El presidente de la asociación de afectados, Miguel Cancela, y el abogado, José Luis Escobar, ofrecieron hoy una rueda de prensa para valorar la decisión judicial, al tiempo que anunciaron que el próximo viernes, 19 de septiembre, habrá de nuevo una asamblea de los afectados.
Miguel Cancela indicó que los afectados están "muy sorprendidos" y "un poco preocupados" por la decisión de Grande-Marlaska. Desde el punto de vista de la directiva, según dijo, "quisiéramos intentar acoger esa decisión con algo de satisfacción" porque "la detención de esas personas se produjo con el fin de evitar" el "alto riesgo de fuga" y para "localizar el dinero".
"Entendemos que el juez Marlaska ha liberado a todos los implicados, algunos bajo fianza, habrá sopesado al decisión y lo habrá hecho porque tiene ya localizado el dinero", añadió Cancela, quien insistió en que esperan que "sea así" y que "de no ser así, que --el juez-- sea responsable de sus actos y de sus decisiones".
En este mismo sentido, Escobar indicó que a "estos señores se les detuvo y se les ha tenido en prisión". En su opinión, y "confiando en la justicia", la Audiencia Nacional "se habrá asegurado de inmovilizar las cuentas donde estén esos 70 millones de euros, antes de ponerlos en libertad".
Así, según explicó, "los asuntos económicos en España, desde el punto de vista penal no van nada bien". Escobar resaltó que la cifra estafada alcanza los 70 millones de euros, ya que "la empresa en 2006 recibió 19 millones de euros de anticipos, más otros 10, por tanto casi 30 millones de euros de ingresos; en 2007 de enero a julio ellos mismos, también en las cuentas anuales del 15 de julio de 2007, confiesan que 1 de enero de 2007 a 15 de julio de 2007 ingresaron 41 millones de euros".
"Si esto lo sumamos a la cantidad del año anterior tenemos 70 millones de euros. Si hasta julio de 2007 tienen 70 millones de euros de ingresos y no pagan a bancos y no pagan a acreedores y no pagan a afectados, la pregunta es ¿dónde está ese dinero?", preguntó. A este respecto, indicó que en España "no están, en España las cuentas no tienen fondos".
Por ello, consideró que la Audiencia Nacional "no los va a poner en libertad para que muevan ese dinero y la policía judicial no pueda encontrarlos" y que la Audiencia Nacional "se ha cerciorado de que el dinero esté inmovilizado".
De no ser así, según estimó, "ya nunca se va a encontrar" y "el culpable de esto es Tabarot, de eso no hay duda, pero ya no es sólo Tabarot y sea quien sea el responsable vamos a pedir responsabilidades, sea quién sea".
En caso de que no se haya inmovilizado el dinero, preguntado por los periodistas, Escobar opinó: "si yo soy Tabarot en cuestión, si me dan tres horas, y me sobran dos horas y media, para nombrar un apoderado ante un notario, y que ese apoderado me mueva las cuentas donde quiera, no hay policía en el mundo capaz de seguir el movimiento de esas cuentas".
Por ello, insistió en que la Audiencia Nacional "habrá secuestrado o embargado ese dinero, porque de lo contrario los afectados, proveedores y toda la gente a la que ha dejado arruinada no van a ver ni un sólo céntimo de euro".
También quiso subrayar que cuatro de los detenidos que han sido puestos en libertad y que "no tienen fianza ni tienen nada", sí tienen "poderes mancomunados, según lee en el registro mercantil, para disponer del dinero que quieran de la empresa que recibían los ingresos".
Es decir, según precisó, "cada uno de ellos por sí mismo no podían sacar más que 20 mil euros, pero dos juntos, con firma mancomunada podían sacar de la empresa que recibía los ingresos todo el dinero que quisieran".
En cuanto a los afectados, Escobar calificó la situación como "dramática" para proveedores "por falta de pago", al tiempo que resaltó "la situación de los afectados de Murcia, Granada, Málaga, donde no hay construcción, nada más tienen un pagaré sin fondos o unos avales falsos".
"Todos aquellos que tienen esos avales, no van a cobrar absolutamente nada porque son falsos y los que han recibido pagarés, resulta que son pagarés sin fondo, por lo tanto no cobrarán nada", según Escobar.
Según resaltó, "esos créditos que debería haberlos pagado Riviera no los ha pagado y los tienen que pagar los afectados, es decir, aquellos que compraron inmuebles".
Según el presidente de la asociación, Riviera Coast se disponía a construir un gran complejo residencial de lujo para la tercera edad en Marruecos, por lo que creen que en ese país tienen guardados gran parte de los fondos.
Cancela ha estimado que el número de afectados puede ascender a unos 2.400 y que la cantidad presuntamente estafada estaría entre 60 y 70 millones de euros.
Por ello, pedirán la colaboración del Banco de España en la investigación de posibles depósitos de los responsables de la promotora en el exterior.
El abogado de la asociación, José Luis Escobar, explicó que el colectivo ha intentado personarse en la causa judicial en dos ocasiones y que no han podido por un defecto de forma, aunque lo seguirán pidiendo hasta que lo consigan.
Afirmó, además, que pedirán la prisión incondicional de los seis detenidos ya que las cuentas que tienen en España carecen de dinero, algo que no explican por qué en 2006 ingresaron 10 millones de euros, en 2007 un total de 41 y se estima que otros 40 en lo que va de año 2008.
Esto les hace pensar que la cúpula directiva de Riviera Coast Invest ha podido derivar importantes cuantías a otros países.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska había decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 y 40.000 euros para los directivos de la entidad Riviera Coast Invest, Roch Claude Tabarot y Francisco Fernández.
Además el juez Marlaska había dejado en libertad a los otros cuatro responsables de esta promotora, detenidos el pasado miércoles en el aeropuerto de El Altet.
El juez había determinado también para Tabarot y Fernández la obligación de presentarse todos los lunes ante el juzgado más próximo a su domicilio así como la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia.
Asimismo decretó la "libertad provisional" para los directivos José Antonio Quesada Cordón, Luis César Dávalos Coronatti, Sonsoles Sánchez Albiñana y Germán Piñeiro Vázquez que deberán comparecer cuando sean citados y que tendrán también que notificar cualquier cambio de domicilio.
Para el juez los delitos cometidos por los directivos de Riviera Coast Invest tienen la consideración "por el momento" de "delito continuado de apropiación indebida con especial gravedad al haber dedicado una cantidad aproximada de siete millones de euros a fines distintos a su objeto legítimo" de cancelar hipotecas que pesaban sobre inmuebles adquiridos por terceros.
Aún considerando la "gravedad de los hechos imputados, la cantidad distraída de su fin legítimo, manifestada en una actitud torticera y penalmente relevante" el juez determinó la prisión provisional eludible bajo fianza "sin perjuicio de lo que pueda resultar del desarrollo de la instrucción".
Según el auto judicial "no puede sostenerse con la necesaria seriedad la existencia del engaño precedente a la inversión" ya que "no consta un pago complementario" por la utilización de los fondos económicos de la sociedad y "la creación de un riesgo complementario y no pactado a la inversión de terceros de buena fe".
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