jueves, 28 de enero de 2016

La investigación apunta a graves irregularidades del alicantino Gerardo Camps

VALENCIA.- En un ejercicio de periodismo ficción, la pregunta era casi inevitable. ¿Qué hubiera pasado si Rita Barberá o Gerardo Camps no fueran aforados? Su condición impide que se les pueda detener, imputar o incluso investigar de manera directa a menos que el caso lo asuma el Tribunal Supremo.

La respuesta a esta cuestión quizá no se conozca nunca o tal vez en unas semanas o meses a medida que las pesquisas lleguen a su tramo final o bien las declaraciones de algunos imputados apunten hacia sus anteriores superiores jerárquicos. En cualquier caso, actualmente existen dos caminos abiertos por la Guardia Civil que conducen de forma irremediable a los sillones de Rita Barberá y de Gerardo Camps. Y si esta tesis se materializa, las consecuencias para los dos dirigentes del PP podrían ser letales tanto en lo personal como en lo referente a su formación. Barberá ya se vio judicialmente cercada con la detención de una de sus más estrechas colaboradoras: Mari Carmen García-Fuster.
Ella era la responsable de todas las campañas del partido popular ante la Junta Electoral de zona, pero carece de cualquier competencia en la contratación de obras o servicios en el consistorio. Esta circunstancia orienta las pesquisas hacia la primera responsabilidad. No obstante, el secreto de la investigación impide conocer el detalle de los hechos que supuestamente pondrían en duda la presunción de inocencia de la exalcaldesa Barberá.
Similar es la situación de Gerardo Camps. La investigación apunta a que supuestamente cobró comisiones y participaría de algún modo en la trama de blanqueo de capitales. El exgerente de Imelsa, al parecer, lo situó como uno de los puntales de la trama en alguna de sus confesiones ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO).
Lejos de mostrar preocupación, los dos dirigentes trataron de trasladar tranquilidad ante el temor de que pudieran verse salpicados por el asunto. Incluso, en cierta forma, trataban de sacar pecho. «Los compañeros que son corruptos no son compañeros». Así de tajante se expresaba el ex vicepresidente y diputado nacional por el Partido Popular, Gerardo Camps, tras conocer alguno de los pormenores de la mayor operación contra la corrupción política que acabó con la detención de varios ex dirigentes de su propio partido.
Con esta palabras, Camps quiso poner tierra de por medio con quienes le vinculaban directamente con la trama que amañana contratos para cobrar comisiones. Desde su casa en Benidorm, explicó que nunca se le había comunicado nada por parte de la Guardia Civil ni del juzgado que investiga el caso surgido a raíz de la investigación de la empresa pública Imelsa.
La mañana estuvo trufada de versiones contradictorias acerca de un posible registro en los domicilios de ambos dirigentes populares. De inmediato, lo descartó. Añadió que ni su casa familiar ni la de Benidorm han sido objeto de registro. El diputado popular explicó que el único que tiene potestad para investigar es el juzgado que está instruyendo esta causa y que no cree que a él le vaya a afectar. «No se ha hecho ninguna diligencia ni ahora, ni anteriormente», puntualizó.
Desde el Congreso de los Diputados también llegaban voces en defensa de Camps. Concretamente, el portavoz de los populares, Rafael Hernando, aseguró que no le consta que el diputado nacional por Alicante esté relacionado con este asunto y no tiene «ninguna responsabilidad».
Pese a las palabras exculpatorias que esgrimían tanto Gerardo Camps como sus compañeros de partido, lo que sí parece claro es que los indicios se acumulan en su contra.

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