VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha afirmado este viernes que la "tarea de supervisión y responsabilidad política" ejercida por la Generalitat sobre Caja Mediterráneo (CAM) ha sido "claramente lamentable".
En este sentido, ha subrayado que el ámbito de actuación tanto de la CAM como de Bancaja "ha estado vinculado estos últimos años al gobierno del PP" y que las entidades han financiado "grandes proyectos y eventos de la Generalitat que han tenido unas consecuencias más que cuestionables".
"Basta ver cómo se está desarrollando el caso de Terra Mítica en los tribunales actualmente", ha añadido.
Por otra parte, Botella ha afirmado que espera que en la nueva etapa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se produzca una "normalización" de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el Consell, de manera que "mejore la imagen de la Comunitat que Fabra ha reconocido que ha quedado dañada".
En este sentido, la delegada ha recalcado que las relaciones entre ambas Administraciones han sido "especialmente difíciles" en la última legislatura, en la que a su juicio se han sucedido "los rechazos y desencuentros, en una actitud que iba paralela a unas complejidades políticas que a nosotros nos son ajenas".
Asimismo, ha subrayado que las desavenencias se han producido "no solo por cuestiones meramente políticas, sino por casos de corrupción que afectan a una férrea opacidad que ha mantenido el Consell sobre las cuentas públicas".
En la misma línea, ha explicado que la Generalitat "no ha tenido muy clara la separación entre su posición institucional como Gobierno autonómico y su posición política", ya que "daba la impresión que el Consell se planteaba como oposición al Ejecutivo central".
Botella ha destacado que en la última semana las relaciones institucionales han empezado a "tener resultados en ciertos temas que habían sido utilizados de una manera muy desafortunada y poco proporcionada con la realidad de los hechos", en referencia al convenio firmado entre el Gobierno y la Generalitat sobre el tema de los chiringuitos.
Asimismo, ha subrayado la reanudación de la actividad del Consorcio Valencia 2007 "para darle un impulso dentro de la necesidad de que haya un aprovechamiento económico y de empleo para la ciudad de unas inversiones importantes que se realizan desde el 2004".
En este sentido, ha subrayado que el ámbito de actuación tanto de la CAM como de Bancaja "ha estado vinculado estos últimos años al gobierno del PP" y que las entidades han financiado "grandes proyectos y eventos de la Generalitat que han tenido unas consecuencias más que cuestionables".
"Basta ver cómo se está desarrollando el caso de Terra Mítica en los tribunales actualmente", ha añadido.
Por otra parte, Botella ha afirmado que espera que en la nueva etapa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se produzca una "normalización" de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el Consell, de manera que "mejore la imagen de la Comunitat que Fabra ha reconocido que ha quedado dañada".
En este sentido, la delegada ha recalcado que las relaciones entre ambas Administraciones han sido "especialmente difíciles" en la última legislatura, en la que a su juicio se han sucedido "los rechazos y desencuentros, en una actitud que iba paralela a unas complejidades políticas que a nosotros nos son ajenas".
Asimismo, ha subrayado que las desavenencias se han producido "no solo por cuestiones meramente políticas, sino por casos de corrupción que afectan a una férrea opacidad que ha mantenido el Consell sobre las cuentas públicas".
En la misma línea, ha explicado que la Generalitat "no ha tenido muy clara la separación entre su posición institucional como Gobierno autonómico y su posición política", ya que "daba la impresión que el Consell se planteaba como oposición al Ejecutivo central".
Botella ha destacado que en la última semana las relaciones institucionales han empezado a "tener resultados en ciertos temas que habían sido utilizados de una manera muy desafortunada y poco proporcionada con la realidad de los hechos", en referencia al convenio firmado entre el Gobierno y la Generalitat sobre el tema de los chiringuitos.
Asimismo, ha subrayado la reanudación de la actividad del Consorcio Valencia 2007 "para darle un impulso dentro de la necesidad de que haya un aprovechamiento económico y de empleo para la ciudad de unas inversiones importantes que se realizan desde el 2004".
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