lunes, 30 de septiembre de 2013

El Estado invertirá 605,8 millones en la Comunitat Valenciana en 2014, un 8,15% menos

VALENCIA.- El Estado invertirá 605,8 millones de euros en la Comunitat Valenciana en 2014, lo que supone un descenso del 8,15 por ciento respecto al ejercicio anterior, según contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este lunes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   De acuerdo con esos datos, el Estado invertirá 605,8 millones de euros en la Comunitat Valenciana el próximo año, el 6,2 por ciento de lo destinado a todas las comunidades autónomas, frente a los 659,55 millones que dedicó en 2013 a esta autonomía --el 6,2 por ciento del total regional-- tras la tramitación parlamentaria. Inicialmente, en el proyecto de presupuestos de 2013 le asignaron 654,45 millones, un 7,43 por ciento menos de lo consignado en el documento de 2014.
   En concreto, 570,47 millones de euros corresponden a inversiones por parte de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que los otros 35,34 millones se distribuyen entre el resto de ministerios.
   En 2014, las inversiones del Estado en las comunidades autónomas caen un 7,1 por ciento respecto a este año, con Asturias (-31,58%), Murcia (-26,96%), Cataluña (-25,46%) y Castilla-La Mancha (-19,75%) como las autonomías en las que más bajan, mientras que suben en La Rioja (42,33%), Navarra (39,46%) o Cantabria (24,22%).
   También bajan en Comunidad de Madrid (-12,75%) y Castilla y León (-12,11%), seguidas del descenso en la Comunitat (-8,15%), País Vasco (-7,74%), Baleares (-5,69%), Canarias (-4,79%) y Aragón (-1,52%).
   Por otro lado, la Comunitat Valenciana obtendrá 53,87 millones de euros de los Fondos de Compensación Interterritorial, un 12,7 por ciento del total, lo que representa una caída del 26 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2013 --cuando se le asignaron 72,83 millones de euros, el 12,9 por ciento del total--.
   Según las mismas fuentes, ese descenso del 26 por ciento se sitúa por encima de la disminución del 24,3 por ciento registrada por el conjunto de autonomías, y únicamente se ve superado por el 35,4 por ciento que pierde Canarias, hasta obtener 44,69 por millones; el 27,3 por ciento de Murcia, con 20,89 millones; y el descenso del 27,2 por ciento registrado por Galicia, hasta percibir 44,55 millones.

domingo, 29 de septiembre de 2013

Unas primeras encuestas arrojan la pérdida de las elecciones por el PP en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Alarma en la sede nacional del Partido Popular, y también en el Gobierno: en estos momentos el PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital .
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital , explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido.
El Partido Popular está movilizando a sus cargos territoriales para intentar frenar el desgaste electoral. La dirección nacional de los populares ha transmitido una orden clara, según ha podido saber el diario El Paísa las cúpulas autonómicas convocadas el pasado lunes en la sede del partido: trabajar desde ya mismo para evitar una debacle en las urnas. 
La secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el número tres de la formación, Carlos Floriano, trataron la acción política prevista para los próximos meses y la enfocaron para reforzar la presencia del partido en toda España.
A la gestión de la crisis económica, el caso Bárcenas o la deriva soberanista en Cataluña ahora se une la preocupación por el calendario electoral. El horizonte de las europeas en la próxima primavera y las municipales y autonómicas en 2015 ha desatado la alarma.

Movilización en todos los territorios
“Se trata de trabajar duro para lograr la movilización interna en todos los territorios”, resume un asistente a la reunión, citado por El País.
Los dirigentes convocados escucharon durante más de una hora la interpretación de la última encuesta del CIS —el PP lograría un 32,5% de los votos, lo que supone un descenso de más de 12 puntos en relación con los resultados de noviembre de 2011— por boca de Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera del presidente del PP, Mariano Rajoy.
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.


Leer más:  Alarma en Génova y el Gobierno. Sus encuestas pronostican que el Partido Popular pierde Madrid, capital y autonomía, y Valencia, capital y autonomía  http://www.elconfidencialdigital.com/politica/087369/alarma-en-genova-y-el-gobierno-sus-encuestas-pronostican-que-el-partido-popular-pierde-madrid-capital-y-autonomia-y-valencia-capital-y-autonomia#CIu3jBOvWCX73alL
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l PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.


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De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.


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De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital.
Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido, sino realizados por su cuenta por empresas externas, que formulan en sus macro encuestas preguntas políticas y sobre intención de voto, y que han pasado al partido los resultados alcanzados.
Los cuatro afectados
Según las conclusiones de esas encuestas, cuatro conocidos políticos se encuentran en dificultades, teniendo en cuenta que no revalidarían el cargo.
Se trata de Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; y Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana.
Adiós al Gobierno
Según esas fuentes, el análisis que se hace en la cúpula del partido, y también en el Gobierno, es que unos resultados tan negativos como los cuatro pronosticados anunciarían el final inevitable del Gobierno del Partido Popular.
Recuerdan que precisamente esas dos circunscripciones territoriales, Madrid y Valencia, fueron las que, en 1995, ‘lanzaron’ al PP hacia la victoria en las generales conseguida en 1996, con José María Aznar como candidato.
Así lo pronosticó Aznar tras ganar en esas comunidades y así se cumplió. Por tanto, las derrotas anunciarían el final del PP en el Gobierno, según el análisis que se hace en la cúpula del partido.


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lunes, 16 de septiembre de 2013

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.
   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.
    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".
   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".
   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".
   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.
   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.
   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.
   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".
   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.
    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".
 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.
   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.
   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".
   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

domingo, 15 de septiembre de 2013

Más de 500 ayuntamientos españoles, al borde de la bancarrota

MADRID.- Más de medio millar de ayuntamientos se asoman al avismo de la bancarrota, son los que han pedido el recate al Gobierno. Para sobrevivir se reinventan y tiran de cretatividad, y solicitan que a las arcas municipales se les exima de asumir competencias que no les corresponden. Al otro lado de la balanza, casi 3.500 ayuntamientos con beneficios.

Con 2.023.000 euros de deuda y sólo 250 habitantes, Aguilar de Segarra, en Barcelona, es, para sorpresa de sus vecinos, el segundo Ayuntamiento más endeudado de España. Pero según su consistorio, no necesitan ningún rescate. "El lunes pasado pagamos todas las facturas que habían entrado al ayuntamiento hasta ese día", señala el teniente alcalde, Pere Aliaguilla.

Porque a pesar de la crisis, este pueblo vio la luz con este huerto solar que deja en las arcas municpales entre 500.000 y 600.000 euros anuales.
El derroche ha llevado a 536 municipios a acogerse al plan urgente de rescate del Gobierno y a tirar de inventiva para cuadrar las cuentas.
A eso suma una bajada de un 80% en la factura de la luz con farolas de bajo consumo, y más de 1200 euros llevan ya ahorrados este año en la recogida de basura con el compostaje casero.
Los alcaldes creen que si las subvenciones fueran más flexibles tendrían menos problemas. Un cambio en la ley de financiación local daría un respiro a los 536 ayuntamientos al borde de la bancarrota.

La cronología de los ERE en las cajas: de las jugosas prejubilaciones a los despidos con 20 días por año

MADRID.- Con la negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa, se completa la segunda ronda de despidos acometida por las entidades en manos del Estado -Bankia, Novagalicia y la catalana-, si bien las condiciones ofrecidas a los afectados varían mucho entre el primer proceso y este último. De generosas prejubilaciones e indemnizaciones de 45 días por año, a la amenaza de aplicar a rajatabla la reforma laboral (20 días por año y 12 mensualidades) que ha puesto sobre la mesa el banco que preside José Carlos Pla.

Sólo entre estas tres entidades se acometerá, una vez que el proceso llegue a su fin, un recorte de más de 16.000 empleados. El mayor ajuste ha sido el realizado por Bankia, un total de 8.200 empleados que suponen casi un 35% de la plantilla que acumularon las siete cajas de ahorros en el momento de su fusión.

A principios de febrero, la entidad acordó con los sindicatos un recorte de 4.500 empleados. Las medidas de salida se concretaron en diversas modalidades de bajas incentivadas que se segmentan en función de la voluntariedad, edades y la evolución del plan de recolocación. No obstante, la media se situó en 30 días por año trabajado, con el límite de 20 mensualidades.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, a unas condiciones sensiblemente mejores. Así, los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.

También en febrero, Novagalicia acordó un ERE para 1.850 empleados de los cuales un máximo de 455 pueden acogerse a prejubilaciones cobrando el 80% de su sueldo. El resto del recorte de la plantilla se acometerá a través de bajas incentivadas, con unas indemnizaciones de 30 días por año, con un máximo de 22 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. En ningún caso la indemnización podrá superar los 250.000 euros.

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova provocó un primer ERE para 1.200 empleados, que se llevó a cabo principalmente a través de prejubilaciones de mayores de 55 años que recibieron un 85% del sueldo. En julio de 2011 anunció un nuevo ERE para 350 empleados, a los que se sumaron luego otros 700. En estos casos las indemnizaciones fueron las más generosas hasta el momento, de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En total, los casi 8.000 empleados con los que contaban las cajas gallegas se han reducido a la mitad.

El último ajuste pendiente es el de CatalunyaCaixa, en la que la dirección ha planteado como propuesta 2.453 despidos con el mínimo legal permitido, es decir, 20 días por año y 12 mensualidades.

La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas. El recorte total podría alcanzar a más de 4.000 empleados, de los alrededor de 8.500 que había en la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa son las tres entidades actualmente en manos del Estado, y también las que más ayudas públicas han recibido. En total, Bankia ha recibido 22.424 millones, por los 12.052 de la catalana y los 9.052 de la gallega.

jueves, 12 de septiembre de 2013

El Banco de España advirtió a la CAM de su gran concentración inmobiliaria en 2004, 2005 y 2006

VALENCIA.- El exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Julián Atienza ha afirmado que el Banco de España (BdE) hizo constar "al menos en tres ocasiones" a los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) que "tenía gran concentración en el sector inmobiliario", en 2004, 2005 y 2006, así como de los "efectos que podía tener" para la entidad esa importante exposición al riesgo inmobiliario.

   Así lo ha señalado el primer director general del FROB desde su creación en junio de 2009 hasta su renuncia en septiembre de 2011 durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes, por la que ha pasado a continuación su sucesor, Mariano Herrera, quien ha repasado el proceso de venta de la entidad.
   A preguntas de los grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV-- por la labor de supervisión e inspección de las cajas realizada por el Banco de España a la vista del "panorama desolador" descubierto después, Atienza ha remarcado que la CAM presentaba "cuentas buenas", en las que "se veía que había una concentración importante en el sector inmobiliario y así se le hizo constar al menos en tres ocasiones a sus administradores".
   El que fuera director del Departamento de Inspección de Cajas del Banco de España de 2004 a 2008 ha asegurado que, de 2004 a 2006, instaron a los dirigentes de la CAM a que "tomaran medidas", pero "no es que no hicieran caso, es que hacían todo lo contrario" y que, de hecho, el peso inmobiliario aumentó del 20 al 25 por ciento y después al 30 por ciento en ese período.
   Además, ha recalcado que el BdE "no ha discriminado nunca a una entidad sobre otra", sino que "los criterios siempre han sido homogéneos", si bien "puede haber unos inspectores más duros y otros menos duros porque no hay dos profesionales que sean iguales", pero "eso no se manda a propósito".
 "Hay una circular de criterios contables que se tiene que aplicar", ha subrayado.
   Atienza ha destacado que "el principal responsable de cada entidad es el consejo de administración, que es el que ha decidido concentrarse en un sector y se ha equivocado", con independencia del papel de los supervisores, quienes se concentran en la solvencia de estas entidades y tuvieron que intervenir porque "no se puede dejar caer un sector financiero".
   En la misma línea, ha defendido que "la supervisión está para evitar crisis sistémicas", no de entidades concretas, fundamentalmente porque "no hay medios humanos" para realizar una inspección exhaustiva continua de todas las entidades, sino un "seguimiento trimestral de balances" para, en función de sus resultados, decidir "qué inspecciones se van a hacer".
   En cuanto al papel de la Generalitat y los contactos con los consellers de Economía por los que se interesaban el socialista Ángel Luna y Mireia Mollà, de Compromís, ha indicado que no tuvo "ninguna conversación" con el Gobierno valenciano, salvo un contacto con el exconseller José Manuel Vela, con quien coincidió cuanto se intervino la CAM y se "saludó".
 "Qué hacía Vela en la CAM, no lo sé", ha confesado ante las preguntas de la oposición por ese encuentro.
   El representante de EUPV Lluís Torró le ha preguntado por "irregularidades" detectadas en la CAM como "sueldos mal regulados, excesivos para administradores, que no correspondían", a lo que Atienza ha replicado que "era un tema en el que el Banco de España no entraba porque se entendía que era competencia de las comunidades autónomas", mientras que el organismo estatal "era supervisor de la solvencia y de las normas establecidas para los bancos".
   A preguntas de Vicente Betoret (PP) por esa competencia autonómica sobre los sueldos de los administradores, Atienza ha insistido en que "eran competencia de las comunidades autónomas" dado que hubo un "conflicto competencial" y "el Tribunal Supremo dictaminó que el Banco de España tenía competencia sobre la solvencia y se puede interpretar que -el tema de los sueldos-- era competencia de las comunidades autónomas".
   En cuanto al proceso seguido con la CAM, el ex director general del FROB ha detallado los pasos dados y ha insistido en que el SIP para la creación de Banco Base "se rompió porque no se pusieron de acuerdo sus miembros" y en que "era mucho más económico vender la CAM que liquidarla".
   Sobre esta cuestión, Mariano Herrera ha cifrado el coste de la venta a Banco Sabadell --al que adjudicó la entidad alicantina por un euro-- en "unos 8.000 millones de euros", 5.249 millones correspondientes a la inyección inicial de capital y "2.600 o 2.700 de pérdida esperada" por el esquema de protección de activos establecido para un período de diez años.
   A su juicio, "es un coste enorme, pero muy inferior al de una liquidación", que se estimó por parte de los expertos independientes en "entre 16.500 y 19.500 millones de euros".
   A preguntas de la oposición, ha recalcado que esa adjudicación "se diferencia en todo de un regalo" porque el Sabadell requirió esos fondos "para que la operación pudiera ser factible", al entender que "el deterioro de los activos de CAM era tal que los pasivos eran muy superiores y para que compensara, necesitaba eso".
   "El FROB está vendiendo un banco, que son unos activos y pasivos, y si los pasivos valen más, hay que pagar la diferencia, eso no es un regalo y la prueba es que ninguna otra entidad hizo una oferta", ha sentenciado Herrera, quien "desearía que hubiera habido mejores ofertas".
   Sobre la posibilidad de que las declaraciones de Fernández Ordóñez acerca de que "la CAM era lo peor de lo peor" influyesen en el proceso, ha subrayado que "estas entidades no se basaban a la hora de hacer ofertas o en un conocimiento superficial y en alguna frase que han oído, sino en un análisis a fondo de todos los activos, pasivos y contingencias de la entidad".
   Por otro lado, ha asegurado que "es mucho más difícil que los supervisores vean cosas que son indicio de delito porque no es su función, que es la solvencia, y no es lo mismo ser supervisor que administrador de una entidad". 
Así, ha explicado que "el FROB --y no el BdE-- es el que tiene acceso a toda la información", incluida alguna "muy útil" en este sentido como "correos electrónicos y otros papeles que no se entregan al Banco de España y otros supervisores".

El Ministerio de Medio Ambiente no subirá el precio del agua que llega por la MCT

MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha trasladado a los alcaldes de Murcia, Lorca, Cartagena, Alicante, Elche, así como a los miembros del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que "no se realizará el incremento del precio del agua y se paralizará cualquier actuación".

   Así lo ha comentado en un contacto con los medios el alcalde de Murcia, el oriolano Miguel Ángel Cámara, quien ha asegurado que Ramos se comprometió también en dicha reunión a "estudiar las propuestas y trabajar en una global que contemple todos los aspectos relacionados con los abastecimientos de agua".
   En dicho encuentro, celebrado el martes en Madrid y al que también acudió la directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, se solicitó la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma, "motivada por la entrada en funcionamiento de las nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas", ha explicado Cámara.
   Al hilo, Cámara ha comentado que el secretario de Estado de Medio Ambiente "se mostró receptivo y entendió el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión".
   Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Zapatero "obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante".
   El acuerdo, ha mantenido Cámara, "supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de dos millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones".
   "Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos", ha asegurado Cámara.
   Y es que, ha criticado, "se ha pretendido trasladar los costes de las infraestructuras de la desalación solo a los usuarios del agua de Alicante y Murcia"; algo que, a su juicio, "no era justo, porque es una infraestructura general no necesaria, construida por un capricho del Gobierno del PSOE contra las regiones del Mediterráneo".
   "Si es una actuación de Estado es una infraestructura estatal y debe ser financiada con la solidaridad de todos los españoles, como ha ocurrido con otras infraestructuras y desaladoras de las mismas características, como Cataluña, financiada con fondos generales y pedíamos ese mismo trato", ha subrayado Cámara.
   De ahí que los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT manifestaran al secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.
   Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Murcia.
   Los alcaldes han remarcado, además, a Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia "ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito".

martes, 10 de septiembre de 2013

Los alcaldes solicitan la modificación del convenio entre MCT y Acuamed para reducir el precio del agua desalada

MURCIA.- Los alcaldes de los municipios con mayor población abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla han solicitado este martes la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma. 

   La petición se ha producido esta tarde, en la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, a petición del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
   A la misma han asistido el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, las alcaldesas de Alicante, Sonia Castedo; Cartagena, Pilar Barreiro; y Elche, Mercedes Alonso; así como el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el presidente de la MCT, Adolfo Gallardo.
   Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Rodríguez Zapatero, obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante.
   El acuerdo, ha mantenido Cámara, "supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de dos millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones".
   "Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos", ha asegurado Cámara.
   Los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT han manifestado al secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.
   Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Murcia.
   Los alcaldes han remarcado, además, a Federico Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia "ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito".
   En este sentido, han reiterado también que la MCT nunca se ha financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino por los recursos generados por los usuarios. De esta forma, alicantinos y murcianos han amortizado y costeado todas las infraestructuras destinadas al abastecimiento de agua potable sin necesidad de recursos externos.
   "Obligarnos a asumir costes derivados de decisiones políticas sectarias y partidistas promovidas por los gobiernos socialistas sería un atropello para los habitantes del Sureste, simplemente por vivir en una de las zonas de mayor actividad económica y riqueza del territorio", han concluido.
   Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha mostrado receptivo y ha entendido el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión, a quienes ha manifestado su disposición a estudiar la propuesta y no adoptar ninguna decisión hasta que se elabore una propuesta global. De este modo, según han informado las mismas fuentes, el posible incremento del precio provocado por las desaladoras no se llevará a efecto.

Banco Sabadell ampliará capital en hasta 1.400 millones de euros tras adquirir la CAM

MADRID.- Banco Sabadell anunció este lunes una ampliación de capital de entre 1.300 millones y 1.400 millones de euros, tras adquirir la CAM, y así reforzar su solvencia y dar entrada a nuevos accionistas internacionales significativos.

La operación permitirá al inversor financiero colombiano Jaime Gilinski convertirse, a través de su vehículo de inversión Itos Holding, en el principal accionista del banco con alrededor de 5 por ciento de la entidad, según fuentes cercanas a la operación, y al fondo estadounidense Fintech en un inversor de referencia.
La entidad señaló que adoptó esta ampliación de capital "tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial".
El anuncio de esta operación llega en un momento en el que la solvencia de la banca se ha convertido en una de sus principales prioridades antes de afrontar en 2014 una prueba de resistencia en Europa.
Sabadell señaló que la operación le permitirá reforzar su balance tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) por encima del 11 por ciento.
En junio de 2012, el Gobierno español solicitó un crédito europeo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española repleta de activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, de los que ha recibido hasta las fecha 41.300 millones de euros.
Además, la banca española afrontará a finales de septiembre un ejercicio de transparencia en el que deberá incrementar las provisiones para afrontar la correcta reclasificación de los créditos refinanciados, considerados en el mercado como una fuente de pérdidas ocultas de la banca española.
En un intento por mejorar la transparencia y generar más confianza entre los inversores, Banco Sabadell desveló el lunes los resultados de una prueba de resistencia independiente encargada por el propio banco a la consultora Oliver Wyman.
La prueba de resistencia realizada en julio y septiembre contiene distintos escenarios macroeconómicos para el período junio 2013 a diciembre de 2016.
Según las conclusiones de este informe fechado el 6 de septiembre y divulgado el 9 de septiembre por la propia entidad, en el escenario central Banco Sabadell arrojaría unas pérdidas acumuladas en la cartera crediticia de 11.600 millones de euros y en la cartera de activos adjudicados un quebranto de 7.400 millones de euros.
En el escenario más pesimista, la entidad registraría unas pérdidas de 14.300 millones de euros en su cartera crediticia y 8.700 millones de euros en la cartera de activos.
Según este informe, la entidad lograría un exceso de capital de capital de 5.800 millones en el escenario central y un superávit de solvencia de 2.400 millones de euros en el escenario pesimista sobre un requisito de capital core Tier-1 (mide el nivel de solvencia de las entidades) sobre activos ponderados por riesgo del 9 por ciento para ambos escenarios.
Sabadell explicó el lunes que el primer aumento de las dos operaciones de capital se compone de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones de euros (275 millones corresponden a Itos Holding del inversor colombiano y 150 millones de euros a Fintech Investments). Esta operación se realizará a un precio de 1,64 euros por acción, lo que implica un descuento del 8,9 por ciento respecto al cierre de mercado del lunes de 1,801 euros.
Este primer aumento se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding) e incluye 30 millones de acciones propias exclusivamente a inversores cualificados.
El número máximo de acciones objeto de la colocación acelerada asciende a 396,3 millones de títulos. Asumiendo su completa colocación, la ampliación supondría un 13,36 por ciento de Sabadell antes de la colocación acelerada y un 11,89 por ciento con posterioridad a esta operación.
El segundo aumento de capital, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación.
En la segunda ampliación, las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.
En este tramo de la ampliación, el descuento asciende a casi 39 por ciento sobre el cierre del lunes.
Las acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.
La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International, indicó Banco Sabadell.

lunes, 9 de septiembre de 2013

La Subdelegación del Gobierno prohibe la cadena humana prevista en Guardamar al no comunicarla en tiempo

ALICANTE.- La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha denegado a Acción Cultural del País Valencià la celebración de una nueva cadena humana 'Per la llengua i la llibertat' prevista en la localidad de Guadamar del Segura ya que se considera "no comunicada" porque se incumplió "notoriamente" el plazo establecido en la legislación para hacerlo y porque la persona física que realizó la comunicación no acreditó la representación que afirmaba ostentar.

   Así consta en la resolución de la Subdelegación ,con fecha de este jueves, donde se especifica que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas desde la notificación.
   ACPV anunció el pasado viernes una convocatoria para este martes, a las 17.07 horas, de una cadena humana 'Per la llengua i la llibertat' en Guardamar, "el último pueblo donde se habla valenciano, en el extremo meridional de los territorios de habla catalana".
   Según informó la entidad, además de la cadena humana, para la que preveían facilitar automóviles desde Crevillente y Elche para quienes quieran participar, realizarían una concentración en la Plaza Jaume II, en el Monumento a la cultura y lengua común.
   En la comunicación, con fecha del viernes 6 de septiembre y firmada por un representante del Casal Jaume I de Crevillent-ACPV, se hacía constar la intención de la entidad de realizar una cadena humana "valenciana" para la "reivindicación del valenciano, lengua común y compartida con Catalunya y las Islas Baleares, como lengua vehicular en todos los ámbitos de la administración pública y, además, expresar de manera pacífica y alegre la necesidad de profundizar en el autogobierno de los valencianos".
   Igualmente, se señalaba la voluntad de defender "la libertad del pueblo valenciano de expresar de manera democrática el grado de autogobierno que desee lograr y la solidaridad con el resto de pueblos que se encuentran en una situación igual o parecida".
   En la resolución, el subdelegado del gobierno en funciones, dispone que, a raíz del escrito recibido, se considera "no comunicada" la reunión ya que el plazo previsto en la legislación "ha sido notoriamente incumplido" y añade que no se acredita por la persona física que realiza la comunicación la representación "que dice ostentar".
   En este sentido, se señala que el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83 establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se deberán comunicar con una antelación de diez días naturales "como mínimo" y 30 "como máximo". Si se trata de personas jurídicas, la comunicación deberá hacerse por su representante. En el caso de que existan causas "extraordinarias y graves" que justifiquen la "urgencia" de la convocatoria, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas.
   Subdelegación comunica a los organizadores o promotores de la concentración que, según la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo la norma 9/1983 que regula el derecho de reunión es "responsabilidad de los organizadores o promotores" y constituye una infracción grave o muy grave a la norma.

Economía licita por 478.950 euros el stand de la Comunitat en Fitur 2014, un 5% menos

VALENCIA.- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este lunes la licitación de la fabricación y montaje del stand de la automía en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2014 por un importe de 478.950 euros más IVA.

   Así lo ha señalado la Conselleria de Economía, que ha resaltado que el valor estimado del contrato del anuncio de este año reduce en más de 30.000 euros el importe máximo de licitación del stand de la Comunitat Valenciana de la pasada edición, en concreto un 5 por ciento menos con respecto al presupuesto de licitación para el stand de Fitur 2013.
   El anuncio de licitación se publicó el pasado 28 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y, tal y como publica hoy el DOCV, los interesados pueden presentar sus solicitudes durante los 40 días siguientes a la publicación del anuncio en el DOUE, es decir, el plazo finalizará el próximo 5 de octubre.
   Este anuncio de licitación comprende la creatividad, el diseño, el proyecto técnico, la construcción, la instalación, la decoración, el transporte, el montaje, desmontaje y mantenimiento del stand ferial para la presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo, Fitur'14.
   La Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo pretende "priorizar en su política turística de cara al ejercicio del año que viene, todas aquellas acciones claves y estratégicas para el sector turístico, y que además supongan un incremento en las oportunidades de negocio para las empresas turísticas", subrayan desde este departamento.
   Por ello, la próxima edición de Fitur 2014, que tendrá lugar del 22 al 26 de enero, la Comunitat Valenciana asistirá con un stand más tecnológico y con un mayor enfoque a la zona de negocio.
   Para la próxima edición del certamen, la Conselleria apuesta "por un uso eficaz del stand, aumentando su uso profesional, la orientación al cliente final y a todas las empresas de touroperación interesadas en comercializar la oferta turística de la Comunitat Valenciana".
   En 2014 la Comunitat Valenciana seguirá participando con un único stand para todas las marcas, con el objetivo de presentar una imagen como destino más potente y, además, evitar duplicidades y reducir costes.
   Así, el stand de la Comunitat Valenciana mantendrá, en la próxima edición de Fitur, los espacios existentes destinados a uso profesional, como la zona business, además de nuevos espacios con enfoque más tecnológico.
   El stand de la Comunitat estará ubicado como cabecera en el pabellón 7, asegurando así la máxima visibilidad y afluencia de público. En la próxima edición, el stand ocupará una superficie de 1.545 metros cuadrados, frente a los 1.643 metros cuadrados del año pasado, es decir, algo más de un 5% menos.
   Asimismo, en el expositor habrá una gran plaza central con un escenario para actividades de promoción e institucionales. Además, el stand contará con un espacio para la Tourist Info S.XXI y un punto informativo Travel Open Apps.
   Además, continuará contando con espacios de uso para prensa con todo tipo de medios técnicos, el tradicional show cooking para mostrar las especialidades gastronómicas de los destinos turísticos, así como espacios de uso profesional como la zona business y la zona para empresas.

Ximo Puig pide que se apruebe la reforma del Estatuto porque supone 500 millones de euros y 10.000 empleos para la Comunitat Leer más: Puig pide que se apruebe la reforma del Estatuto porque supone 500 millones de euros y 10.000 empleos

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que la aprobación de la reforma del Estatuto de la Comunitat Valenciana supondría "ingresar 500 millones de euros más y 10.000 nuevos puestos de trabajo", según ha indicado en rueda de prensa junto al portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Antonio Torres.

   Puig ha recordado que la reforma, que esta incluida en el orden del día de la sesión plenaria para este martes, fue instada por las Corts Valencianes, "impulsada por el PPCV y apoyada por el PSPV". El líder socialista ha realizado estas declaraciones justo antes de que este lunes el Consell haya solicitado su aplazamiento en el orden del día.
   El secretario general del PSPV pide que se apruebe la propuesta de reforma y que se aplique en 2014 porque eso significaría 500 millones de euros más y 10.000 puestos de trabajo "que es lo que en 2013 se ha dejado de tener, porque han sido los peores presupuestos de la historia para la Comunitat", ha apuntado.
   Puig ha señalado que esta cantidad es la que correspondería en relación al porcentaje de población que se tiene en la Comunitat (10,8 por ciento) "y en 2013 se ha tenido el 6,1 por ciento". En una Comunitat con el 30 por ciento de desempleo, 10.000 puestos de trabajo son "muy importantes". Además, considera que "debería haber un esfuerzo adicional por parte del Estado, porque no se llega a la media de inversión española".
   El diputado nacional ha explicado que este año ya se han perdido 500 millones "y de lo que se trata es que se recupere en parte, o por lo menos, que no continúe con otra pérdida". Históricamente las inversiones en la Comunitat Valenciana han estado "por debajo de la media española", aunque hay unos años, sobre todo, los del gobierno socialista "hubo un volumen de inversiones superior". En 2008 se recibieron 2.346 millones de euros y en 2013 654, "es una diferencia abismal", ha agregado.
   Puig ha manifestado que el "objetivo fundamental" en estos momentos es ver de qué forma la Comunitat Valenciana "dentro España" tiene los mismos derechos que catalanes, andaluces y otras autonomías, "que ya tienen esta condición en su estatuto". 
"Tanto hacer anticatalanismo por parte de Fabra y a la hora de la verdad el PP tolera que los catalanes tengan en su Estatuto esta cláusula y no tolera que lo tenga los valencianos", ha recordado.
   Por este motivo, Puig ha exigido "coherencia" al PP porque es "muy grave" que durante toda la semana se haya asistido a la "incertidumbre más absoluta" sobre la posición del PP en esta cuestión en el Congreso.
   Puig ha comentado que Cospedal dice que Fabra es un "presidente de lujo", pero "lo será para los intereses de Castilla-La Mancha o para Génova, pero no para los intereses de la Comunitat". El secretario general del PSPV ha pedido que "se le dé la importancia que tiene a esta reforma por el déficit de financiación e infraestructuras". 
"No se puede dejar pasar la oportunidad", ha señalado.
   Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Antonio Torres, ha comentado que a Fabra "se le ha acabado el tiempo y no puede seguir engañando a los valencianos". 
"Es incomprensible que el grupo parlamentario 'popular' en el Congreso no apoye al PPCV", ha indicado.
   Torres ha recordado que ya hay antecedentes sobre las negativas del PP nacional respecto a las propuestas valencianas. "En dos ocasiones ha impedido que se vote la modificación de la ley orgánica de financiación de la Comunitat, y en dos ocasiones también se ha retirado, la próxima será mañana, del orden del día la propuesta de modificación de la reforma del Estatuto", ha destacado.
   Además ha recordado que en otras dos ocasiones ha votado el PP en contra de dos iniciativas del grupo parlamentario socialista que expuso Ximo Puig en el Congreso "pidiendo una modificación de la ley de financiación y mecanismos de compensación".
   Durante este tiempo Fabra y el PP han sido "incapaces de negociar mejoras" en la Comunitat. Torres ha explicado que sobre la reforma del Estatuto "no existe impedimentos jurídicos y no supone un incremento del gasto, lo que significa es que se repartan las inversiones en relación al porcentaje de población".
   Además ha reconocido que España lo está pasando mal, "pero la Comunitat lo pasa mucho peor". Para ello ha recordado que está tres puntos por encima de la media nacional en cuanto a desempleo, el índice de cobertura de desempleados está cuatro puntos por debajo, también se está por debajo del nivel de renta media de los españoles, "hay una financiación insuficiente y lo que provoca mayor nivel de endeudamiento", ha finalizado.

La Comunitat concentra el 10,4% de lo recaudado con la amnistía fiscal

MADRID.- La Comunitat Valenciana, con 124,2 millones de euros, concentra el 10,4 por ciento de todo el dinero recaudado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, una medida extraordinaria que entró en vigor en 2012 a la que se acogieron patrimonios ocultos que solo pagaron por el 10 por ciento del dinero no prescrito y defraudado a Hacienda.

   Según explican los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Madrid y Cataluña suponen más de 760 millones de euros de los casi 1.200 millones recaudados, seguidas a gran distancia de otras autonomías como Comunitat Valenciana (124,2 millones), Andalucía (65,2 millones) y Galicia (44,6 millones).
   En todo el país, la adhesión de los contribuyentes a esta medida fue poco representativa debido, en gran medida, a la confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales, así como las dudas generadas con el recurso de inconstitucionalidad que presentó en su momento el grupo socialista y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio. De hecho, la amnistía recaudó la mitad de lo presupuestado por Hacienda (2.482 millones).
   Para Gestha, la recaudación de la amnistía que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, en relación a la evasión total en esos tres años, supone que menos de un 3 por ciento de la evasión total del país se acogió a la amnistía. Es decir, el 97 por ciento de la evasión sigue manteniendo sus activos ocultos.
   Además, cree que la amnistía desincentiva el cumplimiento voluntario. Así, junto con la "declaración tributaria especial" se registraron ingresos de declaraciones complementarias de unos 350 millones por otros impuestos relacionados con las bases afloradas pero excluidos de la amnistía fiscal, como el Impuesto de Patrimonio y el IVA.
   Si se analiza la recaudación por provincias, se comprueba cómo su repercusión estuvo muy concentrada en las autonomías que reúnen el mayor número de grandes patrimonios, a excepción de País Vasco y Navarra, cuyos gobiernos no aprobaron ninguna amnistía fiscal.
   Por otro lado, la mayor participación de las grandes fortunas se debe a que el 71,8 por ciento de la evasión fiscal procede del fraude cometido por grandes patrimonios y corporaciones empresariales, lo que supone más de 42.000 millones de euros que escapan cada año al control de Hacienda. Además, este fraude está en sintonía con las elevadas cantidades de billetes de 200 y 500 euros que se siguen moviendo en España, que representan el 75 por ciento de todo el efectivo circulante en la economía, según los datos del Banco de España.
   Con estos datos , los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria debería dedicar más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80 por ciento de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.

El Consell solicita a las Corts que se dirijan al Congreso para que se aplace la reforma sobre el Estatuto

VALENCIA.- El Consell ha presentado un escrito a la mesa de las Corts en el que pide a la cámara autonómica que se dirija al Congreso de los Diputados para pedir el aplazamiento del punto del orden del día de la sesión plenaria prevista para este martes donde se iba a votar la reforma del Estatuto de Autonomía, en lo referente a la denominada 'cláusula Camps', que blinda unas inversiones para la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con el peso de la población, con el fin de que se debata conjuntamente con la propuesta para la rebaja del número de diputados, por "evidentes razones de ahorro de costes".

   Según consta en el escrito, firmado por el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Císcar, el Consell ha tenido conocimiento del fax remitido por el Congreso de los Diputados a la cámara autonómica sobre la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria de este martes del debate de totalidad de la Propuesta de Reforma de la Disposición Adicional Primera del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
   Ante esta votación, el Consell solicita a las Corts que se dirijan al Congreso de los Diputados para pedir el aplazamiento de ese punto del orden del día como consecuencia del acuerdo adoptado por el pleno del Gobierno valenciano el 26 de julio de este año por el que se dio la conformidad al Anteproyecto de ley para la reforma de los artículos 23 y 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana --para rebajar de 99 a 79 el número de diputados autonómicos--, para lo que se han pedido dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social.
   Una vez emitidos los dictámenes preceptivos, el Consell señala en el escrito que dará luz verde al proyecto que, de acuerdo con el artículo 81 del Estatuto de Autonomía, será remitido a las Corts Valencianes para su aprobación. Según añade, una vez aprobada esta reforma por la cámara valenciana, el texto será presentado por medio de Proposición de ley en el Congreso.
   El Consell ve "razonable" que la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana relativa a la 'cláusula Camps' "se debata conjuntamente" con la actual reforma de los artículos 23 y 24 del Estatuto, "una vez ésta última haya cubierto todos los trámites previstos, por evidentes razones de ahorro de costes".

domingo, 8 de septiembre de 2013

La Justicia investiga ya a 150 banqueros

MADRID.- La denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona contra 54 exconsejeros de Caixa Catalunya ha elevado por encima de los 150 el número de consejeros y directivos de las entidades rescatadas investigados por la justicia. Sin embargo, más allá de la fugaz visita de Miguel Blesa a Soto del Real, por el momento el proceso ha dado más titulares de prensa que frutos reales.

Esta misma semana se conocía que la Fiscalía había denunciado a 54 exconsejeros de Caixa Catalunya por “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia” de la entidad en 2010. Entre los denunciados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto.

Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe Gónzález. La petición de su imputación ha sorprendido en ciertos círculos económicos, no tanto porque Serra no ostentaba ningún poder ejecutivo en la entidad, sino porque contrasta con ciertas ausencias en la lista, entre ellas la de Josep María Loza, director general de la entidad durante más de 10 años.

Los antiguos gestores de CatalunyaCaixa son por el momento los últimos en ser cercados por la Justicia, una tardanza que también ha causado extrañeza teniendo en cuenta que la entidad ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, un rescate sólo superado por el de Bankia, entidad de un tamaño considerablemente mayor.

La ya habitual lentitud de la justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, a la espera de la decisión del juez en CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.

Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.

También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.

Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.

Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.

Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.

CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.

Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.

‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Educación adjudica 639 plazas docentes de Infantil y Primaria para el inicio de curso

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha realizado esta semana la adjudicación de 639 puestos para cubrir vacantes y sustituciones por bajas en centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana. En concreto, se trata de 412 vacantes y 227 sustituciones por bajas.

   Según ha informado este departamento en un comunicado, el objetivo de estas adjudicaciones es "que todos los docentes estén en sus puestos el próximo lunes, cuando comience el curso" en ambas etapas. Los puestos corresponden a plazas que han quedado vacantes desde las adjudicaciones de finales de julio por necesidades sobrevenidas de nuevas escolarizaciones o bajas de profesorado.
   "Estas adjudicaciones permitirán dar respuesta a todas las necesidades de personal que hayan comunicado los centros", han señalado las mismas fuentes, que han destacado que este año por primera vez se cubren las sustituciones por bajas de docentes durante la primera semana de septiembre.
   Asimismo, la próxima semana se realizarán nuevas adjudicaciones para cubrir puestos de Secundaria y se cubrirán todas las vacantes y sustituciones que los centros hayan comunicado a la Conselleria para que el día que comienza el curso escolar en esta etapa, el 16 de septiembre, todos los profesores estén en sus centros.
   La Conselleria ha realizado entre la adjudicación del pasado mes de julio y la de este viernes un total de 8.601 adjudicaciones de puestos vacantes para personal docente, tanto del cuerpo de maestros como de profesores de enseñanza secundaria, FP, profesores y catedráticos de música y artes escénicas, maestros de taller y profesores de artes plásticas y diseño, y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. En concreto, 3.508 corresponden a vacantes del cuerpo de maestros y 5.093 a los restantes cuerpos.
   Esta cifra supone haber adjudicado un puesto a más del 12,5% de los docentes a los que se les adjudicó plaza el pasado año. Educación está realizando las adjudicaciones mediante un nuevo sistema telemático continuo que se utilizará durante todo el curso escolar mediante adjudicaciones semanales.

La Generalitat espera alcanzar los 2,9 millones de turistas internacionales en la Comunitat

BENIDORM.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que el sector turístico está "sorteando los efectos de la crisis y consiguiendo buenos resultados", y ha avanzado que las expectativas para el conjunto de la temporada estival son "positivas" en términos de viajeros, pernoctaciones y ocupación, por lo que "esperamos alcanzar los 2,9 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento medio para este periodo del 6,7%". 

   Fabra ha apostado por un turismo que es "sinónimo de empleo estable, de oportunidades de negocio para las empresas, de renovación de áreas urbanas y rurales", así como de conservación y promoción del patrimonio natural y cultural.
   En este sentido, el presidente ha asegurado que se trata de un "sector sólido, estratégico y clave" para el crecimiento económico de la Comunitat, al tratarse del "verdadero motor dinamizador de la economía". Representa el 12,6 por ciento del PIB y es capaz de generar más de 270.000 empleos directos o indirectos, "lo que supone el 13,4 por ciento de todo el empleo de la Comunitat", ha recordado.
   Además, ha destacado que el sector turístico genera empleo de forma mucho "más rápida" que otros sectores. Cada 100 empleos directos de turismo, se crean 18 de forma indirecta.
   Fabra ha indicado asimismo que el Consell es consciente del "gran potencial de crecimiento" futuro de este sector y, por ello, trabaja para dotarlo de "mayor calidad, más posibilidades y un alto grado de excelencia". El objetivo, para el presidente, es ofrecer productos específicos a los más de 20 millones de personas que "nos visitan al año, así como consolidar nuevos mercados y conocer mejor al turista", ha añadido.
   Fabra ha explicado que hay que continuar trabajando para "seguir siendo competitivos a nivel internacional" y hay que lograr que el atractivo de la Comunitat "sea una referencia", ha asegurado el presidente.
   Alberto Fabra ha destacado también que, gracias a las políticas del Consell y al esfuerzo del sector, la Comunitat Valenciana es desde 2012 el tercer destino turístico de España en número de viajes y pernoctaciones, así como el quinto en oferta de plazas hoteleras (130.837) y el tercero en plazas extrahoteleras (250.133).
   La provincia de Alicante reúne un 52,5 por ciento de la oferta de alojamiento colectivo y Benidorm un 36,4 por ciento de la oferta de la provincia, encabezando la lista de los diez municipios con mayor volumen de oferta de alojamiento en la Comunitat con 73.051 plazas. "Se trata de un sector vital en la economía de nuestra región, ya que 223 municipios de la Comunitat son turísticos, el 41 por ciento del total", ha asegurado.
   El jefe del Consell ha comentado que un buen ejemplo de la buena marcha del modelo turístico del Consell y de la importancia que se le otorga a su cuidado es que la Comunitat dispone de 127 banderas azules, 150 declaraciones de interés turístico y una Red de Centros de Turismo (CDs) que es la única en España que oferta la totalidad de certificados de la familia profesional de hostelería y turismo.
   El presidente ha remarcado la importancia que tiene combinar el esfuerzo conjunto del sector público y privado y ha puesto como ejemplo al turismo y al trabajo que realizan los empresarios en este sentido. "Todos somos capaces de poner en valor un territorio para sacar el máximo provecho y generar el atractivo que queremos para nuestra Comunitat", ha explicado.
   Durante su discurso, Fabra ha puesto de manifiesto que desde la Generalitat se trabaja por la internacionalización de las empresas valencianas y la captación de nuevos mercados.
   La política turística del Consell se basa en impulsar que los productos y los servicios estén cada vez más presentes en el mundo. De ahí la trayectoria ascendente de las exportaciones de la Comunitat en 2013, con "máximos históricos y ascensos por encima de la media nacional", lo que indica el protagonismo en las exportaciones españolas que contribuyen a reducir el déficit exterior.
   Por otra parte, desde el Consell se fomenta el turismo centrado en la fidelización de la demanda, la captación y diversificación de nuevos mercados y segmentos, el aumento del gasto en destino, la reducción de la estacionalidad y el incremento de la rentabilidad económica y social del turismo.

El sector agroalimentario regional tuvo un volumen de negocio de más 2.800 millones de euros hasta junio

VALENCIA.- Las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzan el máximo histórico en exportaciones de la serie estadística (1995-2013) para un primer semestre de año al superar, por primera vez, los 2.800 millones de euros, concretamente 2.826,8 millones. Las exportaciones aumentaron un 11,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 

   De este modo, según se desprende del informe que la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha presentado al pleno del Consell, el sector agroalimentario continúa liderando las exportaciones de la Comunitat Valenciana durante el primer semestre del año, con el 23,9 por ciento del total, por lo que aporta el mayor saldo positivo a la balanza comercial exterior del la Comunitat con 1.452,9 millones de euros, un 26,7 por ciento más que en el primer semestre de 2012, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
   Asimismo, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía de España en el ránking de exportaciones de productos agroalimentarios con el 15,3 por ciento de las exportaciones nacionales, por detrás de Andalucía y Cataluña.
   Las exportaciones de frutas sitúan a la Comunitat en la primera autonomía exportadora de este tipo de producto con el 44,3 por ciento del total nacional en el primer semestre del año. De hecho, la Comunitat exportó el 71,8 por ciento del total nacional de cítricos.
   Francia y Alemania continúan siendo los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat en este periodo con un 24,1 por ciento y un 18,3 por ciento, respectivamente. Italia (8,5 por ciento), Reino Unido (6,3 por ciento) y Países Bajos (5,4 por ciento) son otros de los principales importadores de productos valencianos.
   Por otra parte, en este periodo cabe destacar el incremento interanual del periodo enero-junio de 2013, con respecto al mismo periodo de 2012, de las exportaciones a países como Estados Unidos (con un incremento del 34,5 por ciento), Polonia (+29,8 por ciento), Alemania (+23,3 por ciento), Países Bajos (+20,6 por ciento) y Noruega (+15,6 por ciento).

El Índice de Producción Industrial crece un 3,8% en la Comunitat Valenciana en julio

VALENCIA.- El Índice de Producción Industrial (IPI) ha registrado un incremento del 3,8% en el mes de julio de 2013 en la Comunitat Valenciana respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento supera en más de tres puntos al crecimiento que ha experimentado la media nacional que ha sido del 0,4%, según los datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Este incremento sitúa a la Comunitat como la autonomía que muestra el "mejor resultado" entre las regiones con mayor presencia industrial, y supera a otras comunidades como Cataluña (2%), Andalucía (-4,3%) y País Vasco (-4,6%), según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
   En relación al período acumulado del último año (enero-julio), el IPI en la Comunitat Valenciana ha registrado un avance del 0,4%, frente al descenso de España del 3,2%. Este dato se suma a los indicadores "positivos" que se han registrado en la Comunitat en el número de empresas creadas y en el incremento de las exportaciones.
   El número de empresas creadas en la Comunitat Valenciana en el primer semestre del año ha ascendido a 5.875, lo que representa que cada día surgió una media de 32,6 empresas, una cifra que representa además un aumento del 7,3% respecto al primer semestre de 2012.
   Asimismo, en este mismo periodo las exportaciones de la Comunitat Valenciana han crecido un 11,5% respecto al primer semestre de 2012 y también se han incrementado un 16,2% durante el mes de junio.

Compromís afirma que el Consell le ha entregado "manipulado" el informe en que se basó el ERE de RTVV

VALENCIA.- Compromís ha denunciado este sábado en un comunicado "la manipulación" del informe elaborado por la consultora Price Waterhouse sobre RTVV que el gobierno de Alberto Fabra estaba obligado a entregarle en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

   Al respecto, recuerda que el pasado 19 de junio la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV dictó una sentencia que daba la razón a Compromís en su denuncia por la negativa del gobierno del PP a facilitar el informe que el Consell encomendó a la consultora Price Waterhouse sobre RTVV y que se utilizó para realizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de este ente público.
   Sin embargo, la portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra ha señalado que en cumplimiento de esta sentencia el gobierno del PP nos ha entregado el informe sobre RTVV, pero que "la sorpresa y posterior indignación ha venido al comprobar su contenido y observar con claridad que la información suministrada está manipulada".
  En concreto, el informe elaborado por la consultora Price Waterhouse sobre la situación de RTVV ha sido remitido de manera "incompleta" ya que el índice del informe indica que consta de 80 páginas, "y sólo nos han remitido 77". Precisamente ha señalado que falta todo el punto titulado como 'Análisis económico del modelo organizativo propuesto', así como las páginas relativas al modelo organizativo de la Televisión Valenciana, una parte del informe de "enorme interés por contener las indicaciones en las que se ha basado el ERE de RTVV".
   Por todo ello, Compromís ha pedido al TSJCV que "tenga por no ejecutada" la Sentencia que obliga a facilitar al Consell la totalidad de la información solicitada y requieran al gobierno valenciano el cumplimiento íntegro de la decisión dictada, remitiendo la documentación completa.
   Para Oltra, "la poca vergüenza de no cumplir con una sentencia judicial y seguir ocultándonos la información fundamental del informe sobre RTTVV es una muestra más de la falta de transparencia y el abuso de poder que también practica el gobierno de Alberto Fabra". No permitir que la oposición pueda controlar el gobierno es continuar sembrando el germen de la corrupción", ha apostillado.

Coepa cierra 2012 con 2,1 millones de euros de pérdidas tras caer un 62% sus ingresos

ALICANTE.- La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) cerró el ejercicio 2012 con 2,1 millones de euros de pérdidas tras ver reducidos sus ingresos en un 62 por ciento respecto al año anterior, de 7,01 a 2,92 millones de euros, fundamentalmente por la "reducción en la cuantía e importe de las subvenciones gestionadas durante el ejercicio 2012, especialmente en el segundo semestre".

   Según informa la patronal provincial en un comunicado, su Comité Ejecutivo ha formulado este viernes las cuentas del pasado ejercicio.
   Coepa señala que esta situación "ha venido motivada por el retraso en el cumplimiento, por parte de la Administración, de los compromisos adquiridos en el ámbito del Pavace" y le reprocha haber dejado "sin cobertura" líneas presupuestarias que estaban consignadas en los Presupuestos Generales de la Generalitat para 2012.
   Según señala, las pérdidas se han visto incrementadas por las indemnizaciones en las reducciones de personal, las amortizaciones, los gastos financieros derivados del retraso en los pagos de los convenios y la baja del inmovilizado derivada del ajuste de la red de oficinas comarcales.
   El Comité ha repasado las medidas puestas en marcha desde finales de 2011 para "ajustar los costes a la nueva situación" y apunta que, desde entonces, la organización ha trabajado para "adecuar la plantilla a las necesidades organizativas y económicas".
   A finales de 2011, Coepa contaba con 73 trabajadores y en la actualidad cuenta con 21 trabajadores en activo y ocho con el contrato suspendido hasta el 31 de diciembre de este año, lo que supone una reducción del 60 por ciento de su plantilla.
   En cuanto a los costes de explotación, indica que se han reducido un 49 por ciento respecto a 2011, de 860.684 a 428.665 euros.
   A su vez, se ha reestructurado la deuda financiera para reducir las obligaciones de los 3,8 millones del último tramo de 2012 a los actuales 2,1 millones de euros.
   De cara a 2013, Coepa avanza que "todas las medidas de ajuste tienen continuidad en el ejercicio" y que el presupuesto aprobado "se fundamenta en los programas que están firmados y operativos desde principios de año". Así, asegura que "sólo de forma complementaria se han incluido aquellos financiados con fondos públicos que mayor valor añadido aportan a las organizaciones empresariales en su contribución a la mejora de la competitividad de las empresas".
   Según las mismas fuentes, la previsión es cerrar 2013 con unas pérdidas de 253.000 euros, fruto de la aplicación de las medidas de reestructuración, con el objetivo de "alcanzar el equilibrio presupuestario en 2014".

Los sindicatos de Banco Sabadell protestarán el día 17 en Barcelona contra el ERTE

BARCELONA.- Los sindicatos de Banco Sabadell han convocado una primera movilización en Barcelona el martes 17 contra el expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que la entidad ha planteado para 1.420 empleados durante dos años, han informado fuentes de CC.OO.

   En un comunicado, el sindicato ha añadido que las protestas "tendrán continuidad en diferentes territorios si no se aprecian avances significativos en la negociación".
   El periodo formal de consultas entre dirección y sindicatos para el Erte comenzará este 12 de septiembre y finalizará el día 27, con reuniones intermedias agendadas los días 13, 17, 18 y 26.
   Los contactos informales previos han finalizado sin acuerdo, ya que el banco sostiene la propuesta del Erte ante los excedentes actuales por la integración de la red y el negocio de la antigua Caixa Penedès en Catalunya y Aragón, mientras que los sindicatos reclaman otras soluciones voluntarias e incentivadas que el banco rechaza por su coste.
   Los representantes de la plantilla plantean prejubilaciones, excedencias, bajas voluntarias y la posibilidad de retorno a su lugar de origen de los empleados de Banco CAM que fueron trasladados.
   Banco Sabadell está abierto a ofrecer excedencias incentivadas que reduzcan el Erte si hay jubilaciones entre los trabajadores prejubilados de Banco CAM en el ERE de 2010, y el banco también sugiere que puedan adherirse al Erte empleados de Andalucía, donde también ve excedentes de personal.
   Inicialmente, el Erte estaba previsto para 400 empleados de forma rotatoria cada seis meses durante dos años, por lo que habría 1.400 afectados, pero en las reuniones informales se ha reducido a 355 personas cada semestre, lo que da un total de 1.420 trabajadores implicados.