La avalancha de PAI va a pasar factura y sólo las promotoras fuertes y de rancio abolengo aguantarán el tipo.
La Comunitat Valenciana vive inmersa en un impasse provocado por varios factores. De una parte, el abultado «paquete legislativo» creado por Rafael Blasco que ha renovado todas las leyes relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio que, además, han ido acompañadas de varios reglamentos. Se han aprobado de forma tan rápida, y a veces con tantas prisas, que el articulado de todo este corpus legal alberga incoherencias. La Conselleria de Territorio tendría que haber redactado un texto refundido de todas estas leyes, antes de que se acabara 2006, pero nada se sabe aún de este decreto.
Tanta novedad legal ha frenado de forma natural la frenética actividad del sector de la promoción y la construcción que, desde mediados de 2005, inició una alocada carrera de presentación de PAI para evitar las novedades legislativas que se avecinaban. Primero el fin de la moratoria prevista en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp) que obliga a redactar un nuevo plan general en caso de una gran reclasificación (en julio de 2005). Después, la avalancha de presentación de PAI pretendía esquivar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), además de la obligación generalizada del «metro a metro» prevista en la Lotpp (cada metro cuadrado reclasificado obliga al promotor a ceder gratis otro metro de suelo protegido) a partir del 1 de enero de 2006. La ley del Golf también entró en vigor el 8 de diciembre.
Para intentar soslayar tantas novedades los promotores sacaron de sus cajones «todos los proyectos de crianza, reserva y gran reserva» . A la entrada en vigor de la LUV las comisiones territoriales de Urbanismo tramitaban 122 PAI, correspondientes a 77 municipios, que planteaban la reclasificación de 6.000 hectáreas, según los datos facilitados por Territorio en febrero de 2006.
Digestión lenta
Muchas tragaderas debe de tener una conselleria para masticar y deglutir semejante avalancha de PAI. El cambio de titular de la Conselleria de Territorio, de Rafael Blasco a Esteban González Pons, propició que esta digestión urbanística se hiciera a cámara lenta. Este ha sido el segundo factor que ha provocado el impasse . Las comisiones territoriales de urbanismo tardaron dos meses en convocarse. Desde entonces, a excepción del PAI de Porxinos y algún que otro plan, escasas reclasificaciones se han aprobado. Se ha dado salida a instrumentos de planeamiento previstos en los planes generales y se han aprobado algún PGOU pero las reclasificaciones se examinan con lupa. Y algunos proyectos que no lo son, como el Manhattan del Xúquer en Cullera previsto en suelo urbanizable, siguen en la «sillita de pensar» , como asegura el conseller González Pons.
Según reconocen fuentes del sector de la promoción, esta ralentización de las tramitaciones urbanísticas comienza a generar problemas porque aunque la aprobación de un plan se retrase las contraprestaciones pactadas entre ayuntamientos y promotores siguen el calendario previsto.
Un promotor lo explica de forma clara. «Desde el día siguiente en que se adquiere la condición de agente urbanizador, los ayuntamientos ya te exigen el dinero que te has comprometido a darles o que les construyas la Casa de Cultura pactada a cambio de que te adjudiquen el PAI» . Como las gestiones urbanísticas son tan lentas «se ha dado el caso de adelantar el dinero para construir la dotación comprometida y que el PAI adjudicado ni se haya iniciado. Esta situación arruina a cualquiera». Además, alguna de las empresas que ha subido como la espuma en los últimos años «ha confiado el grueso de sus inversiones a reclasificaciones en suelo rústico, confiando en que el PAI saldría en dos o tres años» pero si éste se retrasa «por razones políticas o coyunturales propias del sector, estás perdido» porque la quiebra puede estar a la vuelta de la esquina.
En esta situación aseguran distintas fuentes del sector que se encuentra una potente empresa promotora valenciana. «El urbanismo tiene sus propios plazos. No puedes aplicar la mentalidad de la promoción inmobiliaria a la urbanística ni basar tu caja de ingresos sólo en el urbanismo, porque los plazos son excesivamente largos. Has de prepararte financieramente y diversificar tus esfuerzos», señalan. En la selva del urbanismo sólo los más resistentes sobreviven.
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La construcción de viviendas protegidas cae un 44% en 2006
El año pasado se concedieron 2.386 calificaciones para casas de régimen especial en la provincia, la cifra más baja desde 1998
A. FERNÁNDEZ
La construcción de viviendas de protección oficial en la provincia ha sufrido un importante frenazo durante 2006. Durante el año pasado tan solo se concedieron 2.386 calificaciones para hacer este tipo de casas, según datos facilitados por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), mientras que a lo largo de 2005 esa cifra ascendió a 4.216, según se recoge en un informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia). En el citado documento aún no se incluyen los números del último trimestre del año, aunque el Ivvsa ya dispone de ellos.
En total, la construcción de VPO se ha reducido un 44 por ciento de un año a otro, la diferencia más amplia de la última década. Además, las estadísticas dejan 2006 como el año en el que menos calificaciones de VPO se han concedido desde 1998, el último año recogido en el informe de Provia.
Curiosamente, este descalabro en la edificación de pisos de régimen especial coincide con los intentos del Consell por incentivar su construcción. El 31 de mayo de 2006 entró en vigor en la Comunidad Valenciana la adaptación de los precios del decreto estatal del Plan Vivienda 2005-2008. Ésta provocó que los pisos protegidos subiesen hasta un 47% en Alicante - un 20% para la Generalitat - , según un estudio de CC OO.
Además, una orden del conseller Rafael Blasco - por aquel entonces titular del área - que reguló los precios nuevos y que tuvo carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año, propició subidas en las VPO de hasta 36.476 euros en la venta de alguno de estos pisos. Y todo, con el objetivo de equilibrar en cierto modo los precios entre la vivienda libre y la protegida, e incentivar a los promotores a que apostaran por edificar pisos de régimen especial.
Estos datos, no obstante, contrastan con los del Gobierno Central. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo sitúa los números de construcción de VPO muy por debajo de Provia. En algunos años, habla incluso de 1.000 viviendas menos.
De "Información"
Parlamentarios europeos visitan nueve municipios de Alicante por denuncias urbanísticas
La Comunitat Valenciana centrará la agenda de trabajo de un grupo de parlamentarios europeos que, en respuesta a diversas quejas urbanísticas planteadas por asociaciones vecinales ante la UE, visitará España a lo largo de esta semana, según informaron fuentes de uno de estos colectivos ciudadanos.
De los dieciséis municipios españoles que tienen previsto visitar los diputados europeos, doce están en la Comunitat y, de éstos, nueve pertenecen a la provincia de Alicante.
Según la agenda de esa delegación europea, hecha pública hoy por la asociación alicantina de Veïns de Parcent, una de las entidades que ha denunciado presuntos abusos urbanísticos, los diputados de la UE visitarán las localidades alicantinas de Torrevieja, Orihuela, Catral, Parcent, Rojales, San Miguel de Salinas, Tibi, Benissa y Alicante.
La delegación visitará también los municipios castellonenses de Oropesa y Benicàssim y la ciudad de Valencia, así como Galapagar (Madrid), la propia capital española, Albox (Almería) y la capital almeriense.
Esta presencia de europarlamentarios para estudiar las leyes españolas de suelo y los proyectos de desarrollo urbano, la tercera que realiza en este sentido la Comisión de Peticiones de la UE, fue autorizada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de febrero.
La Asociación Veïns de Parcent manifestó hoy que, según un escrito recibido desde la UE, la delegación europea estará integrada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, adscrito al grupo parlamentario Unión por la Europa de las Naciones (UEN), y el vicepresidente de esta institución, el británico Michael Cashman, del Grupo Socialista Europeo (PES).
Acompañan a ambos los responsables de su Secretaría, David Lowe y Angel Ardaiz, y los asesores Kjell Sevon y Witold Ziobro.
Esta delegación de la UE mantendrá reuniones tanto con vecinos afectados por decisiones urbanísticas como con autoridades locales y regionales, según explicaron las citadas fuentes.
La visita se inicia mañana en Madrid, donde están previstas sendas reuniones con autoridades nacionales sobre "el nuevo marco legislativo referente al planeamiento del uso del suelo" y con los embajadores europeos.
Un día después, los parlamentarios se desplazarán hasta Almería para celebrar un encuentro de trabajo con autoridades locales y visitarán el municipio almeriense de Albox.
Posteriormente, se trasladarán a Orihuela (Alicante) para abordar diversas reuniones con asociaciones vecinales que el pasado año elevaron denuncias de posibles ilegalidades.
La tercera jornada de la agenda de visita, día 1 de marzo, la delegación europea recorrerá las localidades alicantinas de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, para mantener un encuentro de trabajo alrededor de las 13,00 horas en Alicante con la Sindica de Greuges, Emilia Caballero.
Por la tarde, los diputados de la UE se desplazarán hasta Tibi, Parcent y Benissa, municipios donde también mantendrán reuniones.
Al día siguiente, la representación europea acudirá a Jávea (Alicante) para proseguir viaje hasta Castellón, para conocer denuncias de propietarios en Benicassim, Oropesa y Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y posteriormente saldrán hacia Valencia donde está prevista una reunión con autoridades autonómicas.(EFE)
Los constructores de vivienda de Alicante son los más pesimistas de la Comunidad Valenciana en el arranque del año. Una reciente encuesta del instituto tecnológico del sector Aidico revela que casi el 30% de los empresarios alicantinos de la edificación consideran que el mercado evoluciona de forma negativa, frente a un 60% que cree que se mantendrá la actividad y un 12% que supone que mejorará.
El informe sobre el precio de la vivienda, el observatorio de la confianza empresarial y la previsión de días de producción viene a confirmar los signos de desaceleración del mercado inmobiliario en la Costa Blanca que se han lanzado en los últimos meses.
El dato del Observatorio del Mercado de Aidico señala que la previsión de ventas para el primer trimestre del año 2007 sigue siendo positiva. No obstante, el sector empresarial muestra ya sus recelos sobre la alegría con que han evolucionado las ventas de vivienda residencia y turística en los últimos tres años en toda la Costa Blanca.
Así, el informe de Aidico deja claro que si en el último trimestre del año había un 21% más de empresarios en el conjunto de la Comunidad Valenciana que preveía crecer que reducir sus ventas, ese porcentaje cae hasta el 13,7% a principios del año 2007. También aumenta el porcentaje de constructores de esta región que afirman que el sector evolucionará de manera negativa a principios de este año. Hay un 9% más de constructores que lo piensan de esa forma que en noviembre del pasado año.
Los empresarios de la construcción de Alicante son los menos optimistas. El 28% de ellos cree que su actividad y negocio evolucionará a la baja este año, frente a sólo un 12% que apuesta por lo contrario, es decir, por una mejora del negocio en todos los sentidos. El porcentaje de los empresarios pesimistas de Alicante es diez puntos superior a los radicados en las provincias vecinas de Valencia y Alicante, de acuerdo con el informe del observatorio de mercado de Aidico.
Pese a lo expuesto hasta aquí, los constructores de Alicante garantizan a las empresas de materiales de construcción una media de 33,8 días si se tiene en cuenta la cartera de pedidos de las constructoras hasta el próximo mes de diciembre. En el caso de Valencia, ese índice es de 56,7 días y de 24,4 días en Castellón.
El pesimismo que empieza a cundir en el sector de la edificación residencial de Alicante no es obstáculo para que la Costa Blanca sea el lugar donde más tiempo de actividad cubierta y garantizada tienen los empresarios. Aidicia asegura que hay garantizados 19,5 meses de actividad, frente a los 18,2 meses en Valencia y los 16,3 en Castellón.
Otro dato que enmenda el elemento negativo de este informe es el relativo a la inversión. Un 28% de los empresarios de la construcción consultados por Aidico prevé realizar importantes inversiones en los próximos meses. En especial maquinaria y mejora de las instalaciones.
Sobre los precios, el informe asegura que han aumentado en la Comunidad Valenciana un 7,25% en el año 2006. Se refiere a la vivienda de tipo libre, nueva y de segunda mano.
De "La Verdad"
E l crecimiento del sector de la construcción y el aumento de la compra venta de segunda vivienda no se corresponde, ni de lejos, con el número y la situación de los actuales registros de la Propiedad de la provincia, lo que ha llevado al Consejo de Ministros a aprobar la creación en Alicante de 19 de estos órganos, de los 281 que está previsto que se creen en los próximos meses, según un Real Decreto recientemente aprobado por el Ejecutivo.
El proyecto prevé un nuevo diseño en el mapa de las oficinas registrales, «para adecuarlas a los cambios sociales, económicos y tecnológicos», según el Ministerio de Justicia, lo cual supondrá importantes cambios que afectan a los ciudadanos porque, de entrada, se crean cinco nuevas demarcaciones en la provincia, como son los casos de San Vicente del Raspeig, Benissa, Almoradí, Ibi y Aspe.
Además, aquellos registros ya existentes modifican su actual demarcación para dejar «hueco» a los nuevos. Por poner un par de ejemplos, la creación en Elche del registro de la Propiedad número 5 - que va a atender especialmente la espectacular ampliación del barrio de Altabix - obliga a modificar tres de los cuatro ya existentes, los números 2, 3 y 4; en cambio, la aparición de segundos registros en aquellos municipios donde sólo existía uno obliga a dividir en dos la actual demarcación.
El «boom» de la construcción en la provincia y la aprobación en los últimos años de numerosos planes urbanísticos está detrás de esta decisión de aumentar los registros de la Propiedad que existen en la provincia; de hecho, el Consejo de Ministros ha colocado a Alicante como la tercera provincia española más necesitada de órganos, sólo por detrás de Madrid y Barcelona que van a recibir 36. Málaga también va a recibir 19 registros, aunque no tan repartidos como aquí (seis van a la capital y tres a Marbella) y Valencia, uno menos: 18 registros. En quinto lugar se sitúa Murcia, con 13 nuevos registros y el resto, hasta totalizar 281 nuevos órganos, está ya muy repartido.
Que la construcción está teniendo una especial trascendencia en todo el litoral de la provincia sólo hay que verlo en el reparto que se hace en el Real Decreto pues Torrevieja y Orihuela se incrementan directamente en dos, lo que supone para la primera población igualar a Elche y situarse sólo uno por debajo de Alicante. También se abren en Dénia, Altea, Javea, Villajoyosa o Benissa.
Tarde Algunas fuentes aseguraron ayer que, independientemente de los beneficios y de la mejora del servicio, el plan de creaciones llega algo tarde porque buena parte de los proyectos urbanísticos se encuentran muy desarrollados y gran parte de las viviendas ya se encuentran vendidas por lo que el servicio que se quiere dar con la aprobación de estas creaciones llega con retraso.
De "Información"
Narbona se suma a un foro crítico con el urbanismo
A. C.
VALENCIA
A falta de tres meses para las elecciones, el Ejecutivo se decanta sin ambages por la crítica furibunda al urbanismo valenciano.
Coincidiendo con la expedición del Parlamento Europeo por los municipios de la Comunidad, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tiene previsto pronunciar una conferencia en la Universidad de Valencia en la marco de unas jornadas bajo el inquietante título de «¿Otro urbanismo es posible»? La ministra ha escogido el enigmático epígrafe de «Sostenibilidad y Urbanismo».
La disertación de Narbona, prevista para las siete de la tarde, se enmarca en el «Fórum de debates» de la Universidad y ha sido organizada por la asociación Jueces para la Democracia (JpD). Este colectivo aprovechó ayer la coyuntura para denunciar que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) facilitará la «continuidad de construcciones incontroladas y masificadas».
JpD lamentó la «gravedad de la situación y las pérdidas irreversibles que se están produciendo para la integridad del territorio».
Sin representación oficial
Además, los bloques en los que ha dividido sus jornadas -que se prolongarán hasta el viernes sin representación alguna del sector empresarial inmobiliario ni del Gobierno valenciano- vaticinan el sesgo de las mismas: «Hacia un modelo de ordenación racional del territorio», «La problemática de la delincuencia urbanística» y «La corrupción urbanística y su impacto ambiental». En cuanto a los ponentes, la elección tampoco augura un mensaje conciliador con el actual modelo urbanístico valenciano. El fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, tomará la palabra el viernes.
El padre de la LRAU
Un día antes, tras la intervención inaugural de la ministra de Medio Ambiente, el que fuera director general de Urbanismo en el Consell de Joan Lerma y considerado como el «padre» de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Gerardo Roger, también expresará sus puntos de vista en el foro universitario.
De ABC-CV
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