En opinión de los socialistas, en el trámite del programa urbanístico, que el equipo del gobierno, que preside el popular Luis Díaz Alperi, intenta ejecutar sin éxito desde hace 10 años, se han producido "diversas irregularidades" susceptibles de ser perseguidas por la vía penal.
El portavoz del grupo del PSPV, Roque Moreno, señaló que no se ha incluido entre los denunciados al alcalde porque piensan "que los responsables son los que han firmado los diversos trámites, es decir, la concejal de Urbanismo y el gerente".
La inclusión de Díaz Alperi, por su calidad de aforado (el regidor es también diputado autonómico) hubiera supuesto que las diligencias, en el supuesto de que la Fiscalía vea indicios de delitos y remita el caso al juzgado, deberían trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En el escrito presentado ante la Fiscalía, el PSPV justifica el supuesto delito de prevaricación en el hecho de que la edil del urbanismo y el gerente emitieron informes y resoluciones "que se consideran injustas, ya que se asume en ellas el pago del 50% de los costes de urbanización, lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del interés público y colectivo a favor del urbanizador".
Esta rebaja del coste de urbanización, valorada en 500.000 euros, ya ha sido declarada nula por un juez de lo contencioso-administrativo a raíz de una demanda de los socialistas.
El supuesto tráfico de influencias, según de los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la concejal desde el primer momento a favor y en defensa del interés del urbanizador, aun por encima de los informes de los diferentes informes técnicos pertenecientes a distintos servicos".
Y, por último, la estafa y el fraude podrían estar relacionados con la iniciativa del urbanizador de "realizar de forma indebida una nueva versión de la proposición jurídico-económica que, inexplicablemente y de forma unilateral, alteraba los acuerdos del pleno del 5 de octubre de 1999".
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