miércoles, 26 de enero de 2011

Trabajadores de RTVV reclaman que PP y PSOE "no pongan en cuestión" el futuro del ente y el de los empleados

VALENCIA.- Trabajadores de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) han reclamado este martes que PP y PSOE "no pongan en cuestión" el futuro del ente público y el de los empleados "como se ha hecho en los últimos días" y han pedido otro modelo de radio y televisión pública durante la concentración que han vuelto a realizar a las puertas del centro de producción de Burjassot para defender la viabilidad de la empresa y el futuro laboral de los trabajadores, según ha informado CCOO en un comunicado.

   Por su parte, el Comité nacional de la FeS-UGT-PV, reunido este martes, ha aprobado una resolución en la que exige el mantenimiento de los puestos de trabajo y una "rectificación profunda" en el modelo de gestión del ente.
   Durante la concentración, los trabajadores han recalcado que no son "los culpables" de la "nefasta gestión que han hecho nuestros directivos" y han subrayado que no pueden "pagarlo con recortes salariales injustos o, lo que sería más grave, con nuestro puesto de trabajo".
   "RTVV puede ser rentable para la sociedad con una gestión responsable que fomente la producción propia, la pluralidad y el valenciano, las principales razones de su fundación", han apuntado, al tiempo que han incidido en que el ente "no puede estar sometido a la guerra partidista porque es de todos los valencianos".
   Según CCOO, "la Generalitat debe exigir responsabilidades a los directivos que han malgastado el dinero con inversiones ruinosas como los derechos del fútbol o las retransmisiones de la fórmula 1". "Y, sobre todo, debe recuperar el dinero que, según las investigaciones policiales, se llevó la trama Gürtel con Pedro García al frente de RTVV", ha señalado.
   "Los trabajadores queremos otro modelo de radio y televisión públicas y podemos hacerlo. Los culpables del desastre económico y de la manipulación informativa tienen nombre y apellidos. Es a ellos, comenzando por José López Jaraba --el director general--, a quienes se debe reclamar responsabilidades", ha apuntado.
   Por su parte, la resolución de la FeS-UGT-PV subraya que la "difícil situación económica" del ente y las informaciones sobre supuestos ajustes de plantilla, "junto con la falta de información directa por parte de la Dirección General a los representantes sindicales", han generado una situación "de incertidumbre" entre los trabajadores, al mismo tiempo que han abierto un debate social sobre el futuro del ente.
   El comité nacional de FeS-UGT-PV ha considerado que la solución de futuro "no pasa de ninguna manera por la reducción de personal", y ha rechazado "cualquier salida que pase por un Expediente de Regulación de Empleo o por fórmulas alternativas de despidos en masa".
   Para este sindicato, la solución de futuro para el ente pasa "por la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas y sindicales representativas para redirigir el grupo" y por un "cambio radical de modelo de gestión económica, el incremento de la producción propia, una programación de calidad e informativos no manipulados, la recuperación de la audiencia o el incremento de publicidad", entre otros, y la asunción por la Generalitat del coste económico resultante", una vez aplicados los cambios.
   "Nos oponemos a cualquier propuesta consistente en la liquidación del ente público RTVV o su conversión en un grupo de comunicación marginal", ha advertido.
   Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Administración de RTVV, el socialista José Ignacio Pastor, ha exigido este martes la apertura de n expediente informativo sobre el ex director general del ente Pedro García y su gestión, que considera que es "una de las causas de la grave situación económica y de desprestigio en que se encuentra RTVV".
   De esta forma, quiere "aclarar" aspectos "tan oscuros" de su gestión como las contrataciones por valor de 14 millones de euros para la visita del Papa según un informe policial conocido con motivo de las investigaciones del 'caso Gürtel' y de las que el Consejo "nunca ha tenido ninguna información" o la sentencia que anula su nombramiento y "la duda que comporta la validez o no de sus decisiones".

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