ALICANTE.- Una veintena de miembros del colectivo Stop
Desahucios han accedido este miércoles a una oficina bancaria de
Alicante, en la que varios de ellos se han atado con una cuerda a una
columna interior y a un elemento de mobiliario, para reclamar un
interlocutor "válido" a través del que negociar cerca de 30 casos de
lanzamiento relacionados con la entidad, cuatro de ellos "urgentes".
La acción se ha iniciado sobre las 9.45 horas en el Portal de
Elche de la ciudad, desde donde varias decenas de integrantes de la
plataforma han desplegado una pancarta de color rojo con el lema 'Sin
acciones no hay soluciones', y han marchado hasta una sucursal situada
en el paseo de la Explanada de España, donde cerca de 20 de ellos han
accedido a su interior mientras un hombre se ataba con una cuerda en la
entrada.
Paralelamente, dentro de la oficina varios de sus compañeros han
hecho lo propio en una columna y en un mueble de la entidad, al tiempo
que otra decena de miembros del colectivo han permanecido junto a ellos
gritando mensajes como "sí se puede", "no son suicidios, son
asesinatos", o "este desahucio lo vamos a parar".
Finalmente, varios agentes de la Policía Nacional se han personado
en el lugar, y tras desatar al varón que se encontraba en la puerta han
entrado a la oficina. Así, tras aproximadamente 20 minutos, el resto de
participantes en la protesta han abandonado la sucursal de manera
escalonada y sin incidentes.
A su salida, el portavoz de Stop Desahucios, José María Copete, ha
explicado a los periodistas que la acción ha tenido por objetivo
solicitar un interlocutor "válido" a través del cual negociar cerca de
30 casos de lanzamiento gestionados por la plataforma y relacionados con
la entidad, de los que cuatro los ha calificado de "urgentes".
"Nos han
dicho que van a trasladar nuestra petición, y si no hacen caso, ahora
somos más fuertes y capaces, y seguiremos luchando", ha agregado.
Copete, que ha cifrado en cerca de 200 los afectados por
desahucios en la ciudad, ha recordado que tras permanecer 75 días
acampados frente a otra oficina de Alicante de esta misma entidad a
finales del pasado año, acordaron una figura negociadora "que no ha
funcionado".
"Se han reído de nosotros, una entidad corrupta,
incompetente, antisocial y antihumanitaria, que ha sido rescatada con
dinero público para seguir con actividad irresponsable", ha enfatizado.
Por otra parte, otro de los integrantes del colectivo ha tomado la
palabra para denunciar una "campaña de criminalización" contra las
plataformas que apoyan a los afectados por desahucios. "Es una
insensatez, son calumnias, intentan desprestigiarnos, decir que somos
violentos no tiene sentido", ha agregado.
Además, Copete, preguntado sobre las medidas que el Gobierno está
tomando en relación a la legislación contra los lanzamientos, ha
subrayado que reciben "con mucho escepticismo cualquier medida que PP y
PSOE" puedan tomar en este ámbito, ya que, a su juicio, "irán orientadas
a proteger los intereses privados y de la banca, y no a los
ciudadanos".
"La condonación de la deuda y la dación en pago son políticas de
mínimos", ha incidido, y ha solicitado la creación de un régimen de
alquileres sociales. "No pensamos que el Gobierno vaya a hacer nada,
pero nuestras manifestaciones tienen cada vez más fuerza, recibimos
mayor apoyo de la gente. Es el momento de la ciudadanía, el poder de los
bancos se va a acabar", ha afirmado.
Por último, ha presentado los casos de dos mujeres cuyos
lanzamientos se han fijado para los próximos 3 y 19 de abril. Una de
ellas es una ciudadana española de 32 años, sin hijos, que solicita la
condonación de una deuda de unos 70.000 euros, "que va subiendo", y que
actualmente se encuentra trabajando, aunque compró la vivienda con un
hermano suyo que sí que está desempleado. "Nos están ahogando, vamos a
estar atados a ellos de por vida, que nos dejen vivir", ha expresado.
La segunda afectada, que se ha mostrado bajo un evidente estado de
nerviosismo, es madre de tres hijas, de 10, dos y un año. Está en paro y
con su marido trabajando, y adeuda un importe aproximado de 18.000
euros. Igualmente, ha explicado que Stop Desahucios consiguió paralizar
un primer desalojo tras "hablar con un juez", si bien se ha fijado una
nueva fecha para el próximo 19 de abril.
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