miércoles, 31 de octubre de 2012

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras de CAM

MADRID.- La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras que realizó Caja Mediterráneo (CAM) a través de la sociedad Valfensal, participada en un 30 % por la entidad financiera y en un 70 % por los empresarios Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha llevado a cabo registros en Benidorm y Altea con el objetivo de obtener documentación de los domicilios particulares de los dos empresarios y de la principal oficina de Vanfensal, cuya sede social se encuentra sin embargo en Madrid.
La investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez se inició a raíz del informe encargado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Deloitte sobre las operaciones de CAM con Valfensal, que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, entre otros.
Según Deloitte, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, algunas de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en buena medida a la financiación sin condiciones de CAM, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad.
De hecho, en la documentación anexa al informe, CAM señala que el ex director general conocía a los propietarios mayoritarios de Valfensal desde la crisis de 1992 y que en 2004, cuando la entidad financiera creó TI Participaciones, "los clientes establecen contacto con Roberto López, Daniel Gil y Agustín Llorca para ofrecernos en (sic) los proyectos que van a desarrollar en América".
Entre 2004 y 2009, CAM financió con 194,56 millones de dólares a Valfensal para comprar en el Caribe el Hotel Sandos Caracol, el Hotel Playacar (antiguo Hotel Gala) y el Hotel Rivera, así como varias parcelas en Rivera Maya y República Dominicana.
Tras la concesión de los préstamos, CAM y Valfensal renegociaron la ampliación del período de carencia del capital, que quedó fijado hasta febrero de 2014, aunque el vencimiento se mantuvo en 2018.
Los registros fueron realizados el pasado 16 de octubre por la Guardia Civil sin que de momento el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, que lidera la investigación sobre las irregularidades cometidas por los antiguos gestores de CAM, haya imputado a los dos empresarios.

Los presupuestos de la Generalitat para 2013 caen un 9,08%, hasta los 13.940,45 millones, y la inversión baja un 42%


VALENCIA.-   Los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2013 a nivel consolidado --administración general, empresas y demás organismos dependientes-- caen un 9,08 por ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45 millones de euros, mientras que la inversión se reduce en un 42,1 por ciento.

   Así lo ha indicado el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos. Vela ha destacado que son unos presupuestos "elaborados para salir de la crisis", marcados por la "austeridad", así como "realistas y responsables" y, sobre todo, "sociales y comprometidos con las personas, que mantienen todas las prestaciones sociales".
   En el apartado de gasto, el capítulo I --personal-- cae "algo más del 6,6 por ciento", aunque aumenta su peso relativo en el presupuesto, y el II --gastos de funcionamiento--, con un 91,5 por ciento para políticas sociales, desciende un 1,64 por ciento.
   Los gastos financieros --capítulo III-- aumentan un 55,3 por ciento debido al "aumento de estos gastos por la situacion de los mercados de deuda, al mecanismo extraordinario previsto por el Gobierno central de pago a proveedores y, por último, causado por la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica".
   Por su parte, las transferencias corrientes --IV-- caen un 20,5 por ciento gracias a la "política de austeridad emprendida desde la Generalitat" y a su "política muy conservadora, pero que al mismo tiempo persigue la eficacia, en la concesión de subvenciones", mientras que las operaciones de capital --capítulos VI y VII-- caen un 20,6 por ciento.
   Por áreas, el gasto social representa el 88,9 por ciento del gasto total no financiero de las cuentas y, en concreto, Sanidad aglutina el 38,8 por ciento, Educación un 32,1 por ciento y Justicia y Bienestar Social un 7,4 por ciento.
   Según ha apuntado Vela, la mayor disminución corresponde a la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y el aumento a Gobernación, único departamento que crece.

El Consell augura un 2013 "de recesión" aunque "más suave" que la experimentada este año

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha manifestado este martes que "2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque será una recesión más suave que la experimentada en el ejercicio actual". 

   Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos, que caen un 9,08 por ciento a nivel consolidado, hasta los 13.940,45 millones de euros, y un 42,1 por ciento en inversiones.
   Vela ha destacado que los presupuestos para el próximo año "ponen los medios para contribuir a salir de la crisis, para que se abra la puerta al crecimiento económico y a la creación de empleo y, en definitiva, para que se abra también la puerta de la confianza de los ciudadanos, pese a que 2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque más suave que la experimentada en el ejercicio actual", ha dicho.
   El conseller ha repasado la coyuntura económica y las previsiones macroeconómicas a nivel internacional y europeo y, sobre la economía española, ha indicado que el Ministerio de Economía sitúa la tasa de variación interanual del PIB real en 2012 en -1,5% y en -0,5% en 2013, mientras que otros organismos auguran una contracción "algo más acentuada" del PIB español, del 1,8% en 2012 según la Comisión Europea, y del 1,6% y 1,5% según la OCDE y el FMI, respectivamente.
   Respecto a la economía de la Comunitat Valenciana, ha apuntado que, de acuerdo con el escenario previsto por la Dirección General de Economía y de la Universitat de València, "en términos reales, mostrará una contracción del 1,8% en 2012 y del 0,6% en 2013", con una aportación del sector exterior a ese crecimiento "positiva en 2012 y más aun en 2013, y superior a la de España".
   "Se espera que el pulso de la economía se recupere en la segunda mitad del 2013, como consecuencia de la capitalización del sector bancario", ha subrayado Vela, quien ha agregado que "se prevé que las medidas de política económica encaminadas en este sentido se llevarán a cabo entre finales de este año y principios de 2013".
   En ese contexto, la Generalitat ha elaborado unos presupuestos "para salir de la crisis, austeros", y en los que "las prestaciones sociales siguen siendo una prioridad para el Gobierno valenciano y se mantienen absolutamente todas ellas", en palabras del conseller, quien ha apuntado que "lógicamente, se enmarcan en el marco del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat".
   El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado que esas cuentas plasman su voluntad de "afrontar la complicada coyuntura actual con las medidas necesarias para cumplir con el objetivo del déficit, garantizar al mismo tiempo actuaciones que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y preservar las políticas sociales que todos los valencianos merecen".
   A su juicio, las administraciones públicas deben "ser sostenibles con el nivel actual de ingresos, que es mucho menor que el de hace unos pocos años, para poder contribuir a la salida de la crisis". 
"No se puede gastar lo que no se tiene, y a esa máxima se someten estos presupuestos", ha sentenciado Císcar, quien sostiene que cumplir el déficit "es garantía de sostenibilidad económica y financiera".
   Preguntado por si es partidario de continuar con la política de austeridad o considera que se debería relajar, Vela ha subrayado que "la austeridad no tiene por qué ser desfavorable al crecimiento económico" y que, ante la caída de ingresos, "se disminuye o se quita lo que se considera menos prioritario".
   No obstante, ha apuntado que "la austeridad tiene un límite" y que "a poco que se recupere la economía, los presupuestos de la Generalitat lo notarán". De hecho, no descarta que, en dos años, las cuentas del Consell puedan crecer en 1.500 millones de euros.
   Por otro lado, a preguntas por la recepción de las primeras cantidades del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha confirmado que efectivamente "llegaron ayer y hoy se efectúan ya los pagos", y que "todavía tiene que llegar una entrega en noviembre y otra entrega en el mes de diciembre" y que en 2013 se abrirá "un nuevo FLA".
   En cuanto al reparto de fondos de ese mecanismo, ha indicado que una vez descontada la cantidad para los vencimientos de comunidades autónomas, el montante restante se dedica a la segunda línea de liquidez y se reparte entre las autonomías adheridas al FLA.
   Además, ha explicado que esa cantidad a repartir se ve incrementada cada vez que se producen vencimientos de autonomías que no se han acogido al FLA y que, por tanto, no hacen uso de los fondos reservados a tal efecto. "A las comunidades autónomas del FLA les interesa que cuantos menos se acojan, mejor, porque la base a repartir será mayor para poder atender pagos", ha admitido Vela.
   En cuanto a la reivindicación de obtener más inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Císcar ha reiterado que hablan "continuamente y constantemente" con miembros del Gobierno central, incluido su presidente, al tiempo que ha remarcado que Mariano Rajoy "tiene sensibilidad con la Comunitat" y que, de hecho, "en menos de un año, ha hecho más que el otro en siete años".
   "Los presupuestos no nos gustan nada, pero los porcentajes no son equiparables porque la circunstancia era diferente", ha recalcado el vicepresidente, quien apunta que "si se hubieran tomado las medidas adecuadas, seguramente hoy habría más recursos".

Las farmacias de Valencia y Alicante cerrarán indefinidamente a partir del 5 de noviembre por los impagos del Consell

VALENCIA.- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y Alicante han aprobado por votación en sus respectivas asambleas el cierre indefinido a partir del lunes, 5 de noviembre, en el que cada día solamente abrirá al público una de cada tres farmacias, en turnos rotatorios, según han indicado fuentes del colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   Este cierre indefinido viene provocado por la situación de impagos por parte del Consell hacia las farmacias, que las han situado en una "dramática situación que les ha forzado al cierre indefinido", según han indicado estas mismas fuentes.
   El Consell adeuda a los farmacéuticos cinco meses y medio después de abonar medio mes de abril y otro medio mes de mayo con los fondos del FLA. Un hecho que según interpretan desde el Colegio de Farmacéuticos "nos deja igual que estábamos, ya que este miércoles se sumará otro mes a la deuda".
   Este lunes los farmacéuticos ya se reunieron ante la "situación extrema de liquidez" que afrontan estos establecimientos que "hace imposible el normal abastecimiento de medicamentos para atender a la población" y que califican de "auténtica emergencia", según indicaron en un comunicado.
   Los farmacéuticos han calificado de "incompresible" que la Generalitat valenciana haya incluido en el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "sólo una factura de las cinco y media que adeuda a las oficinas de farmacia", a las que este mismo miércoles "debe añadirse otra correspondiente a las recetas dispensadas en septiembre".
   Por ello, ante una situación "de auténtica emergencia", y para evitar el "colapso total" de la prestación farmacéutica en la Comunitat, el Consejo de colegios y Confar han decidido proponer los cierres indefinidos, que se realizarán "hasta que abone el importe total de la deuda de la Generalitat, o cuando una nueva asamblea decida suspender o cancelar la medida".

Castedo resalta que el proceso por su imputación no le quita trabajo ni dedicación hacia Alicante

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica del PP, Sonia Castedo, ha resaltado que el proceso abierto por su imputación en la pieza del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina no le quita trabajo ni dedicación hacia la ciudad, y ha subrayado que "nadie puede dudar" del tiempo que "dedica" al municipio.

   Castedo se ha expresado en estos términos tras la inauguración de una calle en honor al exobispo de Orihuela-Alicante Victorio Oliver y al ser preguntada sobre si la declaración de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, prevista para la próxima semana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su imputación en esta causa impide la "vuelta a la normalidad".
   En este sentido, la primera edil ha manifestado que ella vive "en la normalidad desde siempre", y ha incidido en que el proceso por su imputación --por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho-- no le quita "en absoluto trabajo".
   "Sigo con mi dedicación 16 horas diarias a esta ciudad y 24 horas si es necesario, y puedo asegurar que, por capacidad de trabajo, no tengo el más mínimo problema. Se pueden poner en duda muchas cosas, puedo gustar más o menos, pero nadie puede dudar del trabajo que hago en esta ciudad y de la capacidad y del tiempo que le dedico", ha subrayado.
   Así, ha recalcado que el pasado viernes, mientras asistía a un acto organizado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea) en la plaza del consistorio de la ciudad, varios miembros de la oposición estaban en una terraza de un establecimiento cercano. "Solamente tenían que girar las cámaras --dirigiéndose a los periodistas-- para ver donde estaba yo y donde se encontraba la oposición. Hay veces que una imagen vale más que mil palabras", ha señalado.
   En relación a la pregunta que el grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante trasladará al pleno de este miércoles sobre la posibilidad de que la primera edil presente su dimisión en caso de la apertura de juicio oral, Castedo ha indicado, en tono irónico, que desconocía qué contestar.
   "Nunca me habían hecho esa pregunta por parte de EU, no me lo habían preguntado nunca, tengo que meditar, mañana veré a ver qué contesto. Imagino que vosotros --refiriéndose a los medios de comunicación-- tampoco tendréis la contestación, como nunca lo he dicho. Podéis coger desde hace dos años hasta hoy y me imagino que podéis sacarlo en distintas modalidades", ha agregado.
   Igualmente, ha insistido en que no va a entrar en ese tema, y ha añadido que tiene "muchos problemas en la ciudad".
 "Estoy continuamente intentando sacar adelante proyectos y que la gente pueda ir consiguiendo poco a poco trabajo, y eso es lo que me importa a mí, al equipo de Gobierno y eso es lo que le importa a esta ciudad", ha destacado.
   "Los demás, los pajaritos cantan y las nubes se levantan, se lo dejo a quienes evidentemente ni tan siquiera son capaces de venir a rendir homenaje a una persona entrañable y que trabajó por los más desfavorecidos de esta ciudad y de esta provincia --en alusión al exobispo Oliver--. Estarán sentados en la plaza, en alguna cafetería", ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Alicante hará "toda la presión" que tenga que hacer para la activación de la Línea 2 del TRAM

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado este martes que el Ayuntamiento hará "toda" la presión que "tenga que hacer y más" para la puesta en marcha de la Línea 2 del servicio tranviario TRAM de la ciudad, que conectará el centro de la capital alicantina con la localidad de San Vicente del Raspeig.

   Castedo se ha expresado en estos términos tras la inauguración de una calle en honor al exobispo de Orihuela-Alicante, Victorio Oliver, y al ser preguntada por la citada infraestructura, y si por parte del consistorio se presionará para su activación.
   Así, ha indicado que mantiene conversaciones "de manera más que habitual" con la Conselleria de Infraestructuras, y ha apuntado que está "a la espera" de que le digan "definitivamente" fechas de puesta en funcionamiento del servicio.
   "¿Presión? Toda la que tengamos que hacer y más, pero porque tenemos muy claro que es la línea más importante, sin ninguna duda, y también la más rentable, por las conexiones que tiene", ha enfatizado, al tiempo que ha señalado que "por ahora" no dispone de ninguna novedad al respecto, si bien ha mostrado su esperanza en "tenerla en breve".
   "Estoy pidiendo todas las explicaciones que llevo pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no tengo ninguna última novedad. Además, no pienso decir nada de la Línea 2 hasta que no lo digan oficialmente y se diga desde donde se tiene que decir, porque ya van varias veces en las que se dieron fechas y no se cumplieron, por lo que evidentemente no voy a volver a dar ninguna fecha, y me imagino que cuando la dé será porque la línea estará en funcionamiento", ha manifestado.
   En relación a si opina que la Conselleria está haciendo todos los esfuerzos necesarios para esa apertura, ha resaltado que espera a recibir la respuesta y entonces dirá si "realmente" considera "que está haciendo todo lo que puede hacer o podría hacer más, pero primero quiero las contestaciones".
   Igualmente, ha explicado que hay un gasto por el mantenimiento de la infraestructura existente "que se tiene que estar llevando adelante", por lo que ha subrayado que el deseo municipal "es que se ponga en funcionamiento cuanto antes, si puede ser mañana que sea mañana".

El PSPV propone enmiendas a los PGE por 82 millones para mejorar los sectores económicos alicantinos

ALICANTE.-   Los diputados socialistas por Alicante en el Congreso, Herick Campos y Patricia Blanquer, han hecho públicas este lunes las enmiendas que realizarán a los Presupuestos Generales del Estado, de las que han destacado dos partidas que suman 82 millones de euros en beneficio de "los sectores económicos" de la provincia y a través del programa del Imserso, según ha informado en un comunicado la formación. 

   Campos y Blanquer han ofrecido este lunes una comparecencia, junto a la senadora del PSOE por Alicante, Encarna Llinares, en la que han calificado los presupuestos de Rajoy de "ineficaces para salir de la crisis, injustos e insolidarios", y han afirmado que las enmiendas que proponen desde el PSOE "evidencian" que el presupuesto de Rajoy es "malo para los sectores productivos".
   Al respecto, se han referido a una enmienda de 52 millones que "tendrían sus beneficios para los sectores económicos de las provincia", algunos de ellos basados en "convenios planteados con el gobierno socialista con financiación vía presupuestos generales", ha puntualizado Campos.
   También han aludido a otra enmienda de 30 millones para el Imserso con el fin de incrementar la partida "para aumentar y llegar a los niveles de oferta de plazas de antes de que el PP pasara de ser el defensor del turismo, a recortar por todos los lados".
   Del mismo modo, los diputados socialistas han propuesto recuperar los fondos de ayudas en agricultura, cuya eliminación ha supuesto que el Plan Zonal en la comarca alicantina de La Muntanya "se haya quedado sin fondos".
   El diputado socialista ha considerado que los presupuestos "en lugar de apoyar en industria, o al sector agroalimentario, o el turismo, lo que hacen es todo lo contrario: reducir ayudas, reducir impulso a estos sectores, algo ineficaz para salir de la crisis".
   Por otra parte, Campos ha invitado al presidente y vicepresidente de la Generalitat, Alberto Fabra y José Císcar respectivamente, a que "voten a favor de los 159 millones en infraestructuras, a favor de más de 1.000 millones de euros de forma extraordinaria gracias a las enmiendas socialistas".
   En ese sentido ha calificado como "bochornoso papelón" la actuación de Fabra y de Císcar en esta cuestión, y ha considerado que ambos dirigentes "han dicho que iban a presentar las enmiendas y, o no pintan nada o es que están de acuerdo con los presupuestos".
   La diputada Blanquer ha afirmado que el PSOE "piensa en las personas, en una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que sufren estos recortes", y por ello, presenta estas enmiendas. En este sentido, ha señalado que los presupuestos "son personas que sufren los recortes, los padecen en sanidad, en educación".
   Por ello, la diputada Patricia Blanquer ha insistido en pedirles a los diputados del PP "que sean valientes y que aprueben las enmiendas" que han presentado los socialistas, "porque son viables, y se plantean diciendo dónde quitar y dónde poner", ha señalado.
   Por su parte, la senadora socialista por Alicante, Encarna Llinares, ha afirmado que los presupuestos del PP "son totalmente injustos, no sirven para crear empleo y machacan de forma terrible a las personas que más necesidades tienen, a las personas más vulnerables, son los presupuestos de la desesperanza".
   Llinares ha subrayado las áreas de sanidad, servicios sociales e igualdad, sobre las que los socialistas han presentado 46 enmiendas por un importe de 1.545 millones de euros para toda España. No obstante, Llinares ha puntualizado que si se tiene "en cuenta" que la Comunitat representa "el diez por ciento del peso de población", le corresponderían "169 millones de euros y a la provincia de Alicante 62 millones".

martes, 30 de octubre de 2012

Los afectados por las cuotas participativas piden al juez Bermúdez el embargo del patrimonio de la Obra Social CAM

MADRID.-   La Plataforma de Afectados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que representa a los titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el embargo del patrimonio de la Obra Social de la entidad y de su oficina en Miami (Estados Unidos) para garantizar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento. 

   El abogado del colectivo, Diego de Ramón, ha realizado esta petición en el marco de la pieza separada en la que el juez Gómez Bermúdez investiga a los exdirectivos de la entidad por la venta de participaciones preferentes y en la que, según apuntó en septiembre pasado, la entidad podía ser responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron estos productos financieros.
   En un escrito, el letrado solicita al juez instructor que bloquee bienes de la entidad por valor de 17,10 millones de euros, al ser la cuantía que los miembros de la asociación habrían invertido en estos productos, y pide que se haga antes de que la obra social se liquide y disuelva.
   La Plataforma de Afectados, que ejerce la acusación particular, sostiene que sus representados fueron "estafados en los mercados bursátiles", ya que los balances de la CAM desde 2007 reflejaban "una apariencia de beneficios" que resultaron ser pérdidas cuando se produjo la intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.
    Esta parte justifica el embargo apuntando que el juez Gómez Bermúdez señaló en un auto dictado en septiembre pasado que la CAM sería "responsable civil subsidiaria" del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas".
   La entidad, que pertenece actualmente al Banco Sabadell después de que la adquiriera en subasta pública por un euro, es la perjudicada en lo relativo a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal que se imputan a sus gestores, según el citado auto del juez.
   El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, explicó el pasado 4 de octubre tras una manifestación celebrada en Alicante, que la Obra Social de la caja alicantina cuenta con un patrimonio de 80 millones de euros y señaló que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del que depende este organismo desde la intervención, pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".
   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".
   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

La Oficial de Torrevieja atribuye al exalcalde las instrucciones sobre el informe de contrata de residuos

VALENCIA.- La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja ha atribuido al exalcalde de la localidad y diputado en las Corts Valencianes, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.

   La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
   Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.
   Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".
   La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.
   Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.
   "Me llamó --el exalcalde-- y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.
   La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuloso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.
   A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.
   Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".
   Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.
   También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.
   Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".
   Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torrevieja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.
   Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.
   Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.

Fabra afirma sentirse "agraviado" después de que se hayan rechazado las enmiendas al PGE por 144 millones de euros

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reconocido sentirse "agraviado" después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas de los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013.

   Fabra ha realizado estas manifestaciones tras inaugurar las jornadas culturales y de convivencia de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA) en Valencia. El presidente ha indicado que entiende la situación del Gobierno "en cuanto a las dificultades económicas".
   El jefe del Consell ha explicado que estas dificultades se deben a la "herencia" que les dejó el PSOE. Por este motivo, estos presupuestos "no puedan ser ni expansivos, ni puedan cubrir todas las necesidades" de las comunidades autónomas, pero la Comunitat "se siente agraviada en cuanto a que no han respondido, al igual que en otras comunidades, a las necesidades que se podían tener".
   Fabra ha reconocido que estos presupuestos "no mejoran la situación" de la Comunitat Valenciana y ha anunciado que el Consell "seguirá trabajando con los distintos ministerios para ir resolviendo. a lo largo del año. esas carencias que creemos que tienen los presupuestos".
   El presidente cree que la clave es "seguir trabajando, esforzándose y llevar el mensaje y la reivindicación al Gobierno" para que durante el año "se sigan corrigiendo estas situaciones y puedan verse muchas de las cuestiones que estamos reclamando". Además ha destacado que desde la Generalitat se seguirá "en permanente contacto" con los distintos ministerios y la vicepresidencia para "reclamar aquello que consideramos justo para los valencianos".
   Fabra ha sido preguntado por su ha mantenido alguna conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que se hayan rechazado las enmienda. "He hablado con vicepresidencia y ministros, pero no con Rajoy", ha indicado. Al mismo tiempo ha adelantado que "se trabajará desde la compresión económica que tiene el país, pero también desde las necesidades que se tienen en la Comunitat para seguir generando confianza, posibilidades y oportunidades a nuestro pueblo".
   El presidente de la Generalitat ha instado al Consell a "trabajar con honestidad" y por eso se anunciaron enmiendas por valor de 144 millones de euros porque que "lo que tenemos que defender lo tenemos que decir". "Pretendíamos que se reflejara en los Presupuestos y además con mucho sentido común en aquellas cuestiones que se tenían que reflejar", ha añadido.
   Sin embargo, por parte del Gobierno ha habido un acuerdo de no modificarlo ante las dificultades del momento, pero hay que "seguir trabajando y reclamando ese dinero para corregir situaciones en las que creemos que nos tratan de forma injusta" a la Comunidad Valenciana. "Lo haremos todos los días y a todos los ministerios", ha agregado.
   Fabra considera que el camino para reclamar es "mantener los cauces establecidos para luchar por lo que se considere ante los ministerios".
 "Hay que decirlo y luego trabajar para que esos cambios se produzcan a lo largo del año", ha finalizado.

Ximo Puig afirma que el rechazo a las enmiendas a los PGE muestra la "absoluta incapacidad" y "nula influencia" de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que el rechazo en el Congreso de las enmiendas los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013, demuestra la "absoluta incapacidad" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su "nula influencia" en el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que "no solo no ha incorporado ninguna enmienda para aumentar las inversiones en la Comunitat, sino que incluso ha presentado propuestas que nos quitan dinero". 

   Puig, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con el secretariado de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, ha lamentado que los dirigentes populares "incluso se han atrevido a quitar más inversiones de un presupuesto ya ridículo". "El PP de Fabra nos ha arruinado y el de Rajoy está intentando dejar caer a la Comunitat de una manera definitiva".
   En este sentido, ha llamado la atención sobre una enmienda para la A-33 a su paso por Murcia, en el tramo Jumilla-Yecla, "que se refuerza mediante lo que se quita de la N-334, a su paso por Peñíscola-Benicarló-Vinarós, ya que, ésta pierde 4 millones de euros para 2014 y 10 para 2015", ha alertado.
   Ante esta situación, ha anunciado que el PSPV se dirigirá a todos los diputados y senadores del PP para que apoyen las enmiendas socialistas que buscan "mejorar las inversiones para la Comunitat". En concreto quiere aumentar el apoyo a infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, dar impulso a la reindustrialización de la región, la regeneración de las costas e iniciativas culturales.
   En su momento, los socialistas valencianos "apoyamos" las enmiendas del PPCV, "ahora les pedimos que hagan los mismo "si quieren defender los intereses de la Comunitat", ha instado Puig.
   Para el dirigente socialista, el Gobierno de Fabra es "el gobierno del despropósito". Tanto "la sociedad civil valenciana como los partidos políticos hemos coincidido en denunciar que son los peores presupuestos de la historia para nuestra Comunitat" y sin embargo, "lo único que se evidencia es que los presupuestos que está preparando (el ministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro serán aún peores que los del Estado".
   Además, se espera el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "como si fuera el Gordo de Navidad", cuando la realidad, "supondrá una hipoteca de casi 1000 millones de intereses" a partir del segundo año. Así, tras dos años de carencia, a partir de 2015 la Comunitat tendrá que pagar cerca de mil millones en intereses.
   A preguntas de los medios de comunicación, el líder de los socialistas valencianos se ha referido también a las declaraciones del secretario general del PPCV, Serafín Castellano, que este mismo lunes ha asegurado que "hay otras vías alternativas que no pasan por presentar enmiendas a los presupuestos". Al respecto, Puig ha señalado que espera que Castellano "crea en el sistema. Las vías de conseguir cambiar los presupuestos son a través de las enmiendas y la vía legislativa, no hay otro camino".
   A su juicio, si Fabra "tuviera vergüenza hubiera comparecido ante los ciudadanos y se hubiera rebelado ante la situación con la que ha dejado Rajoy a la Comunitat". Por ello, ha lamentado el "desnorte absoluto del PP" y ha advertido de que "no pueden plantear estos mensajes que lo único que hacen es debilitar el funcionamiento de las instituciones".

EUPV cree que Fabra ha sido "ninguneado" por Rajoy en los PGE y le insta a que los diputados del PP voten en contra

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, considera que el jefe del Consell, Alberto Fabra, ha sido "ninguneado, chuleado y desautorizado" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. 

   En este sentido, Blanco ha indicado que "si de verdad" Fabra "tuviera coherencia, haría lo mismo que hicieron con Zapatero: plantear en las Cortes una propuesta de reprobación y ordenar a los diputados valencianos que voten en contra de los Presupuestos del PP en el Congreso".
   Al respecto, ha advertido de que si el presidente de la Generalitat no hace esto, "es que no tiene ya credibilidad y, simplemente, llora para quedar bien ante los valencianos y valencianas, cuando lo que tendría que hacer es presentar su dimisión", ha manifestado en un comunicado.
   El diputado de EUPV ha tildado de "ridículas" las palabras de Fabra en las que afirma sentirse "agraviado" porque Rajoy no acepte las enmiendas presentadas por los diputados del PP a los Presupuestos.
   "Tenemos que recordarle al señor Fabra que el agravio no es para él, sino para todos los valencianos y valencianas, que vamos a sufrir una vez más una inversión de los Presupuestos Generales del Estado muy por abajo de la media del Estado", ha denunciado Ignacio Blanco.

Rubalcaba reconoce que el PSOE ha "descuidado" la Comunitat Valenciana

MADRID.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que el PSOE debe trabajar para recuperar su marca en algunos sitios, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, una comunidad que cree que el PSOE -"el de aquí, el de Madrid, no el valenciano"- ha "descuidado".

   En su opinión, para un partido que aspira a gobernar en España es preocupante tener resultados muy malos en algunos territorios, pero ha advertido que tanto o más "dramático" es lo que le pasa al PP en Cataluña y el País Vasco: "Para un país que tiene dificultades territoriales, que la derecha tenga malos resultados en Cataluña y el País Vasco no es buena cosa, algo le falta a la derecha española para entender lo que es España".
  

Exdirectivo de CAM critica "injerencias políticas" y dice que había "búsqueda de influencias y préstamos a amigos"

VALENCIA.- El ex director general de Participaciones Empresariales de Caja Meditarráneo (CAM), Joaquín Meseguer, ha señalado este lunes ante las Cortes Valencianas que en la caída de la entidad confluyeron diversos tipos de factores. Entre los que considera "enemigos", ha destacado la morosidad, el SIP con Cajastur y otras entidades y las "injerencias políticas". 

   Según ha asegurado, había "búsqueda de influencias", en materias como "obra social, recursos humanos, préstamos a amigos". Asimismo, ha destacado que la "pelea" por la renovación de órganos rectores de 2007 "quebró mucho la cohesión" y dio una "mala imagen" de la entidad. También considera que afectó a la caja las declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que dijo que la CAM era "lo peor de lo peor".
   Meseguer, que ha intervenido este lunes en la comisión de investigación de la CAM en las Corts, cree que también influyeron negativamente en la entidad alicantina la "debilidad" del gobierno socialista, "que retrasó los planes de saneamiento", y ciertos "errores propios", como "la falta de capacidad para encontrar acuerdos con otras entidades", entre otros.
    Joaquín Meseguer entró en la caja en 1975 y, tras varias responsabilidades, en 2007 fue nombrado director general de Participaciones Empresariales. En 2010, con motivo de la constitución del Banco Base y dado que tenía más de 55 años, le pidieron que se prejubilara. De este modo, fue después de su estancia en la caja, cuando ésta fue intervenida, lo que ha calificado como "la mayor sorpresa negativa" de su vida.
   Así, ha señalado que cuando se fue de la CAM "nada hacia sospechar" que fuera intervenida. Al respecto, ha dicho que tenía "dificultades" pero "como todas las entidades financieras" porque "había un problema sectorial importante que no se abordó en su momento", lo que produjo "una situación de debilidad en todas las entidades".
   El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM ha explicado que entre 2007 y 2010, cuando tenía ese cargo, su función era "auxiliar", puesto que "no estaba en el campo de batalla, no me dedicaba a áreas financieras, ni comerciales".  Así, haciendo un símil deportivo ha comentado: "Yo estaba dentro del equipo, pero no jugando el partido".
   Los diputados del PSPV Ángel Luna y de Compromís Mireia Mollà le han preguntado si se leyó el escrito del Banco de España de diciembre de 2010 en el que alertaba de irregularidades en la entidad, a lo que Meseguer ha respondido que "cuando las actas del Banco de España exigían ser leídas, se leían íntegramente". Además, ha afirmado que ante sus requerimientos se tomaban "medidas urgentes". Respecto a la ruptura del SIP de la CAM y Cajastur, entre otras entidades, ha dicho desconocer los motivos.
   Preguntado por los grupos parlamentarios por las remuneraciones, Meseguer ha asegurado: "En mi vida he sabido en que consistían mis derechos de remuneración". En este mismo sentido, ha aseverado que "nunca" ha participado "lo más mínimo" en la fijación de sus condiciones laborales.
   El diputado 'popular' Vicente Betoret le ha inquirido sobre si la deuda que la Generalita tenía con la caja influyó en la caída de la entidad. Meseguer ha contestado que no hubo "ningún impago" por parte del Consell y ha aseverado que la CAM llevaba "un absoluto control de todos los riesgos".
   Por su parte, el exdirector de Recursos de la CAM Vicente Soriano, que ha acudido a la comisión de investigación de las Corts a continuación, ha hecho un repaso por los cargos que ha ostentado en la caja, pero se ha negado a responder a los grupos parlamentarios por estar imputado en la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la entidad financiera.
   "Estoy imputado en un procedimiento en la Audiencia Nacional y en uso de los derechos que me otorga la ley y especialmente el artículo 24 de la Constitución, a mi pesar no podré contestar, al menos en este momento, a las cuestiones que me pudieran plantear", ha señalado.
   El diputado socialista Ángel Luna ha indicado que Soriano "ha sido el colaborador esencial de López Abad --que también se negó a responder-- en todo lo que ha hecho en la caja; ha sido el fontanero de lujo, por el sueldo, del director general de la CAM". 
Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha señalado que "es bastante decepcionante su actitud, pero al mismo tiempo muy reveladora", y ha dicho que es "activista y promotor de prácticas ilícitas en la CAM".
   Asimismo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la "falta de respeto" de Soriano, mientras que por parte del PP, Vicente Betoret le ha instado a "reflexionar" sobre su decisión de no responder a las preguntas. Soriano ha reiterado su negativa y ha señalado que "ojalá pueda contestar en un futuro próximo".
   Por otro lado, el presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha dado cuenta de la negativa de la CAM de enviarles informes periciales que han dado lugar a iniciativas de carácter jurídico penal contra antiguos miembros directivos porque, según la caja, esta documentación "se encuentra en posesión de la Audiencia Nacional". La comisión de investigación ha acordado emitir un nuevo escrito ante esta negativa.

La Diputación propone a las empresas tecnológicas de la provincia suministrar 'software' a los ayuntamientos

ALICANTE.-   La Diputación de Alicante ha propuesto a las empresas tecnológicas alicantinas que suministren programas informáticos --'software'--  a los ayuntamientos con el fin de acometer la "puesta al día" en gestión electrónica municipal a través del Plan de Modernización, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   Esta medida ha sido trasladada por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, el diputado de Modernización, Adrián Ballester, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Moisés Jiménez, a los empresarios de la Asociación del Terciario Avanzado, con quienes han mantenido una reunión para abordar las posibilidades de colaboración que ofrece el Plan Moderniza 6.0 con los 141 consistorios alicantinos.
   Pastor ha explicado que la idea es que las firmas tecnológicas de la provincia sean las proveedoras de programas informáticos de alta calidad a la Administración, al tiempo que ha subrayado que el Plan Moderniza 6.0 "se presenta como una plataforma para el desarrollo tecnológico de los ayuntamientos" de Alicante.
   Al respecto, la dirigente provincial ha emplazado a los empresarios del sector a que, "si tienen claro qué va a necesitar la Diputación en los próximos años e indican" al ente provincial "qué pueden aportar", habrán "dado un carácter pragmático a una relación hecha y pensada en la prosperidad", según ha puntualizado.
   Por su parte, el diputado de Modernización ha señalado que la administración electrónica se está implantando en la actualidad en 58 de los 141 municipios de la provincia de Alicante, y al respecto, ha destacado ante los empresarios que "es un hito" que en cuatro meses se haya iniciado este proyecto en el 41 por ciento de las poblaciones.
   Ballester ha recordado que en ese tiempo se han realizado 40.920 registros en los ayuntamientos alicantinos, anotaciones que "convierten toda la documentación de papel en electrónica"; de igual manera que se han tramitado 6.884 expedientes a través de ordenadores, "con el consiguiente ahorro en tiempo, espacio e impresión de papel"; y se han firmado 13.372 documentos de forma electrónica.
   De este modo, 174.000 ciudadanos de la provincia "ya tienen su ayuntamiento abierto las 24 horas del día" y pueden hacer cualquier trámite administrativo a través de Internet, ha indicado.
   El diputado ha explicado también que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elegido Alicante como provincia-piloto para aplicar el denominado Registro Electrónico Virtual, la nueva ventanilla única, que se aplicará en 54 ayuntamientos.
   La institución provincial alicantina impulsará de este modo la "creación y alojamiento" en la red de portales municipales donde poner a disposición de los vecinos aquella información del municipio que se estime relevante.
   Además se configura como una puerta de entrada a la sede electrónica del consistorio desde donde se ofrecerán los diferentes trámites municipales, "desde el pago de una tasa o el alta en el padrón", según ha puntualizado.

Unos 73.000 empleados del textil engrosan las listas del paro desde 2002, tras cerrar 7.000 empresas

MADRID.-   Unos 73.000 trabajadores del sector textil engrosaron las listas del paro desde 2002, tras el cierre de casi 7.000 empresas, cerca de la mitad de las contabilizadas ese año, cuando se registró el máximo de compañías dedicadas a este negocio, con un total de 16.185, según un estudio de EAE Business School. 

   La competencia internacional y en concreto los productos textiles más económicos procedentes de Asia y China ha generado el cierre de empresas entre 2002 y 2011 y como consecuencia el desempleo, con la mayoría de los afectados en las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía.
   En concreto, entre 2002 y 2007 cerraron 3.400 empresa de confección textil, el 21% del total, una situación que se pronunció entre 2007 y 2011, periodo en el que echaron el cierre cerca de 3.700 compañías.
   Las comunidades autónomas que más han visto reducido su volumen de empresas de confección textil entre 2002 y 2007 fueron Extremadura (36%), Aragón (35%), Navarra (35%) y La Rioja (31%), mientras que entre 2007 y 2011 aquellos que registraron mayor cantidad de cierre de empresas son Navarra (42%), Castilla-La Mancha (35%), Extremadura (34%) y Cataluña (33%).
   El gasto medio por habitante se ha reducido en un 22 por ciento entre 2007 y 2011, al pasar de 564,4 euros a 440 euros el pasado año, según revela el informe.
   La mayor reducción del gasto medio por habitante lo presentan las comunidades de Murcia, Castilla y León, y La Rioja, con disminuciones de 40,5%, 34,6% y 34,0% respectivamente. Aquellas comunidades autónomas que evidencian menores reducciones en su gasto medio por habitante son Extremadura y Canarias, con disminuciones del 8% y 9,2% respectivamente.
   País Vasco, Navarra y Cantabria son las que más gastaron en prendas de vestir en 2011, con 573,2 euros, 540 euros y 532 euros por habitante respectivamente. En el lado contrario figuran Murcia, Canarias e Islas Baleares, con 334,3 euros, 377,8 euros y 378,7 euros por habitante respectivamente.
   Respecto a la evolución del gasto textil en España hasta 2016, se espera, según el informe, que el consumo textil en España siga bajando hasta 2013 inclusive, y que a partir de ahí comience una recuperación en el nivel de gasto familiar que no será representativa antes de 2015.
   Así, se prevé que entre 2011 y 2016 el gasto global en prendas de vestir crezca un 10,8%, pasando de 20.308 millones de euros en 2011 a 22.509 millones de euros en 2016, al tiempo que el gasto medio por habitante crecerá un 8,5% entre 2011 y 2016, pasando de 440 euros a 477,6 euros.
   El gasto total en prendas de vestir por regiones en 2016 mantiene la misma concentración observada en 2011. Cinco comunidades concentrarán el 66% del gasto español: Andalucía (18,4%), Cataluña (16,7%), Madrid (14,5%), Comunidad Valenciana (10,2%) y Galicia (6,4%).
   Las comunidades autónomas para las cuales se espera que haya mayor crecimiento entre 2011 y 2016 son Murcia (36,5%), Castilla y León (20,2%) y Asturias (19,9%), mientras que aquellas que presentarán mayores reducciones serán Canarias (5,5%), País Vasco (3,5%) y las Islas Baleares (3,2%).

lunes, 29 de octubre de 2012

Hasta 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al ERE

ALICANTE.- Un total de 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad. La cifra supone un 63,6% del recorte total de 1.250 empleados de la plantilla pactado a mediados de mes entre los sindicatos y la dirección.

La semana pasada se celebró la primera comisión de seguimiento del expediente de regulación de empleo (ERE) en Sabadell-CAM, y ya se han adscrito voluntariamente 795 personas, según un comunicado de Sicam, sindicato mayoritario en el banco alicantino adquirido por el Sabadell.


En total, se han inscrito 665 trabajadores a las prejubilaciones, 495 de ellos mayores de 55 años en 2013, y otros 170 entre el colectivo que cumplirá entre 53 y 55 años en 2013. Con estas adscripciones, ya estaría cubierto el cupo de personas máximas prejubilables.


A ellos hay que sumar que 127 empleados menores de 53 años se han adherido a las bajas voluntarias indemnizadas, y otros tres a las extinciones de contrato con posibilidad de retorno.


A mediados de octubre y tras unas tensas negociaciones, la dirección de Sabadell-CAM llegó a un acuerdo ‘in extremis’ con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que finalmente afectará a 1.250 trabajadores, en vez de los 1.751 previstos inicialmente, incluidas 710 prejubilaciones.


La propuesta definitiva de la empresa fue suscrita por la totalidad de la representación sindical: Sicam-Sabadell, UGT, CGT, ALTA, CSICA, y Sindicato Vietnamita, aunque CCOO tiene que valorar el acuerdo.


El acuerdo contempla 710 prejubilaciones voluntarias. Los trabajadores que se acojan recibirán un 80% de salario neto hasta los 63 años, con un tope de 245.000 euros, que únicamente se concederá durante los 15 primeros días de adhesión a la medida. Este tope no incluye desempleo, ni aportación adicional periódica que se abonará en un solo pago. Transcurrido el plazo de 15 días, el tope bajará a 240.000 euros.


La adhesión voluntaria a las prejubilaciones comenzará con el colectivo que cumpla hasta 55 años en 2013 y se ampliará la oferta, a 54 y 53 años, hasta cubrirse el número establecido.


En el caso de las bajas indemnizadas, la empresa ofrecerá a los trabajadores con salarios inferiores a 30.000 euros anuales, 35 días de salario/año, con prima de adhesión de

10.000 euros (Mínimo de 30.000 euros). Para salarios a partir de 30.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión de 15.000 euros. Para salarios de más de 40.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión 15.000 euros. En todo caso, el tope máximo de indemnización se establece en 150.000 euros, y el mínimo en 30.000.

También se realizarán suspensiones temporales, en las que se dará en el momento de la adscripción 20 días salario por año trabajado, con un mínimo de 10.000 euros. En caso de no retorno por imposibilidad de la empresa, a los dos años, el trabajador recibirá una compensación económica por la diferencia entre la cantidad percibida y la cantidad que le correspondiera por despido improcedente, más una prima de 10.000 euros.

domingo, 28 de octubre de 2012

El PP seguirá permitiendo sueldos públicos desproporcionados en las diputaciones

MADRID.- La décimo novena Unión Intermunicipal que ha celebrado esta semana el Partido Popular ha servido para dejar claro lo que ya sabíamos. A saber, Mariano Rajoy y su equipo interpretan la reforma de la Administración Pública Local reforzando aquellas instituciones donde su presencia es mayoritaria.
En tanto que el PSOE y UPyD abogan por suprimir las diputaciones provinciales, los conservadores pretenden reforzar el ámbito competencial de una figura creada tras las invasiones napoleónicas. Esto implica más presencia en los órganos de poder, más influencia, más sueldos públicos para sus cargos electos, más subvenciones para los grupos populares, más asesores y cargos de confianza y más control sobre los presupuestos públicos, en este caso, sobre los planes provinciales, médula del gasto de las diputaciones. Además, no podemos olvidar que cada cargo aporta un porcentaje de su sueldo al PP, cifra que desconocemos pese a haber solicitado el dato a varios diputados, alcaldes y concejales.
El camino emprendido por el Gobierno seguirá permitiendo que muchos presidentes de diputaciones y otros cargos o asesores de las mismas perciban unos sueldos públicos totalmente desproporcionados con el resto de retribuciones de cargos públicos. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve cobra 14 pagas de 8.265 euros brutos, además de las dietas que percibe del Ayuntamiento de Martorell. El viernes, el director de Sueldos Públicos presentó un escrito por registro de entrada para solicitando los criterios utilizados para fijar unos sueldos que entendemos, a todas luces, fuera de lugar. No se entiende, por ejemplo que el jefe de Prensa, cargo de confianza, nombrado 'a dedo' cobre más de 70.000 euros brutos, cifra que supera lo que cobra un ministro. El presidente de la Diputación de Almería, el de Valencia o Zaragoza también son ejemplos de cargos que cobran más que Gallardón, Arias Cañete o De Guindos.
Los diputados provinciales no los eligen directamente los ciudadanos con su voto. Su elección es indirecta ya que son los propios concejales y alcaldes que han obtenido el respaldo de los votantes los que tienen la última palabra. Es decir, son los compañeros de partido los que deciden quién es diputado provincial.

Más competencias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta afirmó en la Intermunicipal que "se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice una prestación adecuada de servicios". "Hay que potenciar el papel de las diputaciones", ha subrayado.
Tras realizar un repaso al papel histórico de las diputaciones en nuestro país, Beteta insistió en que se necesita un modelo "que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de régimen local".
Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita "un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen".
  "Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público", sostiene.
Una supuesta supresión de las diputaciones debería venir acompañada de una fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Actualmente, en España hay 8.116 municipios.
El trabajo de las diputaciones es fundamental, pero ¿lo es es de sus cargos públicos?

Las EOI de la Comunitat cuentan con más de 2.800 plazas libres para este curso

VALENCIA.-   Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunitat Valenciana cuentan con un total de 2.831 plazas libres en los diferentes idiomas que se ofrecen en los 44 centros oficiales, del total de 74.109 plazas ofertadas para el presente curso académico, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Así, de este total de plazas ofertadas, un 3,8 por ciento están todavía sin cubrir y a la espera de nuevos procesos de matriculación durante estas semanas. Alrededor de 200 plazas libres corresponden al primer curso de nivel básico, de las que 61 son de valenciano, 34 de alemán, 30 de francés y 23 de inglés, los cuatro idiomas que suman más vacantes en los centros de la Comunitat Valenciana.
   Para el resto de niveles, que acumulan más de 2.500 vacantes, es necesario superar una prueba de nivel o estar en posesión del título necesario para acceder a ellos. La EOI que con más plazas cuenta es la de Alicante, con 685 vacantes entre todos los idiomas (inglés, alemán, francés, árabe, español, griego, italiano, portugués, ruso, valenciano y chino).
   Por su parte, la EOI de Valencia suma 347 vacantes en esos mismos idiomas excepto en inglés y en griego, mientras que los centros de Castellón cuentan con más de 150 plazas libres. En Utiel y los aularios de Chiva y Requena hay un total de 327 vacantes, mientras que la EOI de Torrevieja suma 306 plazas libres entre su centro y el aulario de Almoradí.
   La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha resaltado el incremento de la oferta de plazas realizado este año, con la creación de 12.539 nuevas plazas (6.468 plazas en el nivel básico, 4.296 plazas en el intermedio y 1.775 plazas en el avanzado), un 22 por ciento más que en el último curso, en el cual se matricularon 60.786 alumnos.
   "Hemos aumentado el número de plazas para estudiar idiomas en las EOI y seguiremos aumentándolo en los próximos cursos, en una apuesta por los idiomas como una salida profesional", ha apuntado Català.
   El número de plazas se ha incrementado en un 74,5 por ciento con respecto al curso 2007-08 y prácticamente se ha triplicado desde el año 1995, cuando el número de estudiantes era de 26.787.
   Para este curso las plazas que se ofertan alcanzan un total de 74.109 puestos para toda la Comunitat, de los cuales 34.651 serán en inglés (5.896 son nuevas plazas), 8.482 en alemán, 1.289 en árabe, 1.288 en chino, 2.584 en castellano para extranjeros, 12.100 en francés, 156 en griego, 4.438 en italiano, 983 en portugués, 816 en ruso, 3.018 en That's English y 4.304 en valenciano.
   En las EOI de la región 670 plazas vacantes de los idiomas inglés y francés para el curso 2012-2013, de las que 520 corresponden a francés y 238 a inglés. La EOI con mayor número de vacantes en ambos idiomas es la de Utiel, junto con sus aularios de Chiva y Requena, que suma 132 plazas en francés entre todos los niveles y otras 55 en inglés en nivel básico, segundo de intermedio y segundo de avanzado.
   En la provincia de Alicante, la EOI con más vacantes en estos dos idiomas es la de Torrevieja, que entre el propio centro y el aulario de Almoradí suma otras 132 plazas sin cubrir en estos dos idiomas. En francés cuenta con 64 plazas entre nivel básico y nivel intermedio, mientras que en inglés suma 68 entre ambos niveles.
   El resto de EOI y aularios suman en francés 329 plazas libres: en Quart de Poblet hay 79; en Alcoi, 65; en Elda, 64; en Valencia, 37; en Castellón, 31; en Dénia 31 y en Alicante 22. Además, Gandia y Xàtiva cuentan con algunas vacantes en este idioma. Por lo que respecta al inglés, Orihuela suma 40 vacantes, Castellón cuenta con 23, Elda tiene 17; Alicante, 16 y Crevillent, 10. Además, Llíria y Cullera cuentan con algunas plazas para estudiantes de este idioma.
   En el resto de idiomas quedan vacantes 784 plazas en valenciano, 462 en alemán, 187 en árabe, 165 en español, 158 en italiano, 147 en chino, 49 en portugués y 35 en griego.