ALICANTE.- El juzgado de instrucción nº 6 de Alicante
ha rechazado reabrir la investigación por presuntas irregularidades en
la tramitación urbanística del Plan Rabasa y la implantación de
Ikea, al entender que no es competente y que debería instruirlo el
juzgado nº 5 que llevó la investigación inicial sobre las
irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluidas
en una ramificación del caso 'Brugal' y de las que ahora se encarga el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En un auto fechado el pasado 9 de enero, el titular del juzgado
nº 6 ha desestimado un recurso de reforma de Fiscalía contra una
resolución del 22 de noviembre de 2012 de este mismo órgano, en la que
rechazaba la petición de EUPV quien, a través de una denuncia por
presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en
la tramitación del Plan Rabasa, pedía que se reabriera el caso.
En ese escrito, EUPV pedía la imputación, entre otros, de la
alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de su antecesor en el cargo, Luis
Díaz Alperi, y del empresario Enrique Ortiz, imputados en la rama del
'caso Brugal' que se investiga en el TSJCV.
El juez ha rechazado el recurso del ministerio fiscal al reiterar
que el escrito presentado en su día por EUPV "no contiene hechos nuevos,
ni novedosos y porque considera que el juez competente en este caso es
el de instrucción nº 5, que fue quien, al asumir en su día el caso que
luego derivó al TSJCV, acordó intervenciones telefónicas y registros
domiciliarios.
Por ello, considera que es a ese juzgado "al que se debe acudir
para que remita testimonio si lo estima, pues en las presentes
diligencias previas, no hay nada, salvo el escrito resumen de una
investigación judicial que hace EUPV", y que, según recoge el auto, "puede no ser completo ni coincidir con el juez que la ha realizado".
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