidades, para los promotores.

3) Tan importantes como los dos protagonistas precedentes son los compradores o "inversores inmobiliarios", que serán quienes justifiquen la creación de nuevas viviendas. En algunos casos la feroz demanda de construcción nueva atiende a estrategias de "blanqueo" de dinero -ya que el refugio natural del "dinero negro" es el ladrillo- , circunstancia muy habitual en la costa mediterránea, cuyo paradigma conocido, como ya sabemos, es la ciudad de Marbella. Inversores, en la mayoría de los casos extranjeros, con dinero procedente del narcotráfico,venta de armas, etc., blanquean su dinero sucio adquiriendo viviendas a "casi qualquier precio", incrementando el precio en general y generando unos gigantescos beneficios para los empresarios del sector.

Por todo lo dicho, es evidente que el urbanismo y la ordenación del territorio constituyen en España un campo potencial de corrupción. Aquí el urbanismo está en manos privadas y de ellos dependerá el aspecto de muchas de nuestras poblaciones. Últimamente lo vemos a diario en los medios de comunicación, pero como ya he dicho no es nada nuevo. La única forma de controlar esta situación tan aparentemente normal, por habitual, es estableciendo mayores mecanismos de control, mejores y más efectivos, vigilando y sancionando cualquier desviación de la legalidad e impidiendo desde el inicio de cualquier plan de ordenación territorial que se pueda producir el más mínimo atisbo de delito -urbanístico o medioambiental-, controlándolo antes de que se produzca.
http://bitaquique.blogspot.com

La corrupción mancha la imagen de España/Hemeroteca para amnésicos


La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

En concreto, se citan nueve formas de operar:

1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.

2. La modificación de los planes es frecuente.

3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.

4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.

5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.

6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.

7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.

8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.

9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.

Financiación de los partidos políticos

El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.

La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.

El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.

Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.

Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".

En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.

En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.

En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.

Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".

Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".

Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.
www.elconfidencial.com / www.diariomalagahoy.com/ www.capitalrevista.es

miércoles, 1 de noviembre de 2006

La marcha de Javier Guillamón



El actual vicepresidente murciano de la CAM, Javier Guillamón Álvarez, cesará en breve tras las negociaciones entre el PP y el PSPV-PSOE para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración de la entidad a comienzos de 2007. Ni en Valencia ni en Murcia tiene suficientes apoyos ahora como para mantenerse en el puesto. Su vuelta a casa como docente e investigador universitario no tiene retorno.

El vicepresidente alicantino, Armando Sala, muy relacionado con el sospechoso sector de la promoción inmobiliaria, tampoco repetirá ante su insensibilidad manifiesta con la Obra Social y sus peligrosas amistades, conservadas en su calidad de viejo aparejador. Su antigua relación personal con Zaplana también ha servido para descartar desde Valencia su continuidad. Un alicantino en la órbita de Camps será ahora su sustituto.

En total, el catedrático de Historia de la Universidad de Murcia ha estado casi una década en su actual cargo gracias al apoyo político recibido en su día de los diputados y ex ministros de Aznar, Federico Trillo y Eduardo Zaplana, y por la fuerte aportación previa de su suegro, el especulador murciano Miguel Vivancos, a los recursos ajenos de la CAM. Sin embargo, su aportación intelectual a la actividad ordinaria ha sido casi nula y errática las más de las veces por su desconocimiento del negocio bancario y por no dar nunca la talla en la concepción de la actividad cultural.

Su fuerte concurso político, además, en el espinoso asunto de “Nova Cartago”, junto al Mar Menor, que ha enredado a la CAM en una investigación sobre presunta corrupción urbanística, ha terminado de una con Guillamón, quien también llegó a ser presidente de la cuestionada empresa promotora-inmobiliaria “Hansa Urbana”, hoy con polémica presencia en Mazarrón. Los sindicatos presentes en la entidad tampoco han aprobado nunca sus fuertes gastos en dietas y viajes, a cargo de la partida de representación, pagados finalmente por todos los impositores. Su imagen interna ha terminado siendo desastrosa.

El actual presidente de la Generalidad, Francisco Camps, del PP, no piensa ahora, pues, en Guillamón para mantenerlo como consejero elegido por las Cortes Valencianas y, por tanto, al no ser tampoco, por falta de confianza política, el candidato del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha de salir y dejar paso a otro de consenso esta vez, que muy bien pudiera ser en enero uno de los actuales consejeros del gobierno autónomo o persona muy próxima (como su hermano Carlos, el verdadero“cerebro” de la familia) en lugar del empresario Ángel Martínez, tal como se deseaba en 2003. (Sus relaciones con el Presidente están muy deterioradas por la libertad de crítica que ejerce el ex dirigente de la UCD murciana y su enorme pérdida de peso en un PP regional controlado “de facto” por el concejal de la capital y también íntimo amigo, Antonio Sánchez Carrillo).

La manejada candidatura del ex consejero murciano Patricio Valverde, aparte de estar fuera de tiempo, resulta ya prácticamente inviable ante las investigaciones policiales sobre el fuerte incremento experimentado por su patrimonio en 300 millones de pesetas, valor de tasación de su actual residencia en la exclusiva urbanización “Monte Príncipe”, junto a “Altorreal”, en Molina de Segura, construida por el cuestionado empresario cartagenero Alfonso García, quien antes recibió cuantiosas subvenciones del INFO para el parque eólico de La Unión cuando Valverde era director general o consejero de Industria e Innovación. Su parentesco con Egea Krauel, director general de "Cajamurcia", hace también desconfiar de él en la sede central de la CAM en Alicante.

Durante la permanencia de Guillamón en la CAM, sus enfrentamientos frecuentes con el presidente y potentado Vicente Sala (nombrado en su día por los socialistas de Juan Lerma) y el vicepresidente valenciano, Gil Terrón, han sido el denominador común y el más notable balance del murciano en las reuniones del Consejo, que él siempre iniciaba con divagaciones para luego nunca concretar nada tras exasperar al presidente Sala. Sus relaciones con "Polaris World" tampoco era bien vistas desde la calle de San Fernando.

Ariete de Zaplana contra esa Presidencia y su principal valedor para conseguir los arriesgados créditos a “Terra Mítica”, Guillamón se ha “quemado” en su misión institucional para Madrid, Murcia y Vega Baja del Segura, precisamente por ser agente del hoy muy cuestionado cartagenero más que hombre en la CAM del otro asesor de Aznar en La Moncloa, el vallisoletano Carlos Aragonés, hoy en la órbita de Rajoy, en excedencia registrador de la Propiedad en Santa Pola. ¿Irá ahora su colega y sustituto Riquelme, también de consejero a la CAM?

Las relaciones nada discretas de Guillamón con la extrema derecha mediática de Alicante y sus extrañas alianzas con felones dentro de la nómina de la CAM para preparar la conjura de Zaplana contra el ex director general, Juan Antonio Gisbert, socialista, pronto le valieron la desconfianza de círculos económicos alicantinos históricamente relacionados con la entidad. El paso de Guillamón por Alicante le ha proporcionado numerosos detractores, entre quienes le han conocido personalmente, por mantener una postura demasiado identificada públicamente con sus dos mentores políticos de fuera. Para el empresariado clasico ha resultado ser un fiasco.

En su década prodigiosa, este catedrático nacido en la murciana Ronda de Garay, en el seno de una conocida familia de la capital regional (es hermano del decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Guillamón), tampoco supo granjearse las simpatías de los círculos económicos de la Región mientras la CAM ha seguido cediendo cuota de mercado en Murcia a favor de otras cajas, entre ellas “Cajamar” por ser la que más ha crecido a su costa. (En Alicante siempre lo consideraron como un infiltrado de “Cajamurcia” en la CAM por su vieja amistad y proximidad con su eterno director general, Carlos Egea).