ALICANTE.- El
rosario judicial de los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) no
ha hecho más que empezar. El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de
la Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias distintas interpuestas
contra la anterior cúpula de la entidad financiera. El juez de la
Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite el pasado
mes de noviembre la querella presentada por el abogado Diego de Ramón
contra la ex directora general María Dolores Amorós por presunta estafa,
delito societario y falsedad documental.
A
través de la Plataforma CAM, a esta querella ya se han adherido como
acusación particular cerca de 500 clientes de la caja que perdieron sus
ahorros en productos financieros como las cuotas participativas, cuyo
valor ha quedado reducido a cero tras la intervención. Del medio millar
de demandantes, un centenar son extranjeros: fundamentalmente
británicos, pero también algunos alemanes, italianos y suizos.
Por su parte, los
sindicatos que representan a la plantilla de la caja, agrupados en la
Plataforma Unidad Sindical de CAM, presentaron el pasado 26 de diciembre
ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el ex
presidente Modesto Crespo y los ex directores generales Dolores Amorós y
Roberto López Abad. En su denuncia, que la Fiscalía ya ha remitido a la
Audiencia Nacional, los sindicatos piden que se investiguen las
pensiones vitalicias que se asignaron los miembros de la comisión
ejecutiva de CAM.
También la Asociación por la Preeminencia del Derecho,
representada por el abogado José Luis Mazón, ha presentado una denuncia
contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo, por presuntos delitos
societarios, de falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de
lucro.
Tras
ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, el juez Grande-Marlaska ha abandonado el Juzgado Central de
Instrucción nº 3. Actuando como sustituto, el juez Eloy Velasco
dictó el pasado día 9 un auto en el que acumula las tres denuncias en
una misma causa e insta al Banco de España a paralizar, hasta que se
resuelva el proceso judicial que puede prolongarse durante varios años,
el expediente disciplinario abierto a 49 exconsejeros y directivos de la
caja.
Por su parte, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga ha
anunciado que la entidad presentará otra denuncia para anular las
pensiones vitalicias que se asignaron el equipo directivo de la caja. De
hecho, el Juzgado de lo Social de Alicante que confirmó el despido de
María Dolores Amorós y rechazó todas sus pretensiones ya estableció que
el pago de dichas prestaciones sociales es «injusto e ilegal», tal como recuerda 'Abc'.
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