La inversión extranjera en inmuebles desciende en el resultado provisional de 2006, por encima del 14%, según las últimas estadísticas del Banco de España. Estas cifras indican que el volumen de dinero que destinan los extranjeros a la adquisición de pisos sigue la tendencia decreciente iniciada en 2004, cuando la inversión en bienes inmuebles comenzó a bajar drásticamente.
En esta evolución negativa influyen, cada vez más, los elevados precios de las viviendas, que llevan a los extranjeros a preferir otros países donde los precios aún tienen posibilidades de subir. Otro factor decisivo es la gradual subida de los tipos de interés. Ni siquiera la suave desaceleración del precio del m2 en los últimos años ha ayudado a impulsar la inversión en este sector.
Jerez ha hecho hincapié en que “la construcción no es la solución para todo y que es necesario otras vías para el reequilibrio”. Y es que hacer depender una parte importante de la riqueza de un sólo sector, que, además, se ha sobredimensionado en exceso, supone claramente una temeridad.
De hecho, al igual que Jerez, otras voces del mundo empresarial también coinciden con este análisis. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en la que se integran importantes promotores, alerta de la “excesiva dependencia” que tenía la estructura productiva de la Comunidad Valenciana en relación con el negocio del ladrillo.
El máximo responsable de FECIA es consciente de que un sector ordenador y en equilibrio con el resto, supone un aval de futuro porque, además, permite ofrecer una mejor imagen y de mayor transparencia. En este sentido, considera beneficioso el ajuste en marcha cuando el “boom” inmobiliario toca a su fin y se ha abierto ya una nueva etapa de estabilización que supone una reducción del peso constructor en la economía. Así lo reconocen los analistas y los propios representantes del sector.
El último ejercicio ha sido determinante en este cambio de tendencia, ya que ha dejado patente el recorte. De hecho, en marzo se contabilizaban 12.421 sociedades y 72.972 trabajadores, una cifra que se ha reducido ya en noviembre en torno a las 11.169 constructoras y 62.892 empleados. Por tanto, el diferencial supone la desaparición de más de 1.250 mercantiles y 10.000 trabajadores en apenas nueve meses.
Los principales damnificados son las “pymes” auxiliares, debido a su menor potencial y mayor dependencia con respecto a las grandes firmas, en especial, las empresas en torno a la decena de empleados, aunque también los autónomos.
La saturación de viviendas que sufre el mercado, unido a una reducción de la demanda y la falta de suelo terminal en muchos municipios, se convierten en factores claves a la hora de explicar el reajuste. También influyen mucho los altos costes de producción que reducen enormemente la rentabilidad.
Jerez sostiene que “el auge de la construcción ha durado algo más de lo normal, con un nivel de crecimiento que, evidentemente, se sabía que tenía que parar. Por eso llega ahora ese momento”. Sin embargo, descarta que la redimensión vaya a ser traumática, al contrario, “irá ajustándose dentro de unos parámetros de normalidad, porque la construcción sigue siendo decisiva”.
En cualquier caso, es evidente que, de una aportación de la construcción al Producto Interior Bruto (PIB) entorno al 6% en el año 1997, se ha pasado a casi duplicar esa tasa, lo que corrobora un exceso que se tendrá que compensar a partir de ahora con un mayor protagonismo de otros sectores emergentes.
El presidente de FECIA resalta la necesidad de que los constructores y los subsectores auxiliares introduzcan nuevas vías de actividad, más allá de la vivienda nueva, a la hora de poder diversificar. Al respecto, el segmento de la rehabilitación deberá cobrar un mayor protagonismo en los próximos años.
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L a desaceleración de la actividad que viene registrando el sector de la construcción desde el mes de abril del pasado año provocará una pérdida de unos 5.000 empleos y 1.500 pequeñas empresas en los próximos cuatro, según las previsiones realizadas Ramón Jerez, presidente de la patronal provincial de la construcción, Fecia.
La reestructuración que sufre el sector de la vivienda residencial, sobre todo de la nueva, debido al descenso de la demanda ha dado paso a una ralentización en el último año. Tal es así, que Jeres asegura que «el "boom" ya se ha terminado y lo que se está viviendo es proceso lógico de estabilización porque estábamos sobredimensionados El crecimiento esperábamos que durara cuatro años y, en realidad, se ha mantenido imparabale a lo largo de siete ejercicios».
Las consecuencias de este ajuste ya se dejaron sentir en 2006, con la pérdida de empleos. «Y ésta continuará en los próximos cuatro años en que volveremos a los niveles de 2003, con un sector de unos 55.000 trabajadores, en vez de los más de 60.000 actuales», añadía el presidente de los constructores. Paralelamente, esta adaptación también ha traído aparejada la desaparición de «pequeñas empresas que surgieron con el "boom"». Según, Jerez esta reducción afectará a unas 1.500 pymes en los próximos cuatro años para quedarse con un sector sustentado por unas 8.500 constructoras.
Sin embargo, la evolución negativa de la actividad y el retraso actual en la venta de viviendas en comparación con el acelerado ritmo de los últimos años, no provoca alarma en el sector, ya que no significa un cese, sino una reducción en una de las áreas de negocio. «Las empresas tienen que adecuarse a esta ralentización y dimensionar su oferta al descenso de la demanda», subraya Jerez. El dirigente empresarial también entiende el llamamiento realizado recientemente por los sindicatos ante la progresiva pérdida de puestos de trabajo del último año en la línea de «buscar una alternativa de tipo industrial que absorba la mano de obra excedente, ya que la construcción no puede liderar en solitario la locomotora de la generación de empleo», añadía.
Este proceso de reestructuración afecta, fundamentalmente, a la construcción de vivienda nueva, ya que la patronal nacional Seopan prevé que se mantenga este año el «ciclo expansivo» de la construcción, especialmente en la licitación de obra pública.
Las consecuencias del constante y acelerado aumento de las temperaturas
están a la vuelta de la esquina y, mientras el calor beneficiará hasta
cierto punto a los países del norte de Europa, sus consecuencias serán
catastróficas para los mediterráneos. A mediados de siglo, la escasez de agua y las altas temperaturas convertirán España, Grecia
e Italia en zonas desérticas que sufrirán una fuerte caída del turismo.
Así de pesimistas son los pronósticos de un informe realizado por la
Dirección General de Medio Ambiente de la UE, que será presentado esta semana ante la Comisión Europea, y que ha sido filtrado al diario
«Financial Times». Como consecuencia del efecto invernadero, la parte positiva es que habrá menos muertes en los países del norte de Europa debido al frío y las costas del Mar del Norte, en
Alemania y Dinamarca, se podrían convertir en la nueva Rivera, dice el
informe.
El calor provocará además un freno a las migraciones turísticas de los
europeos del norte, que cada año pasan sus vacaciones en el sur de
Europa. Esto repercutirá de forma dramática en los países mediterráneos, cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Una sexta parte de
todos los turistas del mundo, el equivalente a unos cien millones de
personas, que anualmente dejan cien mil millones de euros durante sus vacaciones en España, Grecia e Italia, optarán por quedarse
en sus países o elegirán otros destinos menos calurosos. «Cuantos más
turistas se queden en casa o vayan a otros países, mayor será el impacto
distributivo en Europa».
Incendios y desertización
Lo peor es que miles de personas perderán la vida debido a los efectos
del calor y, al mismo tiempo, aumentarán los incendios y crecerá la
desertización. En el año 2071, según este informe, que está basado en un
exhaustivo estudio científico de los últimos datos y observaciones de
satélites, si el incremento de las temperaturas fuera de 3 grados, se producirían unas 87.000 muertes más al año a causa del calor. En el caso de que los esfuerzos para reducir las emisiones de los
gases de efecto invernadero lograran limitar el aumento de las
temperaturas a sólo 2,2º, los muertos entre los más débiles en el
sur de Europa serían de «sólo» unos 36.000 más al año.
España e Italia, dos de los países mediterráneos más lentos en tomar medidas para evitar las emisiones de los gases del efecto
invernadero, serán los que más sufran «sequías, reducción de la tierra
fértil, incendios y otros factores derivados del cambio climático». Las «plantas y animales que normalmente se asocian a ciertas regiones geográficas se están moviendo o
muriendo». Y otro pronóstico es que las cosechas se incrementarán
hasta un 70 por ciento más en los países del norte, pero descenderán
hasta un 50 por cierto en el sur, todo ello dependiendo del aumento
de las temperaturas.
Océanos
El informe alerta también de la acidificación de las aguas marinas que,
aparte de la inevitable subida del nivel de los océanos, hará que muchas especies marinas migren hacia aguas más al norte. Aunque los augurios son verdaderamente pesimistas sobre todo para el sur de Europa, existe la esperanza de poder tomar acciones para intentar reducir en un 25 por ciento el
efecto del cambio climático antes del año 2050.
Esto es posible, dice el informe, con una inversión de sólo el 0,19 por cien del presupuesto anual de
la Unión Europea, aunque no podrá evitar las catastróficas consecuencias en el sur del continente. En las conclusiones del informe se afirma también que «reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el 2050 a un nivel un 25 por ciento más
bajo que en 1990 es técnica y económicamente posible».
Los postulados de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) no son sólo característicos de esta ley valenciana o de la actual Ley Urbanística. Trece autonomías más, Castilla- La Mancha, Castilla- León, Murcia, La Rioja, Canarias, Cantabria, Madrid Extremadura, Asturias, Andalucía, Galicia, Navarra y el País Vasco, contemplan en sus normativas urbanísticas figuras similares al tan denostado agente urbanizador. En la práctica, este término quiere decir que la iniciativa privada tiene capacidad para poner en marcha proyectos urbanísticos, privilegio que ha provocado la indefensión de muchos pequeños propietarios. El Comité de Peticiones de la UE recibió hasta 15.000 quejas sobre este particular.
En este argumento, y en el hecho de que la Comunitat Valenciana ya cuenta con otra ley que limita la actuación del agente urbanizador, el Consell ha centrado su defensa ante el expediente sancionador que continúa abierto en la Comisión Europea contra la Comunitat por su modelo urbanístico. El problema es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido eliminar todas las referencias a otras autonomías de las alegaciones que el Consell ha enviado al Gobierno y que sólo éste puede remitir como defensa a la Comisión Europea.
El conseller de Territorio, Esteban González Pons, explicó que el Gobierno está actuando como un abogado que se niega a defender a su cliente sin más criterio que el hecho de que los valencianos no votaron al PSOE y acogiéndose ahora al principio de lealtad institucional. Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte al Gobierno valenciano de que ha recortado del texto de las alegaciones todas las referencias a las demás autonomías por si esta alusión podría perjudicarles.
Ante estas afirmaciones, el conseller de Territorio anunció ayer que va a solicitar reunirse con el comisario europeo para tratar este tema pero sin la presencia del embajador de España en Bruselas. Además, aseguró que si Moratinos quisiera, y reconociese que el problema no es sólo de la Comunitat, sino de toda España, podría conseguir que se archivase el expediente, algo que ocurrirá «cuando pasen las elecciones».
Por su parte, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, instó al Consell a dar la cara y poner en orden el modelo urbanístico en lugar de utilizar este asunto como arma electoral.
El conseller de Territorio matizó ayer su propuesta de modificar la figura del agente urbanizador. Explicó que durante esta legislatura no va a producirse ningún cambio. Lo cierto es que la LUV de su antecesor, el conseller Rafael Blasco, ya queda contemplado que son los ayuntamientos los que asumen la dirección y el impulso de la construcción a través de unas bases que tendrán que aprobar para regular la adjudicación de los PAI. Además, el promotor no tendrá preferencia en la adjudicación de la obra.
El Consell ha envíado una carta a la Comisión Europea (CE) con una petición «extraordinaria ante un hecho gravísimo»: una reunión con el comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, para poder presentar las alegaciones de la Comunidad al dictamen contrario de la CE sobre la Ley de Urbanismo Valenciano (LUV), después de que el Gobierno central mutilara veinte folios de las alegaciones de la Generalitat.
En dicha reunión, según reclama el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, «no deben estar presentes ni el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni el embajador español en Bruselas [...], pues en este caso los que deberían ser nuestros abogados ante la UE están siendo nuestros peores enemigos».
Se da el caso de que en este asunto el Gobierno central es el único interlocutor válido ante las instituciones comunitarias y se trata de la primera vez que una región española realiza este requerimiento a la CE.
Pese a que desde la Generalitat son conscientes de la dificultad de que finalmente prospere la petición, justifican la medida -«extraordinaria» y «única vía posible» - en el hecho de que «por razones políticas, el Gobierno central está traicionando a la Comunidad Valenciana ante la UE; por razones políticas Zapatero no está representando los intereses de la Comunidad Valenciana ante la CE», aseguró González Pons.
Desde la Conselleria de Territorio y Vivienda se volvió a insistir ayer en que la regulación urbanística de la Comunidad Valenciana es parecida a la de resto del país.
El apartado cinco de las alegaciones que envió la Generalitat al Gobierno central -para que ejerciera la defensa ante la CE- hacía mención a este punto; finalmente, el Gobierno los suprimió, junto a un reajuste del punto seis, al considerar que transgredía el principio de «lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas», según aclara la carta que el Ministerio de Asuntos Exteriores envió al Consell y que fue entregada a los medios de comunicación. «Por razones políticas nos quieren convertir en chivo expiatorio, nos quieren poner en la picota cuando el problema es nacional. La Comunidad Valenciana no es una isla con una legislación única».
¿Cuáles serían esas razones políticas a las que en más de una decena de ocasiones se refirió ayer el conseller? González Pons lo tiene muy claro: «Nosotros queremos ir ya a juicio, en cambio el Gobierno alarga la vía administrativa para hacer coincidir el asunto en los tribunales en plena campaña electoral, cuando le interese al PSOE. Están jugando con la imagen de la Comunidad Valenciana».
El delegado del Gobierno central en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé, manifestó que el Partido Popular «debe dar la cara y poner en orden su modelo urbanístico censurado por Bruselas».
Bernabé se pronunció así en relación a las declaraciones efectuadas por el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, y lamentó «que sea necesario recordar a los dirigentes del PP la importancia de apostar por un desarrollo urbanístico sostenible como garantía de futuro para la Comunidad Valenciana».
El europarlamentario socialista Joan Calabuig aseguró hoy en un comunicado que la pretensión anunciada ayer por el conselleria de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, de "obviar" la mediación del Gobierno central en el procedimiento de infracción seguido por Bruselas contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) es "contraria a la Constitución y al tratado de la UE".
Según dijo, esta decisión "supone una violación clara del artículo 149.3 de la Constitución Española y del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea" y consideró que se trata de "un intento ridículo más dentro de la actitud de González Pons de instalarse en la propaganda a través de afirmaciones insostenibles".
Calabuig afirmó que el Gobierno de España "lo único que ha hecho es responder a los requerimientos de la Unión Europea" y añadió que el Ejecutivo central "lógicamente, que sí vela por los intereses generales, está trabajando corectamente y respondiendo a la Comisión Europea con lo que estrictamente se le ha solicitado".
"En ningún caso ha trasladado a la UE otras consideraciones como las apuntadas por González Pons con el fin de sembrar la confusión y no dar la cara", manifestó y añadió que el conseller "ha pretendido implicar a otras comunidades autónomas que no han tenido que hacer frente a una denuncia de la UE para generar una situación de caos y de confusión".
A juicio de Calabuig, el conseller "sólo quiere ocultar su incompetencia para resolver los problemas urbanísticos generados por el Gobierno de Francisco Camps en la Comunitat" y consideró que la gestión urbanística del Consell "no sólo está en cuestión por este procedimiento abierto en la UE" ya que "hace apenas un año el propio Parlamento Europeo, con una mayoría de más de 500 votos a favor, incluidos los del PP europeo, hizo una censura específica a la situación urbanística en la Comunitat Valenciana".
El responsable del PSPV-PSOE se refirió a que la actitud de González Pons "lo único que consigue es agravar la situación jurídica y crear un clima aún más complejo si cabe, que afecta a los propietarios, ayuntamientos y empresas promotoras".
La Asociación Provincial de Hoteleros de Alicante (APHA) estimó hoy que el cambio climático no desplazará a España y la Comunitat Valenciana como uno de los destinos turísticos preferidos por los europeos, salvo que este fenómeno conlleve grandes catástrofes naturales.
Un estudio publicado ayer por la Comisión Europea apunta que España y otros países del sur europeo corren el riesgo de dejar de ser en las próximas décadas el destino turístico mayoritario de los europeos, ya que éstos optarán por veranear en el norte del continente, donde los efectos del cambio climático serán menos devastadores.
El portavoz de la patronal hotelera alicantina, Vicente Marhuenda, explicó a EFE que no cree que el cambio climático "tenga tanta incidencia para perjudicar a España" como lugar de descanso ya que el español es "un mercado bien asentado" y con una buena "oferta complementaria".
Para Marhuenda, "aunque haga menos frío en los países emisores de turistas, las aguas del mar Báltico seguirán estando frías", lo que hará que los europeos sigan prefiriendo trasladarse a las zonas mediterráneas para el disfrute de sus días de descanso.
Por ello, calificó de "utopía" que las zonas del norte de Europa reemplacen a las del sur en este aspecto y afirmó que sólo sería posible si el aumento de las temperaturas fuera "drástico" y provocara que en las zonas septentrionales se pasase a una media anual de 18 grados centígrados.
A pesar de que admitió que el sector hotelero español carece de estudios sobre el impacto del cambio climático, opinó que la diferencia de temperaturas "no será tan brutal para cambiar la tendencia".
Marhuenda explicó que sí podría tener perjuicios si el aumento de temperaturas no viene acompañado de ciertas medidas correctoras, dado que hay segmentos de turismo, como el mercado alemán, que valoran cada vez más un destino ligado a un crecimiento sostenible, la limpieza de las playas y a la preservación de las zonas rurales, entre otros aspectos.(Efe)
El president de la Generalitat, Francisco Camps, denunció hoy la "deslealtad" del Gobierno central con la Comunitat Valenciana por situarla en una situación de "indefensión" en materia urbanística al "vetar" un informe del Consell para defender en la Unión Europea la Ley Urbanística Valenciana.
Camps hizo estas declaraciones en sendas entrevistas que concedió hoy a las emisoras de radio Cope y Onda Cero en Madrid, donde se encuentra para participar en la tercera Conferencia de Presidentes autonómicos.
"Es impresionante que el Gobierno de España haya cercenado parte de nuestra alegación, que, además, es una reflexión coherente en defensa no sólo de los intereses de la Comunitat Valenciana sino de toda España, porque en todas las comunidades autónomas españolas se aplica un mismo modelo de legislación urbanística", argumentó
(Efe)
La Gerencia de Urbanismo rechaza la petición presentada por la empresa Finca Lo Cirer de proseguir con las obras de los 204 apartamentos turísticos que comenzó a edificar en 2005 y están paralizadas desde octubre de 2006 por supuestos incumplimientos de la licencia de obra municipal. Seguirán paradas por tiempo indefinido.
Un informe del servicio de Licencias de Urbanismo recuerda que la licencia ha sido declarada nula por la Justicia y, además, se ha agotado la vía administrativa para reclamar. Ahora procede cumplir el fallo judicial. La interpretación de los socialistas, que llevaron el asunto a los tribunales, es que ahora habrá que empezar los trámites de nuevo y volver a pedir permiso de obra.
El empresario, Manuel Ferry, reclamó a la Gerencia que le permitiese proseguir con la construcción sobre una parte del complejo que comprende 14.500 metros cuadrados. Los otros 8.000 metros cuadrados, que suman 22.500, se quedarían a expensas de que se resuelvan los recursos judiciales interpuestos contra la sentencia. Pero ha prosperado esta propuesta.
El fallo considera que la edificabilidad máxima que se debe permitir en el campo de golf de Bacarot no debe ser superior a 14.500 metros cuadrados, tal como figura el algunos documentos de este extenso expediente. Pero el empresario insiste construir 8.000 metros cuadrados más, ya que fueron autorizados por el Ayuntamiento en cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante vigente.
Fórmulas utópicas para acabar con el boom inmobiliario
Casi nadie cuestiona ya que los precios de la vivienda en España se están desacelerando. Tampoco da miedo, como sí ocurría al principio del ciclo, hablar de burbuja. De hecho, el Banco de España ha estimado que la sobrevaloración de los inmuebles oscila entre el 20% y el 35%.
La coyuntura ha cambiado sustancialmente en el último año con la continuada revalorización de las casas y las subidas de tipos que han dejado el precio oficial del dinero en el 3,5%. Ambos factores han endurecido sensiblemente la compra de casa, en especial el primer acceso, y, sin embargo, a la espera de conocer las últimas cifras, 2006 cerró con un nuevo récord de viviendas iniciadas y los promotores auguran que la demanda aún será sólida este año.
La pregunta que se hacen ahora los expertos es: ¿Será eterno el actual boom inmobiliario? ¿Qué deberían hacer las administraciones para evitar un ajuste brusco de precios?
Una reciente reunión celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid entre expertos urbanistas, economistas y catedráticos abordó precisamente estas cuestiones. De esos debates surgió un completo catálogo de medidas que, en opinión de sus defensores, serían efectivas en el intento por frenar la escalada de precios de las casas, 'pero resultan prácticamente utópicas al ser políticamente incorrectas', advirtió el profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo.
La primera medida que cuenta cada vez con más adeptos es la eliminación de la actual desgravación fiscal por adquisición de vivienda. Sus defensores consideran que esas ayudas han ido a parar a las cuentas de resultados de los promotores y no han hecho más que subir el precio de los inmuebles.
Otros expertos reclaman además la inclusión de una desgravación, con límites en función de la renta, para el alquiler, de modo que esta opción sea más atractiva a colectivos como los jóvenes, quienes parecen condenados a comprar, recordó el gerente de la Universidad de Alcalá de Henares y experto en la economía de la vivienda, Julio Rodríguez.
Al igual que esas dos primeras actuaciones, son numerosos los expertos que reclaman desde hace meses la devolución al Estado de buena parte de las competencias urbanísticas que le fueron otorgadas a las comunidades autónomas mediante sentencia del Tribunal Constitucional, una vez comprobado el nivel de corrupción alcanzado en algunos municipios. 'Entendemos que es mucho más fácil para los políticos vender a la sociedad que va a haber más sorteos de viviendas protegidas que el anuncio de que hay que suprimir ventajas fiscales', recordó el profesor García-Montalvo.
Otra de las sugerencias que sorprendieron por su atrevimiento fue la necesidad de 'dejar tranquilo el suelo', en el sentido de que son numerosos los expertos que creen que intervenir sobre los terrenos no abarata los precios, 'sino todo los contrario'. Lo único que consideran que sí sería efectivo es aplicar medidas que agilicen el proceso urbanizador. Separar con murallas chinas la actuación de bancos y tasadoras y eliminar la figura de la vivienda protegida (VPO) en régimen de propiedad fueron otras de las sugerencias más aplaudidas. 'Todos los recursos públicos deberían destinarse a promover casas con alquileres sociales', concluyen los expertos.
Algunos de los principales mitos que rodean al sector
Quién no ha oído e incluso protagonizado conversaciones en torno a lo que valen ahora las casas y lo que valían en el pasado. Algunos estudiosos de lo que está pasando en el mercado inmobiliario concluyen que las expectativas populares, basadas muchas veces en simples mitos o afirmaciones inciertas, explican entre otras cosas que el crédito hipotecario siga creciendo más del 20% pese a la subida de tipos. He aquí algunos de los mitos más comunes: 'Los precios de las casas nunca bajan'. Falso, ya que de 1970 a 1974 los pisos se abarataron un 0,7% de media anual en términos reales. 'Invertir en una casa es más seguro porque sabes que hay algo físico detrás'. Falso, cuando se compran acciones de un empresa también están detrás los activos de esa compañía, entre otras cosas. 'Comprar es más rentable que alquilar'. Falso, si no se consideran las alzas de precios, es mejor arrendar. (Cinco Días)
Los hijos de Alperi ocupan casas hechas por Ortiz y traspasadas tras ser imputado
La venta de los tres bungalows por Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L. se inscribió en el Registro de la Propiedad un día antes de que el empresario declarara ante el juez por el caso de los aparcamientos
MERCEDES GALLEGO
L os tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ocupan bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., sociedad que en un 50% es del constructor Enrique Oritz, el mayor contratista de obra pública de la ciudad y principal accionista del Hércules.
La mercantil se deshizo de los tres inmuebles sólo 25 días después de que el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante comunicara la imputación al empresario y al alcalde, además de a otros dos ediles y a un técnico, por la denuncia que presentó, el pasado 21 de agosto, el fiscal Anticorrupción por un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento en las mejoras concedidas tras la adjudicación de la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos.
El proceso penal se encuentra aún en fase de instrucción después de que todos los imputados hayan prestado ya declaración ante el juez. En esta comparecencia, y a preguntas del acusador público, el alcalde negó la existencia de cualquier vinculación entre sus hijos y Enrique Ortiz así como la de ventajas que pudieran estar disfrutando él mismo o sus hijos, afirmación que, según consta en la transcripción de su declaración en el juzgado, apostilló con un «que yo sepa».
También el empresario, al ser preguntando por el fiscal Anticorrupción, aseveró ante su señoría que «no ha permitido nunca que el señor Alperi disfrute de ningún bien propiedad de declarante (por Ortiz) ni a ningún allegado suyo».
Las tres viviendas, ubicadas en una zona residencial de la Playa de San Juan próxima al campo de golf del Pau 4, fueron vendidas el pasado 19 de octubre a Jacobriz S. L., una sociedad con domicilio social en Madrid estrechamente vinculada a Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en la construcción y promoción de este conjunto residencial. La operación de compraventa fue inscrita en el Registro de la Propiedad el pasado 27 de noviembre, justo un día antes de que Enrique Ortiz compareciera ante el magistrado y cuando faltaban 19 para que lo hiciera el alcalde.
La urbanización en la que se encuentran las tres viviendas fue construida y promovida por Viviendas del Mediterráneo Orvi, una sociedad limitada constituida precisamente para este proyecto el 19 de enero de 2000 en la que Enrique Ortiz está con un 50% y Promociones González S.A., cuyo presidente es el también conocido constructor Aurelio González Villarejo, con un 44%.
La terminación de obra nueva del conjunto fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 23 de octubre de 2003. Desde esa fecha y hasta el pasado 19 de octubre, es Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L. quien consta como propietaria de al menos estos tres bungalows de los más de 80 que conforman el complejo.
En este tiempo, dos de los tres hijos del alcalde han venido ocupando, en diferentes periodos, las viviendas. La tercera tiene la dirección postal en la misma urbanización que sus hermanos sin que se haya hecho constar, a raíz del cambio de titularidad, el que las tres casas se encontraban habitadas, según los datos inscritos en el Registro de la Propiedad donde se especifica expresamente que los inmuebles se venden «libres de arrendamientos».
Una de las hijas de Alperi está empadronada en esta dirección desde el 12 de abril de 2005 aunque el contrato suscrito para el suministro de luz aparece a su nombre desde nueve meses antes. Su hermana, que aún figura en el padrón en la vivienda que ocupaban sus padres en el centro de la ciudad, no formaliza su relación con Iberdrola hasta noviembre del año pasado, dos semanas después de producirse el cambio de propiedad, pero existe al menos una factura de la compañía eléctrica de diciembre de 2005 dirigida a su nombre en esa dirección en la que figura como titular del contrato Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., aunque por un importe tan bajo que induce a aventurar una ocupación no habitual del bungalow.
En el caso de la vivienda que ocupa el hijo del alcalde, empadronado en esta dirección desde el 14 de mayo de 2005, el contrato suscrito entre Viviendas del Mediterráneo e Iberdrola en noviembre de 2003 continuaba el pasado diciembre a nombre de la compañía eléctrica.
También en el padrón del IBI de este año Viviendas del Mediterráneo aparece en calidad de contribuyente en el caso de los tres bungalows.
La venta de las tres viviendas ocupadas por los hijos de Alperi no ha roto, sin embargo, el vínculo de los inmuebles con Ortiz. Como compradora de las casas aparece Jacobriz S.L., una sociedad constituida el 4 de julio del año pasado en Cuenca, base de operaciones del empresario y socio de Ortiz Aurelio González, y que el 30 de octubre de 2006, once días después de la compraventa, trasladó su sede social a Madrid, precisamente a la misma dirección donde tiene el domicilio Promociones González S.A. y otras cuantas empresas más de González Villarejo.
Como propietario de la misma aparece Marino Saiz Briz y como administrador Julián Zamora Saiz, quien también es consejero delegado de Energías Renovables AG S.A de la que Promociones González S.A es la propietaria y Aurelio González Villarejo el presidente, además de compartir también la misma sede social. (Del "Información")
El suelo urbano se duplica en la provincia en cinco años mientras que el de cultivo desciende un 21%
El sector agrícola lo atribuye a la presión inmobiliaria y a la falta de rentabilidad por los bajos precios El abandono del campo se produce a razón de unas diez mil hectáreas en cada anualidad
La provincia acelera el proceso de destrucción de suelo agrícola iniciado hace una década. Los datos oficiales de la Conselleria de Agricultura, recientemente divulgados, revelan que el suelo urbano o urbanizable se ha duplicado en el período 2001-2005. Por contra, los terrenos de carácter agrícola que mantienen su condición al albergar cultivos se reducen en el mismo espacio de tiempo un 21%. El proceso sigue un ritmo vertiginoso desde el año 2003, según los datos del Informe del Sector Agrari Valencià 2005, lo que no hace sino confirmar las voces de alarma sindicales sobre el valor agroambiental de los cultivos.
La diferencia entre el suelo que se mantiene para la práctica agrícola y el que abandona esta condición se agranda de manera exponencial. Si el pasado año 52.600 hectáreas se dejaron abandonadas para el cultivo agrícola en la provincia, la cifra sube, en el último informe correspondiente al año 2005 a 57.749 hectáreas. Esta cantidad equivale, por explicarlo de manera gráfica, a la friolera de 23.000 campos de fútbol.
A saber, el terreno que deja de trabajarse por el sector agrícola se eleva en el último ejercicio contabilizado en 5.000 hectáreas o 50 millones de metros cuadrados (medio centenar de parques temáticos como Terra Mítica).
En el lado contrario de la balanza que distribuye el suelo en la provincia, la superficie que deja de ser agrícola para convertirse en urbana o en urbanizable pasa de la cifra de 36.372 en el año 2001 a 77.629 en el año 2005, según la Conselleria que dirige Juan Cotino. Por lo tanto, el aumento del suelo urbanizable o urbano aumenta en el quinquenio un 113%, o lo que es lo mismo, se duplica al crecer en 41.257 hectáreas. Esta superficie, equivalente a 20.000 estadios de fútbol, es la que ha dejado de ser agrícola para obtener otros usos vinculados a la urbanización residencial o industrial, según explican desde la Conselleria, ya que no todo el cambio de uso del suelo tiene un destino inmobiliario específico para construir pisos, calles o bungalós.
Ventas en origen
Desde Coag vinculan directamente la pérdida de suelo agrícola en cultivo y el aumento exponencial de terrenos urbanos o urbanizables (de carácter residencial, industrial o terciario) con la pérdida de rentabilidad de la agricultura. Esa pérdida de rentabilidad entre en relación con la caída en picado permanente de los precios agrícolas en origen.
Pero, por encima de todo, la organización que dirige Joan Brusca relaciona el abandono masivo del campo en Alicante con «la permanente y creciente presión urbanística, que no parece tener fin, pese a los varios varapalos de la Unión Europea a la política urbanística de la Generalitat Valenciana». Esa presión urbanística tiene mucho que ver con el proceso de revalorización del suelo con fines residenciales.
En Alicante se deja yermo casi tres veces más superficie agrícola que la suma de la abandonada en las provincias de Valencia y Castellón juntas. La anualidad en la que más superficie de cultivo pierde Alicante es la del 2004, lo cual se corresponde de manera evidente con el proceso de urbanización que vive la provincia desde finales de la década de los 90. Se perdieron en Alicante 38.344 hectáreas de tierras de cultivo, frente a las 5.000 de Castellón y las 3.000 de Valencia.
El mayor abandono de las tierras de labor se produce en los cultivos de secano, pese al permanente debate político sobre la necesidad de los trasvases para usos agrícolas.
Así, de las 38.000 hectáreas perdidas en el ejercicio del 2004 o las 6.000 del año 2005, sólo 12.000 corresponden a tierras catalogadas a efectos fiscales y catastrales como de regadío, mientras que las otras 32.000 hectáreas son de secano.
A la presión urbanística y a la falta de rentabilidad de la actividad agrícola se suman otros problemas que favorecen el abandono de cultivos y la venta para otros usos de la tierra: relevo generacional, sanidad vegetal e introducción progresiva de virus, gastos elevados en abonos y fitosanitarios, y total dependencia de la falta y carestía del agua de riego. De los 30 municipios con mayor crecimiento de suelo urbano en la Comunidad Valenciana, 18 corresponden a la provincia de Alicante, cuatro a la de Castellón y ocho a Valencia.
Los municipios de la provincia en los que más ha crecido el suelo urbanizado son los ligados al eje Alicante-Elche y su corona metropolitana, entre los que destacan Novelda, San Vicente y Mutxamel, según la Generalitat. El suelo urbanizado representa el 8,7% del territorio de la provincia.
(La Verdad)
El fiscal pide al juez que investigue las casas que ocupan los hijos de Alperi
Anticorrupción solicita informes de la empresa participada por Enrique Ortiz que construyó las viviendas y que las vendió tras la imputación del empresario
RAMÓN FERRANDO
E l fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue las casas que ocupan los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en una una urbanización de la Playa de San Juan. Los hijos de Alperi, como desveló este periódico el domingo, disponen de tres bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., empresa de la que el mayor contratista de la ciudad, el constructor Enrique Ortiz, tiene la mitad. Viviendas del Mediterráneo transmitió las casas poco después de conocerse la imputación del alcalde y del empresario por el caso de los aparcamientos.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez que requiera mediante un oficio a Viviendas del Mediterráneo para que aclare la titularidad de los bungalows que ocupan los hijos de Alperi. Briones trata de esclarecer si los tres hijos del alcalde pagan por las casas. El fiscal preguntó a Alperi hace un mes, cuando compareció en el juzgado como imputado, si sus familiares habían disfrutado de algún bien del empresario y el alcalde se limitó a responder: «No, que yo sepa».
También el abogado de José Luis Valdés - el dirigente vecinal, y ahora candidato a la Alcaldía por el nuevo partido Vecinos por Alicante, que denunció el caso en la Fiscalía - ha reclamado al juez que investigue si la empresa de la que Ortiz tiene un 50% ha alquilado las casas a los hijos de Alperi o si se las ha cedido. El letrado pide que Viviendas del Mediterráneo aporte los contratos de cesión o alquiler y que acredite su titularidad mediante las escrituras y los recibos del IBI. La acción popular ejercida por José Luis Valdés ha instado a que se requiera a la comunidad de propietarios a que informe sobre quién paga los recibos y si los hijos de Alperi viven en los bungalows. El abogado de Valdés también quiere información del Registro de la Propiedad, el catastro, el padrón, Aguas Municipalizadas e Iberdrola, y que la Policía Local certifique qué personas residen en las viviendas. El letrado ha aportado a la causa la información publicada el domingo por este diario sobre las viviendas.
El juez que investiga las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Ortiz tras la adjudicación de tres aparcamientos ya ha tomado declaración como imputados al constructor, al alcalde, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, y al técnico Antonio Escobedo.
El magistrado también ha interrogado, como testigos, a los técnicos que informaron en contra de modificar la concesión. El abogado de Valdés ha pedido al juez que vuelvan a declarar los técnicos Lázaro López y José María Simón para que aclaren una serie de contradicciones con la edil de Urbanismo en la tramitación del expediente. El letrado también ha solicitado información sobre la vida laboral del marido de Sonia Castedo para comprobar su relación con Enrique Ortiz . (De "Información")
Los turistas se gastaron 600 millones menos en la Costa Blanca en 2006
Un informe revela que los viajeros que utilizan las compañías baratas - 2,5 millones en El Altet - rebajan en 235 euros su presupuesto vacacional
F. J. BENITO
La consolidación de las compañías aéreas de bajo coste y la presión que ejerce la planta ilegal de apartamentos turísticos de alquiler sobre la oferta de alojamiento, absorbiendo miles de visitantes, provocaron que el sector turístico de la Costa Blanca dejara de ingresar durante 2006 una cantidad cercana a los seiscientos millones de euros, debido, sobre todo, al descenso del gasto de los turistas que eligen las líneas aéreas baratas como medio de transporte.
Un informe de la Secretaría General de Turismo revela que los pasajeros de este tipo de compañías -2,5 millones en el aeropuerto de El Altet- gastaron de media 235 euros menos que los turistas convencionales, lo que representa un descenso del 25%. Fuentes del sector hotelero de la provincia apuntaron ayer que el gasto medio de un cliente que contrata vuelo y alojamiento (diez días) en uno de los establecimientos de la franja costera se sitúa en una horquilla entre los 800 y los 1.000 euros.
En cuanto al gasto medio de los turistas que eligieron las compañías de bajo coste para llegar hasta la Costa Blanca, éstos gastaron 23 euros de media menos al día, un 22,7% menos que lo habitual.
El perfil del pasajero de este tipo de líneas aéreas es el de un viajero de entre 25 y 44 años, que se desplaza con su pareja o solo, cuenta con estudios superiores y goza de una renta media o media-alta. El 62% de los pasajeros utiliza internet para organizarse las vacaciones y un 71% viajó de forma individual.
El estudio de la Secretaría General de Turismo confirma, por otra parte, el cambio sustancial que ha experimentado el modelo por el que los visitantes de la Costa Blanca se organizan las vacaciones. La recesión del tour operador clásico como tal es evidente - el todopoderoso TUI ha creado su propia compañía de vuelos baratos, Thomsonfly - y los hoteles pierden mercado en beneficio de la oferta ilegal de apartamentos. La primera consecuencia ha sido el recorte de casi 600 millones de euros en los ingresos del sector. España ingresó en los diez primeros meses de 2006 - último balance actual - 40.532 millones.
Apertura de la T-2 Por otro lado, El Altet abre hoy al tráfico aéreo la T-2, terminal auxiliar construida sobre el solar que ocupó el bloque técnico y que permitirá incrementar un 22% la capacidad del aeropuerto cuando esté plenamente operativa la próxima temporada alta. La T-2 se utilizará, de momento, para agilizar la salida de los pasajeros, que seguirán facturando los equipajes y sacando la tarjeta de embarque en el edificio principal, desplazándose después por un pasillo hasta el nuevo edificio donde desde hoy están operativas cuatro puertas de embarque desde las que los pasajeros irán en autobús hasta el avión.
La construcción de la T-2 ha supuesto una inversión de 6 millones de euros según Aena - otras fuentes duplican la cantidad - empleados en la demolición del antiguo bloque técnico, edificación de un edificio de dos alturas conectado al principal, urbanización de la zona habilitando un aparcamiento para autobuses y vehículos ligeros y la modificación de los accesos. Desde hoy El Altet cuenta con un total de 16 puertas de embarque y podrá mover 24 aviones a la hora. A partir de julio entrarán en servicio 14 mostradores de facturación y dos cintas de recogida de equipajes (hipódromos) con lo que Aena completará la puesta en marcha de la T-2.
La consolidación de los vuelos de bajo coste en el mercado aeronáutico ha provocado, por otra parte, que de las cuatro primeras líneas aéreas con vuelos en El Altet, tres - Easyjet, Thomsonfly y Air Berlin - sean de bajo coste y sólo Iberia se mantenga en los puestos de cabeza, gracias a contar con los corredores Alicante-Madrid y Alicante-Barcelona.
La apertura de la T-2 abre, por otra parte, nuevas expectativas para el futuro del tráfico aéreo en el aeropuerto debido a que a partir de ahora Aena podrá ofrecer un servicio casi personalizado a las compañías de bajo coste. Easyjet ha reclamado infraestructuras para estudiar la posibilidad de abrir una segunda base de operaciones en El Altet - la primera se inaugura en febrero en Barajas - y la otra grande del sector, la irlandesa Ryanair, cuenta con vuelos desde Murcia (San Javier) y Valencia (Manises), aplazó en 2005 sus planes en Alicante debido a la falta de buenos horarios para operar.
El Altet - 8,8 millones de pasajeros - se encuentra en plena fase de ampliación y se espera que en 2010, cuando concluyan la sobras, pueda mover 20 millones de pasajeros al año. (De "Información")
La acción popular pide nuevas comparecencias y pruebas para demostrar la relación entre Alperi y Ortiz
El dirigente vecinal José Luis Valdés solicita una nueva comparecencia judicial de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, así como diversas pruebas que puedan demostrar la amistad personal entre el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz.
EFE /ALICANTE
La petición fue registrada ante el titular del Juzgado de Instrucción 8 de la ciudad, Jesús Gómez-Angulo, quien investiga supuestas irregularidades en la modificación del contrato de construcción de tres aparcamientos subterráneos, que fueron adjudicados al citado empresario.
En declaraciones a EFE, Valdés subrayó la "coincidencia" del contenido de sus escritos de formulación de nuevas pruebas con la petición de nuevas diligencias que estos días también ha formulado la Fiscalía Anticorrupción ante el magistrado instructor.
Explicó que, en calidad de personado como acusación popular, ha solicitado una nueva comparecencia de los dos técnicos de Urbanismo que ya comparecieron en calidad de testigos, uno de los cuales fue autor de un informe desfavorable a la modificación del contrato de los aparcamientos a favor de la empresa del constructor.
"Nuestra idea es contrastar sus declaraciones con las que dieron ante el juez Díaz Alperi y la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, ambos imputados junto al edil de Tráfico, Luis Concepción, al ingeniero y director de las obras y que sí aceptó los cambios en los contratos, Antonio Escobedo, y al citado empresario", explicó.
El informe desfavorable de Urbanismo, según relató el dirigente vecinal, llevó a Castedo a trasladar el expediente a la Concejalía de Tráfico.
"Su declaración judicial -en referencia a Castedo- tuvo muchas contradicciones", agregó Valdés.
La investigación, según recordó, trata de esclarecer si hubo un posible "concierto" entre el alcalde y los concejales para "conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial".
Su segunda petición hace referencia a la "importancia" de recoger nuevas pruebas que "puedan revelar" la relación personal entre el alcalde y el empresario.
Para ello, solicitó al juez que investigue la propiedad de los inmuebles donde actualmente viven los hijos del mandatario municipal "que son o han sido propiedad" de algunas de las empresas donde Enrique Ortiz figura como accionista.
Certificaciones de construcción y habitabilidad, posibles contratos de compra, cesión o alquiler, y recibos tributarios conforman la batería de documentos propuestos hoy al juez por la acusación popular.
Asimismo, Valdés insta en su escrito a investigar la vida laboral del marido de la edil de Urbanismo, después de que ésta afirmara en su declaración judicial, según dijeron entonces fuentes judiciales, que su marido trabajó para Ortiz hasta 2003 "como asalariado" y que actualmente lo hace para él "y otras empresas como autónomo".
La investigación judicial se inició a finales de septiembre del pasado año, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación municipal de los tres aparcamientos públicos.
El magistrado acordó abrir diligencias previas para averiguar "si la realidad de los hechos sucedidos constituye un presunto delito de prevaricación u otros", al tiempo que elevó una imputación por supuestos delitos de prevaricación y malversación.
En la denuncia, el fiscal Felipe Briones también aprecia indicios de falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La industria textil duplica su déficit exterior en un año y augura más cierres en 2007
A. CAPARRÓS
El sector textil sigue en caída libre y todavía no ha tocado fondo. Según los datos provisionales del cierre de 2006, facilitados por la patronal Ateval, el déficit exterior se ha duplicado en el último año, hasta arrojar unos números rojos de 150 millones de euros. Hasta 2003, el balance entre exportaciones e importaciones se saldaba con superávit favorable para las empresas de la Comunidad.
En 2004 cambió la tendencia, que en el último ejercicio alcanzó su punto álgido. El proceso de liberalización del sector textil, iniciado el 1 de enero de 2005, propició la irrupción de China, que ya es el principal suministrados de productos textiles de la Comunidad. A la proliferación de importaciones se suma el descenso de las ventas al exterior, que en quinquenio 2001-2006 acumula una caída del 30%, especialmente acusada en las prendas de vestir y los tejidos.
Las empresas valencianas se han topado con el escaso crecimiento del mercado europeo -que representa el 60% del total exportado- y la pérdida de clientes en países de fuera de la Unión, provocada por la apreciación del euro.
Las compañías de la región han tenido que adaptarse a un nuevo contexto que ha provocado la pérdida de un 20% de la producción y del empleo en cinco años. La patronal del sector lamenta que este proceso se tenga que desarrollar en un marco financiero desfavorable, marcado por la caída de las ventas y el incremento de los costes -como en el caso de la energía-. Ante esta tesitura, las perspectivas para 2007 apuntan hacia la continuidad del proceso de adaptación, en el que no se descartan nuevos ajustes empresariales.
En 2006, el sector cerró el ejercicio con 1.950 compañías, que emplean a 37.500 personas. La producción cayó ligeramente y se situó en un valor de 2.150 millones. La caída de las exportaciones -769 millones- también se atenuó, pero las importaciones continuaron con su senda alcista y alcanzaron los 919 millones.(De "ABC-CV")
Europa ultima un nuevo examen al urbanismo valenciano que ampliará a medio ambiente y agua
El presidente del Comité de Peticiones cita a los comisarios de Mercado Interior y Medio Ambiente para analizar todas las denuncias. Los eurodiputados visitarán la C. Valenciana en febrero
L. Ballester/R. Montaner/C. Pinar, Valencia/Bruselas
El presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, Martin Libicki, ha solicitado una reunión con el Comisario de Medio Ambiente Stavros Dimas y con el Comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy para tratar su «preocupación» por el supuesto incumplimiento de las directivas sobre agua, hábitat o evaluación ambiental estratégica de las «autoridades valencianas». Un problema más que se añadiría al procedimiento de infracción abierto contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU primero y la LUV, después) que puede acabar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia Europeo.
Esta minicumbre de dos comisarios europeos y del presidente del Comité de Peticiones para tratar los incumplimientos de las directivas europeas serviría para preparar la tercera visita de eurodiputados a la Comunitat Valenciana, prevista para finales de febrero, para «investigar y recabar pruebas» de las denuncias y quejas recibidas por miles de ciudadanos.
Aunque la Generalitat sigue negando la existencia de estas denuncias porque, aseguran, no han visto ninguna, la cuestión es que el Comité de Peticiones «recibe regularmente cartas y nuevas peticiones sobre este tema», en referencia a «la violación de derechos de ciudadanos europeos sobre las propiedades que han adquirido legalmente en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana», según señala el presidente del Comité, Martin Libicki.
El Comité de Peticiones «no solamente está preocupado sobre el incumplimiento de la directiva de contratación pública de obras y servicios, que es claramente muy grave», sino que también muestra su inquietud «sobre otras directivas europeas, relacionadas con la protección del medio ambiente en materias como el impacto ambiental en suelo urbano y el agua que, nos tememos, también se están aplicando impropiamente por las autoridades en Valencia».
Bruselas, no obstante, no es ajena a los escándalos urbanísticos que se suceden en otras comunidades. «A pesar de que el procedimiento de infracción actual está centralizado en la Comunitat Valenciana, es evidente que los abusos que están ocurriendo se incrementan en todos los sitios», asegura Libicki. Y añade: «En muchos casos es evidente que las infracciones a las directivas europeas están también estrechamente relacionadas con las prácticas de corrupción, que están siendo investigadas por las mismas autoridades españolas».
Por ello, Libicki confirma que «a finales de febrero se producirá una nueva visita de los miembros del Comité de Peticiones, la tercera ordenada por este organismo, en busca de pruebas y para investigar estas cuestiones tanto en la Comunitat Valenciana como en Madrid». «A causa de la gravedad con la que vemos esta situación», a la que el Comité de Peticiones ha «decidido concederle una prioridad extremadamente alta para que estos hechos se resuelvan urgentemente», Libicki solicita la reunión a tres bandas con los dos comisarios que tramitan o han tramitado procedimientos de infracción contra el Reino de España por incumplimientos cometidos en la Comunitat Valenciana. Para el eurodiputado David Hammerstein, es evidente que en esta reunión «se celebra para considerar la extensión de las infracciones de la LUV a cuestiones ambientales como el cumplimiento de las Directivas sobre agua, hábitat y evaluación ambiental estratégica».
(De "Levante")
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