miércoles, 15 de octubre de 2008

Gestha cifra en 240.000 millones el fraude en España y lo sitúa en constructoras y profesiones liberales

MADRID.- La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un total de 240.000 millones de euros, siendo las dos grandes bolsas de fraude las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

El sindicato recuerda que distintos estudios de varios organismos nacionales e internacionales sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del PIB, frente a una media del entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.

Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan "eficaz" de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar --vía impuestos-- unos 25.000 millones adicionales.

El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía española está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España.

Los Técnicos de Hacienda estiman que seis de cada diez arrendamientos localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. Así, calculan que existen más de un millón de alquileres no declarados en España, lo que representa el 60% del total del parque de viviendas alquiladas.

Además, cifran en más de 2.100 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres "de temporada", especialmente los situados en las localidades costeras y aquellos protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.

Asimismo, también son susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, los alquileres relacionados con el arrendamiento de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados.

El estudio de Gestha revela también que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 95,8% de las compañías asentadas en España que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros --un total de 57.700 sociedades-- escapan al plan de lucha contra el fraude, según los técnicos, ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.

Por otro lado, los Técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituyó también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida en años pasados. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 20% en España en 2007, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron "paradójicamente" un comportamiento bajista durante el pasado año.

En cuanto a la cifra de billetes de 500 euros en circulación, Gestha indica que se situó en 108 millones en agosto, con un importe de 54.000 millones de euros, lo que representa el 70% del volumen total de efectivo en España.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

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