viernes, 31 de mayo de 2013

EU recurrirá el rechazo a sus recusaciones a Castedo para que se abstenga en decisiones relacionadas con Ortiz

ALICANTE.- El portavoz municipal de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha anunciado que su grupo interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el rechazo de las solicitudes de recusación a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, para que se abstuviera de participar en decisiones relacionadas con empresas de Enrique Ortiz, ambos imputados en la pieza del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.

   Pavón, a través de un comunicado, ha señalado este viernes que recurrirá la decisión del pleno extraordinario del pasado 22 de mayo en el que los concejales del PP tumbaron la petición de EU para recusar a la primera edil para que no interviniera en los procesos de adjudicación de contratos municipales a empresas de Ortiz, al entender que existe "una relación de amistad íntima" entre ambos.
   Igualmente, ha afirmado que tomará la misma medida --esta vez en reposición-- contra la inadmisión de otra solicitud de recusación a Castedo, en relación a su participación en la aprobación por pleno de la primera modificación de créditos del presupuesto de 2013 y de un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor superior a los 900.000 euros para pagar facturas a proveedores, de los que, tal y como ha agregado, cerca de 550.000 corresponden a recibos de mercantiles participadas por el empresario alicantino.
   Así, el edil ha subrayado que "si se obtuviera" una sentencia favorable a la recusación, su formación política "estudiaría exigir responsabilidades penales" a los concejales 'populares' que votaron en contra de estas peticiones.
   "Quien avisa no es traidor, y en el mismo pleno del 22 de mayo advertí a todos los miembros de la corporación de la responsabilidad en la que podrían incurrir quienes votaran en contra de nuestra recusación", ha manifestado.

Detenidos los responsables de una empresa de calzado de Pinoso que ocupaba a 26 personas sin contrato laboral

ALICANTE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a la administradora y el encargado de una empresa del gremio del calzado en Pinoso, acusados de dar empleo a 26 personas sin contrato laboral, que fueron sorprendidos por Inspección de Trabajo cuando intentaban huir por una salida escondida tras una falsa pared de la nave, según ha indicado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante.

    Los miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial abrieron una investigación el pasado mes de abril tras tener conocimiento de un posible fraude a la seguridad social, así como de un delito contra el derecho de los trabajadores por parte de los responsables de una empresa situada en la localidad de Pinoso.
   La actividad de la mercantil se desarrollaba en dos naves contiguas, dedicadas a la fabricación de calzado, y comunicadas interiormente, a las que acudieron los efectivos policiales junto a inspectores de Trabajo para comprobar si eran ciertas las sospechas.
   En el momento de efectuar la entrada a la nave para proceder la inspección, los agentes observaron cómo los trabajadores intentaban huir a través de una puerta corredera escondida tras una falsa pared, que  camuflaban mediante una estantería con ruedas.
   Los investigadores pudieron comprobar posteriormente que los trabajadores habían sido avisados de la presencia policial a través de una sirena. Esta alarma era controlada por un empleado que se encargaba única y exclusivamente del control del exterior de la nave y de dar aviso al resto de operarios ante una posible inspección laboral.
   La investigación culminó con la detención de los empresarios responsables de la nave, acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, y la identificación de 26 operarios que carecían de contrato laboral así como alta en el Régimen de la Seguridad Social.

La OAMI protege desde 1996 a Marilyn Monroe

ALICANTE.- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) protege desde 1996 la marca comunitaria Marilyn Monroe para permitir que la actriz, conocida como la 'tentación rubia', continúe siendo "un icono de moda" más de 50 años después de su muerte.

   La euroagencia protege tanto a la actriz como marca como a todo lo que rodeaba a la desaparecida artista, que este sábado cumpliría 87 años. Así, dentro de su protección se encuentra el perfume Channel, el cantante Frank Sinatra o el champán Dom Perignon, considerado la "bebida predilecta" de la artista, según ha subrayado la OAMI en un comunicado.
   Monroe no es el único ejemplo de nombre de leyenda protegido como marca comunitaria. Así, también se encuentra el cantante Bob Dylan, registrado con el fin de proteger numerosos artículos relacionados con su persona o su producción, como aparatos de grabación, discos DVD o actividades culturales. Otros ejemplos son Bob Marley, Sofía Loren, Audrey Hepbourn o la estadounidense Grace Kelly, marca protegida recientemente por parte del Principado de Mónaco.
   Para la OAMI, "el éxito de todas estas leyendas del espectáculo repercute en grandes beneficios generados por los productos que se crean en torno a las personas, de ahí la importancia de registrar estos nombres, permitiendo a los propietarios de las mismas usar en exclusiva todos los derechos o cederlos a terceros, así como luchar contra su explotación no autorizada", ha manifestado.

Maribel Verdú, sobre los cierres de Ciudad de la Luz y Alta Films: "No sabemos cuidar nuestras cosas"

ALICANTE.-   La actriz Maribel Verdú ha calificado este viernes como "una pena" tanto el cese de actividad en los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz, ubicados en Alicante, como el cierre de la distribuidora Alta Films. "No sabemos cuidar nuestras cosas", ha añadido.

   Verdú se ha expresado en estos términos durante su presencia en la capital alicantina, donde ha asistido a la presentación del premio de honor del X Festival de Cine de Alicante, que recogerá este próximo sábado en la gala inaugural del certamen. En la rueda de prensa, ha estado acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y por el director del festival, Vicente Seva.
   Así, preguntada por los periodistas sobre su valoración por el cese de actividad en los platós cinematográficos alicantinos, donde la intérprete trabajó en el rodaje de la última película que ha acogida los estudios, '15 años y un día', dirigida por Gracia Querejeta, ha considerado que "es una pena".
   "Nunca he estado en unos estudios semejantes, con esas infraestructuras y esos camerinos. Ciudad de la Luz era lo que se veía por fuera y por dentro, lo cual era muy de agradecer", ha manifestado, de la misma manera que ha opinado que la repercusión de los rodajes "hubiera sido bestial" para la ciudad.
   Igualmente, ha hecho referencia al cierre de la distribuidora Alta Films, de la que ha resaltado que "traía cine independiente que no se podía ver de otra forma". "Nos tendremos que ir a Francia, como antes", ha enfatizado. A su juicio, tanto el caso de los platós como de la distribuidora "repercuten en poner trabas" al sector cinematográfico español. "No sabemos cuidar nuestras cosas", ha sentenciado.

Imputados los ediles de Seguridad y Fiestas de Planes por la muerte de un joven durante la 'Plantà del Xop'

ALCOY.- El juzgado de instrucción nº 3 de Alcoy ha citado a declarar, el día 22 de julio, al concejal de Seguridad y al edil de Fiestas del Ayuntamiento de Planes, como imputados en una acusa abierta en relación con la muerte de un joven ocurrida en mayo del año pasado durante la tradicional 'Plantà del Xop', según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La muerte del joven de 24 años, vecino de Cocentaina, se produjo en la noche del 19 de mayo de 2012, tras caerle encima el ejemplar de chopo taladop, de unos 20 metros de altura, en la Plaza Mayor de Planes.
   El levantamiento del árbol se realiza con tres apoyos de madera y al parecer, uno de los apoyos cedió, lo que provocó la caída del árbol, que impactó sobre el fallecido y otro joven de 21 años que también resultó herido.
   La familia del fallecido presentó una denuncia que ha llevado al juzgado de instrucción nº 2 de Alcoy a abrir una investigación para determinar la posible responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos.
   Hasta ahora, el juez ha ordenado practicar todas las diligencias solicitadas por el ministerio fiscal y por el abogado de la acusación particular, --que representa a la familia del fallecido--, y que incluyen la declaración de dos testigos, la declaración del alcalde y de declaración del concejal de Fiestas, éste último como imputado.
   En el curso de la causa, el juzgado además ha citado a declarar como testigo al responsable de Protección Civil para el próximo día 22 de julio a las 11.00 horas; así como al concejal de Seguridad de Planes media hora después, y al edil de Fiestas a las 12.00 horas.

El TSJCV anula la aprobación del plan Rabasa y su adjudicación al empresario Enrique Ortiz

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.

   En una sentencia del 30 de abril, que incluye el voto particular de uno de los magistrados, que no está de acuerdo con el fallo ni con los razonamientos de la sentencia, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal valenciano estima el recurso interpuesto por dos particulares al considerar que se vulneró la Ley de Contratos.
   Por ello, ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.
   Además, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y PAI de la U.E. única del sector Rabasa, en cuanto la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del empresario Enrique Ortiz.
   En la demanda presentada en 2009, los dos particulares mantenían que esta actuación urbanística "sólo perseguía el enriquecimiento y beneficio propio del urbanizador, en perjuicio de los propietarios" y para ello "se servía de instituciones públicas, con fines contrarios al interés público".
    Los demandantes, además, consideraban que la mercantil adjudicataria del PAI, Viviendas Sociales del Mediterráneo, no se había ajustado a la ley de Contratos, dado que no reunía los requisitos legales para ser agente urbanizador, ni había constancia de que estuviera debidamente calificada para contratar con la administración y el procedimiento de adjudicación del PAI.
   Ahora, el TSJCV estima su recurso y accede a anular el acuerdo plenario del consistorio al considerar que sí se vulneró la ley de contratos por falta de publicidad del instrumento de adjudicación en el ámbito europeo, y que además no quedó acreditada la solvencia económica, técnica y financiera y profesional de la sociedad que resultó adjudicataria del Programa.
   En este sentido, la sala entiende que "no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia" en la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) a la que está sometido esta adjudicación y aún cuando sea de aplicación la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
   Por otra parte, los demandantes aludían en su recurso a la falta de recursos hídricos y recordaban que el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era "desfavorable".
   En este sentido, los magistrados sostienen que el plan parcial de Las Lagunas de Rabasa ha sido sometido a sucesivas modificaciones después de 2009, --entre ellas las referidas en el convenio con IKEA Ibérica SAU,  aprobado en julio de 2012-- por lo que afirman desconocer a día de hoy si el informe favorable relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye también previsiones para esta zona.
   En todo caso, puntualiza la sentencia, el plan Rabasa requeriría de un informe "preceptivo y vinculante favorable de la CHJ" sobre esta concreta actuación urbanística, dado que proyecta la recalificación de 3,6 millones de m2 de suelo y la previsión de edificación de 12.503 viviendas.
   Por otra parte, la sala rechaza que este plan parcial tal y como mantenían los demandantes, vulnere el principio general del uso sostenible del suelo por ser iniciativa privada tramitada al margen del Plan General.
   En este punto, recuerdan que el plan Rabasa está "congelado en el tiempo en junio del 2009 por motivos procesales", y que su calificación anterior era de suelo urbanizable.
   En principio, añade la resolución, "no pude apreciarse una imposibilidad legal absoluta y total para que, por medio del instrumento de modificación de un plan parcial, pueda recalificarse suelo no urbanizable en suelo urbanizable y programarse el sector reclasificado, ni con la normativa de la LRAU, ni con la actual LUV".
   El tribunal aclara que el recurso presentado no hace referencia a las modificaciones sucesivas de la homologación y del plan parcial, por lo que tampoco cabe su pronunciamiento al respecto.
   Uno de los cinco magistrados que firman la sentencia, Edilberto Narbón, ha emitido un voto particular en el que mantiene que el recurso debía haber sido desestimado por falta de legitimación y por pérdida sobrevenida de objeto.
   Además, defiende que el procedimiento de selección del agente urbanizador sí respetó la ley de contratos y cumplió con las exigencias de publicidad y pública concurrencia.
   Entre otros planteamientos, entiende este magistrado que la sentencia mayoritaria "ignora" la existencia de una normativa autonómica que establece un procedimiento de selección del agente urbanizador, y "declara la nulidad por este motivo sin hacer ninguna referencia a la legislación autonómica".
   Respecto a la falta de un informe favorable de la CHJ al plan Rabasa, Narbón defiende que el plan parcial de Rabasa ha sido incorporado a la revisión del PGOU en tramitación en estos momentos, ordenación que en enero de 2011 obtuvo informe favorable de la CHJ.
Sin embargo, la multinacional Ikea "mantiene su apuesta" por Rabasa como lugar "idóneo" para ubicar en un futuro centro comercial en el término municipal de Alicante, según han informado fuentes de la empresa sueca.
   De este modo, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el llamado plan parcial Rabasa y su adjudicación al empresario Enrique Ortiz, la firma "no se plantea buscar otros terrenos", porque entiende que los elegidos en Rabasa "son los idóneos".
   Además, la multinacional ha recordado que tiene "un compromiso adquirido con los alicantinos para estar más cerca de ellos y facilitarles los procesos de compra", y ese compromiso "sigue en pie", según las mismas fuentes.

Castedo afirma que no recurrirá la anulación del Plan Rabasa

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha considerado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que anula la aprobación del Plan Rabasa y la adjudicación a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', "hace referencia, parece ser, a una cuestión formal", y ha confirmado que el consistorio no recurrirá esta decisión.

   A preguntas de los medios de comunicación, la primera edil ha aclarado que no ha leído la resolución, si bien, ha comentado que en ella "se hace referencia, parece ser, a una cuestión formal".
   La alcaldesa además ha adelantado que no prevé plantear recurso de casación contra esta sentencia. "A partir de ahí, evidentemente, quienes estén interesados que la recurran", ha añadido, en referencia al resto de las partes demandadas, entre las que se encuentran la Generalitat valenciana, así como la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SL --propiedad de Ortiz-- y la promotora Deproinmed SL.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull, ha instado a la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo a "buscar otro sitio adecuado para la ubicación de Ikea" en Alicante, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el plan Rabasa, en cuyos terrenos estaba previsto ubicar esta superficie comercial.
   A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz socialista ha recordado que el grupo municipal socialista en 2006 aprobó este ordenamiento urbanístico, si bien, posteriormente, el posicionamiento del grupo y del PSPV "ha variado" hasta considerar que el plan "nació ya cojo" y estaba "mal diseñado".
   En esta línea, según ha resaltado, los socialistas presentaron en 2009 un recurso contra este plan que está pendiente de resolución, y confía en que "se resuelva pronto".
   Ull además ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP "quiera relacionar obligatoriamente Ikea con el plan Rabasa", y ha defendido que "no tiene por qué tener ninguna relación.
   Por ello, ha instado a la alcaldesa a que, "si está preocupada porque Ikea venga a Alicante, como factor dinamizador de la economía, tiene que buscar otro sitio adecuado para su ubicación", ha apuntado.
   Por su parte, el secretario general de la agrupación local del PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, ha acusado a Sonia Castedo de poner en peligro la llegada de Ikea "porque se empecina en que estas instalaciones se construyan en terrenos de Enrique Ortiz", según informa en un comunicado la citada formación política.
   "Esta obsesión de la alcaldesa está provocando que la ciudad vuelva a perder un tren importantísimo para generar actividad económica y empleo", ha indicado el líder socialista.
  "Ikea no va a venir de forma inminente como prometía la alcaldesa, ni en los plazos previstos. Y todo porque la alcaldesa quería si o si, que fuera a parar al Plan Rabasa, a pesar de que era un plan bajo sospecha, porque estaba impugnado."
   "Tomar decisiones caprichosas, y ya veremos si también delictivas, está perjudicando gravemente a la ciudad de Alicante y parece que Castedo no tiene ninguna intención de rectificar", ha asegurado, para añadir que "se ha convertido en un lastre para la ciudad de Alicante".
   Echávarri también ha recordado que el dueño de los terrenos donde se pretende instalar Ikea es el mismo "con el que la alcaldesa se va en yate o de vacaciones a Andorra, y el mismo que está imputado junto con ella por el presunto amaño del PGOU".
También el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, ha lamentado "profundamente" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el plan Rabasa, en cuyos terrenos estaba previsto ubicar Ikea, y considera que es una "mala noticia para la ciudad" porque "es imprescindible que una plataforma como Ikea se pueda instalar en Alicante".
   A preguntas de los medios de comunicación, Llopis ha remarcado que esta superficie comercial "ahora mismo era una fuente de puestos de trabajo y de referencia", y ha defendido que "Alicante sigue siendo el centro ideal para instalar una plataforma como Ikea".
   El edil de UPyD ha indicado que hubiera sido preciso "un plan B" por parte del equipo de Gobierno del PP en Ayuntamiento de Alicante, y ha subrayado que "parece que cualquier infraestructura importante en Alicante tiene que estar vinculada a un empresario", en alusión al adjudicatario del plan Rabasa, el empresario Enrique Ortiz, "y no tiene porqué ser así, porque hay otros terrenos".
   "Lamentamos que, en su momento, tanto PP como PSOE hayan aprobado un plan mal hecho y ahora estamos pagando, desgraciadamente años después, en unos momentos de crisis, donde necesitamos que aquí se pudieran implantar este fallo negativo".
Sin embargo, el portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha considerado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el plan Rabasa "es una buena noticia" para la ciudad y ha mostrado su confianza en que esta resolución haya dejado la actuación "herida de muerte".
    Pavón se ha referido así a la anulación de los acuerdos del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat Valenciana por los que se aprobó este plan y se adjudicó a una mercantil propiedad del empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso 'Brugal'.
   El portavoz municipal de EU ha opinado que este plan, que preveía la reclasificación de 3,6 millones de metros cuadrados de suelo y la previsión de edificación de 12.503 viviendas, "debería pasar a la historia como un plan nefasto, típico del peor urbanismo de promotor, que está ligado a esa burbuja inmobiliaria y que si todo transcurre como indica esta sentencia, parece se va a abandonar".
   Por ello, ha trasladado su deseo de que el Ayuntamiento "tome buena nota, y no recurra" la sentencia, si bien ha indicado que desconoce lo que va a hacer la Generalitat Valenciana, que fue la administración que en 2009 aprobó definitivamente este plan.
   "Nosotros esperamos que se abandone y que se centre el interés del urbanismo de la ciudad en los barrios, que están abandonados, en la ciudad real, existente, y que se abandonen estas operaciones especulativas", ha reclamado.
   Así mismo, Pavón ha señalado que "esta primera sentencia va a marcar camino" en la resolución pendientes de otros recursos planteados en su día contra el plan Rabasa por la propia EU y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).
   Además, ha aludido a la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Alicante, que ha ordenado reabrir las diligencias de investigación penal sobre el presunto amaño del plan Rabasa, que, según ha dicho, habrá que "ver si no dilucida responsabilidades penales para Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz que es el presunto corruptor de la presunta trama de corrupción ligada al urbanismo de la ciudad, tanto al plan Rabasa como el PGOU".
   Por todo ello, ha asegurado que "el plan Rabasa es un plan herido de muerte con esta sentencia, es un plan insostenible, inviable, que el Ayuntamiento de Alicante intenta que salga a flote a través de una actuación como Ikea".
   "A Castedo se le están cayendo todos los proyectos emblemáticos que vendía para la ciudad, su PGOU, el plan Rabasa e Ikea, porque si plan Rabasa no va adelante, Ikea se cae inmediatamente", ha subrayado.
   Pavón ha recordado que EU "siempre" se ha posicionado en contra de Ikea, "no tanto por la propia superficie comercial de Ikea, como por la gran macrosuperficie comercial añadida de Ikea, que supondría un golpe mortal para el pequeño y mediano comercio de la ciudad".
   Además, ha precisado que "la misma" falta de libre concurrencia y publicidad observada ahora por el TSJCV en la adjudicación del plan Rabasa "ha ocurrido recientemente con la macrocontrata de residuos de esta ciudad, que se debería haber publicado el anuncio de licitación en el diario oficial de la Unión Europea".
  "Nosotros hemos trasladado una pregunta a la Comisión Europea a través de nuestro eurodiputado Willy Meyer, y de hecho vamos a recurrir la adjudicación de esa macrocontrata a una UTE participada casualmente por el señor Ortiz, en base a que no se cumplen los requisitos de libre concurrencia y publicidad", ha explicado.
   Por ello, ha apuntado que "parece que todo lo relacionado con el señor Ortiz está presuntamente amañado, y ya está bien de esta presunta trama que parece que es la que gobierna la ciudad".
Finalmente, la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el plan Rabasa, que, según ha dicho, es "la viva demostración de las políticas urbanísticas de los gobiernos del PP, en este caso del Ayuntamiento de Alicante, primero de la mano de Luis Díaz Alperi y después de Sonia Castedo", según ha informado en un comunicado la coalición.
   Según la diputada de Compromís, "los gobiernos municipales de Alperi y Castedo han propiciado los pelotazos urbanísticos con la única finalidad de favorecer y enriquecer a sus empresarios amigos, en este caso el señor Ortiz y, por eso esta decisión judicial pone punto y final a una etapa oscura del gobierno de Alicante".
   "Exigimos hoy más que nunca las responsabilidades políticas de Castedo y Alperi, que propiciaron esta barbaridad urbanística, medioambiental y social que es el plan Rabassa", ha destacado Mireia Mollà.
   La diputada además ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "eche a Castedo del Ayuntamiento de Alicante y a Alperi de su escaño en las Cortes", al considerar que "estas personas no pueden seguir ensuciando el nombre de Alicante como lo están haciendo con numerosos casos de irregularidades y presunta corrupción al frente del consistorio".
   A la vez, la diputada ha anunciado que el grupo parlamentario del Bloc-Compromís va a solicitar la comparecencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, "para que dé las correspondientes explicaciones sobre este plan que el Gobierno valenciano también apoyó a pesar de las irregularidades".
   Por su parte, el portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre, ha mostrado su satisfacción por la resolución del TSJCV, y ha insistido en que este plan "obedece a un concepto poco riguroso desde el punto de vista de la sostenibilidad y del Medio Ambiente, además de fomentar una producción urbanística salvaje lejos de la cohesión que necesita esta ciudad".
   "El TSJCV ha acabado con una manera de hacer política que ya se termina, un modo de gobernar que se centra al hacer políticas para unos cuantos y no para la mayoría", ha concluido Mestre.


miércoles, 29 de mayo de 2013

Cáritas atiende a 72.000 personas necesitadas en Alicante, la mitad de ellos españoles de clase media

ALICANTE.- Cáritas Diocesana atendió el año pasado a cerca de 72.000 personas en situación de necesidad en la provincia de Alicante, un 12 por ciento más que el año anterior, según ha explicado el director provincial de la organización diocesana, Jaime Pérez, quien ha detallado que el perfil del usuario ha cambiado, y a causa de la crisis ya uno de cada dos usuarios procede de clase media española.

   En la presentación de la memoria anual de 2012, el responsable de Cáritas Diocesana ha explicado que en años anteriores, el 70 por ciento de los beneficiarios de la organización eran inmigrantes, si bien, la crisis ha llevado a este colectivo a retornar a sus países de origen, dando paso a una creciente clase media española, que ya supone el 50 por ciento de los receptores de esta asistencia.
   El balance de su actividad, además, revela que Cáritas Diocesana en 2012 destinó 2,5 millones de su presupuesto total de cuatro millones de euros, a labores de acogida y asistencia, y 615.000 euros e intervención con colectivos vulnerables.
   En este sentido, Jaime Pérez ha resaltado el esfuerzo realizado para mantener todos los programas y atender a un 12 por ciento más de personas con un presupuesto que se ha incrementado un tres por ciento, logro conseguido gracias al recorte realizado en los costes estructurales de la entidad.
   Además, ha explicado que la crisis económica ha hecho que Cáritas Diocesana se vea "desbordada" para atender "necesidades de atención primaria de todo tipo", como atención alimentaria, suministros diversos, ropa, pago de alquiler, gastos de agua, gas e incluso de farmacia.
   En esta situación que ha calificado como "desbordante", Jaime Pérez sin embargo ha resaltado la respuesta obtenida de la sociedad, que ha aumentado de forma "tremenda" su solidaridad, como lo demuestra que el número de voluntarios y donantes de Cáritas haya crecido un 12 por ciento respecto 2011.
   En este sentido, la memoria anual de Cáritas de 2012 revela en 2,5 millones de su presupuesto total de cuatro millones, procedían de colectas y donaciones, y que el número de voluntarios pasó de 1.219 en 2011 a 1.373 en 2012.
   La organización también ha dedicado una "especial atención" al fomento del empleo y la inserción socio-laboral, a los que ha destinado cerca de 300.000 euros, mientras que ha formación ha asignado casi 33.000 euros.
   Por otra parte, Jaime Pérez también ha explicado que hasta el momento Cáritas ha atendido a siete familias afectadas por desahucios, además de las personas en situación de extrema necesidad que son asistidas por la organización en alguna de sus viviendas tuteladas de la provincia.
   En su análisis de la situación actual, el responsable de Cáritas Diocesana ha lamentado que "desgraciadamente" no pueden resolver todos los problemas", y ha aclarado que, en todo caso, su objetivo no es "suplir" a la Administración pública, cuyos medios, según ha indicado, "no llegan a cubrir todas las necesidades que requieren los ciudadanos".

Un informe revela que el Ayuntamiento de Alicante acumulaba a 31 de marzo facturas sin pagar por valor de 39 millones

ALICANTE.- El informe trimestral de morosidad del Ayuntamiento de Alicante correspondiente a los primeros tres meses del año establece que el consistorio acumulaba 39 millones de euros en facturas sin pagar hasta el pasado 31 de marzo, un importe que actualmente es "mucho menor" gracias a la recaudación obtenida mediante el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

   Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el concejal de Hacienda, Juan Seva, tras asistir al acto de llegada de 51 nuevos agentes de la Policía de la Generalitat Valenciana a la provincia, tras ser preguntado por los datos sobre el último informe de morosidad de las cuentas municipales.
   Seva ha señalado que el documento, realizado por el interventor en cumplimiento de la legislación y que será llevado por el equipo de Gobierno al pleno ordinario previsto para este próximo jueves, "establece una foto fija" a 31 de marzo de 39 millones de euros correspondientes a facturas "que no se habían pagado".
   En este sentido, el edil ha puntualizado que el Ayuntamiento, entre los pasados enero y abril, tuvo "dificultades" de tesorería y "menos" dinero para abonar los recibos "que entran normalmente" hasta que cobró el IBI, por lo que ha resaltado que "a día de hoy el importe sería mucho menor" gracias a la recaudación obtenida mediante ese tributo. "Nos hemos puesto al día mucho respecto a esa cantidad", ha enfatizado.
   Igualmente, Seva ha concretado que el consistorio tiene 21 millones de euros en facturas de operaciones pendientes de aplicación (OPA) que "se irán pagando poco a poco", mientras que "el resto" son del presupuesto municipal "ordinario", que se abonan "conforme hay liquidez en tesorería".
 "En este momento la tenemos, y vamos pagando de forma normal", ha agregado al respecto.
   No obstante, ha incidido en que, "realmente, lo que preocupa más" al Ejecutivo alicantino son los 21 millones que, tal y como ha indicado, "no tenían consignación presupuestaria" y que "tienen que ir" liquidándose "poco a poco".
   "Ahora vamos a pagar un millón y progresivamente iremos pagando conforme la economía del presupuesto se vaya generando. Si hubiera un plan de pago a proveedores, que parece que así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda, esos 21 millones se abonarían con cargo a ese plan", ha asegurado.

La Policía Autonómica suma 123 agentes en la provincia tras la incorporación de 51 nuevos efectivos

ALICANTE.- La plantilla de la Policía de la Generalitat Valenciana ha aumentado hasta los 123 agentes en la provincia de Alicante tras la incorporación de 51 nuevos efectivos, de los que 40 serán destinados a la Comisaría de Elche, que se inaugurará "en breve", mientras los otros once permanecerán en la capital alicantina.

   El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha presentado este miércoles en la ciudad a la nueva remesa, sobre la que ha concretado que sus integrantes serán distribuidos, "sobre todo", en las unidades de Patrimonio, Medioambiente y Seguridad en el Ámbito Rural (SAR), así como en Menores y Atención a la Mujer.
   "Vuestra llegada supone que la profesionalidad y el servicio público que realiza la Policía de la Generalitat se vean mejorados cualitativa y cuantitativamente en la provincia", ha resaltado, al tiempo que ha expuesto que los resultados obtenidos por las actuaciones en Alicante representaron en 2012 el 26 por ciento del total de la Comunitat Valenciana. Además, ha añadido que durante los cuatro primeros meses de 2013, los servicios aumentaron un 32,5 respecto al mismo periodo del año anterior.
   Durante su intervención en el acto, ha recordado que durante el primer mes desde su creación, el Grupo de Seguridad Rural, compuesto por cerca de 60 agentes, ha patrullado 137 municipios valencianos, ha identificado a 740 personas e inspeccionado 1.323 vehículos, así como varias chatarrerías.
   También han intervenido o inmovilizado más de 64.200 kilogramos de productos, de los que 7.500 eran metales, del mismo modo que han sido detenidas tres personas, levantadas 44 actas de denuncia, cerrados dos almacenes de cítricos, y realizados 783 contactos con la sociedad y con empresas del ámbito rural.
   El conseller ha recordado que este grupo fue creado para "ayudar y colaborar" tanto con la Guardia Civil como con las policías locales "para intentar solventar los problemas de inseguridad en el campo", por lo que, a la vista de las cifras aportadas, ha expresado su satisfacción por el trabajo realizado. "Vamos a seguir potenciando en la medida de lo posible el grupo, y profundizando con la colaboración", ha agregado.
   Asimismo, ha subrayado que el Consell "siempre apuesta por la calidad formativa, poniendo en marcha iniciativas o jornadas para promover o inculcar la especialización" de los policías, por lo que ha incidido en que el Gobierno valenciano "seguirá invirtiendo en recursos y en formación" para los agentes, con el objetivo de "cumplir el compromiso" de hacer la Comunitat "mucho más segura".

Las universidades pedirán al Consell incluir la deuda histórica y los costes por impagos en la Ley de Presupuestos

ALICANTE.-   La vicerrectora de Planificación Económica de la Universidad de Alicante (UA), Mónica Martí, ha indicado que las cinco universidades públicas valencianas plantearán un requerimiento al Consell en el que pedirán la tramitación de un crédito extraordinario para incluir en la Ley de Presupuestos la deuda histórica, así como las cantidades derivadas de los costes financieros ocasionados por las demoras y los impagos.

   Martí ha hecho este anuncio durante la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno de la UA, cuando el rector, Manuel Palomar, en su turno de intervención para dar cuenta de su informe, le ha cedido la palabra con el objetivo de analizar la situación económica de la entidad.
   Así, la vicerrectora ha explicado que, mediante el requerimiento, solicitarán a la Generalitat Valenciana "la tramitación de un crédito extraordinario para que se incluyan en la actual Ley de Presupuestos tanto las cantidades adeudadas por la deuda histórica, como la derivada de los costes financieros que las demoras e impagos han ocasionado", según ha informado en un comunicado la institución académica alicantina.
   Igualmente, ha añadido que se pedirá la misma medida para el montante correspondiente a las "diferencias entre las cantidades presupuestadas en 2012 y 2013 y las que debieron presupuestarse de acuerdo con el Plan Plurianual de Financiación".
   Asimismo, ha anticipado que se requerirá que se abonen, en el plazo de un mes, los 47 millones de euros que se deben a las instituciones autonómicas "de las consignaciones presupuestarias incluidas en las leyes de presupuestos de los ejercicios de 2010 a 2013", al tiempo que ha indicado que "se ha recuperado un 0,5 por ciento del total de la deuda acumulada" en el referido periodo.
   Durante su intervención, ha resaltado la "buena sintonía existente" con el Ejecutivo regional, del que, tal y como ha subrayado, "se ha conseguido arrancar el compromiso" de que el próximo mes se recuperarán de las cantidades pendientes "el importe equivalente a la paga extraordinaria", un hecho que, a su juicio, "supondrá un importante alivio para la tesorería y garantizará" el pago de las últimas certificaciones de obra de la Facultad de Educación y su equipamiento.
   Martí también ha expuesto que las universidades públicas de la Comunitat han solicitado al Ministerio de Hacienda su inclusión en el tercer pago a proveedores. "El comunicado recibido --por parte del propio Ministerio-- da a entender que así será, y que se nos incluirá o en este plan o en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", ha agregado.
   En cuanto a la tesorería, ha asegurado que "gracias" a los cambios producidos en la gestión, en la nómina de junio "se va a poder pagar también" la productividad de 2012, "pese a no haber sido incluida en las previsiones para el ejercicio". "Hemos cumplido mes a mes lo previsto y las desviaciones que hemos tenido han sido siempre favorables a la universidad", ha enfatizado.
   Por su parte, Palomar ha anunciado que se va a promover la creación de dos nuevos institutos universitarios, uno de Arqueología y Patrimonio, y un segundo de Estudios de Género, y ha destacado la "voluntad de acuerdo" por parte de las instituciones académicas y del Consell en lo referente a los másters.

El Consell justifica una modificación presupuestaria de 15 millones para pagar parte de los 35 millones del ERE en RTVV

VALENCIA.- El secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat, Eusebio Monzó, ha cifrado en 35 millones el coste de los despidos contemplados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y, en este sentido, ha justificado una modificación presupuestaria de 15.583.000 euros realizada en diciembre de 2012 para pagar parte de este despido colectivo.

   Monzó ha comperecido este miércoles en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, solicitada a petición propia y por el grupo socialista para informar sobre las modificaciones del presupuesto de Radio Televisión Valenciana (RTVV). El PSPV ha criticado que en 2012 se alteró el presupuesto por 15.583.000 euros y ha preguntado cuál ha sido la destinación concreta de este importe.
   El secretario autonómico ha señalado que "la modificación presupuestaria de 15 millones fue para la televisión en general y parte de esos 15 millones van destinados al ERE". A su juicio, "esa modificación presupuestaria no se entiende sin la nueva estructura que se creó tanto para el ente como para la nueva radiotelevisión pública", y ha destacado que "se necesitaban 35 millones para poder pagar los despidos".
   Al respecto, ha destacado que "ningún miembro del consejo de administración está satisfecho de tener que despedir a ninguna persona, pero las circunstancias que estamos viviendo son muy difíciles". Así, ha señalado que el ERE en RTVV es "la mejor forma de preservar tanto la estructura de la nueva televisión como de preservar los servicios públicos esenciales".
   Asimismo, durante su comparecencia ha explicado que el plan de pago a proveedores del año pasado "necesitó la creación de créditos presupuestarios" y ha puntualizado que en el caso de Canal 9 "se pagaron 120 millones de euros a proveedores" para lo que fue necesario "generar un crédito para poder pagarlo".
   El diputado socialista Josep Moreno ha preguntado "a quién están pagando; parece que a tramas de corrupción" y ha asegurado que "los auténticos acreedores de la Generalitat, que son los productores; los dobladores; los actores valencianos; el amo de la gasolinera de Burjassot, que ya no les pone gasolina; los empresarios valencianos, no han visto ni un duro".
 "Dígame una empresa a la que le han pagado que no sea Triskel o no sea por la vivista del Papa", ha añadido.
   Monzó, ante las críticas de la oposición por la ocultación de información, ha respondido que las cuentas de RTVV "las he sacado de Internet, no he tenido que hacer otra cosa". Así, ha subrayado que las cuentas son "públicas" y que los miembros del consejo de administración, en el que hay "gente de distinto signo político", disponen de los informes. Por ello, ha insistido en que existe "absoluta transparencia".
   Por su parte, el diputado de EUPV Ignacio Blanco ha criticado que el Consell "está utilizando el ERE como excusa" y, así, ha lamentado que "al final parece que los trabajadores son los culpables de todo". Al respecto, ha denunciado que si el ERE resulta ilegal "lo pagarían los trabajadores y los valencianos que se quedarían sin televisión pública".
   "Si el ERE es legal o ilegal, lo decidirá quien lo tenga que decidir", ha respondido el secretario autonómico, quien ha asegurado que todo el grupo RTVV "está cumpliendo tanto la ley estatal como la autonómica respecto". Además, ha destacado que el despido colectivo "se ha hecho bajo el amparo de la legalidad y pensamos que en el grupo RTVV concurrían circunstancias tanto de tipo económico como causas organizativas que justificaban la materialización" del ERE.  
   Al respecto, se ha referido a "pérdidas sistemáticas, caída de ingresos de explotación, déficit presupuestario, nivel de endeudamiento", así como al "cambio en el mundo audiviosual por la salida de nuevas televisiones con la TDT". Asimismo, ha destacado que "este proceso" de despidos no solo se ha hrecho en RTVV, sino en todo el sector público "para preservar el interés público".
   Por parte de Compromís, la diputada Mireia Mollà ha preguntado por qué la modificación presuputaria se hizo en diciembre cuando el ERE fue en agosto, a lo que Monzó ha respondido que "el proceso de negociación duró todo el año y fruto de ese proceso se cuantificaron las cantidades que había que asignar".

martes, 28 de mayo de 2013

Asaja calcula que la tormenta de granizo arrasa un 25% de la uva de mesa en la provincia

ALICANTE.- Asaja Alicante ha destacado que la intensa lluvia y granizo registrada este lunes ha arrasado un 25 por ciento de los cultivos de la uva de mesa, y también ha afectado a hortalizas, cerezas, uva de vino, frutales como el manzano y cereales de la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado la organización agraria.

   Los técnicos de Asaja han visitado las zonas más afectados, y han comprobado que aunque los daños han sido desiguales, hay parcelas en las que las pérdidas ocasionadas llegan al 100 por ciento del cultivo, por lo que la campaña no podrá culminarse.
   En la Marina Alta ha resultado especialmente perjudicada la uva de vino, con parcelas en municipios como Gata de Gorgos que perderán todo el fruto, y en otros de uva de mesa y cítricos, los daños han afectado a parte de los cultivos.
   En el Alto y Medio Vinalopó, hay zonas en las que el granizo ha sido especialmente intenso, como en Villena, donde los cultivos más afectados se encuentran en paraje de la Encina, hacia Yecla y la zona de Las Virtudes.
   En esta zona Asaja Alicante ha recibido partes de siniestro de uva de vino, frutales como manzana, cereza --que ya arrastra daños por tormentas anteriores--, hortalizas --especialmente zanahoria y patatas-- y en menor medida, cereales.
   El Medio Vinalopó ha registrado daños de importancia en parcelas de uva de mesa, y aunque la afección ha sido "desigual", en algunos terrenos los daños alcanzan al 100 por ciento de la producción y los agricultores no podrán culminar esta campaña.
   En Novelda se estima que un 25 por ciento de su superficie ha sufrido "daños severos", mientras que en otro 25 por ciento del terreno los daños se sitúan entre el 40 y el 80 por ciento. Otra cuarta parte ha registrado daños entre el 15 y el 30 por ciento de sus cultivos, y sólo el 25 por ciento restante ha quedado indemne.
   Los técnicos han visitado los cultivos de uva de mesa, que se encuentra ahora en periodo de cuaje, por lo que "todavía es pronto para valorar si la fruta afectada podrá o no recuperarse", si bien cuando la "afección supera el 70 por ciento será muy difícil que no pierda el fruto".
   En la Vega Baja, el terreno afectado por el pedrisco está localizado en el municipio de Orihuela, donde los daños han vuelto a centrarse principalmente en cítricos, que, como en el caso de la cereza, ya arrastran mermas anteriores.
   Asaja ha lamentado que la presente campaña "está siendo especialmente complicada por la frecuencia de las tormentas de lluvia, viento y pedrisco".
   En este contexto, el colectivo agrario ha subrayado el descenso en la contratación de seguros como consecuencia del encarecimiento de la franquicia del seguro por cobertura de lluvias y el elevado coste de las pólizas, que se debe a la supresión de las subvenciones nacionales, que impedirá a muchos productores cubrir las pérdidas registradas.

Fomento renegociará la deuda de las autopistas en problemas tras rescatarlas en una sociedad pública

CÁCERES.- El Ministerio de Fomento estudia "integrar" en una sociedad pública la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra para posteriormente renegociar la deuda de unos 3.000 millones de euros que suman estas vías.

   Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien aseguró que el Gobierno no asignará recursos públicos a las concesiones de autopistas que tienen problemas económicos, sino que se está estudiando la fórmula para "integrarlas" a todas y poder renegociar su deuda.
   "Porque todas juntas y con la sostenibilidad financiera que le puede otorgar el Estado tendrían una viabilidad distinta que por separado", apuntó el 'número dos' de Fomento.
   Catalá explicó que el objetivo del Ministerio es "ayudar a las empresas concesionarias" de estas autopistas, y que una posibilidad es renegociar la deuda que tienen contraída, y que alcanza casi los 3.000 millones de euros, ya que de forma particular "no pueden soportarla", pero "con una renegociación de plazos sería distinto".
   "No se está planteando asignar presupuesto público, sino renegociar la deuda", ha insistido el secretario de Estado, quien ha anunciado que desde Fomento se está trabajando con los bancos y las concesionarias para ver si "tiene sentido una alternativa de esta naturaleza".
   El secretario de Estado ha recordado que hay nueve concesiones de autopistas que "tienen problemas de viabilidad" como consecuencia de la caída del tráfico y del sobrecoste de las obras de su construcción, y ha aclarado que el Ministerio de Fomento lo que quiere es "ayudarlas" para que se garanticen esas concesiones.
   "Las empresas españolas son líderes mundiales en concesiones de infraestructuras y sería una paradoja que en su propia casa tuvieran problemas de sostenibilidad", ha recalcado Catalá tras visitar, junto a la ministra Ana Pastor, las obras de dos viaductos del AVE a Extremadura que se construyen sobre los ríos Tajo y Almonte, en la provincia de Cáceres.
   En concreto, según fuentes del sector, Fomento trabaja para fusionar esta decena de vías de pago con problemas en una sociedad pública dependiente del Ministerio, en la que las empresas que actuales tienen la titularidad de las autopistas se repartirían una participación del 20%.
   En las vías en riesgo de quiebra, participadas por grandes constructoras y concesionarias, figuran las radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera o la de circunvalación de Alicante, entre otras, de las que cinco están en concurso de acreedores.

lunes, 27 de mayo de 2013

Puertos del Estado bajará sus tasas para fomentar la competitividad de la economía


MADRID.- Puertos del Estado analiza realizar una rebaja de las tasas que cobra con el fin de contribuir a "aumentar la competitividad de la economía española", según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor.

   El operador de la red de puertos públicos sucederá así a Aena, el grupo de aeropuertos, que la pasada semana alcanzó un acuerdo sobre las tasas que aplicará en sus instalaciones los próximos años.
   En el caso de los puertos, Pastor asegura que Puertos del Estado cuenta con margen para realizar el descenso porque se trata de una empresa saneada, que además cerró 2012 con un aumento de los tráficos. Según la ministra, los puertos españoles canalizan el 50% del total de las exportaciones, el 85% de las importaciones, y el 53% del comercio exterior con la UE.
   "Los puertos cumplen una importante función en la economía española, gracias a su situación estratégica", destacó Pastor, quien subrayó que estas instalaciones aportan un valor añadido bruto de unos 9.000 millones de euros a la economía española, emplea directamente a 100.000 trabajadores y a otros 275.000 indirectos. "Es un sector que genera riqueza", garantizó la ministra.
   En su intervención en una jornada de infraestructuras, la titular de Fomento indicó asimismo que los puertos jugarán un importante papel en la entrada de capital privado en la promoción y explotación de infraestructuras. Sólo en el ejercicio 2013 está prevista una inversión privada en este tipo de instalaciones de unos 1.000 millones de euros.
   Respecto a las infraestructuras que precisan los puertos, Pastor aseguró que una vez mejoradas en los últimos años las que están "de cara al mar", ahora es preciso optimizar la conexión de las instalaciones portuarias por tierra, sobre todo por ferrocarril.
   Ana Pastor también se refirió a Aena para asegurar que Fomento sigue apostando por su reorganización y transformación "para que pueda entrar capital privado", después de que, según sus datos, los planes de racionalización y eficiencia implantados en el operador de aeropuertos han permitido que concluya 2012 con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de unos 1.300 millones de euros.
   "Estamos haciendo una gran transformación en Aena, una empresa que presentaba una deuda de unos 14.000 millones de euros y que prácticamente no podía pagar sus nóminas", aseguró la ministra.

CESM-CV denuncia que la Conselleria de Sanidad "prepara la jubilación masiva de centenares de médicos"

VALENCIA.- El sindicato médico de la Comunitat Valenciana CESM-CV ha denunciado este lunes que la Conselleria de Sanidad "prepara la jubilación masiva de centenares de médicos". "Se pretende amortizar plazas para profundizar en la política de recortes del gasto y, en todo caso, sustituir a profesionales con una amplia experiencia por jóvenes sin estabilidad laboral y salarios mucho más bajos", ha lamentado.

   CESM-CV, en un comunicado, ha criticado que el Consell "pretende dilapidar la inversión en experiencia y conocimientos de los profesionales más veteranos mediante el recurso a la jubilación masiva y forzosa de centenares de ellos", y eso al mismo tiempo que el Gobierno de España "eleva la edad de jubilación de los trabajadores con empleos más penosos e incentiva de diversos modos la permanencia voluntaria en activo más allá de la edad legal de retiro".
   El sindicato ha explicado que, hasta el año 2003, la jubilación forzosa de los médicos se ubicaba en los 70 años, si bien cualquiera de ellos podía optar por retirarse a los 65 años, sin pérdida alguna en su pensión. Desde entonces, la edad de jubilación forzosa ha pasado a ser de 65 años, aunque el interesado podía solicitar prórroga en el servicio.
   Sin embargo, ha señalado que la Consellería de Sanidad "pretende aprobar un Plan de Recursos Humanos que le permita denegar todas las solicitudes de prórroga que desee y, al mismo tiempo, revisar las que actualmente se encuentran vigentes".
   Al respecto, ha advertido de que "el resultado puede ser el despido de 400 o 500 médicos, que desean seguir trabajando y que, en la mayoría de los casos, han dedicado toda su vida profesional a servir al sistema que ahora les da la espalda".
   "Estos profesionales, a una edad en la que aún pueden aportar mucho a la salud de los valencianos, van a verse condenados, en plenitud de facultades, a dejar de ejercer la medicina como si de electrodomésticos obsoletos se tratase", ha lamentado CESM-CV, quien ha añadido que "la calidad de la asistencia sanitaria va a resentirse de un modo inaceptable por la negligente actitud de los políticos que la gestionan".
   Según el sindicato médico, "el objetivo es económico y se enmarca en las políticas de recortes del gasto que están acabando con los derechos sociales de los españoles". Así considera que el Plan de Recursos Humanos, abordado este lunes en Mesa Técnica, "no es sino una excusa, tramposa y mal planteada, para facilitar este proceso de jubilaciones masivas, amparándose en la excepcionalidad de una crisis económica que permite gobernar a golpe de Decreto sin escuchar a los agentes sociales.
   Asimismo, ha denunciado que el Plan de Recursos Humanos "no ha sido realmente negociado con las organizaciones sindicales lo que convertiría en ilegítima su aplicación". Por ello, ha indicado que llevará las acciones que pueden resultar legítimas "en representación de los derechos de los médicos valencianos afectados por la nueva normativa así como en defensa del derecho a una sanidad de calidad para la ciudadanía".
   Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV ha señalado que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de instituciones sanitarias "sigue poniendo de manifiesto que los objetivos de la Conselleria de Sanitat distan mucho de buscar crear empleo".
   En este sentido, ha indicado que "el documento califica de "oportunidad" la "situación económica precaria para facilitar el desarrollo de cambios en las normas de contratación, de jubilación, de acceso al sistema, de incentivación".
   "En definitiva, Sanidad reconoce el momento actual como una oportunidad para recortar derechos y favorecer la precariedad en el sector", ha manifestado CCOO-PV, quien ha añadido que se mantendrá "firme" en su rechazo a la propuesta de la administración.
   La Mesa Técnica ha terminado sin acuerdo, por lo que la propuesta de Sanidad pasará a la Mesa Sectorial sin modificaciones sustanciales, por lo que podría ser aprobada con los votos exclusivos de los representantes de la administración.

Castellano dice que las decisiones sobre imputados se tomarán "cumpliendo estatutos y según la gravedad" de cada caso

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha asegurado este lunes que las decisiones que se tengan que adoptar sobre los imputados del partido "se tomarán como se ha hecho hasta la fecha: cumpliendo los estatutos y viendo la gravedad de cada proceso, porque cada uno es diferente".

   Asimismo, ha afirmado que el PP "generalmente nunca pide la cabeza de nadie" en el partido y ha añadido que en esta formación en la Comunitat Valenciana "se actúa siempre con los estatutos en la mano, respetando y colaborando con la Administracion de Justicia y respetando la presunción de inocencia de todo el mundo".
   Así lo ha señalado al ser preguntado por la información publicada por el diario 'El Mundo' en la que se indica que desde Génova se habría recomendado que apartaran del grupo en las Corts a los diputados autonómicos imputados en casos de corrupción Luis Díaz Alperi, Rafael Blasco, y a la también alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, antes del 24 de junio, fecha en la que se inagurará la llegada del AVE a Alicante.
   El secretario general del PPCV ha insistido en que "las decisiones se tomarán como se ha hecho hasta la fecha: cumpliendo los estatutos y viendo la gravedad de cada proceso, porque cada uno es diferente".
   Castellano ha sido preguntado por si estas decisiones se tomarán antes del 8 de junio, que es cuando se celebra la convención política del PP en Castellón y a la que acudirá el presidente del partido, Mariano Rajoy. Al respecto, ha reiterado que las decisiones que se tomen "las marcarán los propios procesos judiciales, los estatutos del partido y la evolución de los casos".
   El dirigente 'popular' ha recordado que el presidente del PPCV, Alberto Fabra, ha sido "muy claro" en este asunto y "se cumplirán lo que digan los estatutos dentro de la evolución de cada caso", ha reiterado. El secretario general del PPCV ha argumentado que "lo que depende del partido se ha cumplido y ahí están los ejemplos en cuanto a cargos orgánicos, otra cosa son los cargos personales que contempla el derecho electoral español".
 "Se cumplirán los estatutos de manera inquebrantable", ha agregado.
   El dirigente 'popular' ha sido preguntado también por la solicitud que hizo el pasado viernes el juez Castro, que instruye el 'caso Nóos', a las Corts para que acrediten la condición de aforados de Rita Barberá y Francisco Camps. Castellano ha indicado que el PPCV actuará con "con normalidad en colaboración y respetando" a la justicia. "No entramos a hacer juicios paralelos ni mediáticos, aunque a algunos partidos les guste jugar a ser policías, investigadores o jueces", ha indicado.
   Castellano ha destacado que "ni Francisco Camps ni Rita Barberá están imputados" y ha defendido que la alcaldesa se ha pronunciado de una forma "muy clara" sobre este asunto y todo lo que ha realizado "ha sido de forma correcta, ni ha firmado, ni ha votado, ni ha hecho nada que no sea arreglo a la ley". Castellano también se ha apoyado en los informes de la Abogacía de la Generalitat que "también han dicho que la tramitación ha sido correcta desde el punto de vista administrativo".
   El secretario general del PPCV no contempla la imputacion de Barberá como un posible escenario "pero eso tendrá que decirlo la propia justicia". Para Castellano, Barberá es una "extraordinaria" alcaldesa de Valencia, la ciudad es "bien distinta desde que ella está en la alcaldía, no solo en su imagen y en promoción, sino también en sus infraestructuras y calidad de vida".
 "Barberá está con muchísisma fuerza para afrontar el crecimiento, el progreso y el futuro de la ciudad", ha finalizado.

La CNMV abre expediente a dos exconsejeros de la CAM

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto expediente sancionador a los exconsejeros de Caja Mediterráneo (CAM) José Rovira y Susana Maestre, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El Comité Ejecutivo de la CNMV decidió el pasado 13 de marzo abrir expediente sancionador contra Rovira y Maestre. Sin embargo, el BOE lo publica este lunes debido a que los afectados no han podido ser localizados en domicilio y no ha sido posible comunicarles la circunstancia a la que tienen que hacer frente.
   Tanto Rovira como Maestre fueron llamados a declarar en marzo por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en el proceso que se inició tras la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés por delitos de apropiación indebida y administración desleal.

El Ayuntamiento de Alicante convoca la contratación del suministro eléctrico municipal por siete millones de euros

ALICANTE.- La junta de Gobierno local del Ayuntamiento Alicante ha aprobado en su reunión de este lunes la convocatoria, mediante procedimiento abierto, del proceso de contratación del suministro de energía eléctrica de las instalaciones del consistorio alicantino, con un tipo de licitación superior a los siete millones de euros y por un plazo de un año de duración.

   Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Marta García-Romeu, quien ha concretado que la adjudicación, cuyo importe no incluye el IVA, contempla un plazo de duración de un año, prorrogable en su caso mediante otro más, al tiempo que admite proposiciones a la baja.
   Por otra parte, a través de la vía de urgencia, se ha acordado conceder a la Federación de les Fogueres de Sant Joan una ayuda cuantificada en 200.000 euros, cuyo objeto es sufragar parte de los gastos realizados directamente por la entidad durante la celebración de las fiestas de las Hogueras, que cada año se celebran entre el 20 y 24 de junio.
   La propuesta de acuerdo especifica que la citada Federación, que agrupa a las Comisiones de Hogueras y Barracas de la ciudad, planifica todos los actos previstos durante los festejos alicantinos, al tiempo que se hace cargo de llevar a cabo las gestiones necesarias para su desarrollo.
   El órgano ejecutivo también ha validado la suscripción de cuatro convenios de colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento para la prestación de la asistencia sanitaria ambulatoria en los consultorios auxiliares de La Cañada, San Gabriel, Rebolledo y Villafranqueza, así como en los de Isla de Tabarca, Vistahermosa y Playa de San Juan.
   También como urgencia, se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para proyectos de los colectivos inscritos en el Registro Municipal de Entidades para el fomento de la participación ciudadana, a la cual se ha destinado una partida que asciende hasta los 35.000 euros.
   Finalmente, se ha aprobado la denominación de diversas vías públicas del barrio de Rabasa, que llevarán por nombre plaza Pintor Lorenzo Aguirre, calle José Antonio Berenguer Cerdá, calle Javier Cabo y Calle Pilar de la Horadada.

La ministra de Fomento garantiza que "no dejará caer" las concesiones de autopistas en problemas

MADRID.-   La ministra de Fomento, Ana Pastor, garantizó que su Departamento "no permitirá que caiga el sistema concesional español, considerado como el mejor del mundo", en referencia a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.

   Pastor agradeció públicamente el "esfuerzo" que Seittsa, la sociedad dependiente de su Ministerio, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, están realizando para "solucionar" el problema de estas vías.
   Según fuentes del sector, Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública, dependiente de Seittsa, que asumirá las nueve autopistas en problemas. Las concesionarias y constructoras actualmente titulares de las vías tendrían una participación del 20% en el capital de la empresa.
   El objetivo de la firma sería solventar los problemas económicos y financieros de las autopistas, que suman una deuda total de casi 4.000 millones de euros, para después devolverlas a manos de las empresas privadas.
   La caída de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de expropiación que afrontaron constituyen los principales problemas de estas autopistas (entre las que figuran las radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo o la Cartagena-Vera, aparte de la circunvalación de Alicante), de las que cinco están en concurso de acreedores.
   Pese a los problemas de estas vías, Pastor ratificó su apuesta por los sistemas de financiación mediante colaboración del capital público y el privado para construir infraestructuras, "siempre que se aplique a proyectos equilibrados y que presenten un retorno", según indicó durante su intervención en una jornada de infraestructuras en Madrid.

Cómo huir de Sonia Castedo

  • Rita Barberá evita sentarse en público al lado de la alcaldesa de Alicante
  • Hubo un baile de asientos en el acto del PP para huir de Sonia Castedo
  • El vacío a la dirigente imputada en Brugal fue más evidente en el escenario



VALENCIA.- Acto homenaje a Alberto Fabra en el auditorio Mar Rojo de L'Oceanogràfic de Valencia. En primera fila, dos ministros y la cúpula del PP valenciano. Ubiquemos la alineación inicial. En el centro, se sienta el jefe del Consell. A su derecha, el ministro de Economía, Luis de Guindos. A su izquierda, el titular de Industria, José Manuel Soria. Al lado de De Guindos se sienta Serafín Castellano, secretario general del PP regional, y al lado de Soria se sienta Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios y Programas del PP.

Ahora viene el problema. Al lado de González Pons está reservado el asiento para Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Hay incluso un letrero con su nombre pegado al respaldo. Junto a su butaca, espera Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, imputada en el caso Brugal por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
Cuando el grupo principal accede al recinto, Castedo ya ocupa su asiento. No vive la bajada por las escaleras principales ni la ovación de los asistentes. Sólo Rita Barberá le saluda antes del acto.
Barberá es la primera en intervenir desde el escenario, así que no llega a ocupar su sitio al lado de Castedo. Durante su discurso hay un asiento vacío entre González Pons y Castedo. Cuando Barberá acaba sube a la tribuna Alfonso Rus, presidente del PP provincial, pero Rita no acude a su asiento sino que hace que González Pons se mueva un sitio para evitar la foto junto a la alcaldesa de Alicante.
El acto de este sábado era especialmente delicado para Barberá, cuya imputación en el 'caso Nóos' parece inminente tras haber solicitado el juez Castro a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de aforados tanto de la alcaldesa como del ex presidente Camps.
Después del presidente provincial es el turno de los ministros y entonces vuelve a haber otro baile de asientos. Sube José Manuel Soria al escenario y Barberá y González Pons aprovechan de nuevo para moverse hacia Fabra y huir de Castedo. González Pons vuelve a dejar un asiento vacío entre él y la alcaldesa de Alicante.
Así se mantiene la primera fila hasta que Alberto Fabra interviene para cerrar el acto. Cuando acaba, invita a los máximos dirigentes a subir al escenario con él. Suben todos en grupo salvo Castedo, que duda entre subir o esperar en su asiento. Acaba subiendo pero por el lado contrario al resto de vips y se une por la parte izquierda del escenario y junto al presidente de NNGG, Juan Carlos Caballero.
Hay foto final de familia y Esteban González Pons y Serafín Castellano se abrazan dando la espalda ostensiblemente a Castedo, que queda relegada a un segundo plano. Su cara es un poema mientas suena el Himno Regional.
En el último momento, la alcaldesa de Alicante vuelve a intentar acercarse al presidente Fabra, pero entonces se produce el último movimiento. González Pons abraza con fuerza a Castedo, tanto que la sujeta con firmeza, es casi un placaje que evita la foto de la alcaldesa con el presidente sobre el escenario. Ya casi en las escaleras, Fabra se despide de Castedo con dos besos. Cero comentarios. Fin de fiesta, siempre según crónica de 'El Mundo'.

domingo, 26 de mayo de 2013

Sanz (EUPV) dice que Fabra "es un presidente agotado" y pide elecciones anticipadas

VALENCIA.- La coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, ha advertido este domingo de que el jefe del Consell, Alberto Fabra, es "un presidente agotado" al frente un Ejecutivo "sin iniciativa" y ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas.

   En un comunicado, la también portavoz de la formación ha lamentado que el acto organizado por PPCV para celebrar el primer año de Fabra como presidente de los 'populares' valencianos haya sido "un fracaso" y "no haya servido para "tomar mejores posiciones respecto a (Mariano) Rajoy".
   En este sentido, ha apuntado que ha sido el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien ha tenido que "venir desde Madrid a decir que no habrá financiación, que nos tendremos que apañar" y ha indicado que esto demuestra que "Fabra no tiene ningún poder en Madrid".
   "Ni siquiera es capaz de contentar su partido al no mostrar una posición pública contundente en la exigencia de financiación al Gobierno de Rajoy, Fabra es un presidente agotado al frente de un Consell sin iniciativa", ha insistido la diputada.
   Por ello, considera que ante esta situación "insoportable para el conjunto de los valencianos", Alberto Fabra "tiene que dimitir y convocar elecciones anticipadas".
   Asimismo, Marga Sanz ha apuntado que los casos de presunta corrupción "que afectan directamente a importantes dirigentes de su partido han quitado el protagonismo a Fabra" y ha considerado que el cierre de filas con la alcaldesa de Valencia ante su posible imputación ha mostrado la debilidad de un presidente incapaz de separar de las instituciones la corrupción que azota su partido".

El Sindic de Greuges investiga de oficio las políticas sociales de la Generalitat para luchar contra la pobreza

VALENCIA.- El Síndic de Greuges abrió en 2012 una queja de oficio para investigar y conocer las políticas sociales de la Generalitat Valenciana para luchar contra la pobreza en la Comunitat, así como los mecanismos de coordinación adoptados con las diferentes administraciones locales implicadas, según recoge la memoria anual de la institución.

   Ésta es una de las 27 quejas de oficio que decidió abrir el Síndic de Greuges el año pasado, a raíz de las "numerosas quejas" que ante esta la institución se presentaron por ciudadanos de la Comunitat Valenciana que se encuentran en situación de "especial vulnerabilidad y en grave riesgo de exclusión social". Y que además "no encuentran en la actuación del Consell, ni en el ayuntamiento de su municipio, una respuesta adecuada que suponga un alivio a esta situación", recoge la memoria.
   Este último informe presentado en marzo de 2012 por el Observatorio de Investigación sobre la Pobreza y la Exclusión en la Comunidad Valenciana, bajo el título 'Pobreza y privación en la Comunidad Valenciana y España: el impacto de la Gran Recesión', ya puso de manifiesto que más del 20 por ciento de la población de la Comunidad Valenciana se encontraba en situación de pobreza.
   Así mismo, dicho informe reflejó que una de cada tres personas mayores en la Comunidad Valenciana se encontraba en situación de pobreza, cifra que superaba la media nacional.
   El colectivo de los jóvenes y el de los menores son los más afectados por la situación de crisis. Según este informe, la pobreza infantil (menores de 16 años) en la Comunidad Valenciana, es superior en tres puntos a la media, llegando al 24 por ciento.
   El riesgo de pobreza en los jóvenes de la Comunitat Valenciana ha pasado de situarse en un 14,8 por ciento a un 29 por ciento, es decir, casi uno de cada tres jóvenes están en riesgo de pobreza, según el informe elaborado por este Observatorio que está integrado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas Comunidad Valenciana y la Fundación Foessa.
   En la Comunidad Valenciana, uno de cada cuatro jóvenes tiene dificultades para llegar a fin de mes. Uno de cada dos jóvenes no puede hacer frente a gastos imprevistos, y los retrasos en agua, luz, hipoteca o alquiler, prácticamente triplican la media. La tasa de privación de estos y otros bienes es la mayor de todas los grupos de edad, superando en la Comunidad Valenciana la media nacional en ocho puntos.
   El informe del Observatorio también pone de manifiesto que una de cada tres personas mayores en la Comunidad Valenciana es pobre. Cifra que supera la tasa nacional. Sin embargo, la crisis económica ha reducido el riesgo de pobreza de los mayores, motivado por una evolución más favorable de las pensiones que del resto de rentas, al estar garantizado su poder adquisitivo por ley.
   En cuanto al colectivo de inmigrantes, el riesgo de pobreza ha evolucionado del 28 por ciento al 36,8 por ciento. En la Comunidad Valenciana, el 70 por ciento de los inmigrantes no puede hacer frente a gastos imprevistos.
   Este estudio del Observatorio, que ha tomado como punto de partida el Informe Foessa 2008, también pone de manifiesto que los hogares monoparentales y unipersonales llegan a duplicar la pobreza media, y que presentan tasas de privación cercanas al 50 por ciento.

Disidentes cubanas acogidas en Alicante, desahuciadas al dejar recibir ayudas

ALICANTE.- Disidentes cubanas residentes desde 2011 en Alicante, adonde llegaron gracias a un programa de acogida impulsado por el Gobierno central, van a ser desahuciadas al haber dejado de recibir ayudas estatales y por la dificultad de encontrar un empleo, según ha conocido el Síndic de Greuges.

La institución ha responsabilizado a las administraciones de no haber asumido sus responsabilidades públicas de ayuda social a estas mujeres, una de las cuales podría ser separada de sus hijos si resulta desahuciada, "con la misma intensidad que deberían garantizar al resto de ciudadanos españoles".
El Sindic reprocha al Estado haber promovido un programa de ayudas "sin ningún tipo de previsión", que agotó las ayudas el primer año, y que ha llevado a las disidentes a una situación de "extrema vulnerabilidad".
Para paliar la situación de estas mujeres, el Síndic recomienda al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y al Ayuntamiento de Alicante que concedan de forma urgente una vivienda social a las familias de estas mujeres y diseñen un Plan de intervención social para atender sus necesidades antes de que puedan desplazarse a Miami, como es su deseo.
A Cáritas Diocesana, el Sindic le pide que "asuma la especial responsabilidad que la Iglesia Católica tiene" al haber mediado en el proceso de entrada de las disidentes, aportándoles la ayuda humanitaria necesaria para evitar su exclusión social.
Además, considera que la Consellera de Bienestar Social debería elaborar un informe de situación y adoptar las medidas que le correspondan para atender y promover la inserción de estas mujeres.
Las mujeres llegaron a España en 2011 en el marco de un programa por el que España acogió a 120 disidentes políticos cubanos y a cientos de familiares suyos, la mayor parte de ellos fuera de Madrid.
Durante el primer año, el Gobierno central cubrió sus necesidades básicas a través de un programa de asistencia financiado íntegramente por el Ministerio con el Fondo Social para refugiados, que ha sido desarrollado mediante acuerdos con Cruz Roja, y que les ha ofrecido un alquiler, subsidios mensuales, ropa y material escolar.
A partir de 2012, las disidentes que se han dirigido al Síndic solo han recibido ayudas de emergencia y puntuales del Ayuntamiento de Alicante, Cáritas y Cruz Roja.
La crisis económica en España ha convertido en "materialmente imposible" que estas mujeres encuentren un trabajo, situación agravada por la reducción de prestaciones sociales en España, lamenta el Síndic.
Ante la amenaza de desahucio solicitaron viajar a Miami, donde se han instalado otros compatriotas acogidos al mismo programa, gracias a un programa especial de visados estadounidense.
Al conocer su situación, el Síndic ha intentado mediar para evitar el desahucio de las mujeres cubanas, dirigiéndose en primer lugar a la Subdelegación del Gobierno para que pidiera al Ministerio de Asuntos Exteriores que cubriera los costes y los visados para viajar a Miami, sobre lo que el Estado no ha respondido todavía.
Al no recibir contestación, el Sindic pidió ayuda a Cáritas, que el pasado abril le comunicó que solo podía ofrecer "ayudas puntuales de comida, ropa y pequeños gastos", y en ningún caso podía ofrecerle una vivienda, ya que hay lista de espera.
Desde el Ayuntamiento de Alicante se le informó de que solo puede ofrecer el centro de acogida municipal, de modo que, finalmente, el desahucio de una de ellas fue ejecutado el pasado 7 de mayo.
El Sindic lamenta que el acuerdo del Gobierno español "no fue realizado con la suficiente previsión", algo que a su juicio "contrasta llamativamente con el gran despliegue mediático que acompañó la entrada de los ciudadanos cubanos".
Además, ha criticado que "ninguna administración local, autonómica o estatal ha establecido un plan complementario", convencido de que se han marcado "diferencias" en los apoyos prestados a estas familias respecto a otras españolas.

Intelectuales lanzan un manifiesto para combatir la corrupción en España

MADRID.-   Un grupo de académicos, economistas, escritores, científicos o representantes del mundo de la cultura han elaborado un manifiesto en el que reclaman la puesta en marcha de una nueva Ley de Partidos Políticos que favorezca la "regeneración de la vida democrática", aporte una "mayor transparencia" en su funcionamiento y así se pueda "combatir la corrupción en España".

   Entre los promotores de esta iniciativa, que se presentará el próximo martes en Madrid y que se puede seguir en la página web www.porunanuevaleydepartidos.es, se encuentran el profesor de la London School, Luis Garicano; el economista y empresario César Molinas; la presidenta de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, y el diplomático y escritor, Carles Casajuana.
   Según consta en el manifiesto, firmado por un centenar de personalidades, después de 30 años de democracia, en España los partidos políticos "funcionan mal" porque "las leyes y pactos para controlar la corrupción han fracasado".
   "En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna de los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley propician que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece", explica.
   Así, los promotores sugieren una nueva Ley de Partidos en la que se regule su actividad y se asegure su democracia interna y la transparencia y el control de su financiación. Según ha explicado César Molinas, se trata de que España "se parezca a Europa" para que los partidos políticos pasen de estar "autorregulados" a ser "regulados por ley".
   Todo ello, ha añadido Molinas, es visto por los promotores del manifiesto como un paso "necesario" para llevar a cabo después un "proceso de reforma institucional mucho más amplio" que, a su juicio, debería acometerse en España y en el que se podría incluir la reforma de la Justicia, la regulación de los 'lobbies' y la separación de los cargos políticos y los puestos administrativos.
   Se trata, ha explicado, de que nuestro país pueda contar con unas instituciones "a la altura de los retos a los que se enfrenta" ahora con la crisis económica, política e institucional por la que está pasando, algo que considera que no se podría conseguir con la regulación actual de los partidos.
   Para Molinas, España ha gozado de una etapa de "mucha estabilidad política" desde la Transición con la legislación por la que se rigen actualmente los partidos, si bien ha remarcado que todo esto tiene "un precio" como es "la falta de liderazgo claro o la corrupción".
   Entre otras cosas, los promotores de la iniciativa proponen que la nueva Ley de Partidos debería exigir celebración de congresos cada año o dos años, reunión de los órganos de control a fecha fija, composición de los congresos y órganos de control proporcionales al número de afiliados o votos, elecciones mediante voto secreto de afiliados o delegados, elección de candidatos a cargos representativos por primarias, mandato limitado de tesoreros y constitución de comisiones independientes para verificar gastos en las campañas e inspecciones para comprobar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.
   Esta iniciativa, a la que los promotores han denominado 'Manifiesto de los cien por una nueva Ley de Partidos Políticos', ha sido impulsada por la sociedad civil y detrás de ella "no hay ningún grupo, ni organización, ni intereses políticos, económicos o de cualquier otro tipo". Son, según Molinas, personas pertenecientes al "establishment" que pretenden concienciar y movilizar para que "las cosas empiecen a cambiar".
 "Es muy difícil que todo cambie desde dentro; hace falta la presión de la sociedad civil", ha afirmado.

sábado, 25 de mayo de 2013

La previsión es que este año crezca un 12,8% el tráfico en el Puerto de Alicante

MADRID.- Las previsiones para el Puerto de Alicante, según señala el Gobierno en una respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP en el Congreso, Amparo Ferrando, es que el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de Alicante para 2013 contempla un crecimiento del tráfico portuario de un 12,8 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2012 en 2,25 millones de toneladas.

   Durante el pasado ejercicio, el puerto de Alicante alcanzó un tráfico total de mercancías de 2.255.243 toneladas, 1.462.738 correspondientes a mercancía general, 717.061 toneladas a graneles sólidos, 58.633 a sólidos, 16.491 a avituallamiento y 320 a pesca.
   Según las mismas fuentes, esta infraestructura transportó 158.274 contenedores en 2012, 296.722 pasajeros en régimen de transporte y de crucero y 78.825 pasajeros de crucero.

El AVE pondrá a Alicante "en igualdad de condiciones con otros destinos turísticos nacionales"

VALENCIA.- La asociación Pro-AVE ha destacado que la llegada de la Alta Velocidad a Alicante este mes de junio pondrá a la ciudad y a la provincia "en igualdad de condiciones con otros destinos turísticos nacionales" y ha recordado que "llega tarde, de forma injustificada, pero por fin llega".
Así lo ha apuntado el presidente de la asociación, Federico Félix, en un artículo en el que celebra que la titular de Fomento, Ana Pastor, es "una ministra de palabra" al comprometerse a que el AVE Madrid-Alicante esté en funcionamiento en junio, coincidiendo con las Hogueras de San Juan. "No tenemos dudas de que así será", ha indicado.

Félix ha asegurado que Fomento "debe ser un motor de generación de riqueza, no una máquina de ineficiencia y obras faraónicas, lo que sin duda convierte al AVE Madrid-Alicante y al Corredor Mediterráneo en infraestructuras prioritarias para el gobierno de España, por su rentabilidad y por su contribución al desarrollo económico del país".

Así, se ha referido al AVE a Alicante como "el hecho más relevante de nuestra historia económica reciente, al ser el turismo un motor fundamental de la economía alicantina y de la Comunidad Valenciana" y ha apuntado que esta línea será "seguramente la más rentable" y cuenta con "un futuro muy prometedor" pese a inaugurarse "con más de 20 años de retraso con respecto a la de Sevilla".

El dirigente de Pro-AVE ha recordado que "la interconexión económica y humana entre las ciudades de Alicante y Madrid es posiblemente la más intensa de España, entre otras razones porque la provincia de Alicante es el principal espacio de referencia turística de Madrid, con más de un millón de madrileños disfrutando de una segunda residencia en ella".

Para la provincia de Alicante, principal destino turístico de la Comunitat Valenciana, "la llegada del AVE debe ser el aliciente para hacer de nuestro sector turístico el más eficiente, excelente y atractivo", ha asegurado Félix, quien ha advertido de que ahora "ya sólo depende de nuestro buen saber hacer el mantener el liderazgo conseguido".

"El AVE Madrid-Alicante ya no requiere inversiones adicionales, sólo inaugurarse en la fecha prevista. La ministra no puede fallarnos: sería un agravio a todos los valencianos. Un nuevo retraso supondría un golpe inaceptable a la paciencia de un pueblo y una tremenda frustración", ha alertado.

Competencia abre expediente sancionador a la patronal de transportistas del Puerto de Alicante

MADRID.- La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación de Transportistas de Contenedores del Puerto de Alicante (Astraco) por supuesta fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, así como por la limitación y el control de la actividad.

En nota de prensa, la CNC señala que estas conductas en la que supuestamente ha incurrido la patronal, como la elaboración de censos de camiones para controlar el acceso al puerto de Alicanto o la fijación de precios del transporte y otras condiciones, pueden suponer una práctica restrictiva de la competencia.
No obstante, la comisión recuerda que “la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación” y apunta que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.

Montoro prepara un programa para que las administraciones pongan la deuda a 0

JEREZ.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno está "trabajando intensamente" en la puesta en marcha de un programa financiero para agilizar el pago de las facturas que hoy quedan pendientes en los diferentes ámbitos de las administraciones públicas españolas y que, según ha avanzado, estará listo "en las próximas semanas".

   Montoro ha explicado que no se trata de "facturas ocultas", sino que "todo está en las cuentas nacionales" en diferentes ámbitos de las administraciones. Este plan, que "viene a reproducir en parte lo que fue el plan de pago a proveedores", tiene también una línea "muy ambiciosa", que es "que a final de año todas las administraciones públicas españolas vamos a estar pagando a 30 días, es decir, que vamos a estar aplicando la Ley de Morosidad".
   El ministro ha destacado que dentro de ese programa va a "facilitar los medios financieros para que las comunidades autónomas que tengan deudas con los ayuntamientos las abonen, y de esa manera despejaremos todo el circuito financiero entre las administraciones públicas, a ver si ponemos los contadores a cero de una vez", apunta.
   Así lo ha avanzado Montoro durante la clausura en Jerez de la Frontera (Cádiz) de la Convención Municipal del PP andaluz 'Ayuntamientos Populares Contigo', donde ha puesto de manifiesto que han conseguido cambiarse las circunstancias del país, de manera que "el año 2012 es el último año de crisis económica", aseverando que "a partir de 2014 vamos a crecer y a generar empleo".

De Guindos: La Comunitat Valenciana "está siendo la locomotora de la recuperación" en España

VALENCIA.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "está siendo la locomotora de la recuperación" en España. "No lo digo por decir, sino porque es una comunidad con dinamismo empresarial, empresarios y trabajadores de la máxima calidad y eso se está viendo porque las exportaciones de la Comunitat crecen por encima de la media española y eso es el indicador más certero de que vamos a salir", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que España "va por el camino correcto" para salir de la crisis.

   De Guindos se ha expresado de esta manera en el discurso pronunciado en el acto de homenaje al primer año de Alberto Fabra al frente del PPCV en Valencia, donde también ha participado su compañero de Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria. Por parte del PP nacional, ha acudido al acto el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons.
   De este modo, el ministro de Economía ha remarcado que el "saneamiento de la economía española nos va a poner en la trayectoria", en la que la Comunitat "está tirando como nadie" y eso "se ve en que las exportaciones crecen mas que la media española y eso es el indicador más certero de que vamos hacia delante", ha subrayado.
   De Guindos ha relatado que se encontró con Fabra en Bruselas y juntos tomaron un café en el que hablaron "un poco de todo" y comentaron que "todos estamos en el camino correcto".
 "No estamos del todo salvados", ha advertido, pero "estamos ahí y por eso mismo, lo que pido es todo el apoyo para vuestro presidente" porque Rajoy "sabe lo que hay que hacer", ha aseverado.
   El ministro Soria ha mostrado el "convencimiento" de que la labor de Fabra al frente del Consell "esta sentando las bases del crecimiento, la prosperidad y el bienestar en la Comunitat". Asimismo, ha apuntado que lo que se hace en la Comunitat y en España "es lo que hay que hacer para sentar las bases de la recuperación". 
En otra cita al trabajo en la Comunitat, ha señalado que la factoría de Ford en Almusafes "podía haber deslocalizado" parte de su producción pero "no lo ha hecho", como muestra del buen hacer del Consell.
   El vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons ha realizado una analogía entre la crisis en la Comunitat y la riada que anegó parte de Valencia en 1957. "Las crisis han actuado siempre como una riada y esta crisis, como la del 57, la peor de todas", tras la cual, los valencianos "movimos el río" e "hicimos un nuevo cauce", porque cuando nos lo proponemos, "este pueblo puede cambiar el curso de un río", ha afirmado.
   En un tono reivindicativo, González Pons, ha lamentado que a los valencianos "injustamete nos hicieron pagar" el cambio en el cauce del río, cuando "en cualquier lugar de España se hubiera pagado entre todos" pero en Valencia "el río lo cambiamos nosotros".
   Así, con esta crisis, le ha trasladado a Alberto Fabra que "ni entonces ni ahora podemos esperar a que los problemas los resuelva desde fuera". 
"Aunque nos den lo que nos corresponde, los problemas de la Comunitat solo pueden resolverse desde Valencia", ha apostillado González Pons, quien ha afirmado que "es la hora del liderazgo, es la hora de quitarnos las riadas de encima" porque "querer es poder para la Comunitat y para el PPCV. Como querer es poder: "queremos", ha apostillado.