ELCHE.- La juez que investiga supuestas irregularidades
relacionadas con la planta de residuos de Abornasa en Crevillent ha
reclamado diversos informes a la Generalitat, en una causa en la que el
alcalde de la localidad, César Augusto Asencio (PP), y el ayuntamiento
se han personado como denunciados.
En una providencia la
titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche, Iris Valero, ha ordenado a
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que le
remita el expediente sobre la planta y ha pedido al Departamento de
Ecotoxicología que elabore un informe pericial sobre los posibles daños
medioambientales en el entorno donde se ubica la instalación.
La investigación judicial se inició en marzo del pasado
año a instancias de la fiscalía por una denuncia previa de Esquerra
Unida (EU) y persigue esclarecer si se cometieron delitos de
prevaricación y contra el medio ambiente en la adjudicación del contrato
para el tratamiento de residuos y el desarrollo de esta actividad.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Elche declaró
ilegal la planta de Abornasa en septiembre tras determinar que se
ubicaba en un suelo de especial protección por estar catalogado como
parque natural, en el paraje de El Hondo, y que el contrato se había
adjudicado sin la preceptiva autorización ambiental.
En su día, el alcalde de Crevillent ya sostuvo que había
adjudicado el contrato tras disponer de los correspondientes informes
técnicos favorables y atribuyó la denuncia a la animadversión hacia él
del antiguo interventor municipal, Fernando Urruticoechea, cuyos reparos
al expediente sirvieron de base a las acusaciones de EU.
Según esta versión, la planta se sitúa "fuera del perímetro de
protección" del parque natural y lleva en esa misma ubicación "más de
cuarenta años" con diferentes permisos, aunque el fallo de lo
Contencioso-Administrativo determinó que éstos habían caducado.
En su providencia del pasado diciembre, la juez instructora
también reclama precisamente esa sentencia y ordena al actual
interventor de Crevillent que le envíe un informe detallado "referido a
las posibles irregularidades detectadas en el ámbito de la contratación
entre el ayuntamiento y Abornasa desde el 28 de diciembre de 1996",
fecha en la que se firmó el primer pliego de condiciones del contrato.
Igualmente, requiere al alcalde y al propio consistorio que se
personen en el procedimiento "como denunciados y responsables civiles"
en relación a los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente,
lo cual ya ha sucedido.
Asencio firmó un decreto el pasado diciembre por el que designó a
un mismo abogado colegiado en Elche, José Luis Talens, y a dos
procuradores para ejercer tanto su defensa como la del Ayuntamiento.
Ese hecho ha sido criticado por fuentes
del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC), una
asociación personada en la investigación como acusación popular y que ya
ha anunciado su intención de pedir la imputación del primer edil.
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