miércoles, 24 de febrero de 2016

La revisión del catastro afectará a 900.000 inmuebles en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El plan de regularización catastral para localizar construcciones no declaradas en los últimos años incluye 107 municipios valencianos y un total de 911.132 inmuebles, 78.061 de ellos en Castellón, 383.767 en Valencia, y 449.304 en Alicante.

Según ha informado la empresa Impuestalia, dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de nueva legislación al respecto.
Concretamente se trata de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.
En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.
Se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, con lo que sus propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.
La previsión del gobierno es que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para estos nuevos municipios julio de 2017.
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones.
"En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio", ha advertido.
Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014.
Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.
Para 2016, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, sin contar los que se comuniquen a partir de ahora para 2017, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, según las mismas fuentes.
En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.
Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

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