miércoles, 24 de febrero de 2016

PSPV, Compromís, Podemos y C's piden 89 comparecencias en la 'comisión Savia'

VALENCIA.- El PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos proponen la comparecencia de 89 ex altos cargos de la Generalitat en la comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo Savia.

Los cuatro grupos han presentado hoy en el registro de Les Corts su propuesta de plan de trabajo de la comisión, que se reunirá el próximo 1 de marzo, y que incluye entre los comparecientes a los exconsellers de Bienestar Social, Juan Cotino, Rafael Blasco, Alicia de Miguel, Angélica Such, Jorge Cabré y Asunción Sánchez Zaplana, y al empresario Enrique Ortiz.
La comisión investigará la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes del Grupo Savia, formado por diez constructoras, entre las que figuraban Sedesa, de la familia Cotino y Ortiz.
Esta empresa resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del "macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino como conseller del ramo.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha sido apoyada por todos los demás grupos a excepción del PP, que se abstuvo en la votación en el pleno de Les Corts que aprobó la creación de la comisión, el pasado 21 de octubre.
La diputada socialista, Concha Andrés, ha manifestado hoy en rueda de prensa su satisfacción porque después de quince años se pueda investigar este "negocio" que supuso la adjudicación de más de 6.600 plazas, "la mayoría vinculadas a empresas relacionadas con la familia del exconseller Juan Cotino".
El objetivo de la comisión, ha añadido, es esclarecer si hubo algún "trato de favor" hacia estas empresas, con un volumen de negocio "superior a los mil millones de euros"; si no se cumplió con el derecho de las personas mayores a elegir dónde querían ser atendidos; y si en caso de incumplimiento de los pliegos se realizaron los expedientes sancionadores correspondientes y se cobraron.
Por su parte, el diputado César Jiménez, de Podemos, ha señalado que se ha pedido un extenso expediente de información sobre los contratos, número de plazas afectadas, revisiones de los precios y plazas, denuncias presentadas por el sector de la dependencia, sindicatos, trabajadores y particulares, y expedientes y sanciones derivadas de estas denuncias.
Respecto a las comparecencias, ha indicado Jiménez, la lista es muy extensa, 89 personas, para "escuchar a todas aquellas con responsabilidad en la adjudicación de las plazas", como exconsellers, directores generales, directores territoriales y responsables de comisiones de contratación y valoración, que puedan dar "luz a una supuesta extorsión".
La diputada de Compromís, Mónica Álvaro, ha destacado asimismo que los cuatro grupos han unido esfuerzos para esclarecer unos hechos hasta ahora "opacos y oscuros", al tiempo que ha expresado su convicción de que políticamente "no se han depurado todas las responsabilidades" necesarias.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David de Miguel, ha informado de que el plan de trabajo presentado por los cuatro grupos pretende ser "una herramienta útil para esclarecer cómo y de qué manera se llevaron a cabo las adjudicaciones".
La comisión, ha indicado De Miguel, será extensa, y aunque la periodicidad inicial prevista era quincenal, por el número de comparecientes solicitados podría ser semanal, y el calendario se establecerá en la reunión que mantendrá el próximo 1 de marzo.

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