domingo, 21 de marzo de 2010

EUPV propone a las Corts 13 medidas para acabar con la corrupción en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- La coordinadora general de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, defenderá el próximo martes en la Comisión de Gobernación de las Corts Valencianes, una proposición no de ley que incluye 13 medidas contra la corrupción. Estas medidas se reparten en cuatro bloques que afectarían a la administración autonómica, a las contrataciones públicas, a la modificación de algunas leyes y a la "necesidad de transparencia" en la gestión pública.

Estas medidas, que siguen el mismo modelo de las presentadas a nivel estatal por IU, fueron explicadas en una rueda prensa el pasado mas de enero, con la presencia del diputado de IU en el Congreso Gaspar Llamazares.

Sanz destacó en un comunicado que estas medidas "son ahora más necesarias que nunca, porque la acumulación de casos de corrupción, entre ellos el Gürtel, es más que evidente". A su juicio, estos casos "han supuesto un deterioro de la credibilidad democrática en la política y las instituciones".

Para EUPV, "el control de la corrupción es una asignatura pendiente". "Hace falta abordar con rigor y profundidad reformas que den garantías de transparencia y posibiliten instrumentos de control social efectivos de las cuentas públicas", manifestó la coordinadora general del partido.

Asimismo, la parlamentaria autonómica incidió en que "hace falta restaurar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas", así como "conseguir que el contribuyente tenga garantías de que su dinero es recaudado con equidad y gastado con eficiencia para el beneficio colectivo".

La proposición no de ley, que se votará el próximo martes en las Corts, se estructura en cuatro bloques.

El primero se dirige a aplicar medidas en la administración autonómica y contempla la dotación de medios para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat "pueda actuar con normalidad, rapidez y eficiencia en las investigaciones y en la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, el establecimiento normativo de las limitaciones de los regalos e invitaciones a los cargos y empleados públicos, y la exclusión de la contratación pública de aquellas instituciones financieras que hayan colaborado con operaciones de blanqueo de capitales o ocultación de bienes".

El segundo bloque establece medidas preventivas para el "control democrático" de los procesos de contratación de las administraciones públicas. Asimismo, la proposición no de ley propone también una serie de reformas legislativas, como la incorporación a todo el desarrollo del ordenamiento legal autonómico de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la modificación urgente de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Además, EUPV propone una batería de medidas para asegurar la "transparencia" de la gestión pública, como la regulación de los salarios de todos los cargos públicos con criterios de "austeridad", la creación de un registro público en el que consten las fuentes de ingresos profesionales y patrimoniales de los cargos públicos de la Generalitat, así como las variaciones acontecidas durante el periodo del ejercicio del cargo, y la creación de otro registro público de recalificaciones de suelo y de aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, para que los beneficios derivados de éstas reviertan en la sociedad.

La última parte de la propuesta de EUPV se centra en la "necesidad" de impulsar un "código ético del cargo público" que apoye "la obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquiera actuación que pueda considerarse ilícita".

Marga Sanz defiende también la "urgencia" de fomentar la participación ciudadana en la vida pública y trabajar para hacer "real y vigente" el pacto antitransfuguismo en todas sus facetas.

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