domingo, 20 de noviembre de 2011

Diego de Ramón habla en La Sexta de las 'orgías' de la CAM

MADRID.- En LaSexta noticias han entrevistado a Diego de Ramón, el abogado que comenzó a denunciar las irregularidades en la Caja de Ahorros valenciano-murciana. Y el hombre ha dejado algunas nuevas perlas, según recoge www.elplural.com

Para empezar, aunque entre risitas, como si confesara un pecado propio, Diego de Ramón ha contado en el informativo de esta televisión privada que “no puedo dar más detalles, pero hay constatados servicios (a los antiguos directivos dela CAM) por parte de mujeres de moral distraída en Suiza, y a 2.000 euros la hora, o sea que imagínate qué alto standing”. Imagínate, le declara a la periodista, y luego añade: “… y hoteles de lujo en el mismo país, y en la India, pensiones vitalicias de 30.000 euros mensuales, sueldos de 700.000 euros anuales…”.

Los políticos estaban dentro
En fin, como apunta el dicho popular, éste de consejero dela CAM era “un trabajo muy duro, pero alguien tenía que hacerlo”. De Ramón, que logró que la AudienciaNacional abriera la investigación sobre los manejos que se vivían en la Caja, resume que “lo  ocurrido aquí es una vergüenza”, antes de señalar con el dedo: “Esto no hubiera ocurrido si los políticos no lo hubieran permitido. Pero eran todos ‘bocas cerradas ¿Por qué nadie actuó? Porque estaban dentro los políticos. Y cómo van a sancionar a la entidad que les dejaba dinero”.
Por la denuncia de Diego de Ramón, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió la semana pasada una querella contra la exdirectora general dela CAM, María Dolores Amorós, y otros responsables de la dirección de la entidad, en la que se les acusa de delito societario, de estafa y de falsedad documental. 
El lunes 14, el abogado Diego de Ramón, abrió el margen de sus denuncias y solicitó una ampliación de la querella para que la Audiencia Nacional investigue también a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero, que controlaba la entidad, para averiguar el destino de los más de 4.000 millones de euros de ‘agujero’ patrimonial, que en su opinión se han generado.

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