MADRID.- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido al ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo que rectifique el "intolerable ataque" que realizó al honor y prestigio de los profesionales de la inspección al acusarles de realizar prácticas delictivas como la extorsión.
En un comunicado, los inspectores de Hacienda han puesto de manifiesto el malestar y la indignación que han causado las últimas declaraciones de Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria de 1998 a 2001, y pidió una "rápida aclaración y rectificación" de las opiniones vertidas.
Ruiz-Jarabo acusó a la inspección de hacienda de extorsión, algo que, según los inspectores, proyecta una imagen del colectivo "absolutamente contraria" a la realidad y "muy lesiva". "Proyecta una visión falaz, errónea y sesgada de lo que es y supone el trabajo inspector, lo que en definitiva implica que desconoce absolutamente dicho trabajo o que, si tuvo conocimiento durante su ejercicio como director general de algún caso concreto, no cumplió con su obligación de denuncia", indican.
Según los inspectores, las declaraciones de Ruiz-Jarabo dañan "seriamente" la imagen y la reputación del colectivo, que está dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la defensa de la dignidad profesional de los inspectores si el ex director de la Agencia Tributaria no rectifica.
Además, consideran que este "ataque injustificado" puede socavar "gravemente" la confianza de los ciudadanos en instituciones esenciales como la Agencia Tributaria y aseguran que sus manifestaciones no son compatibles "con la obligación de sigilo y reserva" que se exige en el ámbito fiscal a todos los funcionarios, lo que puede dificultar la cesión de información y debilita la confianza en las instituciones.
Finalmente, los inspectores de Hacienda aseveran que el único afán que les mueve en su tarea diaria es el cumplimiento de las normas, así como "el trato justo y respetuoso" a los derechos de los contribuyentes. De la misma forma, aseguran que todas sus actuaciones sirven con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho como exige la Constitución Española.
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