miércoles, 30 de noviembre de 2011

Las Cortes Valencianas ya no tienen dinero para pagar las nóminas a los diputados


VALENCIA.- La obligación de pagar las deudas pendientes con los proveedores ha dejado a las Cortes Valencianas sin dinero para cumplir con las nóminas y las pagas extra de diciembre de los diputados y los funcionarios del parlamento valenciano, según revela 'El Mundo'.

Hace solo un mes, la liquidez de las Cortes parecía garantizada -así lo aseguraban desde la institución- pese a que el enorme gasto de los últimos años había dejado los ahorros bajo mínimos, sin embargo la congelación de los ingresos que la Generalitat Valenciana dedica en sus presupuestos al parlamento autonómico ha vaciado definitivamente las arcas de la institución. Hasta ahora, las Cortes sobrevivían gracias al superávit de años anteriores, lo que se conoce como los "ahorrillos" de las Cortes, sin embargo en una reciente reunión se decidió dar prioridad al pago a los pequeños proveedores del parlamento y se aprobó abonar cerca de 500.000 euros pendientes desde el pasado mes de junio.
La actual situación económica de la institución hace inviable ahora mismo asumir el pago de las nóminas del próximo mes, que ascendería a casi 1,6 millones de euros contando con las extras de Navidad.
Pese a que las Cortes se han apresurado a garantizar que se pagará "con normalidad en el mes de diciembre la nómina tanto a los diputados como a los trabajadores", lo cierto es que la Mesa de la cámara ha tratado su crisis económica este martes y ya se han iniciado los contactos con la Conselleria de Economía para buscar una solución.
Las Cortes han trasladado esta mañana a los diputados que ante la falta de liquidez será el gobierno valenciano quien garantice el pago de las nóminas.
En esta línea, el portavoz del PP, Rafael Blasco, ha hecho hincapié en que este extremo del impago es "imposible".
"Las Cortes no van a encontrarse en una situación que haga imposible el pago de las nóminas", ha destacado Blasco, quien ha recordado que el pago de la nómina de diciembre se hace efectivo a partir del 20 de ese mes.
Asimismo, ha hecho hincapié en que las Cortes, los grupos y los diputados valencianos "han hecho un ejemplo de austeridad". En esta misma línea, el síndic del PP ha incidido en que estos parlamentarios "han dado ejemplo al apretarse el cinturón y bajarse los sueldos".
Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, que ha comparecido acompañada por la diputada socialista Carmen Ninet, ha destacado que su partido todos los días lleva a cabo iniciativas para que cobren "todos a los que la Generalitat les debe".
Preguntada por si los parlamentarios socialistas estarían dispuestos a no cobrar la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad para que hubiera dinero para otras institucions, Moreno ha respondido que el presupuesto de las Cortes "nada tiene que ver con el de otras instituciones", y ha añadido que la cámara valenciana es "soberana".
También se ha referido a este tema la síndica adjunta de Compromís, Mònica Oltra, quien ha incidido en que "con el dinero que va al poder legislativo deberíamos ser extremadamente cuidadadosos". En su opinión, "lo de menos" es la nómina de los diputados.
La portavoz del grupo parlamentario de EUPV, Marga Sanz, en su intervención, ha dicho que no han preguntado en la Junta de Síndics sobre este tema.

martes, 29 de noviembre de 2011

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".

Diego de Ramón reclama al Banco de España que investigue a la CAM y al Banco de Valencia o pedirá su responsabilidad

MADRID.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad y por los del Banco de Valencia, según el escrito enviado al organismo.

   El letrado Diego de Ramón reclama al Banco de España "la apertura de una nueva inspección de control, vigilancia rigurosa y exhaustiva" y advierte al organismo de que pedirá su responsabilidad patrimonial ante los tribunales en caso de que no cumpla con sus obligaciones y remita los resultados a la Justicia.
   En concreto, el abogado considera que los responsables de estas dos entidades intervenidas por el Banco de España ocultaron datos contables, realizaron favores políticos, concedieron créditos sin garantías y cobraron comisiones ilícitas, entre otras irregularidades.
   De Ramón acusa al organismo supervisor bancario de "dejadez" en su obligación de inspeccionar a las entidades financieras, al quedar acreditadas en sus informes de intervención las irregularidades contables, las indemnizaciones millonarias a sus directivos y la concesión de créditos sin garantía.  
   El abogado también ha enviado una carta al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que "depure" a los responsables políticos del PP en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, que han mediado en las dos entidades y cifra en 6.000 millones de euros y entre 600 y 1.000 millones de euros las pérdidas provocadas en las dos comunidades, respectivamente.
   En este sentido, el letrado denuncia que "existe un fuerte paralelismo geopolítico" entre la CAM y el Banco de Valencia en la relación mantenida entre sus antiguos gestores y los responsables políticos de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
   En este sentido, De Ramón explica que los últimos presidentes de la CAM y Banco de Valencia, Modesto Crespo y José Luis Olivas, respectivamente, "salieron de la misma cocina política de designación y sin ninguna experiencia financiera".
   Además, denuncia que ambas entidades participaron en los mismos proyectos inmobiliarios concediendo "macrocréditos" con "dudosas garantías" a promotoras como Grupo Polaris (1.000 millones de euros), Hansa Urbana (300 millones de euros) y a Francisco Hernando 'El Pocero' (100 millones de euros). El abogado alerta del posible tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos.
   Además, De Ramón pide que se investigue a las entidades tasadoras de los inmuebles, cuyos dictámines permitieron a las entidades "duplicar el volumen de negocio" como se demostró en la CAM, al crecer un 370% su cartera crediticia entre 2000 y 2008.
   Por último, el abogado pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que asuma la responsabilidad de las cuotas participativas que la CAM vendía a sus clientes como si fueran un depósito, así como las elevadas comisiones que les imponían.

La deuda de la Generalitat con las farmacias cerrará el año en 360 millones de euros

MADRID.-   La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra se eleva a 360 millones, con lo que se convierte en la región con más deuda.

   Así se desprende de las previsiones recogidas por esta entidad en su último Observatorio del Medicamento, relativo al mes de octubre, donde urgen al Estado a avalar dicha deuda a fin de evitar "desabastecimientos generalizados", con el consiguiente "riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
   Actualmente ya hay 12 comunidades autónomas que han publicado los resúmenes de sus programas de austeridad para cumplir con los objetivos de déficit de 2011 fijados por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre los que incluyen 855 millones de ahorro en medicamentos.
   Esto está generando una situación generalizada de impagos que va en aumento aunque, no obstante, afecta en mayor o menor medida a unas comunidades y otras.
   De este modo, y según las previsiones de FEFE, la región más endeudada a finales de año con las farmacias será Comunidad Valenciana (360 millones), seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias y Murcia (150, en ambos casos).
   En situaciones de normalidad, recuerdan las farmacias, el pago de los medicamentos dispensados se producía en un plazo medio de 45 días, los mismos en los que las farmacias pagan a los proveedores (almacenes de distribución y laboratorios), a quienes corresponde un 78 por ciento de lo ingresado.
   Con el 22 por ciento restante, la farmacia tiene que hacer frente a sus gastos generales, nóminas, pago de seguros sociales e impuestos. Sin embargo, según reconocen, en el momento actual su capacidad de endeudamiento es muy limitada, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de deuda a corto plazo (pólizas y préstamos), agravada por la situación de crisis económica global.
   Sobre todo teniendo en cuenta que el retraso en el pago a proveedores, en caso de que el farmacéutico no se encuentre ya en el máximo, llegando a los 120 días, lo que conlleva un alto coste financiero.
   Por ello, y ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas, FEFE teme un "importante desabastecimiento" y que, en algunos casos, haya farmacias que tengan que entrar en concurso de acreedores, particularmente las adquiridas en los cinco últimos años con créditos.
   "En ningún caso, ya que ni los colegios ni las patronales lo recomiendan, se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios", aseguran las oficinas de farmacia, que no obstante advierten que "pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia".
   Sin embargo, advierten, "el pago a proveedores puede verse afectado". Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que instan al nuevo Gobierno a tomar "importantes" decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema.
   "El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis", reconocen.
   Asimismo, en este observatorio también se recogen los impagos de los hospitales por las compras que realizan directamente a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria, representadas por Farmaindustria y Fenin.
   Estos impagos por la compra de medicamentos a hospitales ascendían a 30 de septiembre pasado a 5.826 millones de euros con un plazo de pago medio de 432 días. En el caso de los productos sanitarios y de tecnología conexa la deuda a la misma fecha era de 4.740 millones de euros y el plazo medio de pago de 431 días.

El sector del acabado textil prevé incrementos de costes en sus tarifas de entre el 6 y 8%

VALENCIA.- El subsector del acabado textil de la Comunitat Valenciana ha asegurado que no tendrá "más remedio" que afectar incrementos de costes en sus tarifas de entre el 6 y 8 por ciento a sus clientes para el próximo ejercicio, que generarán a su vez repercusiones en los precios finales de los productos textiles al consumidor ante la situación de crisis por la que atraviesa, y que en los últimos años ha llevado al cierre al 40 por ciento de las empresas.

   Según ha informado la asociación Ateval en un comunicado, éste es un subsector "intensivo" en mano de obra que, de acuerdo con los últimos datos estimados, emplea a 1.861 trabajadores en 111 empresas  con un volumen de negocio de más de 196,5 millones de euros.
   Durante los últimos cinco años, el subsector del acabado ha perdido un 37 por ciento de la facturación, un 52 por ciento de sus empleos y un 40 por ciento de sus empresas. En los dos últimos ejercicios se ha agudizado la pérdida de actividad, con una bajada del 30 por ciento en su cifra de negocios.
   Ateval ha apuntado que la situación se "complica" de nuevo para el sector de los acabados, con las recientes alzas de precios de las materias primas y la energía, que afectan a los costes industriales de una industria de servicios a terceros "haciendo frente con no pocas dificultades al reto de seguir siendo competitivo en el mercado".
   La asociación ha destacado la importancia del subsector de los acabados dentro de la cadena de valor del sector textil, ya que "se trata de un eslabón vital" dentro de esta industria, "especialmente en el territorio valenciano, por la importancia de la producción del textil hogar que representa el 80 por ciento de la producción española, y que es necesario para garantizar su viabilidad, un sector muy importante para la economía valenciana y para el clúster de las comarcas textiles de l'Alcoia, el Comtat y la Vall d'Albaida".

El presupuesto de la Universidad estará "marcado por la crisis" y por la disminución de transferencias del Consell

ALICANTE.- El presupuesto de la Universidad de Alicante estará marcado por la por la situación internacional de crisis, así como por la "disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto" de cuentas y por los "problemas derivados de tesorería" por demoras en pagos de las anualidades anteriores, según ha informado la institución académica en un comunicado.

   La Universidad de Alicante ha presentado al Consejo Social los criterios que guiarán la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012.
   Según la institución docente, el presupuesto estará marcado, además de por la situación global de crisis económica, "por la disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto de presupuestos, los problemas de tesorería derivados de las demoras en los pagos procedentes de la Generalitat y el nuevo aplazamiento de las anualidades 2011 y 2012, correspondientes al Convenio de Colaboración subscrito entre la Conselleria de Educación y la Universidad de Alicante en mayo de 2008".
   "Los importantes recortes que respecto a las transferencias comprometidas, según el Plan Plurianual de Financiación de 2010, contempla el Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno valenciano, conllevan una importante disminución en los ingresos de la UA previstos para 2012 y supone una reducción de aproximadamente un 12 por ciento sobre lo que estaba acordado", ha explicado.
   Ante esta" difícil situación económica", la Universidad de Alicante propondrá "unos presupuestos que supondrán importantes recortes en algunas partidas". No obstante, desde la UA han señalado que, con fecha 7 de noviembre, se recibió una comunicación del conseller de Educación en la que manifiesta su intención de establecer "las consideraciones necesarias relativas al presupuesto previsto para las universidades en el próximo ejercicio 2012, así como de dirimir las cuestiones relativas al diferencial que pudiera existir como consecuencia de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación acordado".
   Por ello, según ha añadido, "en caso de que se produjese alguna modificación en el proyecto de presupuestos de la Generalitat con respecto a las transferencias previstas para las universidades, se deberán realizar las modificaciones correspondientes en nuestros presupuestos para adaptarlos a la nueva situación".

Pérez Fenoll subraya que la justicia "deja en evidencia" a Agustín Navarro, alcalde de Benidorm

BENIDORM.-  El concejal y diputado provincial del Partido Popular, Manuel Pérez Fenoll, ha considerado que la justicia "deja en evidencia a Agustín Navarro" y le emplaza a "devolver las retribuciones", en virtud de dos sentencias judiciales, en las que se les declara concejales no adscritos y en las que declara nulos los acuerdos por los que se dotaban de determinados recursos al grupo y de sueldos en calidad de los cargos que desempeñan.

   En un encuentro con los medios de comunicación, Pérez Fenoll se ha referido a las dos sentencias que acaba de emitir el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante, estimando los recursos que el Grupo Municipal del Partido Popular presentó hace más de dos años.
   A su juicio, "vienen a demostrar que el gobierno que constituyó Agustín Navarro desde el 22 de septiembre, fecha de la moción de censura, y que se ha mantenido hasta el pasado 22 de mayo, estaba basado y sustentado en la más absoluta ilegalidad".
  De este modo, ha resaltado que los tribunales "han venido a darle la razón al PP cuando en octubre de 2009 alertaba que las resoluciones adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura, podrían ser ilegales".
  "Entonces no lo decíamos sólo nosotros, también opinaban así muchos expertos del Derecho porque no había más que leerse la Ley de Bases de Régimen Local. Sólo faltaba que lo dijera un juez y eso es lo que ha ocurrido ahora. Agustín Navarro ha recibido su primer garrotazo judicial, pero van a venir más", ha dicho.
   Las dos sentencias emitidas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante declaran la nulidad, entre otras cuestiones, de todas las resoluciones administrativas "por ser contrarias a Derecho", adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura del año 2009.
   En concreto, las resoluciones son: nombramientos de miembros de Junta de Gobierno Local; delegación de atribuciones de Agustín Navarro a favor de la Junta de Gobierno Municipal; nombramiento de representantes en órganos colegiados; retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación; creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes y delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno Local.
  Según los 'populares' de Benidorm, "el juez echa por tierra la constitución del equipo de gobierno que surgió tras la moción de censura de 2009, así como las retribuciones que se asignaron, al tiempo que en la otra sentencia "declara como 'no adscritos' a los exconcejales del PSOE  de la anterior corporación".
   La sentencia subraya "la imposibilidad jurídica de que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benidorm pueda ostentar derechos económicos y políticos y ser beneficiario de recursos materiales y humanos con cargo al Presupuesto Municipal", lo cual implica, entre otras cosas, "el derecho a formar parte de las Comisiones Informativas; el derecho a participar en la Junta de Portavoces y el derecho a percibir retribuciones e indemnizaciones por asistencia a Comisiones Informativas permanentes".
   Entre otros fundamentos de derecho, la sentencia establece "la obligación del Ayuntamiento de Benidorm de cuantificar la totalidad de los recursos económicos aplicados para el pago de las retribuciones mensuales por dedicación exclusiva a Alcaldía y Concejales con Delegación de Alcaldía así como las cantidades satisfechas por Indemnizaciones por Asistencia a órganos colegiados: Junta de Gobierno Local y Sesiones de Consejos, Fundaciones, Juntas y tribunales de Selección de Personal desde el día 29 de septiembre".
  Además, apunta que, tras "dicha cuantificación, proceda a reclamar la cantidad resultante a los concejales no adscritos que hubieren sido beneficiarios de dichas cantidades". La sentencia afirma que los "derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
   La sentencia es recurrible en el plazo de 15 días a partir de su notificación, admisible en un solo efecto y para su resolución por la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
   Así, Pérez Fenoll ha emplazado a Agustín Navarro "a que cumpla, aunque sea por primera vez, la Ley" y que ordene "el inicio de las actuaciones por los servicios jurídicos y económicos de este Ayuntamiento con el objeto de devolver a las arcas municipales lo que nunca debió salir de ellas con la máxima inmediatez en cuanto la sentencia sea firme".
   Finalmente, ha advertido de que "si no se cuantificaran por parte del Ayuntamiento estas cantidades y no fueran exigidas a quienes las cobraron indebidamente y de forma ilegal, nos veremos obligados a acudir a la Jurisdicción Contable o lo que es lo mismo, el Tribunal de Cuentas".

La Seguridad Social compensará a pensionistas de mínimas con 855,87 millones

MADRID.- La Seguridad Social compensará a los pensionistas de mínimas y no contributivas con 855,87 millones de euros por la desviación al alza de la inflación en el mes de noviembre, que fue de 1,9 puntos porcentuales sobre lo previsto para 2011 (1%), según ha informado el Ministerio de Trabajo.

   Los beneficiarios de esta compensación son los más de 3,2 millones de perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares, es decir, todas aquellas que no quedaron congeladas tras el decreto de recortes de mayo de 2010.
   Esta compensación se abonará en una paga de 441,69 millones de euros que se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 414,18 millones de euros.
   Según Trabajo, la compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.
   El gasto previsto para este año es un 65% inferior a lo empleado en la compensación el pasado año (2.472 millones de euros), lo que supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
   En enero de 2010, los pensionistas españoles no recibieron paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.
   El sistema de Seguridad Social español  establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las  pensiones.

lunes, 28 de noviembre de 2011

La Diputación de Alicante busca en Bruselas fondos europeos para los ayuntamientos


ALICANTE.- La Diputación de Alicante trabaja estos días en Bruselas con el objetivo de captar fondos europeos para los ayuntamientos de la provincia que les permitan el desarrollo de proyectos energéticos y medioambientales en sus municipios, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   Una delegación alicantina encabezada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, e integrada por el diputado de Economía y Hacienda, César Augusto Asencio, el diputado de Medio Ambiente, Miguel Zaragoza, y el alcalde de Alqueria d'Asnar y diputado del Grupo Socialista, Francesc Jaume Pascual, se ha desplazado hasta la capital belga con este objetivo.
   Durante su estancia en Bruselas, la delegación ha mantenido este lunes una reunión de trabajo en el Comité de las Regiones para presentar los proyectos energéticos y medioambientales que están impulsando los municipios de la provincia y la propia Diputación de Alicante y conocer la disponibilidad de fondos estructurales europeos y de créditos a municipios del Banco Europeo de Inversiones.
   En este sentido, más de 40 ayuntamientos y 20 agentes económicos de la provincia se han interesado en desarrollar proyectos en materia de desarrollo local, mejora energética, sostenibilidad y medio ambiente mediante la obtención de financiación europea.
   Asimismo, Pastor y los diputados provinciales se reunirán con técnicos de la Fundación Comunitat Valenciana Región Europea en la delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, para "analizar las opciones de obtención de fondos europeos para ayuntamientos en programas como LIFE+, Eco-Innovación; Interreg IVC; ENPI 'Cuenca Mediterránea'; Erasmus para Emprendedores; Youth in Action o Formación y Empleo".
   La presidenta y los diputados provinciales también participarán este martes en la celebración anual del Pacto de los Alcaldes, al que se han adherido ya 95 municipios alicantinos, lo que convierte a Alicante en la sexta provincia europea con mayor número de adhesiones.
   Durante la ceremonia, la Diputación de Alicante hará entrega de un documento en el que se recogen los 70 Planes de Acción de Energía Sostenible que han desarrollado ya otros tantos municipios de la provincia gracias al soporte ofrecido por la institución provincial.
   Además, en el acto se expondrá el desarrollo del Pacto de Alcaldes, que pretende reducir el 20 por ciento de emisiones de CO2 mediante un 20 por ciento de ahorro y eficiencia energética y la implementación del 20 por ciento de energías renovables antes del 2020.
   Asimismo, esta ceremonia sirve para exponer las políticas energéticas de la Unión Europea y los instrumentos financieros para llevar a cabo estas políticas, lo que aprovechará la Diputación de Alicante para dar a conocer el trabajo que está desarrollando.
   La institución provincial alicantina es 'Estructura Soporte del Pacto de Alcaldes' desde el año 2009, ya que desde un primer momento se interesó por ayudar a los municipios de la provincia para que consigan los objetivos recogidos en el Pacto.
   El Área de Medio Ambiente y la Agencia Provincial de la Energía están ayudando actualmente a cerca de 88 ayuntamientos en el desarrollo de los diagnósticos de los consumos energéticos municipales y los planes de acción de energía sostenible, de los cuales 70 ya se han concluido.

Císcar asegura que no se ha planteado "en estos momentos" ser candidato a la presidencia del PP provincial

ALICANTE.- El conseller de Educación, José Císcar, ha asegurado que ni se ha "planteado" en "estos momentos" optar a la presidencia provincial del PP en Alicante, al tiempo que ha apostado por estar "todos con el presidente", Miguel Ortiz, y por respetar las "fases" de los congresos.

   Durante una rueda de prensa sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2012, Císcar ha sido preguntado por si está entre sus prioridades optar a este puesto, que actualmente ocupa Ortiz, tras la dimisión de José Joaquín Ripoll. "Es algo que ni me he planteado en estos momentos", ha asegurado.
   Desde su punto de vista, en estos momentos "todos" tienen que "ayudar a pilotar" el partido y a "preparar el congreso" a Miguel Ortiz, aunque ha recordado "las fases" que se tienen que seguir, es decir, primero el nacional, luego el regional y, posteriormente, el provincial.
   "A mí lo que me gusta es que el PP sea una máquina de ganar elecciones y que arrase en los diferentes procesos electorales", ha indicado el conseller.

Stop Desahucios logra aplazar el desalojo de una familia hasta el 8 de febrero

ALICANTE.- Stop Desahucios ha conseguido este lunes paralizar y aplazar hasta el 8 de febrero el desahucio en Alicante de una familia colombiana, formada por un matrimonio y su hijo, de 11 años, que no podían hacer frente al pago de los plazos de la hipoteca de la casa en la que viven, en el barrio alicantino de El Pla. 

   Hasta la casa, situada en la calle Gasset y Artime de Alicante, se han acercado dos funcionarios del juzgado y un trabajador de Bankia, con quien tienen la deuda, para entregar la orden de desalojo a la familia, aunque la multitud ha parado a la comitiva sin que se haya registrado ningún incidente.
   Según fuentes de la plataforma, José Salomón y Doaly son una pareja colombiana que llegó a España en el año 2005. Desde ese momento, él se dedica a trabajar en el sector de la construcción y el comercial. Ella, por su parte, ha trabajado principalmente en el cuidado de ancianos. Tienen un hijo que, a día de hoy, ya tiene 11 años.
   La pareja contrató una hipoteca en el año 2007, pero José Salomón se quedó en paro en año 2008 y, a partir de ese momento a la familia le cuesta cada vez más hacer frente a las cuotas hipotecarias, llegando el momento en que no pueden hacer frente al pago de la letra. En diciembre de 2009 Caja Madrid da por vencida la hipoteca anticipadamente por una deuda de 3.162 euros.
   En enero de 2011 Caja Madrid se adjudica la casa por el 50 por ciento del valor de tasación original, esto es, por 95.125 euros. A la familia le queda una deuda entre capital, intereses y costas judiciales de 95.000 euros.

La Generalitat ampliará el control del gasto de la Administración con una unidad específica de interventores

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Presupuestos, José Manuel Vela, ha informado este lunes que la Generalitat creará una "unidad específica de interventores" a quienes se les ampliará el alcance de control de la Intervención General. Este cuerpo interventor comenzará a funcionar a partir del 1 de enero del próximo año, ha dicho.

   Vela, a preguntas de los medios en rueda de prensa, ha indicado que se ha creado una nueva disposición normativa para reforzar el papel de la intervención general que habilita la habilita para "poder actuar en determinados campos o aspectos donde antes la legislación no preveía que actuara".
   De esta manera, el titular de Hacienda y Presupuestos ha apuntado que "no es que vaya a haber más controles, sino que se amplia el alcance del control del gasto", ha precisado. "Esperamos que se complemente con la Conselleria, la administración general y con la corporación empresarial", ha agregado el conseller.
   Así, para controlar el gasto de la administración, esta unidad de interventores tendrá la capacidad de "fiscalizar programas de gasto concretos" o "ampliar el espectro de su control en entidades públicas", así como de realizar "análisis de eficacia y eficiencia de políticas determinadas para ver realmente si los recursos que se destinan a determinadas actuaciones vale la pena mantenerlos".

El Parlamento de Argelia discute la nueva Ley de Información

ARGEL.- La nueva Ley de Información, una de las reformas más importantes de las prometidas por el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, el pasado abril tras el estallido de la Primavera árabe, comienza a debatirse en el Parlamento en medio de críticas y de la aprehensión de numerosos periodistas.

La ley, llamada a modernizar la promulgada en 1990 tras una apertura política y mediática, ha sido acogida por los profesionales de la información con decepción, especialmente por aquellos que trabajan en la prensa privada.
Entre las principales novedades que incluye está la abolición de la pena de cárcel por los delitos de prensa, en especial el de difamación, que será sustituida por una multa que podrá ascender a los 5.000 euros.
El redactor jefe del diario argelino en lengua francesa 'Liberté', Salim Tamani, ha destacado la cuestión de la supresión de la pena de prisión, que describió como un paso "muy positivo" en el avance hacia la adopción de normas internacionales, aunque advirtió de que el nuevo texto todavía mantiene un carácter represivo.
"Un periodista no puede ejercer su trabajo con una espada de Damocles sobre su cabeza. Mientras haya una amenaza, sea de la naturaleza que sea, la libertad de prensa seguirá estando limitada", ha agregado.
Por su parte, el veterano secretario de Sindicato de Prensa, Rabah Abdala, considera que lo que debería ser "una voluntad de las autoridades de ver una real emancipación de la prensa" en Argelia, no es más que un "engaño" de una nueva ley que supone "un gran salto atrás".
Tras reprochar la actitud del Gobierno por no haber consultado a los periodistas para la elaboración del borrador y por "haber elegido a los interlocutores precisos para elaborar" las reformas, Rabah ha declarado que la ley "mantiene las restricciones a la libertad de la prensa".
El sindicalista ha hecho referencia al artículo sobre el acceso a las fuentes de información, que se ve limitado según el nuevo texto en casos de defensa de la soberanía nacional, de la instrucción judicial o de defensa de la estrategia económica nacional o de la política exterior.
"El texto reconoce el derecho del periodista a acceder a fuentes de información pero pone barreras en estos puntos. Es contradictorio", ha comentado Rabah, que también criticó la elevada multa por el delito de prensa.
Rabah ha comentado que un periodista, en caso de ser encontrado culpable de difamación, deberá hacer frente él solo, al pago de un dinero muy superior a su sueldo, por lo que se arriesga a ir a la cárcel ante un eventual impago.
"Es un círculo vicioso y lo más grave es que expone a los periodistas a la autocensura", ha subrayado Rabah.
En este sentido, la periodista del diario francófono 'El Watan', Salima Tlemcani, mantiene que el enfoque del gobierno sobre la despenalización de la prensa es "pernicioso", pero considera que hay ciertos puntos positivos en la nueva normativa.
Entre ellos destaca que la emisión de permisos para la creación de nuevas publicaciones ya no estará más en manos de la justicia ordinaria, sino de una nueva instancia de regulación en la que la mayoría de sus miembros serán elegidos por los propios periodistas.
Otra de las novedades de la ley presentada al Parlamento es la supresión del monopolio del Estado sobre los medios audiovisuales, y la posibilidad de otorgar permisos de emisión a empresas privadas.
Sin embargo, los tres periodistas consultadosmostraron sus sudas sobre esta cuestión, cuyo reflejo en la ley consideran vago. "¿Cómo abrir los medios audiovisuales?, ¿En favor de quién?, ¿Sobre qué bases?", se pregunta Tamami antes de apuntar que la ley no aclara esta cuestiones.
En un comunicado dirigido a los legisladores parlamentarios, el Sindicato de Periodistas argelinos sostiene que la nueva ley no protege a los profesionales de la información y que la nueva normativa sobre el secreto profesional es "un paso atrás".
Asimismo, solicita que se reconsideren varios artículos para poder elaborar según sus palabras "un corpus legislativo y jurídico digno de una prensa libre, moderna y ciudadana".
El nuevo texto comprende 132 artículos, de los cuales 63 son nuevos, 51 tienen modificaciones y sólo 18 permanecen íntegros.

La Fiscalía propone reformar la Audiencia Nacional para centrarse en la lucha contra el crimen organizado

BARCELONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

   En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.
   Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.
   El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.
   Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".
   Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.
   Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.
   Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.
   Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.

Fitch pronostica dos años difíciles para la energía solar

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Fitch considera en un informe sectorial que las tecnologías solares probablemente sufrirán unas "duras condiciones de mercado" durante los próximos dos o tres años.

   En el informe, la agencia considera que los recortes de primas a las renovables en varios países dañarán al sector, hasta que las tecnologías que emiten CO2 empiecen a sufrir gravámenes adicionales por estas emisiones y, con ello, hagan más competitiva a la solar.
   "Algunos países podrían anunciar recortes adicionales de primas en un momento en el que la crisis de la deuda soberana pone presión sobre las finanzas públicas y los precios de la electricidad se han convertido en un aspecto clave de la política", afirma Fitch.
   Los recortes pueden ser mayores en la tecnología fotovoltaica, en un momento en el que los países se orientan hacia renovables más productivas, como la eólica 'off shore', y los gobiernos, como es el caso del italiano, empiezan a aplicar limitaciones a la instalación de potencia.
   Otros aspectos que caracterizarán esta actividad serán una saturación del mercado provocada por la masiva llegada de paneles chinos y la debilidad de la demanda provocada por la caída de las primas.
   En todo caso, Fitch pronostica que la tercera fase del programa de comercio de emisiones en Europa, que comienza en 2013, ayudará a desarrollar las tecnologías solares al hacerlas más competitivas.

Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros

VALENCIA.- Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros que los bancos ofrecen a los clientes que buscan una rentabilidad superior a la media para sus ahorros. La ley prohibe a las entidades "vender" este tipo de inversiones a personas que carezcan de la preparación adecuada para entender sus riesgos, pero los banqueros han llegado a colocárselas a octogenarios, según el diario 'Levante'.

  Hace unos días se conocían tres nuevas sentencias relacionadas con productos financieros complejos que se habían ofrecido a los clientes de los bancos sin informar correctamente sobre los riesgos que se asumían. Uno de los casos lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia condenando a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria, domiciliada en Cartagena, los 134.000 euros colocados en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers -quebrado en 2008-, al no haber advertido la entidad financiera al cliente los riesgos a los que se enfrentaba en la operación.
Otro juzgado, en esta ocasión de Valencia -la Audiencia-, se pronunciaba a favor de un matrimonio que había invertido 250.000 euros en el mismo producto, "seguro y de buena rentabilidad", según les dijeron en 2008 en la oficina de Bankinter, aunque un año después la sucursal les envió una comunicación en la que les trasladaba que habían perdido todo lo invertido.
Por las mismas fechas, a casi ochocientos kilómetros de distancia, la sección séptima de la Audiencia Provincial, en Gijón, atendía una reclamación similar y obligaba a Banif, la filial de banca privada del Banco de Santander, a pagar a una clienta los 262.318 euros que había invertido en Lehman. Los motivos, los mismos: no habían advertido adecuadamente a la demandante los riesgos que asumía con la adquisición del producto. Esa misma oficina bancaria ya había tenido que devolver con anterioridad otros 800.000 euros a una decena de clientes por incumplir los deberes de "información y lealtad" en la venta de los productos.
Lo cierto es que mientras la economía funcionaba bien y la burbuja inmobiliaria se hinchaba no había problemas. Los bancos y las entidades financieras ingresaban regularmente los beneficios en las cuentas de los inversores y nadie se paraba a pensar dónde estaba metido su dinero. Sin embargo, septiembre de 2008 marcó, como en casi todo, el punto de inflexión. La caída del banco de inversión Lehman Brothers, de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG provocaron la caída del castillo de naipes y la conversión de los boyantes rendimientos en importantes pérdidas, que en algunos casos supusieron no solo un porcentaje, sino todo el dinero invertido, como en el caso de Lehman.
Estas pérdidas soliviantaron a numerosos inversores que, aún siendo conscientes de que podrían perder dinero, jamás habían llegado a imaginar que su cuenta se podría quedar a cero. Se trataba en la mayoría de los casos, que se están resolviendo ahora en los juzgados, de personas sin experiencia en la inversión, que pretendían sacar de sus ahorros una rentabilidad superior a la media, desconocedores, además, del amparo que les brinda la legislación ante este tipo de productos. En concreto, la Ley de Mercado de Valores de 2007, que modificaba la de 1988 para incluir una serie de directivas europeas. En su artículo 79 bis se regulan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades financieras con los demandantes de un producto de inversión. Cuando se trate de clientes no profesionales, la ley deja las cosas meridianamente claras. Primero, la entidad deberá asegurarse de la capacidad intelectual del cliente para comprender el tipo de producto que se le ofrece y los riesgos que comporta, estableciendo un perfil sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión. En caso de que el potencial comprador tenga dudas, el banco está obligado a no ofrecerle ese producto.

Información clara y no engañosa
En segundo lugar, la información que se ofrezca ha de ser "imparcial, clara y no engañosa". Precisamente, este artículo de la ley es el que está llevando a los bancos a perder las demandas de los clientes. La Audiencia Provincial de Murcia, en la sentencia que da la razón a la octogenaria de Cartagena frente a la CAM, lo deja muy claro. El banco debe "proporcionar al cliente una información individualizada y adecuada en relación con el producto financiero que adquiere, a fin de que pueda alcanzar una cabal comprensión de sus características y de los riesgos asociados a la misma, en especial el referente a la posibilidad de pérdida total 0 parcial del capital invertido".
También hay otros productos complejos que han dado lugar a las reclamaciones de los clientes, como las llamadas participaciones preferentes, que se han convertido en un callejón sin salida para miles de pequeños ahorradores en la CAM. Con la compra de estos valores, el inversor lo que hace en realidad es prestar su dinero a perpetuidad al banco o caja en cuestión a cambio de un interés anual, generalmente bastante elevado, que se pagará siempre que existan beneficios.
Esto significa que, rentabilidad aparte, la única forma de recuperar lo invertido es encontrar a otra persona que desee comprar las participaciones, algo muy complicado en el actual momento de crisis, en el que todo el mundo desconfía de las entidades financieras y prácticamente no existe demanda para estos títulos. Tienen también el inconveniente de que en caso de quiebra, al tratarse de deuda subordinada, sus propietarios son los últimos en la lista de cobro, sólo por delante de los accionistas.
Para las entidades la principal ventaja es que el dinero captado con este tipo de emisiones computa como recursos propios de máxima calidad o "core capital" y les permite alcanzar los mínimos de solvencia que les exige la legislación. Por este motivo, aunque hay emisiones de finales de los noventa, fue a partir del año 2009 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva para hacer frente a los primeros embates de la crisis, hasta el punto que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que llamar la atención al sector y advertir públicamente de los riesgos del producto.
Aún así, en estos momentos los bancos y cajas españoles tienen colocados casi 24.000 millones de euros en participaciones preferentes, según los datos del AIAF, el mercado de renta fija donde en teoría pueden comprarse y venderse, como si fueran acciones, aunque la realidad es que las operaciones son muy escasas. Entre las entidades con más títulos destacan La Caixa, con emisiones por valor de 4.897 millones; el BBVA, con 3.475 millones; Caja Madrid, con 3.022 millones; el Santander, con 1.965; la CAM, con más de 1.400 millones; o Bancaja, con 600 millones.
Se trata, en definitiva, de un "instrumento complejo y de elevado riesgo que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", como deja claro la CNMV en sus folletos. Es decir, un producto destinado a inversores expertos que, sin embargo, se vendió indiscriminadamente a través de las redes de oficinas de las entidades, la mayoría de las veces camuflado bajo la apariencia de imposiciones a plazo fijo.

Atrapados por las preferentes
En las últimas semanas el caso más paradigmático ha sido el de la CAM, donde a la desconfianza existente en los mercados se ha unido la intervención de la entidad y la más que probable suspensión del abono de intereses trimestrales (al entrar la caja en pérdidas) para aniquilar cualquier posibilidad de desprenderse de los títulos en el mercado. Es decir, que aunque oficialmente no han perdido ni un sólo euro, no pueden disponer de su dinero. En las asambleas de afectados que estos días está celebrando la asociación de usuarios de banca Adicae los testimonios se repiten.
"Yo quería un plazo fijo y me dijeron que esto era lo mismo. Le pregunté como diez veces si tenía algún tipo de riesgo y le dejó muy claro que no quería nada donde pudiera perder dinero pero me dijo que todo estaba asegurado y que podría sacar cuando quisiera", explicaba Manuel G., un camarero de 53 años de Benidorm, en la asamblea celebrada este viernes. En la fila de detrás, Ricardo T. sonreía al comprobar la similitud de la historia con su propia experiencia. "Si a mí me llegan a decir que esto era como invertir en Bolsa me levanto y me voy de la sucursal".
Un simple vistazo a las últimas operaciones realizadas en el AIAF da una idea de hasta qué punto pueden llegar las pérdidas, a pesar de las promesas de garantía de los comerciales. Así, en la última operación con preferentes de Ibercaja el precio pagado fue de sólo un 64% del valor nominal; las del Banco de Valencia se pagan a sólo la mitad de su importe original; y una emisión de la antigua Caixa Sabadell ya apenas vale el 36% de su precio de emisión.
Según Adicae, en más del 90% de los casos puede demostrarse que la venta no fue correcta. De hecho, esta asociación presentó hace unas semanas una reclamación ante la CNMV contra 52 entidades por comercializar preferentes y prepara una demanda colectiva contra la CAM. También en Ausbanc están atendiendo decenas de personas con este problema, aunque en su caso han optado por las reclamaciones individuales.
La cifra de afectados no hará más que crecer en los próximos meses, según las citadas asociaciones, a medida que el próximo año se cumpla la fecha de muchos de estos supuestos plazos fijos y los ahorradores descubran la verdadera naturaleza de su inversión. Muchos de ellos son pensionistas.
La situación, además, no ha mejorado precisamente con la aplicación de la nueva normativa bancaria internacional de Basilea III. A partir de ahora, si las entidades quieren que las nuevas emisiones de preferentes cuenten como capital de máxima calidad deberán incluir una cláusula en la que se indique que se puede suspender el abono de intereses de forma absolutamente discrecional, aunque existan beneficios. A las preferentes, además, hay que sumar el caso de las obligaciones y bonos subordinados sin fecha de vencimiento que, en la práctica, presentan los mismos problemas de liquidez y de imposibilidad de recuperar la inversión.

La trampa de los derivados
A la sombra del dinero también han nacido otros productos financieros, los llamados "swaps", que ya han dado lugar a 403 sentencias en contra de los bancos frente a 72 a favor, por las demandas presentadas por particulares y pymes, según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin). La asociación calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos de intercambio de tipos de interés (swaps) y permutas financieras (clips), vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008. Estos productos se comercializaron como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación. Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y solo 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto "Clip Bankinter", que incluía un tipo fijo a pagar del 4%.

Las indemnizaciones millonarias a directivos de la CAM son legales


MADRID.- El personal del Hotel Hilton de Toledo conocía a la perfección a la cúpula de Caja Castilla La Mancha (CCM). Hasta que la entidad fue intervenida, en marzo de 2009, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y su director general, Ildefonso Ortega, eran dos de los mejores clientes del restaurante del hotel. Allí agasajaban a empresarios y políticos con "el mejor arroz al senyoret de la meseta castellana". Tras la comida, una Visa Oro de la caja pagaba la cuenta y varios coches oficiales esperaban a la puerta.

Las facturas abultadas en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo, los billetes de avión en primera clase, la compra de obras de arte, los carísimos viajes de incentivos... fueron el pan nuestro de cada día para unas entidades que se han convertido en la principal víctima de la crisis en el sector financiero.
Los gestores, protagonistas de estos dispendios y responsables de la mala gestión (tres cajas han sido intervenidas -CCM, Cajasur y Caja Mediterráneo- y otras tres han sido nacionalizadas -Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim-) lejos de ser castigados, han recibido generosas indemnizaciones.
El primer caso que saltó a la opinión pública, y uno de los más sangrantes, fue el de María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo (CAM). La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó por apuntarse al paro para cobrar el subsidio de desempleo y acudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa. El Estado tuvo que aportar 2.800 millones de euros para recapitalizar la entidad y otros 3.000 millones como línea de crédito.
Desde que se conoció este episodio han salido a la luz numerosos casos de directivos de cajas que han cobrado escandalosas compensaciones por abandonar las entidades en cuyo descalabro participaron activamente. El último, la semana pasada, el de la cúpula de Caixa Penedès. Cuatro ejecutivos se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.
Uno de los episodios que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (producto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones. Esta voluminosa indemnización no incluye los más de 15 millones de euros que cobró el último presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, como pensión.
La presión social y las gestiones de la nueva cúpula de la entidad gallega hicieron que los exdirectivos se replantearan el cobro de las sumas acordadas. Javier García de Paredes, ex director general adjunto, aceptó devolver la mitad de los 10 millones que le correspondía. El resto de directivos implicados aún no ha devuelto nada.
Otro caso sonado es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.
El principal problema al que se enfrentan tanto en Novacaixagalicia como en otras entidades financieras es que los contratos que esgrimen los directivos para cobrar las compensaciones son perfectamente legales. "Encargamos informes jurídicos a varios despachos y todos ellos han coincidido en que los contratos se ajustan a derecho", explicaba recientemente José María Castellano, el nuevo presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (la filial financiera de la caja). Por este motivo, la única vía que las cajas tienen para recuperar parte de la suma de las indemnizaciones es confiar en que los directivos rectifiquen, presionados por la alarma social y por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

Contratos legales
La dificultad para revocar los contratos sobre compensaciones a altos cargos se ha puesto de relieve en Caja España-Duero. El exvicepresidente, Francisco Fernández, ha cobrado 554.000 euros al prejubilarse de la entidad financiera, que también ha recibido el apoyo del FROB. El consejo de la caja analizó la posibilidad de revocar el pago, pero lo descartó el pasado viernes tras recibir un informe de un despacho de abogados en el que otorgaba plena legalidad a la indemnización.
"El debate no debería ser si nos escandalizamos más o menos por una indemnización", aseguraba recientemente Manuel Menéndez, presidente ejecutivo de Liberbank, una de las pocas entidades que no ha recibido apoyo público. "El debate debería ser si tiene sentido prejubilar a directivos con 55 años. Tal vez hacerlo tenga sentido económico, pero será, en cualquier caso, muy caro".
Lo que evidencia la crisis es que el sector bancario, especialmente las cajas, estaba sobredimensionado (lo que ha provocado el cierre de miles de oficinas y el recorte de decenas de miles de empleos) y sus salarios estaban inflados. Buen ejemplo de ello es un estudio reciente elaborado por el sindicato Comisiones Obreras que revela que, entre 2004 y 2010, el beneficio de las nueve mayores cajas cayó un 7%, mientras que la retribución de la alta dirección subió un 38%.

La fiscalía ya investiga

Hasta hace unos meses, las noticias sobre la remuneración de los directivos o los consejeros de una caja de ahorros apenas tenían trascendencia. "Caja Navarra pagó en 2010 dos millones de euros en sueldos directivos" o "La cúpula de Catalunya Caixa cobra 1,86 millones en seis meses" eran titulares que mostraban los altos sueldos que se pagaban en el sector financiero, pero no pasaban de ahí.
La percepción de estas informaciones cambió radicalmente cuando esta industria, de retribuciones privilegiadas, se tuvo que echar en manos del Estado para evitar su bancarrota. Con tres cajas nacionalizadas, otras tres intervenidas, y un banco (participado por una caja) también controlado por el supervisor, la tolerancia hacia los sueldos escandalosos ha terminado.
El principal cambio proviene de la actitud de la administración de justicia. Tras hacerse pública la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".
El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia. En este caso, Anticorrupción investiga dos interrogantes de la gestión de la entidad: por qué sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, y hasta qué punto son legales las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. Fue el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) el que tuvo la iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara los hechos.
El último paso de esta escalada son las investigaciones de oficio. Es lo que ha hecho la Fiscalía Superior de Cataluña, que el viernes anunció que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".
La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Nada garantiza que Banco Sabadell adquiera finalmente la CAM

MADRID.- El Banco de España podría resolver la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) este viernes 2 de diciembre, después de recibir la 'luz verde' del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según fuentes conocedoras del proceso.

   La adjudicación de la caja alicantina intervenida por el supervisor financiero el pasado 22 de julio podría recaer en el Banco Sabadell, la única entidad que ha presentado una oferta vinculante de compra y que tiene vía libre tras el repliegue del resto de candidatos iniciales.
   No obstante, las fuentes consultadas inciden en que la falta de interés de Santander, BBVA, La Caixa, Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers no garantiza que el banco que preside Josep Oliu adquiera finalmente la CAM.
   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuenta con un plazo máximo de diez días para evaluar la capacidad financiera y de gestión de las eventuales ofertas vinculantes, pero desea resolver la subasta con premura.
   El progresivo deterioro financiero de CAM, que registró pérdidas por 1.731 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio 2011 y una morosidad del 20%, ha congelado el interés comprador de Santander, BBVA y la Caixa.
   Aunque desde el Sabadell no confirman que hayan presentado una oferta en firme por la CAM, las fuentes apuntan a que su interés reside en la cobertura ofrecida por el Banco de España en materia de deterioro de activos y liquidez.
   Asimismo, comprar la CAM ayudaría al Banco Sabadell a ganar tamaño y acercarse a Popular, su más directo competidor, que le desplazó recientemente de la última operación corporativa en la banca al hacerse con el Banco Pastor.
   Por el momento, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha inyectado 2.800 millones de capital en la CAM y le ha otorgado una linea de crédito de 3.000 millones para garantizar su liquidez.

El Banco de España baraja seguir al frente de la CAM y dejar desierta su adjudicación

VALENCIA.-  El Banco de España no está para bromas. Después de que únicamente Banc Sabadell presentara su oferta para la compra de la CAM, los hombres de Miguel Ángel Fernández Ordóñez han dado un golpe en la mesa y traslado al equipo gestor que no van a permitir la liquidación de la caja ni la venta a cualquier precio, según han afirmado a este diario fuentes conocedoras del proceso, según http://www.valenciaplaza.com.

Si los aspirantes declarados hasta ahora quieren apostar fuerte, el Banco de España no se va a dejar amedrentar. En el caso de que la oferta planteada por el Banc Sabadell no satisfaga, el próximo viernes 2 de diciembre se anunciaría la prórroga de la nacionalización de Caja Mediterráneo.
Al tomar esta decisión, el FROB rompe el calendario e impone sus propios tiempos en la negociación. Hasta ahora, una de las palancas de las que disponían los compradores era alargar la situación para obtener un precio más bajo y unas mejores condiciones. Sin embargo, los administradores del FROB cuentan con un as en la manga.
El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédit, permite al Banco de España permanecer en la entidad un año, prorrogable uno más. Como la intervención fue el 22 de julio de 2011, el FROB podría tener las riendas hasta el 21 de junio de 2013. Un tiempo suficiente para encontrar un buen comprador.
En el Banco de España lo tienen claro: "Se optará por la solución más viable y de menor coste para el contribuyente", señalan fuentes oficiales del regulador. No se malvenderá la caja por el hecho que cumplir los plazos o someterse a presiones de los interesados en la compra.
Fuentes conocedoras de la operación señalan que el Banco de España considera que Banc Sabadell es la entidad menos apropiada para hacerse cargo de la CAM. Por el volumen de sus activos (95.700 millones frente a los 71.300 millones de Caja Mediterráneo), no tiene suficiente peso específico como para digerir la caja, aún con todos los paliativos que ofrece el Estado a quien se la lleve.
La opción del troceo para su posterior liquidación, propuesta por CaixaBank la tarde del jueves 24 de noviembre, ha sido rechazada de plano por el Banco de España, según fuente del sector. Esta medida condenaría a deshacerse de la entidad a un precio de almoneda.
No se debe olvidar que el precio al que se sitúe la CAM será una referencia para los posibles compradores del resto de entidades intervenidas por el FORB: NovaGalicia, CatalunyaCaixa y UnnimBanco de Valencia o el Banco de Valencia.
Hasta ahora, el Banco de España ya se ha deshecho de dos entidades: Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur, pero cada una de una forma distinta. En el caso de la entidad manchega, el Banco de España la intervino el 28 de marzo de 2009 destituyendo a todo el consejo.
Después de valorar las ofertas presentadas el 31 de octubre por Cajastur y BBK, el regulador anunció el 3 de noviembre la "integración parcial" de la entidad en la caja asturiana. Concretamente, una filial de Cajastur recibió todo el negocio comercial de CCM y la entidad manchega obtuvo una participación del 25% de la asturiana.
CajaSur tuvo que ser intervenida por su insostenible situación económica a petición propia en la madrugada del 21 al 22 de mayo 2010. Tras un intenso proceso de saneamiento, se interesaron por su compra BBK, Banc Sabadell y Caja Madrid. El FROB optó por la caja vasca y lo anunció 56 día más tarde, el 16 de julio del mismo año.
A favor de la BBK contaba ser la entidad más solvente de España, en opinión del FROB, y por ser la que demandaba menores recursos públicos para vacunarse del incremento que se pudiera producir en su ratio de morosidad.

Niño Becerra: "Al nuevo Gobierno no le doy más de un año"

BARCELONA.- El catedrático de Economía Niño Becerra calcula que la crisis durará 10 años, insiste en que es la hora de que los técnicos saquen a los políticos de los gobiernos y augura que "tal y como hemos vivido, no volveremos a vivir nunca más".

Niño Becerra presenta libro, 'Más allá del crash'. En él ejerce de 'profeta de la crisis', apelativo que se ganó a pulso al pronosticar en 2006 la crisis que se nos venía encima.
"Tal y como hemos vivido, no volveremos a vivir nunca más". Así de tajante se muestra el economista en una entrevista publicada por XL Semanal. Su pronóstico de que la crisis durará 10 años quiere decir que, a partir de entonces, "conseguiremos cierta tranquilidad y así nos quedaremos".
Sobre la capacidad del nuevo Gobierno español para sacar al país de la crisis, el catedrático tampoco se muerde la lengua. Reconocido defensor de que los tecnócratas desplacen a los políticos profesionales del poder, afirma: "Al nuevo gobierno no le doy más de un año. Antes habrá de nuevo elecciones. La única salida que veo es un Gobierno de concentración nacional, con la mayor parte de los partidos representados en él, dando paso a los técnicos y mandando a casa a los políticos de mitin".
Niño Becerra no se moja ni a favor ni en contra de PSOE y PP. Sobre los primeros indica que podían haberlo hecho mejor en la gestión de una crisis imparable tras la quiebra de Lehman Brothers. Sobre los segundos, no cree que el 'boom' del ladrillo haya sido el culpable de todos los males de la economía española; muy al contrario, "aquellos años fueron necesarios para crecer lo que crecimos, para hacer las infraestructuras que hicimos, para modernizarnos..."
En cuanto a uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, las deudas contraidas con los bancos al firmar una hipoteca, Becerra anuncia un camino interesante. "¡Negocie con su banco! Se les acabarán haciendo quitas a todo el mundo. El problema es que sólo proteste una persona. Habrá transformación de hipotecas en alquileres. Los bancos prefieren alquilados que morosos".

El desinterés por la CAM abre la puerta a una venta parcial

MADRID.- La puja en solitario del Banco Sabadell por la deficitaria CAM no garantiza que el banco catalán se haga con la entidad ni descarta la posibilidad de que la subasta quede desierta o que se acabe troceando, en lo que supondría un nuevo revés para el Banco de España, dijo una fuente familiarizada con el proceso.

"El hecho de que sólo sea el Sabadell quien haya presentado una oferta no significa necesariamente que esta entidad se vaya a quedar la CAM o que no pueda ser troceada o incluso liquidada", agregó esta fuente.
Expertos consultados coinciden en señalar que el actual recrudecimiento de la crisis de deuda de la eurozona y las mayores demandas de capital exigible a la banca han restado atractivo a una puja que ni siquiera ha podido animarse con un potente esquema de protección de activos (EPA) ni la disposición del Banco de España de garantizar elevadas líneas de liquidez.
"Es muy difícil explicar a tus accionistas que tomas la decisión de meterte en esta aventura (CAM) justo con la que está cayendo en Europa y cuando además las entidades ahora mismo lo que están haciendo es justo lo contrario, que es intentar vender activos para cumplir con los nuevos requerimientos", manifestó Pedro Cubillo, gestor de fondos de MG Valores.
En la actualidad, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha exigido a las entidades en Europa unos 106.000 millones de euros para cumplir con un ratio de capital Tier-1 del 9 por ciento, de los que unos 26.161 millones de euros corresponden a las cinco entidades españolas.
Un portavoz del Banco de España no quiso pronunciarse sobre el número de pujadores finales por la CAM y únicamente se limitó a decir que en estos procesos se estudia si el que "ha presentado una oferta tiene capacidad financiera suficiente como para sostener la compra o no".
Banqueros consultados han manifestado en el pasado reciente que el Banco de España siempre se había mostrado proclive a favorecer una posible venta a un gran banco con capacidad para absorber una entidad con un elevado nivel de pérdidas y una cartera crediticia deteriorada.
Santander y BBVA no quisieron comentar si habían acudido a la oferta, aunque una fuente financiera señaló que finalmente no habían presentado una oferta.
En el inicio del proceso habían presentado ofertas no vinculantes un total de siete entidades entre las que también se incluyeron Barclays, JC Flowers e Ibercaja y también Caixabank.
Una fuente con conocimiento de la operación dijo el jueves que Caixabank no habría presentado una oferta por la CAM, pero habría enviado un escrito al Banco de España en el que se muestra dispuesta a comprar activos de la entidad.
"CaixaBank no ha presentado una oferta por la CAM pero sí ha presentado un escrito en el que muestra su disposición a estudiar la compra de (determinados) activos de la caja", dijo la fuente.
En el Banco de España la postura defendida siempre ha sido la venta de la entidad en su conjunto y no quieren entrar en discutir si ahora se abre la posibilidad de proceder a una venta parcial de activos.
Estaba previsto que la resolución de la subasta de la CAM tuviera lugar en los diez días posteriores a que venciera este jueves, 24 de noviembre, el plazo de presentación de ofertas vinculantes.
El pasado 22 de julio el Banco de España intervino la CAM, con activos de más de 70.000 millones de euros, y acordó la inyección de 2.800 millones de euros de capital y una línea de crédito de 3.000 millones de euros.
En el mercado se considera que la disposición de Caixabank a comprar ciertos activos de la CAM para no tener que asumir las partes más dañadas del balance inmobiliario de la entidad alicantina abre de nuevo la parte a su venta parcial y además encaja con las necesidades del nuevo gobierno de tener que crear una especie de 'banco malo' o vehículo especial para agrupar activos inmobiliarios dañados.
"El guiño de la Caixa apunta precisamente a que hay interés en que se venda la CAM por partes y que así se repartan entre las entidades los riesgos y no asumen todos los activos problemáticos", dijo Nuria Álvarez, analista del sector bancario de Renta 4.
Analistas siempre han considerado que uno de los problemas que afronta el sector financiero español es precisamente su elevada cartera de activos problemáticos inmobiliarios, que 30 de junio de 2011 ascendían a 176.000 millones de euros.
"Una venta de activos en partes tendría todo el sentido del mundo y al final además encajaría con el esquema de que el nuevo Gobierno se pueda acabar quedando con los activos malos en nuevo vehículo o paraguas para agrupar activos problemáticos.
En el mercado, las cuotas participativas de la CAM cerraron el viernes con un descenso superior al 15 por ciento tras conocerse el desinterés en la puja y desde el día antes de su intervención acumulan un retroceso del 82 por ciento en bolsa.
Bajo el reformulado esquema de protección de activos, el banco central tiene previsto ofrecer al potencial comprador una EPA por el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de la CAM durante los próximos 10 años, según fuentes del banco emisor.
La primera parte hasta una pérdida potencial de 4.000 millones de euro se cubre con las propias provisiones de la CAM.
Posteriormente, el FROB asume en torno a un 80 por ciento de las eventuales pérdidas que puedan surgir en este plazo hasta un máximo de 18.000 millones para incluir las pérdidas que afloren por la venta de los activos inmobiliarios en el balance de la entidad alicantina de tal manera que no consumen capital.
Además, el FROB garantiza unas elevadas líneas de liquidez que en el caso de la CAM superan los 16.000 millones de euros hasta 2013, teniendo en cuenta la apelación de la caja ante el Banco Central Europeo (BCE).
Una fuente conocedora del proceso no descartó que el posible oferente pudiera incluso solicitar más capital, pero esto penalizaría su oferta.
"Si al final se lo cubren todo tampoco podemos descartar que se lo lleve Sabadell teniendo en cuenta que es el que más interés está demostrando", explicó Cubillo.
Sabadell tiene activos por casi 96.000 millones y se convertiría en el quinto grupo bancario español superando los 161.000 millones de Banco Popular -- incluyendo al Pastor -- en caso de comprar finalmente la CAM.
Analistas manifestaron que incluso minimizando el coste para el consumo de capital el hecho de que Sabadell pueda adquirir la CAM le haría acercarse más a la consideración de entidad sistémica e incrementar sus necesidades de solvencia.
"En este escenario incluso un consumo mínimo de capital de 10 puntos básicos no es bien visto por el mercado", agregó la analista de Renta 4.
A cierre de septiembre, la CAM registró unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de mora del 20,8 por ciento.