ALICANTE.- El orden del día del consejo de administración de la CAM convocado para el próximo martes 20 de noviembre incluye la presentación por parte de su director general, Roberto López Abad, del informe que, "a priori", aconseja la emisión de cuotas participativas (acciones sin derechos políticos) para obtener recursos adicionales y mantener así la confianza en la solvencia de la entidad, cuestionada en las últimas semanas en determinados círculos.
La medida, defendida por el máximo ejecutivo, supondría una liquidez adicional para la CAM de 1.500 millones de euros, que se ingresarían con la salida a Bolsa del 25% de su capital, aunque sin derechos políticos sobre la gestión. Los rumores insistentes de las últimas semanas en esos determinados círculos insisten en las dificultades de liquidez por las que viene atravesando la entidad por una excesiva concentración de riesgo hipotecario. Ese dinero lo necesita, al parecer, la CAM como "agua de mayo".
Aunque en un principio los representantes socialistas en el Consejo se mostraron reticentes a esta medida, dieron a López Abad la oportunidad de glosar en un documento las bondades de su proyecto -que cuenta con el asesoramiento del banco de inversiones Lehman Brothers-, y que serán expuestas el martes.
El Consejo de Administración de la entidad volverá, pues, a abordar la cuestión por segunda vez en dos meses. En la primera ocasión, el pasado 26 de septiembre, la presidencia de la Caja decidió a última hora retirar el asunto del orden del día, consciente de que la unanimidad no era posible por la oposición de los consejeros socialistas con consignas del PSPV de votar en contra.
Pese a no someterse a aprobación, las cuotas participativas centraron el capítulo de «ruegos y preguntas» y el gobierno de la CAM resolvió pedir al director general un informe más amplio. Oficialmente, se adujo que el momento bursátil -sacudido entonces por los primeros efectos de la crisis financiera desatada por las hipotecas "sub prime" de EE UU-, desaconsejaba recurrir a los parqués en busca de nuevas fórmulas de financiación urgente.
Con todo, y pese a la oposición expresada por secciones sindicales de la entidad -la CGT explicitó su rechazo a lo que considera un proceso «privatizador»-, fuentes financieras dan por hecho que la CAM se convertirá en la primera entidad española que dé el paso de emitir las citadas cuotas participativas.
Pero parece, sin embargo, poco probable que la CAM lleve este tema a la reunión del martes sin antes haber intentado el consenso necesario para que la entidad comience a cotizar en Bolsa.
En cualquier caso, la mayoría está garantizada (de 20 consejeros, seis son del PSPV y dos de los sindicatos; el resto, es favorable a la propuesta de López Abad). No obstante, la decisión final no es del Consejo de Administración, sino de la Asamblea General, que se celebrará en diciembre y, por tanto, abre un margen suficiente para la unanimidad de su ratificación.
La medida, defendida por el máximo ejecutivo, supondría una liquidez adicional para la CAM de 1.500 millones de euros, que se ingresarían con la salida a Bolsa del 25% de su capital, aunque sin derechos políticos sobre la gestión. Los rumores insistentes de las últimas semanas en esos determinados círculos insisten en las dificultades de liquidez por las que viene atravesando la entidad por una excesiva concentración de riesgo hipotecario. Ese dinero lo necesita, al parecer, la CAM como "agua de mayo".
Aunque en un principio los representantes socialistas en el Consejo se mostraron reticentes a esta medida, dieron a López Abad la oportunidad de glosar en un documento las bondades de su proyecto -que cuenta con el asesoramiento del banco de inversiones Lehman Brothers-, y que serán expuestas el martes.
El Consejo de Administración de la entidad volverá, pues, a abordar la cuestión por segunda vez en dos meses. En la primera ocasión, el pasado 26 de septiembre, la presidencia de la Caja decidió a última hora retirar el asunto del orden del día, consciente de que la unanimidad no era posible por la oposición de los consejeros socialistas con consignas del PSPV de votar en contra.
Pese a no someterse a aprobación, las cuotas participativas centraron el capítulo de «ruegos y preguntas» y el gobierno de la CAM resolvió pedir al director general un informe más amplio. Oficialmente, se adujo que el momento bursátil -sacudido entonces por los primeros efectos de la crisis financiera desatada por las hipotecas "sub prime" de EE UU-, desaconsejaba recurrir a los parqués en busca de nuevas fórmulas de financiación urgente.
Con todo, y pese a la oposición expresada por secciones sindicales de la entidad -la CGT explicitó su rechazo a lo que considera un proceso «privatizador»-, fuentes financieras dan por hecho que la CAM se convertirá en la primera entidad española que dé el paso de emitir las citadas cuotas participativas.
Pero parece, sin embargo, poco probable que la CAM lleve este tema a la reunión del martes sin antes haber intentado el consenso necesario para que la entidad comience a cotizar en Bolsa.
En cualquier caso, la mayoría está garantizada (de 20 consejeros, seis son del PSPV y dos de los sindicatos; el resto, es favorable a la propuesta de López Abad). No obstante, la decisión final no es del Consejo de Administración, sino de la Asamblea General, que se celebrará en diciembre y, por tanto, abre un margen suficiente para la unanimidad de su ratificación.
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