VALENCIA.- Un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y
Anticorrupción de la Udef Central cifra en una cantidad estimada de
163.736,92 euros las prestaciones gratuitas en actividades de caza que
habría recibido el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y
exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, de las sociedades
pertenecientes al grupo Avialsa, cuyo propietario es Vicente Huerta, y
que funcionaban como caja única.
El documento está
incorporado en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número
2 de Sagunto (Valencia) sobre la denominada 'trama del fuego', y en la
que hay investigadas --término que sustituye al antiguo de imputadas--
al menos 30 personas, en relación con un presunto amaño de contratos
públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la
extinción de incendios forestales.
El informe de la Policía, con
fecha de julio del pasado año y tras hacer reconstrucciones contables y
comprobaciones de fechas a través de fotografías en archivos de la
trama, se centra en las actividades cinegéticas en las que habrían
participado Huerta y Castellano, entre otros, sufragadas por el primero
de ellos, según las manifestaciones realizadas en su día por el
exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, bajo la premisa de "influir con
ello en las decisiones" que pudiera adoptar el exconseller para
favorecer a su grupo.
Así, señala que hay existencia de indicios
objetivos sobre la materialización de estos regalos y disponen de
documentación que probaba el hospedaje de Castellano, su mujer y
personas de su entorno en establecimientos hoteleros los días 4 y 5 de
diciembre de 2009 y 5 de diciembre de 2010, con costes repercutidos en
Avialsa.
En 2007 la Policía considera que se puede establecer la
participación del exconseller en cacerías organizadas por
Aprovechamientos Cinegéticos --que facturó a Avialsa en ese mismo año
más de 64.000 euros-- porque el dueño de esa compañía, Andrés Emiliano
Castedo, le trasladaba a Huerta que esperaba que todas las monterías
hubieran sido de su "entera satisfacción" y existe un archivo con 19
imágenes donde "indudablemente" se reconoce a Huerta y Castellano y a
Emilio Máñez, ex teniente de alcalde de Quartell y también investigado
en la causa. En otra de las imágenes aparece el empresario José Miguel
Pérez Taroncher, también contratista del exconseller.
Por
este motivo, la Policía ubica a estos dos últimos y a otras dos
personas del entorno como asistentes a una cacería en noviembre de 2007,
para lo que se hospedaron la noche anterior en el parador de Albacete,
donde cenaron y ocuparon once habitaciones --1.826 euros-- que pagó
Huerta, un gasto que se computó en Avialsa y que internamente se computó
como gasto del personal.
La Policía infiere que el coste total de
esa cacería en la que participó el exconseller y sus "afines" fue de
43.643 euros a cuenta de Avialsa. La empresa las llegó a pagar antes de
recibir las dos facturas emitidas y que se conceptuaron con 'Gasto de
Profesional Independiente' y 'Proyecto I+D Reforestación Aérea'.
Este
proceso de alterar los conceptos para "cuadrar" la contabilidad se ve
con ocasión de otra cacería, donde desde Avialsa le pidieron a Castedo
que cambiara el nombre de la sociedad facturada, que debía ser
Avitractor y como 'Estudio Topográfico en su obra: Polígono Industrial
Alfara de Algimia'. En este caso, se transfirieron 31.372 euros.
Según
la Policía, en el resto de 2007 y 2008 hay constancia documental de la
existencia de muchas otras cacerías en las que habría estado Castellano,
aunque no es posible acreditar "fehacientemente" su presencia. Sin
embargo, añade que en 2009 lo sucedido sí les habilita para derivar la
existencia de nuevas responsabilidades penales al exconseller ya que,
según la Agencia Tributaria, ese año se le imputaba por Aprovechamientos
Cinegéticos un gasto de 9.280 euros, un dinero que consideran que no
pagó él sino que se hizo cargo del mismo el propio Huerta.
Para
la Policía, ese importe corresponde a la participación del exdelegado
del Gobierno en las cacerías de torcaz y tórtola en los cortijos De
Trifilla y La Villa de 15 y 16 de agosto de 2009 por importe justo de
esa cantidad. En el informe se constata que en el registro de la casa de
Castellano se encontraron todas las facturas enumeradas pero con la
"apariencia de haber sido enviadas por fax o ser simples fotocopias" y
con irregularidades, en lo que considera que es un "intento" de
Castellano de hacer una reconstrucción documental del pago ante la
repercusión pública de las informaciones sobre sus cacerías.
A la
Policía le constan otros momentos: en diciembre de 2009 un alojamiento
en un hotel de Albacete con afines en una reserva hecha por
Aprovechamientos Cinegéticos y cenas en un restaurante --por pagos de
1.712 euros y con importe de las monterías de 47.435--, que fueron
asumidos por Huerta por mediación de sus sociedades. También se
repercutió a Avialsa por la empresa de caza una estancia en el Hotel
Villagadea de Altea (Alicante), en cuatro suites y por importe de 1.450
euros, y donde se hizo cargo de gastos de Taroncher. Se sumó también a
pagar por el grupo una comida por 350 euros y el catering de la cacería
por 2.100.
Otra jornada de caza, en abril de 2010, habría sido
facturada por 13.409 euros dirigida a Tramimerca y presupone también
como dádivas reconstruidas una estancia en diciembre de 2010 en el
Parador de Albacete de Castellano, Taroncher y sus parejas sin que el
exconseller asumiera el pago.
No
obstante, en este caso la Policía no ha podido constatar la facturación
asociada repercutida al grupo, un hecho que, para los agentes,
"conjugaría" con la declaración del exgerente de que el exconseller en
esa ocasión le pidió "5.000 euros en efectivo para esa cacería", lo que
explicaría que fuera él quien pagara directamente el servicio.
En
el informe la Policía hace referencia a una posible resolución que
presenta visos de ser injusta, un expediente de enriquecimiento injusto
facilitado por Gobernación sobre la factura de 904.407 euros emitidos
por Avialsa a la Generalitat por el fletamiento de dos aviones
semipesados de carga en tierra para extinción de incendios. Esa factura,
de acuerdo con la Policía, "se emite en el periodo de tiempo que
comenzaron las cacerías".
Para la Policía, el documento "más
relevante e incriminatorio" es una resolución de abril de 2008 que
suscribió el exconseller que resolvió autorizar ese gasto de casi un
millón de euros que se dice que se prestó en diciembre de 2007, aunque
se emitió la factura el día 15 y se cargó al presupuesto de 2008.
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