JIJONA.- La titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig, Ana María Carpintero Artiaga, dictó el pasado 26 de marzo un auto de incoación de diligencias previas que vinculan la actuación del Ayuntamiento de Jijona con la tramitación del mayor programa de actuación integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, que afecta a la posible recalificación de 7,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico no urbanizable en uno de los mayores secarrales de España.
Tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial a finales del mes de enero del pasado año por el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Jijona, Ferran Verdú, por los presuntos delitos de «prevaricación y tráfico de influencias», la juez ha decidido ahora incoar diligencias previas dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal y ordenando remitir un oficio al Ayuntamiento que gobierna Rosa María Verdú Ramos, del PP, «para que informe y presente justificación documental en relación a los hechos objeto de la denuncia».
El auto pone de manifiesto que los hechos denunciados por el portavoz socialista en Jijona «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
La denuncia presentada por Ferran Verdú ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial fue remitida en su día por el propio Ministerio Fiscal ante el juzgado competente, en el palacio de justicia de San Vicente del Raspeig.
En la denuncia de Ferran Verdú, el portavoz socialista en Jijona describe tres hechos. El primero, que el 22 de noviembre del año 2005 el Ayuntamiento de Jijona, a través de la junta de gobierno integrada por Rosa Verdú, Francisco Doménech y Victoriano Borreguero, aprobó un convenio de colaboración entre el Consistorio y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y tramitación del concierto previo del PGOU.
En ese documento, la promotora del mayor PAI en extensión de la Comunidad Valenciana «tiene voluntad de ampliar el plan urbanístico Sector Residencial Golf Xixona a una superficie aproximada de 7 millones de metros cuadrados», el doble de lo inicialmente previsto.
El PAI lo registra en el Ayuntamiento Luis Ferrer Vicent, en representación de Construcciones Valencia Constitución. El 14 de diciembre del año 2005, esa empresa, vinculada a uno de los socios de referencia de la compañía Metrovacesa, da poderes notariales a Luis Ferrer para «desarrollar aquellas facultades que impliquen relación entre Construcciones Valencia Constitución y el Ayuntamiento».
Reunión «privada»
Poco más tarde, el 24 de enero del 2006, una semana antes de la presentación de la denuncia, se celebró en el despacho de la alcaldesa una reunión a la que asistió ésta, el segundo teniente de alcalde Ramón Aznar y Luis Ferrer Vicent, según la denuncia. Los políticos dijeron, según la denuncia, que era de «carácter privado».
Dos días después, el 26 de enero del 2006, la alcaldesa Rosa Verdú encarga al abogado Luis Ferrer la redacción del informe de otro PAI denominado Plaza de les Monges, presentado por la mercantil Inmojisa Urbanizadora SA, cuyo consejo de administración está presidido, según la denuncia del PSPV presentada en fiscalía, por uno de los accionistas de Invemi, firma que a su vez es uno de los grandes propietarios de suelo del mayor plan urbanístico de la Comunidad, denominado El Espartal.
Tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial a finales del mes de enero del pasado año por el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Jijona, Ferran Verdú, por los presuntos delitos de «prevaricación y tráfico de influencias», la juez ha decidido ahora incoar diligencias previas dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal y ordenando remitir un oficio al Ayuntamiento que gobierna Rosa María Verdú Ramos, del PP, «para que informe y presente justificación documental en relación a los hechos objeto de la denuncia».
El auto pone de manifiesto que los hechos denunciados por el portavoz socialista en Jijona «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
La denuncia presentada por Ferran Verdú ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial fue remitida en su día por el propio Ministerio Fiscal ante el juzgado competente, en el palacio de justicia de San Vicente del Raspeig.
En la denuncia de Ferran Verdú, el portavoz socialista en Jijona describe tres hechos. El primero, que el 22 de noviembre del año 2005 el Ayuntamiento de Jijona, a través de la junta de gobierno integrada por Rosa Verdú, Francisco Doménech y Victoriano Borreguero, aprobó un convenio de colaboración entre el Consistorio y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y tramitación del concierto previo del PGOU.
En ese documento, la promotora del mayor PAI en extensión de la Comunidad Valenciana «tiene voluntad de ampliar el plan urbanístico Sector Residencial Golf Xixona a una superficie aproximada de 7 millones de metros cuadrados», el doble de lo inicialmente previsto.
El PAI lo registra en el Ayuntamiento Luis Ferrer Vicent, en representación de Construcciones Valencia Constitución. El 14 de diciembre del año 2005, esa empresa, vinculada a uno de los socios de referencia de la compañía Metrovacesa, da poderes notariales a Luis Ferrer para «desarrollar aquellas facultades que impliquen relación entre Construcciones Valencia Constitución y el Ayuntamiento».
Reunión «privada»
Poco más tarde, el 24 de enero del 2006, una semana antes de la presentación de la denuncia, se celebró en el despacho de la alcaldesa una reunión a la que asistió ésta, el segundo teniente de alcalde Ramón Aznar y Luis Ferrer Vicent, según la denuncia. Los políticos dijeron, según la denuncia, que era de «carácter privado».
Dos días después, el 26 de enero del 2006, la alcaldesa Rosa Verdú encarga al abogado Luis Ferrer la redacción del informe de otro PAI denominado Plaza de les Monges, presentado por la mercantil Inmojisa Urbanizadora SA, cuyo consejo de administración está presidido, según la denuncia del PSPV presentada en fiscalía, por uno de los accionistas de Invemi, firma que a su vez es uno de los grandes propietarios de suelo del mayor plan urbanístico de la Comunidad, denominado El Espartal.
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El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Jijona, Ferran Verdú, afirmó ayer que «la Justicia ha dado la razón a las justificadas sospechas que provoca la interesada actuación urbanística del PP en los casos como el del PAI de El Espartal». Para el candidato del PSPV-PSOE, «esto confirma que hay elementos suficientes para poner en tela de juicio cómo el PP ha gestionado el urbanismo en nuestro municipio que, incluso, levanta sospechas en los tribunales».
Como anteayer informó este diario, la titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig, Ana María Carpintero Artiaga, dictó el pasado 26 de marzo un auto de incoación de diligencias previas que vinculan la actuación del Ayuntamiento de Jijona con la tramitación del mayor programa de actuación integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, que afecta a la posible recalificación de 7,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico no urbanizable en uno de los mayores secarrales no sólo de la provincia, sino de toda España. El objetivo de la promotora es construir 5.000 casas, un campo de golf, un parque industrial y zonas dotacionales, pese a que Jijona está en situación de emergencia por falta de agua desde hace una década.
Ferran Verdú afirmó ayer que la decisión de la Justicia de continuar investigando la denuncia que el grupo socialista presentó en enero del 2006 «debería obligar a los responsables del PP a prescindir de candidatos como Rosa Verdú y Ramón Aznar, que se encuentran quemados para representar a Jijona. A día de hoy podemos afirmar que los ciudadanos y las ciudadanas de Jijona no podemos confiar nuestro futuro en manos de los candidatos del PP, porque sabemos que tienen compromisos privados con cuestiones públicas, que son objeto de investigación judicial», afirma Ferran Verdú.
Más asuntos
El candidato socialista lamentó que «estemos en el primer asunto que está siendo investigado, porque sabemos que habrá muchos más en el futuro. La gestión del suelo y del urbanismo que ha hecho el PP -a instancias de su alcaldesa Rosa Verdú- se ha demostrado como claro ejemplo de cuál ha sido la política municipal: trabajar para unos pocos con lo que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas de Jijona».
Ferran Verdú confía en que «la Justicia aclare todos los extremos de nuestra actuación».
De "La Verdad"
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