lunes, 22 de junio de 2009

El magistrado del TSJCV pide nueva documentación a más sociedades tras requerirlo el fiscal y el PSPV

VALENCIA.- El magistrado instructor del denominado 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha requerido nueva documentación a varias sociedades tras requerirlo el ministerio fiscal y el PSPV, según informaron en un comunicado fuentes del TSJCV.

El instructor, que investiga un supuesto delito de cohecho atribuido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, al ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, adoptó esta medida tras requerírselo el fiscal y la acusación popular, el PSPV. Para ello da un plazo de cinco días.

Una vez reciba la documentación solicitada a las sociedades, el instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV resolverá lo que proceda sobre las alegaciones realizadas por los letrados de Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, indicaron las mismas fuentes.

Por otro lado, la sala ha desestimado el recurso de apelación presentado por el PSOE contra el auto que rechazaba ampliar la investigación más allá de los hechos que determinó la sala al aceptar la competencia. Por este motivo, rechazaba igualmente una serie de pruebas, por no estar directamente relacionadas con el objeto de la investigación.

Hace 10 días, el magistrado incorporó a la causa el informe requerido el día 8 de junio al laboratorio de la Policía Judicial, así como documentación para poder contrastar el contenido de las declaraciones prestadas ante él las pasadas semanas. Tras ello, dio un plazo de cinco días a todos los personados para que solicitaran lo que considerasen oportuno.

El magistrado investiga si Camps, Costa, Campos y Betoret recibieron regalos de las empresas de la supuesta trama dirigida por Francisco Correa, para captar negocios y adjudicaciones en Madrid y la Comunitat Valenciana, donde operaba la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, imputado en la Audiencia Nacional.

En relación con Camps, en el caso de Milano, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que inició la investigación, el coste acreditado hasta el momento de dictar la resolución era de 4.700 euros en dos pedidos de 3.300 y 1.400 euros, este último abonado mediante cheque bancario por Orange Market, mientras que el otro no podía acreditarse en esa fecha.

La ropa adquirida en Forever Young ascendía a 8.083 euros, pago efectuado mediante cheque y/o transferencia bancaria desde Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market.

Por su parte, Rafael Betoret, habría recibido regalos consistentes en prendas de vestir por valor de 9.950 euros, tanto de la tienda de Milano como de Forever Young. Mientras que Costa, según el auto, gastó 7.325 euros en trajes, concretamente 2.400 euros en Milano y otros 4.925 euros más en Forever Young, cantidades pagadas con fondos de las empresas de Francisco Correa, imputado en la causa, Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico u Orange Market.

Asimismo, expone que Campos gastó en la tienda de Milano de Madrid 4.850 euros en trajes, que pagó la empresa Orange Market, cuyo propietario, Álvaro Pérez, está imputado en la causa.

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