VALENCIA.- El secretario de Infraestructuras y
Sostenibilidad del PSPV, Francesc Signes, ha presentado una proposición
no de ley en las Corts en la que solicita la liberalización parcial de
algunos tramos de la autopista AP-7, que actuarían como
circunvalaciones, en aquellos municipios afectados por obras en la N-332
en las provincias de Alicante y Valencia y en la N-340 en la provincia
de Castellón.
Así lo ha indicado Signes en un comunicado, en el que ha explicado
que el Gobierno central planificó la realización de estas obras para
mejorar y ampliar la capacidad de estas carreteras pero las obras se han
retrasado por la falta de dotación presupuestaria en 2012 y 2013, lo
que produce importantes "embudos" que en fechas de elevado tráfico, como
es la Semana Santa, "se hacen mucho más patentes".
Los socialistas reclaman también a la Generalitat que se dirija al
Gobierno para pedir la supresión de aumento del peaje de la AP-7 y
proponen recuperar e imponer los descuentos y bonificaciones aprobados
conjuntamente con la prórroga de la concesión que finaliza en 2019.
Signes ha destacado que el aumento del 8% del peaje "ha supuesto
un perjuicio para los empresarios del sector turístico de la provincia
de la Alicante y de la Comunidad en general". Además, ha remarcado que
"este hecho que afecta a la competitividad del sector, se hace extensivo
también a otros sectores de la economía alicantina, especialmente en
las comarcas de la Marina Alta y Baja, ya que no hay vía alternativa
para el transporte de productos agroalimentarios o industriales de sus
pueblos y negocios".
Asimismo, el PSPV reclama la liberalización completa de la AP-7 en
2019 ya que, según ha recordado Signes, la concesión de la AP-7
expiraba en el año 2006, pero el Gobierno central la amplió hasta 2019,
"lo que supuso restar competitividad a nuestras comarcas costeras
durante 13 años más".
"Esta prórroga incluyó una rebaja de tarifas y bonificaciones para
uso habitual que en este momento ha desaparecido", ha lamentado el
diputado socialista, que ha insistido en que la obra "ya está
amortizada, por lo que la empresa concesionaria no necesitaba ningún
incremento de ingresos para su mantenimiento ni para mantener puestos de
trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se están sustituyendo
trabajadores por máquinas de cobro".
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