ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
ha solicitado a la titular del juzgado de instrucción nº 1 de
Torrevieja, donde ejerce la jueza Iris Valero, todas las resoluciones sobre las escuchas practicadas al abogado Luis Alabarce para investigar su posible ilegalidad, según ha informado el letrado y fuentes del TSJCV.
Alabarce presentó una querella contra la jueza por un presunto
delito de prevaricación, y ahora la sala de lo Civil y lo Penal del
TSJCV --en la fase de deducción de testimonio de particulares-- ha
reclamado todas las resoluciones, antecedentes y actuaciones al juzgado
que guarden relación con el procedimiento de las supuestas escuchas
ilegales al letrado. Una vez contrastada la documentación, la sala
deberá decidir si hay indicios de delito y si admite a trámite la
querella, según fuentes del TSJCV.
El querellante acusa a la magistrada Iris Valero de un presunto delito de prevaricación por la intervención de dos líneas de teléfono que, según mantiene el afectado, "ha incidido en la vulneración de derechos fundamentales a la intimidad y defensa entre otros".
Según la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana y la denuncia y queja presentada ante el
Consejo General del Poder Judicial, la magistrada ordenó la intervención
de dos líneas telefónicas del letrado querellante desde el mes de
noviembre de 2009 hasta febrero de 2010.
En la querella, Alabarce acusa a la magistrada de un "desprecio hacia la profesión de la abogacía, la intimidad de las personas y el derecho de defensa" dada la activación "consciente y voluntaria" de la intervención de sus terminales telefónicos.
La jueza denunciada aprobó a instancias del equipo de delincuencia
Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil a través de sendos
oficios la intervención de dos líneas de teléfono, "con la única
finalidad de conocer los terminales telefónicos utilizados por quien los
oficios policiales decían era su cliente y principal sospechoso en una
investigación, que habitualmente se comunicaba con su letrado".
Según el querellante, el documento además delató la presunta "falta de rigor" en la administración del juzgado en cuestiones como fundamentos jurídicos a la hora de aprobar medidas "tan sensibles"
como la intervención de las línea y retrasos en la resolución de
cuestiones relativas a medidas cautelares respecto de algunas partes.
En este punto, hace hincapié en que incluso se incorporó a los
autos los CD con sus conversaciones profesionales y personales, además
de las trascripciones, "todo ello a pesar de que la única finalidad de
las intervenciones acordadas respecto del mismo, lo era para conocer los
teléfonos utilizados por su cliente y principal investigado".
La acusación califica la intervención de la magistrada como una "injerencia sin fundamentar y una forma desproporcionada en la vida, intimidad y profesión de las personas".
Además, supone como un "ataque a los valores mas básicos del
Estado de Derecho y de la abogacía, ya que pone en peligro y riesgo el
ejercicio de la profesión y en tela de juicio su crédito profesional y
expone a todos sus clientes cuyas conversaciones han sido escuchadas sin
limitación de ningún tipo ni pulcritud o control".
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