"La opacidad es lo más grave de los 'paraísos fiscales' y las empresas deberían dar la misma información que se da en España. En caso contrario, debe perseguirse, sancionar e incluso prohibir que tengan allí filiales", explicó De la Torre.
El portavoz de los Inspectores comentó que espera "una mayor presión política" en favor de la desaparición de los territorios 'off-shore' tras la petición de erradicarlos formulada ayer por los líderes mundiales reunidos en Berlín con motivo de la celebración del G-20.
En España, el 69% por ciento de las empresas del Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según se desprende de la V Edición del estudio 'La RSC en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35' --correspondiente al ejercicio 2007--, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
De éstas, 17 fueron obligadas a reconocer la presencia de sus filiales en territorios 'off-shore' y son: ACS, Acciona, Acerinox, Altadis, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Banco Popular, Banesto, BBVA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Prisa y Repsol YPF, según el informe.
"No deberían ser admisibles los países que no dan información, porque fomentan el blanqueo de capitales y favorecen la reintegración de los fondos obtenidos ilícitamente en la economía global", apuntó De la Torre, quien distinguió a los 'paraísos fiscales' frente a los países de "baja tributación" como Reino Unido e Irlanda.
El portavoz de los inspectores de Hacienda acusó a los territorios 'off-shore' de "contribuir a la crisis financiera" mediante el tránsito de fondos "sin control" y por "carecer de limitaciones" en las emisiones de todo tipo de títulos, con o sin respaldo, que "imposibilitan el trabajo de las autoridades financieras".
En cuanto a la evasión de impuestos de personas físicas, De la Torre destacó la necesidad de "compartir información" entre países para evitar que las personas que viven en España "tributen por su renta mundial en otro país y a la vez disfruten de los servicios públicos".
Fuentes jurídicas explicaron que utilizar sociedades llamadas "opacas" o "fantasma" en 'paraísos fiscales' no constituye un delito en la legislación española y que "sólo un juez" puede determinar "caso a caso" si dichas sociedades "se utilizan para evadir impuestos u otros delitos".
Ante las peticiones de los líderes del G-20, los abogados consideraron que sus palabras "no llegaron a concretar nada" y que "confunden" el blanqueo de capitales, procedente de actividades delictivas, con la falta de transparencia del mercado de capitales y la evasión de impuestos. "El concepto de paraíso fiscal es subjetivo según países", apuntaron.
"No es lo mismo pedir un convenio internacional para luchar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico que contra la evasión fiscal", explicaron los expertos, quienes advirtieron sobre la necesidad de mantener "las garantías jurídicas" y no equiparar la lucha contra dos delitos distintos.
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