VALENCIA.- “Cuando llegamos, la CAM era un politraumatizado”. José Antonio
Iturriaga, administrador por encargo del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) de Caja Mediterráneo o, mejor dicho, del Banco
CAM tal y como se denomina tras la segregación de la obra social, no se
fue por las ramas. En la comisión creada por las Cortes Valencianas para
investigar qué pasó con una de las joyas del devastado sistema
financiero valenciano, explicó que con el cambio de dirección en 2001
—fecha en que llegó a ella Roberto López Abad— la entidad emprendió “una
huida hacia adelante”. Le llevó a un crecimiento del crédito de más del
300% y a una incidencia en el negocio del ladrillo tan agresiva que, de
53.000 millones de euros en préstamos concedidos, sólo 1.000 millones
eran ajenos al sector inmobiliario, revela 'El País'.
El administrador desgranó los males: una morosidad demasiado alta,
excesiva dependencia de los mercados mayoristas, “deficiencias
significativas” en el sistema de control... Los diputados se revolvieron
en sus asientos. Hasta el punto de que consideraron innecesario citar a
los otros dos administradores del FROB, Tomás González Peña y Benicio
Herranz. El 2 de mayo empezó un largo calendario de comparecencias al
que se han negado a someterse el gobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, y otros responsables del organismo supervisor,
pero por el que han pasado ya dos directores del Instituto Valenciano de
Finanzas para decir que no tenían competencias sobre la entidad.
Salvar la CAM, tras la intervención por el Banco de España en julio
de 2011, ha exigido del Fondo de Garantía de Depósitos una inyección de
5.249 millones. Y según Iturriaga, que citó el pliego de cargos del
Banco de España contra sus gestores (que pueden ser inhabilitados por 10
años), hubo “prácticas reprobables y no autorizadas”. A la espera de
que el Banco de Sabadell se haga cargo de la entidad, su actual
administrador anunció una demanda, cuyo ámbito no precisó, sobre los
directivos de la CAM “en fechas próximas” por las improcedentes
indemnizaciones que se aplicaron.
Tampoco se cortó Iturriaga al opinar que los consejos de
administración de las cajas, con el peso de la designación política de
sus miembros, “adolecen de falta de conocimiento, profesionalidad e
independencia”. Para ratificarlo, sólo hubo que seguir, en las sucesivas
sesiones de la comisión, las intervenciones de quienes formaban la
cúpula de la caja. “Representar institucionalmente a la entidad” era
toda la función de su cargo, declaró el presidente de la CAM, Modesto
Crespo, un hombre muy próximo al exjefe del Gobierno valenciano
Francisco Camps, ante unos parlamentarios que a duras penas contenían su
estupefacción cuando añadió que carecía de conocimientos financieros.
Por más que el socialista Ángel Luna, la diputada de Compromís Mireia
Mollà o el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró se esforzaran por
mostrar su incredulidad (el popular David Serra estaba más preocupado
por señalar al Banco de España y eximir a la Generalitat Valenciana de
cualquier interferencia), Crespo negó conocer cuánto cobraban los
directivos y dejó sin explicar por qué se autoconcedió retroactivamente
dietas de 300.000 euros en una empresa participada por la caja. Quien
presidió la CAM en un periodo en el que pasó de declarar 244 millones de
beneficios a finales de 2010 a 1.136 millones en pérdidas seis meses
después, echó balones fuera, pero dejó el más importante en el tejado de
la dirección general.
Su vicepresidente primero, Ángel Martínez, tuvo menos escrúpulos a la
hora de señalar con el dedo al director general. Aparte de atribuir su
desgracia, como todos los responsables de la CAM que han pasado hasta
ahora por la comisión, al fracaso del sistema institucional de
protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura (algo
que ocurrió porque el consejo de administración se negó a evaluar a la
baja los activos que la entidad alicantina aportaba al denominado Banco
Base), Martínez insistió en que todo lo que llegaba al consejo de la CAM
venía informado favorablemente por el equipo directivo encabezado hasta
2010 por López Abad y posteriormente por María Dolores Amorós.
“Nuestra
labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social”, alegó este
consejero de confianza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Tuvieron que recordarle (lo hizo el socialista Luna) que cobraba unos
100.000 euros anuales en dietas de empresas participadas por la CAM.
Benito José Nemesio, vicepresidente segundo, se escudó también en que
carecía de conocimientos para evaluar las operaciones que pasaban por el
consejo y Armando Sala, que fue vicepresidente antes de que lo
desplazaran por su adscripción zaplanista en las guerras internas del
PP, llegó a apuntar que las actas de los consejos no están claras. “No
se ajustan a la realidad”, señaló.
No es de extrañar que la expectación sea máxima para la sesión de la
comisión parlamentaria que se celebrará mañana, en la que están citados
López Abad y Amorós. En la sala todavía resuena la voz de Iturriaga, el
administrador, cuando afirmó tajante que la CAM no habría sobrevivido
aunque no se hubiera desencadenado la crisis económica global y que
habría arrastrado a sus socios si hubiera culminado la fusión fría en el
SIP.
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