lunes, 27 de abril de 2009

Pues hablemos de 2025 / Jordi Sevilla

En un intento de poner fin a la polémica de esta semana sobre las pensiones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho que hablemos del 2025 y dejemos de hacerlo de 2009. Me apunto. Entre otras cuestiones, y de ahí lo absurdo de la discusión sobre el resultado de las cuentas a corto plazo entre el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y el propio ministro, porque seguramente ambos tendrán razón, ya que uno contará el resultado en términos de caja y el otro, en términos de contabilidad nacional. ¿Recuerdan «la caja y el devengo» de Josep Borrell? Pues eso.

Vayámonos, por tanto, al 2025, y expongamos la situación de nuestro sistema público de pensiones en esas fechas. Si representamos a nuestra Seguridad Social como una recta que empieza a la edad legal de trabajar y finaliza con nuestro fallecimiento, hay un punto de inflexión en los 65 años. Antes de ese punto, se sitúan los ingresos del sistema y después de él, los gastos.

El objetivo es asegurar que haya recursos suficientes para cubrir los gastos en función de cómo evolucionen ambas variables. Los ingresos dependen de tres factores: el número de cotizantes, la cotización media y los años de cotización. Por su parte, los gastos dependerán, también, de tres variables: el número de pensionistas, la pensión media y la esperanza de vida.

Todo el mundo está de acuerdo en que en 2025 habrá más pensionistas que ahora (por razones demográficas) y, además, cobrarán sus pensiones durante muchos más años, dado que viviremos más. Por otro lado, al estar cotizando hoy sobre sueldos mayores, también tendrán derecho a recibir una pensión media mayor que la existente hoy. Es decir, todos coincidimos en que el gasto en pensiones será entonces muy superior al actual. Algunos dicen que duplicará, en relación a nuestro PIB, la cifra de hoy, pero, en todo caso, más gasto.

Por el lado de los ingresos hay más incertidumbres, pero también algunas cosas claras. Es dudoso cómo evolucionará el número de cotizantes en España, ya que depende de hechos ciertos (de nuevo, pirámide poblacional) y otros discutibles: cuántos querrán trabajar y podrán hacerlo, así como de la evolución de la inmigración.Pero todo el mundo reconoce que lo más probable es que el número de cotizantes crezca menos que el de pensionistas, incrementando la tasa de dependencia.

Además, tenemos que suponer también, que los cotizantes de un país más rico y productivo, como sin duda será el nuestro dentro de algunos años, aportarán al sistema sobre unas bases salariales mayores que las actuales. Por último, la evolución de los años durante los que se cotiza es objeto de muchas dudas, ya que no hay un acuerdo sobre cuál es el impacto sobre el mercado laboral de la nueva economía. Podemos encontrarnos con más gente trabajando menos tiempo o años alternos. O no.

Con esos elementos, cuya cuantificación se puede hacer de manera razonablemente consensuada pero siempre sometida a elementos imprevisibles, todo el mundo coincide en que debemos trabajar sobre la hipótesis de que, a medio plazo, el peso de los gastos será superior al de los ingresos de manera divergente, con un ángulo de divergencia sobre el que no hay acuerdo. Unos son más optimistas que otros, pero todos, repito, todos, reconocen que, de no hacer nada, tendremos problemas más o menos graves para el entorno de 2025.

No es la primera vez que ocurre esto. Huyamos del adanismo. Si existe el llamado Pacto de Toledo es precisamente porque una situación parecida fue detectada a mediados de los años 90 del siglo pasado y se aprobó un conjunto de medidas, graduales y eficaces, que han alargado la solvencia del sistema desde entonces.También se detectó una situación parecida a mediados de los 80, salvo que entonces, en lugar de buscar un amplio consenso político como se hizo y se mantiene con el Pacto de Toledo, el Gobierno adoptó las decisiones de manera unilateral provocando una fuerte tensión social y sindical.

Y desde entonces sabemos cuál es el abanico posible de medidas a adoptar. Las agruparé en activas y restrictivas. Entre las activas, fomentar la incorporación de cotizantes sobre la evolución normal (mejorando el empleo, el acceso de los colectivos infrarepresentados en el mercado laboral, como las mujeres, y la inmigración regular), mejorar los sueldos y salarios para que aumente más la cotización media y . . . poco más.

Entre las restrictivas, las opciones son mayores: incrementar los años efectivos sobre los que se cotiza (eliminar jubilaciones anticipadas y prohibir aquellas anteriores a la edad legal; hoy, la edad media de jubilación es 63,5 años, por debajo de los 65 legales), reducir los años efectivos en los que se cobra pensión (modificando la edad legal de jubilación relacionándola con la esperanza de vida o mantenerla, pero incentivando que cada vez más personas retrasen de manera voluntaria su jubilación), reducir de manera gradual la pensión media a cobrar en el año 2025 sobre la que se cobraría de no adoptar ninguna decisión restrictiva (por ejemplo, modificando los años de cálculo de las pensiones, como se ha hecho hasta ahora, que pasó de dos a ocho y a quince años) y poco más.

Bueno, salvo incrementar los ingresos futuros del sistema subiendo cotizaciones o, como propuso el profesor Zubiri en la Comisión, y yo comparto, rompiendo la exclusividad actual que los limita a las cotizaciones. Me explico. Se puede integrar de manera paulatina a la Seguridad Social en el conjunto de la Hacienda Pública, haciendo confluir cotizaciones con impuestos y pensiones con gasto público general. O también, se puede dedicar a la Seguridad Social sólo a gestionar pensiones de jubilación, traspasando el resto de prestaciones (viudedad, orfandad, etc.) a los Presupuestos Generales del Estado.

Como se ve, hay materia de debate necesario, sensato y razonable entre distintas opciones que no son neutras desde el punto de vista económico ni social. Y es mucho lo que los políticos tenemos que decidir. Acordemos cuanto antes en el Pacto de Toledo las reformas a hacer y sólo así daremos tranquilidad a los ciudadanos y pondremos fin a las polémicas innecesarias.

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