lunes, 21 de septiembre de 2009

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más afectas por procesos concursales y la tendencia es al alza

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más afectadas por procesos concursales de promotoras y constructoras, y la tendencia para 2009 es al alza, porque "hay muchos concursos ya no sólo del sector de la construcción, sino también de otras empresas auxiliares".

Así lo indicó hoy en declaraciones a los medios de comunicación la titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, Nuria Auxiliadora Orellana, tras impartir la ponencia 'Marco normativo y problemática aplicada a los concursos de promotoras y constructoras. Especial referencia a los grupos de sociedades', en un curso organizado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La magistrada explicó que la Comunitat, por el volumen de población y por la construcción, es una de las que más se ha visto afectada por los procesos concursales, junto a Cataluña y Madrid. En cualquier caso, dijo, "es producto de la crisis económica y del ladrillo, que, en general, ha afectado a toda España".

Para 2009, según indicó, la tendencia es al alza, "porque hay muchos concursos ya no sólo del sector de la construcción, sino también de otras emprsas, por el efecto dominó, empresas auxiliares afectadas por la insolvencia". Así, insistió en que la situación "no parece que vaya a repuntar desde la perspectiva de los juzgados de lo Mercantil".

En general, la jueza explicó que son "numerosos" los casos de sociedades, promotoras y constructoras que han sido declaradas en concurso, y el "problema" es que la Ley Concursal fue promulgada en 2003, en una época de bonanza económica, en la que el legislador "no preveía que podían presentarse este tipo de concursos, que están colapsando los juzgados de lo Mercantil".

Asimismo, explicó que dentro de este ámbito hay una "problemática específica", como puede ser la incidencia que la declaración de concurso tiene en los contratos de compraventa con precio aplazado. Es decir, afirmó, "hay muchos compradores que ven cómo se retrasa la entrega o se están paralizando las obras, o que éstas no han llegado ni a comenzar, y los compradores sí han anticipado cantidades a cuenta".

Por otro lado, aludió a la aplicación de la ley en los casos de grupos de sociedades, cuestión que "está planteando mucha problemática porque la regulación es muy escasa, insuficiente", y, por tanto, es uno de los temas que el ministro de Justicia "se ha planteado que puede ser reformado", recordó.

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