sábado, 31 de mayo de 2014

Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

sábado, 24 de mayo de 2014

El juez Elpidio Silva reclamará fortalecer la Oficina contra el Fraude si logra el domingo un escaño en el Parlamento Europeo de la mano de 'Movimiento Red'


ALICANTE.- El juez Elpidio Silva, candidato por España al Parlamento Europeo, ha anunciado hoy en Alicante que "la primera medida" que impulsará, en caso de lograr el escaño, será reclamar que se "fortalezca" la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).

"Tiene una dotación de escasamente 50 empleados, lo que explica el desacierto, los desmanes y el campo ancho por el que han discurrido los corruptos en este país", ha indicado el juez suspendido provisionalmente de funciones.
En ese sentido ha manifestado que "la responsabilidad política --de la Unión Europea, al no auditar las inversiones y las ayudas ejecutadas en España--, debe traducirse con una quita de la deuda española", que ha calculado "entre un 20 y un 25 por ciento".
El juez ha reiterado que el Movimiento Red, por el que se presenta a las elecciones europeas del domingo, lo hace "sin dopajes" económicos e "íntegramente ciudadano" porque "no cree en los políticos", con excepciones como "Miguel Ángel Revilla, que merecen nuestro respeto".
Silva ha manifestado que le consta por "un compañero militante del Movimiento Red en Alicante que con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pasa algo similar a lo sucedido en Caja Madrid. Es el mismo proceso de promiscuidad entre lo político, entendido de una manera perversa, y la gestión bancaria, que en el caso de las cajas es la gestión del patrimonio de todos", ha asegurado.
Ha subrayado que "la reapertura judicial del caso Blesa permitirá que no se sustraiga al conocimiento de los españoles que la gestión desacertada manifiestamente de Caja Madrid pudo ser constitutiva de un delito societario cometido en régimen de organización criminal y que pudo ser la causa del rescate bancario y de la quiebra del sistema financiero español".
A su juicio, "este relato es imprescindible, porque en este relato posiblemente esté introducido el tripartito constitutivo del régimen que nos ha llevado a esta situación, puesto que es imposible en una gestión bancaria de esta naturaleza sin que, de alguna manera, no estén implicados tanto el PP como IU y el PSOE".
"Ni izquierdas ni derechas, este tipo de actividad política está detrás y hay que investigarlo muy severamente en la quiebra de Caja Madrid y, me imagino, que con las demás cajas de ahorro que han ido a la quiebra habría que hacer algo parecido", ha apuntado.
Silva ha anunciado que este mismo viernes el Movimiento Red Contra la Corrupción ha presentado ante el Banco de España la petición formal para que la entidad reguladora emita una certificación de irregularidad de la concesión del crédito de 26,6 millones de euros por parte de la entidad Caja Madrid al exjefe de la patronal y antiguo consejero, Gerardo Díaz Ferrán.
Silva ha destacado que, este reconocimiento por parte del Banco de España, a su juicio, permitirá reabrir el 'caso Blesa', después de que la Audiencia de Madrid anulara la investigación sobre este préstamo en junio de 2013, que realizó Silva.
Además, el candidato al Parlamento Europeo ha solicitado al Banco de España que certifique que "todas y cada una de las alertas" fueron "socavadas" por Caja Madrid para conceder el crédito.
A juicio de Silva, el Banco de España "sabe" y le "constan" las irregularidades y "lo sabe como poco" por la declaración del inspector que redactó esa certificación. En esta línea, sostiene que, de la mano de ese reconocimiento, se reabrirá la causa por la "clamorosa irregularidad en que incurre ese crédito" y junto con el informe de la Intervención General del Estado "acreditativo de que la gestión del Banco era como poco manifiestamente infractora de todo tipo de alertas y protocolos bancarios".
El juez ha indicado que la petición al Banco de España responde a la necesidad de que "declare que la certificación que emitió en su día, acreditativa supuestamente, de que el crédito concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán no reunía ninguna irregularidad es como poco una certificación manifiestamente errónea". El juez ha señalado además que hacen suyos los argumentos del sindicato Manos Limpias sobre que la quiebra de Marsans, empresa de Díaz Ferrán, "sea declarado culposa y ahí se pone de manifiesto que cuando se le presta dinero, Caja Madrid ya debería saber que la empresa de base, Air Comet, ya estaba quebrada".
Silva, que actualmente está apartado de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, aguarda que se fije de nuevo el juicio contra él por presunta prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Biografía

Elpidio José Silva (Granada, 1959) estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde fue el número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en la especialidad de Derecho Público.
Lleva veintidós años en la judicatura, desde mayo de 1991, cinco de ellos ejerciendo como magistrado-juez de instrucción en Madrid, y es experto en delitos económicos.
Ha sido  juez de Primera Instancia e Instrucción, encargado del Registro Civil, presidente de diversas Juntas Electorales, magistrado-juez de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria en Ceuta, además de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Cuenca, así como del Jurado Provincial de Expropiación de esa provincia. Desde el año 2008 ejerce como magistrado-juez de Instrucción en Madrid capital.
Se formó en la Université Panthéon-Assas (París 2), en la Universidad de Cádiz y en la Università di Bologna (Italia).
También ejerció un mes como juez del Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en Córcega (Francia).
Ha ejercido como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. Para doctorarse obtuvo una ayuda del Consejo de Europa, que le permitió realizar estudios de Derecho Comparado en Francia e Italia.
Actualmente es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos y dirige estudios de grado y postgrado sobre Derecho Penal y Criminología.
También ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ponente y conferenciante en numerosas seminarios y congresos nacionales e internacionales.
Ha publicado dos libros de poesía en la editorial sevillana Qüásyeditorial: 'Memoria Inconjugable' (finalista del Premio Adonais) y 'Memoria del Olvido'.
Más recientemente, en 2014, ha publicado 'La justicia desahuciada. España no es país para jueces', donde realiza un análisis de la situación de la Administración de Justicia española.
Desde el 1 de abril de 2014 se encuentra en Excedencia Voluntaria en la carrera Judicial, situación administrativa que le fue concedida con motivo de su candidatura en las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, bajo las siglas del partido Renovación Democrática Ciudadana (RED). Este partido fue constituido por un grupo de ciudadanos con el ánimo de luchar contra la corrupción.
Silva fue elegido mediante aprobación de actas en las que se le nombra presidente por consenso por la junta la junta de gobierno de movimiento red.
El 29 de abril se hizo público el documento oficial que figura en la web del Movimiento RED recogiendo un método basado en el esquema problema-solución-método. Este programa se presenta en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

viernes, 2 de mayo de 2014

Devoción y tradición popular caminan de la mano de 300.000 alicantinos


ALICANTE.- Devoción cristiana y tradición popular caminaron ayer en romería, y de la mano de 300.000 alicantinos, hasta el monasterio de la Santa Faz, donde desde hace más de cinco siglos se venera uno de los pliegues del sudario de Cristo.

Como todos los años, esta tradicional romería que se repite el segundo jueves después de la Pascua ha combinado el fervor religioso y el ambiente festivo, y, acompañada por el buen tiempo, en esta ocasión ha batido récord de participación.
Familias, grupos de amigos y representantes políticos y de numerosas instituciones y entidades han recorrido los casi ocho kilómetros que separan la concatedral de San Nicolás, en el centro de Alicante, del monasterio regido por las monjas clarisas.
Ataviado con el clásico blusón negro de labrador, el pañuelo blanquiazul y la caña de romero, como manda la tradición, los peregrinos han acudido, un año más, a su encuentro con la Santa Faz, una cita que se remonta a 1489.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha participado en "La Peregrina", como así se llama a esta romería, junto al alcalde en funciones de Alicante, Andrés Llorens, ya que la titular, Sonia Castedo, está de baja maternal.
Ambos y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Murgi, han estado al frente de una comitiva en la que también estaban varios miembros del Consell y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, entre otros.
Marcados por el veloz ritmo que marcaban los portaestandartes religiosos de la Santa Faz, las autoridades civiles y religiosas han tardado unos noventa minutos en recorrer la caminata pese a la gran cantidad de gente que se topaban en el itinerario.
Ni siquiera han parado a tomar los clásicos rollitos de anís y mistela que se ofrece a los peregrinos a la mitad de un recorrido que recuerda el camino que Jesucristo hasta la crucifixión a lo largo de catorce estaciones de penitencia.
A lo largo del recorrido, la comitiva se ha encontrado con dos protestas de trabajadores de la ya extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV), quienes han increpado a Fabra.
El president ha felicitado a todos los alicantinos por demostrar "lo que es su devoción hacia la Santa Faz" y "su capacidad por compartir un camino conjunto para llegar a su destino, a este monasterio".
"La unión hace la fuerza y nada puede parar la voluntad de todo un pueblo", ha añadido el jefe del Consell, minutos después de asistir a la misa que ha presidido el cardenal Manuel Monteiro de Castro, exnuncio de la Santa Sede en España.
Otras formaciones políticas han querido participar en esta jornada festiva en el marco de la ya conocida como "marcha cívica", en la que se han dado cita aunque por separado representantes del PSOE, Compromís, Bloc y Esquerra Unida, entre otras.
La presencia de estas formaciones de la izquierda política ha sido este año más breve, ya que muchos de sus cargos han regresado rápidamente a Alicante para participar en la manifestación del Primero de Mayo.
Antes de iniciar esta marcha, el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que la unidad demostrada de los alicantinos en esta romería refleja que con "el apoyo conjunto de todos" se pueden lograr muchos objetivos, como "salir de la crisis".
Ya en el templo, y custodiada bajo cuatro llaves, la reliquia ha sido sacada a la plaza del caserío donde la esperaba la imagen de la Santa Mujer de la Verónica, procedente de la localidad de Sant Joan d'Alacant. El encuentro, que ha arrancado algunas lágrimas entre los asistentes, ha sido aplaudido por los asistentes.
En su homilía, monseñor Monteiro ha animado a los fieles a "vivir en unidad con Dios" y a "pedirle" cuando sea necesario, pero también a saber perdonar y "pedir perdón".
Aunque no ha habido ningún caso grave, en las primeras horas se ha atendido a medio centenar de personas, principalmente, por lipotimias, rozaduras y caídas.

Sonia Castedo firma su renuncia como diputada regional ante notario, que presentará hoy

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', ya ha firmado ante notario la renuncia a su acta de diputada en las Cortes, que será presentada hoy viernes en el registro de entrada de la Cámara autonómica dado que el jueves ha sido festivo, según han confirmado fuentes municipales. 

No obstante, no se ha señalado quién será la persona encargada de presentar la renuncia por el registro de entrada dado que Castedo se encuentra de baja por maternidad, según han comentado las mismas fuentes. El actual alcalde de Lorcha, Guillermo Moratal, será el sustituto de Castedo en las Cortes, según han apuntado fuentes parlamentarias.
Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada.
Con la renuncia ya no quedan aforados en la causa de Brugal que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con lo que el procedimiento volvería a juzgado ordinario de Alicante.
De este modo, cuando se haga oficial la renuncia de Castedo el grupo popular en las Cortes Valencianas, integrado actualmente por 54 de los 99 parlamentarios que forman la cámara autonómica, mantendrá a cuatro diputados imputados en el 'caso Gürtel'.
Se trata de los 'populares' Ricardo Costa, David Serra, Vicente Rambla y Yolanda García, que están imputados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta financiación irregular del PPCV, derivada del 'caso Gürtel'.
La última renuncia fue la del ex alcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, que dejó su escaño "por motivos de salud". Díaz Alperi también está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio en otra causa en la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral y en la que el instructor ha considerado que existen indicios de que el diputado pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Con la salida de Castedo, serán 21 los diputados de las Cortes Valencianas que han dejado su escaño desde que empezó la legislatura. El pasado 21 de marzo renunció la ex consellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y tres semanas antes lo hizo la también ex consellera Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'.
También renunció a su acta Pedro Hernández Mateo, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad alicantina de Torrevieja.
Por su parte, Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó por contratos suscritos en su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social con empresas de la trama.
Por otro lado, Gerardo Camps, Mario Flores, Belén Juste y Manuel Cervera renunciaron al acta en las Cortes al ser elegidos diputados al Congreso, mientras que Eva Ortiz lo hizo para ir al Parlamento Europeo.
También dejó el escaño Paula Sánchez de León, al ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, así como César Augusto Asencio, designado vicepresidente de la Diputación de Alicante.
Recientemente ha dejado las Corts Luis Ibáñez, quien ha pasado a ocuparse de la Secretaría Autonómica de Sanidad. Asimismo, renunció José Marí para dedicarse a su actividad privada como abogado en un despacho propio, además de María José Masip por "motivos personales" y Antonio Ángel Hurtado por cuestiones "personales y profesionales".
El PP comenzó la legislatura con 55 diputados y en junio del año pasado se quedó con 54, al pasar al grupo de no adscritos el ex conseller Rafael Blasco, pendiente ya de sentencia en la primera pieza del 'caso Cooperación' tras la celebración del juicio.
Por parte de los grupos de la oposición, desde que comenzó la legislatura ha habido tres cambios, todos en la bancada socialista. Ferrán Verdú dejó su acta por las dificultades para compatibilizar su labor como alcalde de Jijona con el trabajo parlamentario y su puesto docente en la Universidad de Alicante. Asimismo, destacan los fallecimientos de los diputados del PSPV Dolores Huesca y Vicent Esteve.
El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha señalado que de confirmarse la renuncia de la alcaldesa de Alicante se trataría de "una decisión personal muy respetable" y ha comentado, sobre si repetirá como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales, que "se hablará cuando tengamos que hablar".
Fabra, tras participar ayer en la tradicional romería de la Santa Faz, ha señalado al respecto que "tiene que ser prudente" ante "los rumores" que apuntan a que la renuncia de Castedo se presentará este viernes en el registro de las Cortes.
En cualquier caso, ha comentado que es "una cuestión personal" y al respecto ha recordado que "lo cierto es que hace tiempo que había mostrado su voluntad de abandonar las Cortes para dedicar más tiempo al Ayuntamiento". 
"Es muy respetable pero hay que esperar a que se produzca para hacer más valoraciones", ha señalado.