Bajo esta misma situación ha quedado el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos Calabria, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Los tres mantienen su condición de imputados en la causa abierta "para la investigación de presuntos delitos urbanísticos" y deberán comparecer en el juzgado cada quince días para firmar, según han añadido las citadas fuentes.
El abogado de ambos ediles, José Pardo Geijo, ha apuntado que "no hay nada de corrupción urbanística", pues, según ha añadido, "aquí todo es un problema de dogmática penal, es decir, saber si lo que ha pasado -hecho que ha eludido explicar- es delito o no".
"A mi juicio, no es delito y no procedía ante el juzgado realizar las detenciones", según el abogado, quien ha afirmado que "no hay corrupción política".
Por su parte, el abogado de Juan Antonio Ramos Calabria, José Miguel Porras, ha indicado que "no hay imputación por cargos de cohecho, tramas urbanísticas de las que se hablan o de esa naturaleza de delitos".
La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil, por otro, fueron conducidos a las 12,30 horas en dos coches camuflados de la Policía hasta el garaje de los juzgados oriolanos, desde donde fueron trasladados a otras dependencias judiciales.
Asimismo, está previsto que los otros tres detenidos en la misma operación -otro concejal socialista y dos ediles independientes- comparezcan mañana ante la juez.
Enmedio de todo ésto, la ex alcaldesa de San Fulgencio, Fina Mora, del PP, afirmó hoy que la actual mandataria del consistorio, Trinidad Martínez, "contrató a una agencia de detectives durante el periodo de las últimas elecciones, para investigar a Manuel Barrera", concejal por la Agrupación Mediterránea Independiente (AIM) y socio de gobierno de Martínez.
Tras las elecciones, que dieron la victoria al PP en un gobierno de coalición con la formación independiente que preside Manuel Barrera, el Ayuntamiento de San Fulgencio registró una moción de censura que arrebató la Alcaldía a Fina Mora, y que dio el poder al tripartido compuesto por PSPV, AIM, y la Agrupación Popular (AP).
"Caso Bigastro"
Por otra parte, la Policía ha comunicado a primera hora de esta tarde a la juez de guardia de Orihuela que los cuatro detenidos en Bigastro -el alcalde del municipio, el socialista José Joaquín Moya, el secretario del Consistorio, y dos empresarios locales- serán puestos a disposición judicial mañana, a partir de las 9.00 horas, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La detención del primer edil de Bigastro se produjo el pasado martes, 28 de octubre, por parte de efectivos de la Guardia Civil, que practicaron varios registros en su despacho municipal y en su vivienda particular, y después lo trasladaron a las dependencias del cuartel de Jacarilla.
Desde el pasado mes de febrero agentes de la Guardia Civil venían acudiendo al Ayuntamiento cada quince días para reclamar documentación municipal sobre las subastas y permutas de suelo municipal en zona verde. Este terreno, más de cinco mil metros cuadrados se convirtió después en suelo para zona industrial.
El equipo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil y la juez del juzgado número 3 de Orihuela investigan una permuta de suelo de 1.600 metros en abril de 2005. A cambio de ese suelo municipal el empresario que lo adquirió entregó un local valorado en 180.000 euros en la calle La Purísima, de Bigastro.
Según pudo conocer el periódico "Información" fue el propio alcalde el que propuso informalmente al empresario realizar la permuta, y no al revés, para hacerse con el citado local para el patrimonio local.
Tanto el primer edil como el secretario del Ayuntamiento y los dos empresarios locales permanecen detenidos desde el pasado martes a la espera de pasar a disposición judicial.
La Guardia Civil está siguiendo la pista del patrimonio inmobiliario y de las cuentas bancarias del alcalde de Bigastro y ex senador socialista, que ha sido suspendido de militancia en el PSPV.
A Moya se le imputan los delitos de cohecho, malversación y contra la ordenación del territorio en relación a la subasta de unas parcelas de zonas verdes para suelo industrial y la contraprestación de uno de los adjudicatarios.
Moya, ha manifestado su intención de dimitir del cargo a través de un escrito que hizo llegar, mediante una tercera persona, a la Subdelegación del Gobierno, según han informado fuentes socialistas, que indicaron que este documento carece de validez puesto que ha sido entregado por un cauce que no es el ordinario.
Las pesquisas se centrarían, al margen del presunto delito contra la ordenación del territorio por realizar el cambio de uso del suelo sin modificar el Plan General, en el modo de pago empleado de ese dinero al empresario y el destino final de ese abono.
Además estas adjudicaciones de suelo que la Guardia Civil investiga en el marco de la operación por la que se ha detenido al alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, se realizaron con precios tasados con cuatro años de desfase. Se concretaron en 2005 con trabajos de tasación fechados en 2001.
José Joaquín Moya ha mantenido el control de los asuntos urbanísticos locales desde finales de los noventa hasta el actual mandato haciendo compatible la Alcaldía con la delegación de Urbanismo.
A raiz de este procedimiento el juzgado habría autorizado meses atrás una investigación exhustiva del patrimonio personal del primer edil y de todos los miembros de su familia.
La "operación Bigastro" podría aumentar su nómina de arrestados con al menos un par de personas más una vez concluyan las diligencias de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil.
Ramos Calabria, asesor legal de San Fulgencio y Bigastro
El abogado murciano Juan Antonio Ramos Calabria fue detenido en el marco de la operación desplegada por la Policía Nacional en San Fulgencio.
El despacho murciano de abogados de este experto en administración local, urbanismo y derecho administrativo, es conocido en la Vega Baja por ofrecer asesoramiento legal a varios ayuntamientos, sobre todo representando los intereses de esos municipios en asuntos urbanísticos.
Es el caso de San Fulgencio y Bigastro, aunque se trata tan solo de una coincidencia y los asuntos investigados en ambos municipios no tendrían nexos de unión, según fuentes cercanas al caso.
El arresto de Ramos Calabria causó gran sorpresa en el ámbito de la administración local. Esta consultoría vela por salvarguardar la legalidad urbanística y administrativa de muchas actuaciones.
De hecho todavía a primera hora de la mañana de ayer se apuntaba en Bigastro la posibilidad de que este abogado fuera el que defendiera al alcalde José Joaquín Moya y al secretario interventor municipal Antonio Saseta, arrestados en la denominada Operación Bigastro.
El abogado Ramos Calabria, que figura como profesor universitario de la UCAM, y miembros de su equipo han estado presentes en el Ayuntamiento de San Fulgencio, durante casi todas las jornadas de la semana pasada en maratonianas reuniones con miembros del equipo de gobierno.
El letrado no llegó a hacer declaraciones sobre el fondo de este asunto derivado de la difusión de un vídeo en el que el concejal Manuel Barrera aceptaba dinero de supuestos promotores.
Esta firma también especializada en asesoramiento a empresas también fue aludida en su día como la contratada por el Ayuntamiento de Orihuela para realizar informes sobre el pliego de condiciones del concurso de recogida de basuras de Orihuela en 2006, paralizado por las grabaciones en las que se hablaba de un presunto amaño del concurso a cambio de dinero.
Su despacho ha representado también durante meses los intereses del alcalde del PP de Totana imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.
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