viernes, 31 de diciembre de 2010

Sicam no se opone al ERE en CAM pero sí a las condiciones de los afectados


ALICANTE.- Mediterráneo (CAM), "no se opone al ERE" resultante de la unión bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) formado junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, sino a las condiciones laborales que el expediente tendrá para 2.200 empleados de CAM.

Así lo ha explicado el secretario general de Sicam, Manuel Navarro, quien ha señalado que ir en contra del expediente de regulación de empleo derivado del SIP "afectaría a la obtención, por parte de CAM, de las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)" y dejaría en desventaja a la entidad alicantina frente a otras cajas beneficiarias de esas subvenciones.
Navarro ha señalado que la situación que plantea la aplicación del ERE en CAM, que "puede alcanzar a 2.200 empleados" a partir del próximo mes de febrero, según sus estimaciones, "no es tan dramática", si bien ha puntualizado que las condiciones que ofrece a los trabajadores que perderían su puesto "sí que son insuficientes".
El expediente ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo después de que los representantes del SIP y de los sindicatos CSIF, CSICA, CCOO y determinados sectores de UGT alcanzasen un acuerdo laboral mayoritario a nivel de grupo, el cual ha sido autorizado para ser aplicado en todas las entidades implicadas en la unión, y no por cada caja independientemente.
De este modo, Sicam ha dejado de tener mayoría en cuanto a la representación de empleados dentro del SIP, al limitarse únicamente a CAM, y el acuerdo firmado por las otras organizaciones sindicales representa al 51 por ciento de los trabajadores del grupo resultante de la fusión de las entidades.
Ante esta situación, Navarro ha indicado que el próximo día 3 de enero Sicam presentará una serie de alegaciones para tratar de mejorar las condiciones laborales que obtendrán los empleados de CAM afectados por el expediente de regulación de empleo.
En cuanto a los trabajadores a los que se les ofrezca la prejubilación (aquellos mayores de 55 años y con una antigüedad superior a los diez años en la empresa), el objetivo de Sicam es que conserven sus beneficios sociales y no se empeoren las cláusulas actuales.
Así, han establecido dos opciones que esperan que sean aprobadas por el SIP.
Por una parte, han planteado que se ofrezca la posibilidad de conservar entre un 90 y un 95 por ciento del salario neto y mantener la tarjeta del seguro de salud.
Por otro lado, han presentado la opción de asegurar entre un 80 y un 85 por ciento del sueldo neto pero a cambio de todos los beneficios sociales actuales, en contraprestación a esa reducción en las ganancias.
En relación con este extremo, Navarro ha dicho que desde el SIP "siempre" se han mostrado "proclives a analizar esas medidas, pero los problemas los está planteando CCOO", un hecho que el secretario general de Sicam ha confesado "no entender".
En cuanto a los empleados de CAM a los que se les ofrezca la movilidad geográfica, ha explicado que desde la central sindical han propuesto al SIP suprimir el intervalo de desplazamiento que oscila entre los 50 y los 100 kilómetros.
Cuando el viaje comprenda entre 25 y 50 kilómetros, han planteado que al trabajador se le abonen los gastos de desplazamiento y la mitad de las dietas durante los primeros nueve meses, a partir de los cuales se les incrementaría automáticamente el sueldo en compensación al traslado.
De igual manera, han instado al SIP a aumentar los salarios de los trabajadores cuyo destino laboral se cambie a poblaciones que disten de su lugar de residencia más allá de los 200 kilómetros.
El último grupo de trabajadores afectados por el ERE y sobre los que Sicam propone alternativas son los contratados temporales.
De este modo, para los que tienen contratos de relevo, han solicitado su inclusión directa en la plantilla de la entidad resultante de la fusión, para "aumentar la motivación de los empleados", según Navarro.
Dentro de los eventuales, el secretario sindical también ha hecho referencia a la creación de una bolsa de empleo en la que tengan preferencia sobre futuros puestos de trabajo aquellas personas que ostenten una antigüedad superior a los doce meses.

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