ALICANTE.- Un puñado de consejeros sin la cualificación
necesaria para interpretar los balances, que hasta el último momento no
fueron conscientes de la gravedad de la situación de la caja y que con
frecuencia aprobaban sin rechistar las propuestas que llevaban ante el
consejo los magníficamente remunerados directivos de la comisión
ejecutiva de la entidad, sintetiza 'Abc'.
Esta es la imagen que ha ofrecido la comisión
de investigación creada por las Cortes Valencianas para analizar la
quiebra que Caja Mediterráneo (CAM), a la espera de que la Audiencia
Nacional determine si los máximos responsables de la antigua caja de
ahorros de Alicante incurrieron en los presuntos delitos de estafa,
falsedad documental y apropiación indebida.
«No tuve conocimiento de irregularidades en la
caja porque no soy superwoman». Declaraciones como la que pronunció el
pasado 30 de mayo la ex consejera Rosa Ana Perán han hecho correr ríos
de tinta sobre la cualificación de los miembros del consejo de CAM. Pero
lo cierto es que los propios estatutos de la entidad establecían un
cupo del consejo a representantes de los clientes de la caja, a los que
no cabía exigir unos elevados conocimientos financieros.
Más chocante resultó que un empresario de éxito
como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique
Garrigós, sentenciara ante la comisión: «Soy un empresario normal y
corriente. No estoy preparado ni tengo tiempo para revisar los
balances».
Si algo ha aclarado la comisión es la (in)
competencia de sus exconsejeros para excusarse y eximirse de cualquier
responsabilidad. Eso, o que han seguido a pies juntillas la estrategia
aconsejada por sus abogados.
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