sábado, 10 de febrero de 2007

El Tribunal Superior y el Tribunal Supremo ya rechazaron que se construyera un hotel en el campo de golf de El Plantío

Los concejales socialistas Blas Bernal y Luis Almarcha y «el vecino» Andrés Cremades presentaron ante los medios de comunicación las alegaciones que han registrado para tratar de impedir que el Ayuntamiento permita construcción alguna en El Plantío.

J.F. Picó

La trascendencia del documento no radica sólo en la petición para que la promotora Finca Lo Cirer no construya los 204 apartamentos turísticos, sino en que los ediles socialistas se hacen eco de dos sentencias.

La primera está fechada en 1992 y fue dictada por el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana. En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) «autoriza la construcción del referido campo de golf, salvo el hotel proyectado, sin expresa imposición de las cosas procesales».

La sentencia, fechada en junio del 1992, era fruto de un recurso presentado por la promotora del campo de golf y el hotel, que había visto cómo inicialmente la Conselleria de Obras Públicas, en manos del PSOE, había rechazado el ambicioso proyecto.

El TSJ estimaba parcialmente el recurso, aceptaba el campo de golf, pero excluía cualquier otra edificación. A pesar de esta decisión, Promoblanca, que luego se convirtió en Finca Lo Cirer, solicitó «a prisas y corriendo», según fuentes conocedoras del caso, la Declaración de Interés Comunitario, que le era concedida apenas siete meses después de la sentencia.

Antes de que fuera firmada la DIC, la Generalitat decidió recurrir en casación al Tribunal Supremo. Y hubo que esperar tres años para que hubiera una decisión. La Sala Tercera del TS (Sección Quinta) dictaba una sentencia que declaró no ha lugar el recurso de la Administración autonómica, ratificando por lo tanto la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, que sí al campo de golf, pero no al hotel.

Así se recoge en un escrito remitido el 21 de febrero al Ayuntamiento por la Conselleria de Obras Públicas, en el que solicita al Ayuntamiento que «se cumpla en sus propios términos la sentencia fieme número 796 de 11 de junio de 1992 del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana».Y así, como si estas sentencias no hubieran existido -al menos, nadie se había hecho eco hasta ahora-, se ha llegado al punto actual.

Los técnicos municipales estudian la solicitud de licencia para construir 204 apartamentos de lujo sobre 14.500 metros cuadrados, después de que una sentencia -que aún no es firme- haya rectificado el permiso concedido por el Ayuntamiento en mayo del 2005 para edificar sobre 22.500 metros cuadrados. Y mientras, la promotora plantea que tiene todos los derechos para continuar las obras, ampliamente ejecutadas en su primera fase, y ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales para luchar por los 22.500 metros cuadrados.

Al margen de estas alegaciones, Bernal y Almarcha anunciaron que se dirigirán a la Conselleria de Territorio para que anule la Declaración de Interés Comunitario concedida en 1993.

Ya se desveló el pasado 12 de diciembre una presunta irregularidad en el inicio del expediente, que no ha sido desmentida, ni siquiera por la promotora. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debió servir para que el Consell autorizara la Declaración de Interés Comunitario (DIC) no incluía la construcción de un hotel, como luego sí fue permitido por la Generalitat en la polémica DIC de 1993 y, más tarde, por el propio Ayuntamiento, que también admitió años después que daba lo mismo edificar un hotel de 100 habitaciones que 204 apartamentos turísticos.

El concejal y ex portavoz adjunto del PSOE, Luis Almarcha, fue rotundo al inicio de su intervención: «Los casos de Mercalicante, Benalúa Sur o los aparcamientos son una broma en comparación con Lo Cirer y forma parte de los desmanes que desde hace veinte años se vienen perpetrando en la Sierra de Colmenares».

Blas Bernal fue el primero en tomar la palabra ante los medios de comunicación. Recordó algunos puntos «oscuros» del expediente, como que la Declaración de Impacto Ambiental no hubiera previsto el hotel, y la Declaración de Interés Comunitario, sí. El concejal socialista solicita que «se inicie un nuevo expediente y si necesita nuevas declaraciones, que se soliciten».

Almarcha fue quien aportó de forma detallada los datos sobre el alambicado expediente, abierto desde principios de los años noventa. Además de apuntar la existencia de las sentencias, el edil del PSOE dio un dato más: «No he encontrado en Urbanismo que el campo de golf tenga licencia de primera ocupación, como tampoco he encontrado y lo he preguntado si las actividades que allí se desarrollan, como comprar material deportivo o tomarse algo para saciar la sed, tiene alguna licencia municipal de actividad».

Correcto en todo momento y sin querer realizar valoración alguna, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, trataba de explicar la comparecencia de dos concejales de su grupo para presentar unas alegaciones. «Lo han hecho a título personal, porque el grupo también va a registrar sus alegaciones», explicaba el concejal del PSOE.

Reconoció que quienes fueron los responsables del grupo hasta hace sólo un año le consultaron que iban a convocar a los medios de comunicación para hablar sobre El Plantío. «No soy un dictador, soy una persona demócrata y respetuosa, estamos en un Estado libre y cualquier persona puede presentar alegaciones».

Comentó que Blas Bernal y Luis Almarcha fueron las personas que llevaron este asunto hasta que dejaron la dirección del grupo. «Fueron quienes presentaron el contencioso administrativo, aunque luego fui yo quien lo asumió hasta la sentencia que nos fue favorable», añadió el portavoz del PSOE.
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