ORIHUELA.- La urbanización de 1.286 casas y un campo de golf en el PAU-21 de Orihuela ha quedado suspendida de manera cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El alto tribunal responde así a una demanda presentada por Ecologistas en Acción del País Valenciano que solicitaba la paralización de este plan urbanístico después de que obtuviera el visto bueno de la Comisión Territorial alicantina de la Conselleria de Territorio y Vivienda. La ausencia de documentos que avalen que las viviendas contarán con el suministro de agua potable ha sido lo que ha movido al TSJCV a emitir este fallo que puede ser recurrido durante cinco días.
Concretamente, lo que suspende la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1, es el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 20 de diciembre del 2005 por el que se aprueba de forma definitiva la actuación urbanística. En la sentencia se fundamenta la resolución en que «resulta evidente que, en el momento de la redacción del Plan, no existe caudal suficiente para hacer frente a la nueva urbanización que el Plan General aprobado pretende, lo que compromete notablemente su ejecución». A pesar de que la Generalitat indica «que el día de mañana encontrará recursos hídricos suficientes, en el momento de la aprobación del Plan ni se sabe a ciencia cierta dónde pueden estar esos recursos, qué cantidad pueden proporcionar y sobre todo, qué calidad».
Esta resolución se basa en que durante la tramitación del PAU-21 la Mancomunidad de Canales del Taibilla informó, según se puede leer en el fallo judicial, de forma negativa sobre la disponibilidad de agua en el ámbito que se considera. Asimismo citan el artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que establece el uso racional de los recursos naturales, un uso eficiente de los recursos hídricos y la protección y calidad de los mismos entre otras cosas, lo que entiende la sala del alto tribunal que no se cumple en el caso del PAU-21.
Igualmnte aseguran que de llevarse a cabo la urbanización podría suceder que «la insuficiencia de los recursos hídricos diera al traste con las expectativas de terceros amparadas en la ejecución del Plan propiciado y aprobado por la Administración». Con todo estos argumentos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antepone los derechos de los ciudadanos que podrían comprar una casa en esta zona y que, una vez adquirida, se encontrarían, en el caso de que todo siguiera igual, sin suministro de agua, por lo que deciden suspender el PAU-21 de manera cautelar.
www.laverdad.es
El alto tribunal responde así a una demanda presentada por Ecologistas en Acción del País Valenciano que solicitaba la paralización de este plan urbanístico después de que obtuviera el visto bueno de la Comisión Territorial alicantina de la Conselleria de Territorio y Vivienda. La ausencia de documentos que avalen que las viviendas contarán con el suministro de agua potable ha sido lo que ha movido al TSJCV a emitir este fallo que puede ser recurrido durante cinco días.
Concretamente, lo que suspende la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1, es el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 20 de diciembre del 2005 por el que se aprueba de forma definitiva la actuación urbanística. En la sentencia se fundamenta la resolución en que «resulta evidente que, en el momento de la redacción del Plan, no existe caudal suficiente para hacer frente a la nueva urbanización que el Plan General aprobado pretende, lo que compromete notablemente su ejecución». A pesar de que la Generalitat indica «que el día de mañana encontrará recursos hídricos suficientes, en el momento de la aprobación del Plan ni se sabe a ciencia cierta dónde pueden estar esos recursos, qué cantidad pueden proporcionar y sobre todo, qué calidad».
Esta resolución se basa en que durante la tramitación del PAU-21 la Mancomunidad de Canales del Taibilla informó, según se puede leer en el fallo judicial, de forma negativa sobre la disponibilidad de agua en el ámbito que se considera. Asimismo citan el artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que establece el uso racional de los recursos naturales, un uso eficiente de los recursos hídricos y la protección y calidad de los mismos entre otras cosas, lo que entiende la sala del alto tribunal que no se cumple en el caso del PAU-21.
Igualmnte aseguran que de llevarse a cabo la urbanización podría suceder que «la insuficiencia de los recursos hídricos diera al traste con las expectativas de terceros amparadas en la ejecución del Plan propiciado y aprobado por la Administración». Con todo estos argumentos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antepone los derechos de los ciudadanos que podrían comprar una casa en esta zona y que, una vez adquirida, se encontrarían, en el caso de que todo siguiera igual, sin suministro de agua, por lo que deciden suspender el PAU-21 de manera cautelar.
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El suministro de agua potable para las más de 2.600 viviendas a construir en el PAU-21 de Orihuela no está garantizado ahora ni lo ha estado nunca. El concejal de Los Verdes Monserrate Guillén sacó ayer a la luz un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, emitido el 19 de diciembre del 2005 y rubricado por el Comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, en el que se indica que hasta que no se pongan en marcha las actuaciones de desalinización previstas en el programa Agua (es decir, la desalinizadora de Torrevieja), «no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas generadas por las actuaciones urbanísticas previstas en el desarrollo del Plan». Lo grave de este asunto es que el documento del organismo gestor de la cuenca llega, tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria antes de que la Comisión Territorial de Urbanismo, organismo dependiente del área autonómica de Territorio y Vivienda, aprobara de manera provisional el plan de Colinas Golf y mucho antes, por tanto, de que obtuviera el visto bueno definitivo de la Generalitat Valenciana.
Monserrate Guillén aseguró que «así es como funciona el Partido Popular», refiriéndose al caso omiso que ambas administraciones hicieron sobre el informe de la Confederación que ya advertía de las carencias en la zona. Aunque el concejal mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha suspendido de manera cautelar las obras en la zona, se lamenta de que esta resolución llegue tarde, «cuando ya está todo destruido». El auto emitido por el alto tribunal y del que ayer ya dio cuenta este diario se basa en la denuncia que en su día interpuso Ecologistas en Acción, colectivo que basó sus reivindicaciones precisamente en la ausencia del suministro acuático necesario para abastecer a las casas que se iban a construir en el terreno.
Responsabilidades
El edil de Los Verdes indicó que después del dictamen del TSJCV exigirán «responsabilidades políticas de todo esto a aquellos que han consentido esta barbaridad», refiriéndose a que el plan continuara su tramitación a pesar de las carencias que existían para poder sacarlo adelante. Según Guillén y tal y como han asegurado diversos grupos ecologistas como Ecologistas en Acción o Amigos de Sierra Escalona, en el PAU-21 ya se ha destruido mucho arbolado y masa forestal además de «que han partido el Parque Natural por la mitad y se han apropiado de los lindes de las vías pecuarias», cosa que ya denunciaron las asociaciones en defensa de Sierra Escalona hace unos días, entre muchas otras. A juicio de Guillén se trata de desastres ecológicos que el izquierdista se pregunta ahora que «¿quién los va a restablecer a su estado primitivo?».
Lo que sí que tiene claro es que entre las responsabilidades que van a pedir no se van a limitar a hacerlo a representantes municipales, sino también a responsables de la Conselleria que han permitido que se haya terminado con parte del arbolado que había en la zona de actuación del plan y que, a su juicio, debería estar protegido junto al resto del suelo del parque natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.
Guillén relató que durante la última visita que hicieron Los Verdes a la zona, «en la que nos echaron y no nos dejaron seguir por una vía pecuaria de la que se han apropiado», pudieron comprobar que existen «calvas enormes» en el arbolado».
Ayer ningún responsable del Partido Popular quiso hacer declaraciones al respecto. Ni la alcaldesa, Mónica Lorente ni la concejal aún sin cartera pero de Urbanismo en el momento de aprobarse el PAU, Eva Ortiz, se manifestaron acerca de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que suspende, de momento, las obras en la zona.
De "La Verdad"
El portavoz de la asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE), Miguel Ángel Pavón, también mostró ayer su satisfacción por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acerca de la suspensión cautelar de las obras en el PAU-21 «a pesar de los destrozos que ya han hecho en los más de tres millones de metros cuadrados del plan urbanístico, en pleno corazón de Sierra Escalona», aseguró Pavón. No en vano este colectivo también tiene en marcha un recurso a la actuación urbanística que está pendiente de formalizar la demanda a falta de que se completen los expedientes solicitados tanto al Ayuntamiento de Orihuela como al Consell.
Desde ASE se insiste en que el PAU-21 debería integrarse en los terrenos del futuro Parque Natural de Sierra Escalona y consideran que el auto del TSJ llega en el momento justo, ya que en estos momentos se tramita la declaración del parque natural y el PORN del mismo. «Queremos que se cambie la calificación del suelo, de urbanizable a no urbanizable, porque de los tres millones de metros cuadrados que supone esta actuación dos son de suelo forestal y el resto de antiguos cultivos que es donde se va a construir el macrocampo de golf, que es el más gran de la Comunidad Valenciana», explica Pavón, que para que la gente se haga una idea de la magnitud de la actuación indica que el PAU-21 ocupa la misma superficie que 600 campos de fútbol.
En lo referente a la suspensión cautelar Pavón destaca que, por primera vez un tribunal antepone el interés medioambiental al privado, y el de las personas que pueden comprar allí una casa de buena fe al de los constructores. No obstante afirma que hay una serie de irregularidades que se tendrán que valorar de nuevo en los juzgados. Entre ellas está el traslado de la vía pecuaria que pasa por el terreno para no entorpecer la construcción de las viviendas y el campo de golf «porque no se ha consultado a los colectivos ambientales ese cambio de ubicación». Asimismo recuerda que en el informe de legalidad de la actuación «falta la firma del secretario del Ayuntamiento»; en el barranco de La Cañada del Espartal «sigue sin deslindarse el cauce y no se han establecido las servidumbres de protección; el campo de golf, por sus dimensiones, debería haberse sometido a un estudio de impacto ambiental, entre otras muchas cosas que los ecologistas plantearon en sus alegaciones al PAU-21 de las que ninguna llegó a buen puerto y que igualmente han llevado a los tribunales. La demanda de ASE se fundamenta precisamente en la ausencia de Estudio de Impacto Ambiental de la actuación y esperan que, lo mismo que ha prosperado la denuncia de Ecologistas en Acción, cuando llegue el momento, también lo haga la suya.
Aves rapaces
Por otra parte, el portavoz de Amigos de Sierra Escalona destaca que existe un estudio realizado por la propia Conselleria en el que se establece que dentro de la zona del PAU-21 nidifican especies como el búho real y el ratonero común, «y hay constatación de que lo usan las dos principales especies que le dan valor a Sierra Escalona, que son el águila real y la perdicera que se concentran en esta zona cuando son jóvenes, una época muy sensible para ellos, y hay que extremar las medidas de precaución». Según Pavón, estas aves usan los terrenos del PAU-21 para «experimentarse antes de llegar a ser adultos». A juicio del portavoz de ASE «todos estos son argumentos suficientes para desechar la actuación urbanística, y lo triste de todo esto es que se un juez el que lo tenga que dictaminar». Pavón va a más y añade que el PAU-5 de Orihuela, situado junto al 21, también debería paralizarse.
De "La Verdad"
La concejal socialista Antonia Moreno también se mostró ayer satisfecha por la suspensión cautelar de las obras del PAU-21. Aunque indicó que se había enterado por la Prensa, Moreno destacó que «cada vez hay más sensibilidad con los temas medioambientales y vemos cómo esa sensibilidad se traslada al ámbito judicial». La socialista aseguró que, poco a poco, la legislación al respecto «da sus frutos» y añadió que el Partido Popular no obvia tampoco estas cuestiones, poniendo de ejemplo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha anunciado la creación en la ciudad del Turia de una Concejalía de Cambio Climático. No obstante Moreno le dio especial valor a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en lo que le puede reportar a su partido, ya que, recordó, «esta decisión tiene un significado especial para aquellos que tenemos querencia en conseguir la conservación de la Cala de la Mosca».
La edil hizo hincapié en el contencioso que su partido mantiene acerca de la aprobación de este plan urbanístico y comentó que lo que quieren «es que se contemple el impacto ambiental de esta actuación y no sólo éste, sino también el impacto visual y la presión que va a tener sobre el suelo y los acuíferos». «Hoy tenemos una gran noticia que esperamos que sea un modelo exportable a otros planes urbanísticos», aseguró la socialista, quien advirtió que a partir de ahora, antes de urbanizar los políticos tendrán que tener en cuenta ese respeto al medio ambiente que los tribunales han tenido presente a la hora de suspender actuaciones como la del PAU-21 junto a Sierra Escalona.
De "La Verdad"
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