ALICANTE.- El
Banco de España ha contratado a una consultora internacional para que
investigue a varios exconsejeros y directivos de Caja Mediterráneo
(CAM), así como a sus familiares directos, según explicaron el miércoles
ante el juez dos de los máximos responsables del servicio de Inspección
del regulador, Pedro González y Ángel Rico, y recoge Abc.
Aunque
esta investigación se ha hecho extensiva a los 49 ex altos cargos de
la CAM expedientados, sus conclusiones no han sido incorporadas al
expediente disciplinario instruido por el Banco de España. Por tanto,
los afectados desconocen los extremos del escrutinio al que han sido
sometidos, y no han tenido la posibilidad de rebatir sus conclusiones.
Así
se desprende de la declaración que Pedro González y Ángel Rico
prestaron el miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 48 de
Madrid, como imputados por un presunto delito de falsedad documental a
raíz de la querella que ha interpuesto contra ellos el presidente de la
comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés.
Ante
el juez, Pedro González confirmó que tras la interposición de la
querella el Banco de España inició una investigación sobre Avilés «y sus
familiares más directos». Ante el riesgo de que esta medida fuera
interpretada como una represalia contra el querellante, González añadió
que la investigación no ha afectado sólo a Avilés sino a «todos los
órganos de la CAM, como es habitual en estos casos». Por su parte, Ángel
Rico especificó que el Banco de España «ha encargado a una consultora
de nivel internacional un informe sobre todos los expedientados».
Según
las fuentes consultadas por Abc, técnicos de la consultora británica
PricewaterhouseCoopers han inspeccionado durante varios días los
ordenadores de numerosos altos cargos y empleados de Caja Mediterráneo,
incluyendo a jefes de servicio y directores territoriales. Estos
técnicos realizaron un volcado completo del disco duro de los
ordenadores investigados, con el fin de poder analizar posteriormente su
contenido.
Por
tanto, esta indagación ha sido más amplia que la desarrollada, también
por encargo del Banco de España, por la consultora Deloitte, que rastreó
el correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos de la caja,
como el ex director general Roberto López Abad, para detectar posibles
irregularidades en la gestión de la empresa participada Valfensal.
De
hecho, durante su declaración como imputados ante el juez, Pedro
González y Ángel Rico hicieron uso de una amplia información sobre los
movimientos de cuentas de las empresas vinculadas a la familia de Juan
Ramón Avilés, así como sobre los créditos que dichas sociedades han
recibido de otras entidades financieras. Datos, todos ellos, que son
ajenos al propio expediente disciplinario instruido por el Banco de
España. Ante el juez, ambos inspectores reconocieron que las dietas
cobradas por los miembros de la comisión de control de CAM habían sido
aprobadas por los órganos competentes.
No
obstante, Pedro González sostuvo que Juan Ramón Avilés incurrió en un
«fraude de ley» porque «no figura en ningún acta» el cobro de comisiones
por parte de los miembros de la comisión de control de Tenedora de
Inversiones y Participaciones (TIP).
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