miércoles, 31 de mayo de 2017

Sogorb admite discrepancias en las previsiones de beneficios de 2011 de la CAM

MADRID.- El ex director general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb, dijo este miércoles en el juicio contra ocho exdirectivos de la caja que las previsiones de beneficio para 2011 hechas por la propia entidad diferían de los presupuestos que se utilizaron para la fallida fusión con otras cajas.

A preguntas del fiscal, Sogorb explicó que la entidad redactó unos presupuestos con la información aportada por los distintos departamentos, que después eran contrastados con auditores internos y externos y con firmas como Boston Consulting o Analistas Financieros Internacionales (AFI).
De ahí que hubiera discrepancias entre esos documentos de trabajo y los que finalmente se aportaron al plan estratégico al que dio el visto bueno el Banco de España y que se emplearon en la fallida constitución de un SIP (sistema de protección de activos) con otras cajas.
Además, una vez intervenida la entidad, en julio de 2011, el FROB modificó sus criterios, por lo que "resultaba imposible conocer la imagen fiel de la entidad".
Para la constitución del SIP, explicó, previamente a la firma del contrato era necesario que el Banco de España autorizara un plan estratégico de integración, "y así se hizo en este caso", con las cuatro cajas.
En junio de 2010 se hizo llegar a la comisión ejecutiva del Banco de España ese plan estratégico, que fue aprobado por el organismo, que establecía planes de actuación con despidos, cierre de oficinas y otros puntos.
En ese plan estratégico se incluían los objetivos de la caja para 2011, con 218 millones de euros comprometidos como beneficio, aunque después se vio que si no se actuaba, dada la delicada situación económica del país, habría resultados negativos.
Cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol le pregunto si en las reuniones previas a la constitución del SIP se llegaron a poner sobre la mesa los documentos que mostraban que la caja tendría unos resultados negativos de 400 millones de euros, Sogorb aseguró que él no lo presentó.
Sí explicó que Roberto López Abad y Dolores Amorós, ambos acusados en la causa, estaban al corriente de toda la información, el primero como director del Banco Base en ese momento y la segunda como directora general.
En el plan estratégico, indicó, figuran unos resultados y en las previsiones tendenciales, otros, siendo éstas últimas peores que las primeras, aunque en todo caso perfectamente conocidas por el grupo de trabajo del Banco Base.
Sogorb expresó la tranquilidad que proporcionaba contar con la presencia constante, "todos los meses del año" de los auditores externos de KPMG, que intervenían en la supervisión de la redacción de los estados financieros y de todo tipo de informes.
Acerca de las titulizaciones de activos, explicó que la caja encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de baja del balance de resultados, una maniobra permitida por la normativa contable del Banco de España siempre que no afectara a las dotaciones de capital.
Sin embargo, una posterior revisión de la situación del primer semestre de 2011 puso de manifiesto "otras opciones", desconocidas por el propio equipo de Sogorb, cuyo riesgo no habría sido trasferido y que infló las cuenta de resultados en 168,8 millones de euros.
Un "problema" que, dijo, comunicó a uno de los administradores del FROB que dirigieron la CAM tras su intervención, quien a su vez solicitó un informe específico que llevó a la "reexpresión" contable.
Cuestionado acerca de su papel al frente del departamento, aseguró que sólo el área de inversiones, liderado por el también acusado Francisco José Martínez, conocía que estas opciones no habían aparecido en la contabilidad, descartando cualquier responsabilidad directa sobre estas operaciones como sí le atribuye uno de los peritajes aportados a la causa.
"Yo no he ocultado nada al FROB", insistió a la sala.
Asimismo, defendió la política de dotación de provisiones y recordó que, tras una circular del Banco de España que ampliaba el volumen de estos colchones, la CAM empleó un 90% de fondos genéricos para hacer frente a las nuevas exigencias, aunque hasta ese momento la dotación para provisiones se elevaba al 125 %.

La banalidad de la CAM / Ángel Montiel *

Hannah Arendt nos alertó sobre ´la banalidad del mal´ al detectar que detrás del horror sólo hay mediocridad. Esta evidencia añade horror al horror, pues ni siquiera cabe que las víctimas puedan acogerse a una implacable predestinación, sino que lo son de parte de lectores del Marca y de apacibles jugadores de dominó. Gente corriente. 

Modesto Crespo, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, declaró ayer en sede judicial que su función se limitaba a acompañar a señoras a comprar bolsos o a recibir homenajes del Misteri del Elche, y que no tenía ni pajolera idea de lo que se traficaba en la CAM, entidad que presidía. 
Todo esto no lo expuso como autocrítica, sino como excusa para zafarse de responsabilidad. Y en boca de un empresario que, como tal, debiera tener conciencia de lo que significa presidir un Consejo de Administración. Probablemente, como presidente del Consejo de su empresa particular no se dedicaría a comprar bolsos para las señoras de sus clientes, sino que llevaría las cuentas al céntimo. Mediocre hasta el final y, por tanto, exponente del horror. 

Porque podría haber dicho con mayor convicción: yo era un lacayo de Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalidad valenciana; gracias a mi cargo me llevaban en andas en mi pueblo donde hasta entonces era un simple vendedor de coches; mi posición me permitía hacer favores importantes, gozar de privilegios insospechados, acceder a préstamos y concederlos, figurar como un santón por donde quiera que fuera, meter miedo a quien me importunara, ser mirado con alguna delectación imposible en otra circunstancia por determinado tipo de señoras, además de almorzar y cenar en los mejores restaurantes, probar los más exclusivos caldos, ser invitado e invitar, cobrar dietas por fichar en reuniones somnolientas en que se decidía sobre el destino y los sueños de miles de personas, viajar gratis total por el planeta Tierra, dormir en los mejores hoteles, ser transportado en vehículos de alta gama por chóferes expertos y discretos, aparecer ante mi mujer y mis hijos como un hombre extraordinario aunque ocultándoles que no disponía de otro mérito que el de haber sido elegido como un mindundi necesario para hacer el trabajito sordo (es decir, sucio) al estamento político, constituido a su vez por otros lectores del Marca, como el figura que preside el país. 

Todos del mismo nivel intelectual y moral. Y lo peor es que ponen en mal lugar a un gran periódico como el Marca y a un juego entretenido como es el dominó. Arrasan con todo. 
Podría haber concluido Crespo su declaración de manera más sincera: «Sí, soy el responsable por omisión de la ruina de miles de incautos clientes de la CAM que se dejaron engañar por las cuotas participativas, fui el presidente de la entidad que para mantener mi culo en sillones de cuero curado ignoró que se falsificaban los resultados de la entidad sólo con el propósito de que sus gestores cobraran incentivos mientras la marca se venía abajo, soy el tipo que se cargó la CAM, la caja de ahorros más potente y confiable, que tuvo que ser rescatada con el dinero de todos para ser vendida por un euro al Banco de Sabadell».

Pero es verdad que todo esto le sobrepasa, sin duda. Es posible que ni siquiera sea consciente del desastre. Tal vez aún espera que sus amigos vengan a rescatarlo también a él, que sólo se prestó a figurar mientras los más listos, como Roberto López Abad, exdirector general, se jubilaban anticipadamente a la hecatombe con la soldada del historial laboral de mil obreros, según el cálculo espinosiano. 

Lo terrible es que nuestra ruina personal y colectiva se debe a estos pobres hombres, a los que ni siquiera podemos reprochar una maldad intencionada. Son así, un producto colateral y vulgar del poder, que a su vez es una máscara detrás de la cual sólo hay otros lectores del Marca, también inconscientes del daño que nos hacen. Es la banalidad absoluta, conformada por honestos padres de familia a los que políticos desalmados nombraban para altos cargos del poder financiero con la exclusiva obligación de acompañar a las señoras a comprar bolsos y que después se daban golpes de pecho como ridículos meapilas y falsos devotos en las fiestas de Elche. 

Ostentaban la representación de un mundo inamovible, perpetuo, que de pronto se vino abajo, y andan perplejos: «Yo sólo era un mandao». Pero los recuerdo. A los dos. Los veías y veías el Poder. A su alrededor todo eran sonrisas. Había gente que esperaba que le dijeran: «Pasa por mi despacho». Y así podrían llegar a final de mes. Eran dioses. Mediocres y banales. Objetivamente, malvados. 



El horror, según Hannah Arendt.



(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/05/31/banalidad-cam/833700.html

martes, 30 de mayo de 2017

Los acusados de la CAM comienzan a contar mentiras ante el tribunal para eludir sus responsabilidades en la quiebra

MADRID.-El tribunal que juzga en la Audiencia Nacional a la excúpula de la CAM ha decidido mantener en la causa a los afectados por las cuotas pero lo limita a los que compraron entre marzo y julio de 2011. De este modo, rechaza expulsar a los damnificados por las participativas como pedían los acusados pero acota a los que da cobertura este proceso.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el primero de los acusados del juicio contra la excúpula de la entidad financiera que se somete al interrogatorio en la Audiencia Nacional, ha declarado que él "no sabía lo que ocurría".
Crespo ha defendido que "nadie" le informó de que tenía problemas de solvencia sino que incluso una semana antes de la intervención de la caja en 2011 "las noticias eran positivas".
"Yo desconocía los procedimientos internos", ha dicho el expresidente de la entidad murciano-alicantina a preguntas del fiscal del caso Luis Rodríguez Sol, a quien le ha precisado que las cuentas aprobadas en 2010 y 2010 eran "positivas", salieron adelante "por unanimidad" del consejo de administración y venían respaldadas por el informe favorable de la auditora KPMG.
Crespo, para el que la acusación particular pide nueve años de cárcel, se ha referido así a la comunicación hecha por los gestores de la caja a las autoridades financieras de unos beneficios de 38,9 millones de euros pese a que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones derivando en la quiebra de la Caja.
Hasta en cinco ocasiones ha rechazado conocer el contenido de documentos que firmó (como actas del consejo de administración) porque carecía de conocimientos para ello y porque tenía "absoluta confianza" en los directores Roberto López Abad y su adjunta Dolores Amorós, ambos encausados.
"Si me decían que tenía que firmar un documento, como presidente lo firmaba, acababa de aterrizar en la Caja y si personas que llevaban 35 años me lo pedían no tenía por qué desconfiar pero eso no quiere decir que tenga conocimientos porque no los tengo", ha recalcado.
El acusado ha reconocido también que no participó en una de las reuniones mantenidas entre directivos de CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Elche para integrar un Sistema Institucional de Protección (SIP) que diera luz verde al Banco Base porque no tenía "conocimiento" de los hechos que se iban a tratar.
"Yo presidía la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche y el sábado por la mañana no asistí a esa reunión porque no tengo conocimiento y no había lugar. Me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron y les llevé a visitar 'outlets' porque querían verse zapatos, bolsos y más menesteres", ha precisado Crespo, que ayer fue increpado a la salida de la Audiencia Nacional por afectados por la compra de cuotas participativas.
El exbanquero ha mostrado su "sorpresa" de que las tres cajas se desvincularan del proyecto ante los problemas de solvencia de la entidad alicantina que finalmente fue intervenida por el Banco de España y adjudicada en 2011 al Banco Sabadell por un euro simbólico tras haber recibido una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros.
El acusado también ha rechazado tener responsabilidad alguna en las retribuciones otorgadas a los altos cargos de la Caja y que, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, costaron a la CAM un desembolso total de 20 millones de euros junto con los bonus y las indemnizaciones que la cúpula se otorgó en 2011 cuando la situación era "crítica".
De igual forma ha respondido cuando el letrado del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que asumió el rescate de la Caja y ejerce la acusación particular en el procedimiento, le ha preguntado por qué fue facultado a realizar titulización de activos (uno de los medios empleados por la excúpula para simular la obtención de beneficios) pese a que de esa función ya se encargaban los directivos. "Ellos sabían que no tenía conocimiento alguno", ha respondido.
El expresidente de la Caja ha sido el primero de los ocho acusados en declarar ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo y que también juzgó el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. 
Los exbanqueros se enfrentan a una petición de la Fiscalía de penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión por los delitos de de falsedad en las cuentas anuales, estafa y apropiación indebida por su gestión.
Crespo ya fue juzgado y absuelto junto con López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, por haber favorecido dietas presuntamente irregulares de entre 9.000 y 308.700 euros para 19 miembros de la entidad por valor de 1,37 millones de euros.

lunes, 29 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.
Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 
Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 
Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 
La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

domingo, 28 de mayo de 2017

Un empleado en Alcoy le gana al Banco de Santander un pleito laboral por vulnerar sus derechos fundamentales

ALICANTE.- Es la primera vez que el Banco Santander ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales y la indemnizacion de 50.000 euros por daños y perjuicios morales a un empleado en la oficina de Alcoy es relevante (la mayor parte de las veces es simbólica y en otras no pasa de 10.000 euros). 

El mobbing o acoso laboral como forma de violencia psicológica con deterioro de salud se ha acreditado en este caso y la 'maldad' del Banco con el traslado constante del actor, parece que tambien, según opinan los expertos en Derecho Laboral consultados, que ven esta resolución como un gran precedente de jurisprudencia en el sector bancario ya con miles de prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos improcedentes.

El célebre  y condecorado letrado laboralista murciano Antonio Checa de Andrés (en la imagen) le ha ganado al Banco Santander, en lo calificado por los especialistas como 'un gran pleito laboral' por la puerta que se abre para otros empleados de banca en las mismas o muy parecidas circunstancias sufridas o por sufrir.
 
Ahora, en una sentencia de 26 folios, la magistrada del Juzgado nº 7 de lo Social en Alicante, Aurora Gutiérrez Gutiérrez, admite parcialmente las pretensiones en su demanda del empleado, Javier Fernández de Diego, y declara nulo su traslado forzoso a la provincia de Tarragona por lo que supone de vulneración de derechos fundamentales así como la reposición en su original puesto de trabajo de Alcoy en las mismas condiciones que regían antes de su último traslado forzoso y contra su voluntad, con la advertencia en el fallo de que debe cesar toda conducta vulneradora del derecho del demandante, condenando igualmente a Banco de Santander a una indemnización de 50.000 euros como reparación por los daños morales causados al actor, que lleva más de un año en tratamiento médico.

La demanda fue interpuesta el día 6 de junio de 2016 por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y contra el Banco de Santander y dos de sus responsables de RR. HH., así como contra los representantes de la sección sindical por UGT, CC OO, STS y FITC, que han quedado absueltos en el citado fallo que declara nulo de pleno derecho el traslado forzoso impuesto a Javier Fernández de Diego como el último escalón de un largo proceso de acoso laboral desde la cúpula regional de la entidad con sede en Valencia.

Todo comienza cuando el actor solicita a su empresa un traslado a Murcia o inmediaciones cuando sea posible por ser allí donde reside su futura esposa con la que muy pronto iba a contraer matrimonio, consigue incluso por conciliación familiar solicitar la permuta de su puesto con la de un compañero destinado en Lorca que deseaba un puesto en la provincia de Alicante. Y todo por parte del actor para evitar hacerse a diario 270 kilómetros con el riesgo vial añadido que eso supone. No recibe respuesta a sus múltiples requerimientos en ese sentido pese a que su evaluación de 2011 y 2012 sugiere que posiblemente aumentaría de rendimiento si fuese destinado a una localidad cercana a su lugar de residencia en Murcia.

A partir de ese momento Banco Santander le rebaja de categoría aunque le mantiene la retribución de director de oficina que había alcanzado, primero en la sucúrsal 3354 en Alcoy y posteriormente la oficina 3894 en Jávea. Y empieza para De Diego un peregrinar constante por oficinas de la entidad en la zona de Alcoy-Ibi-Cocentaina sin parangón con otros compañeros, que le llevan a solicitar una primera baja médica por ansiedad aunque luego vendrían otras por trastornos depresivos ratificados por informes médicos psiquiátricos e informe pericial. Mientras, se producen cinco traslados a Murcia por comisión de servicio y a puestos de su nivel pero el actor queda excluido de ellos.

En esa circunstancia y, ante la absorción de Banesto por el Santander con el consiguiente ERE, se le ofrece una baja incentivada que el actor no había solicitado ni aceptaba por lo que, aduciendo necesidades del servicio es trasladado a la sucúrsal 3442 en una pequeña localidad agrícola de Tarragona, Mont-Roig del Camp, a unos 500 kilómetros de Murcia, donde en una vivienda hipotecada con el Santander propiedad de ambos, reside y trabaja su esposa e hija ya escolarizada en guardería, sin que la sección sindical del banco accediese a plantear su caso a la dirección regional de RR . HH. de Banco de Santander en Valencia, que adujo era contraproducente hablar del mismo.

Ahora De Diego se muestra dispuesto a renunciar a la indemnización de 50.000 euros impuesta por la magistrada de lo Social al Banco de Santander, a cambio de conseguir su anhelado traslado a Murcia o localidad colindante, que le permita conciliar por fín su vida familiar con su empleo.

martes, 23 de mayo de 2017

El Taibilla tendrá agua este verano pese a la situación complicada por la falta de trasvases

CARTAGENA.- El presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo de Marco, dijo este martes que el abastecimiento tendrá agua este verano a pesar de que la situación es complicada al no haber recursos del trasvase y que tampoco los habrá en los próximos meses, ya que cuentan con desalación y otras alternativas.

Gallardo, que hizo estas declaraciones tras exponer la situación al consejero murciano de Agua, Francisco Jódar, explicó que las cuatro desaladoras de las que disponen, las dos alicantinas y las dos de San Pedro del Pintar, están al 100 por cien de producción aportando 8 hectómetros cúbicos cada mes durante el verano, a lo que se suman aportaciones de pozos de sequía de la cuenca del Segura.
A ellas se podrá sumar la desalinizadora de Valdelentisco, en Isla Plana (Cartagena), para lo que ya ha sido tramitada la petición como cliente a la sociedad Aguas de la Cuenca Mediterránea (Acuamed), de la que depende, de la máxima asignación posible, de en torno a 13 hectómetros cúbicos de agua para los tres meses de verano, a los que se sumarían otros 13 del acuífero de El Molar.
A Valdelentisco se unirán las desalinizadoras de Águilas y Torrevieja (Alicante). También se trabaja con reservas estratégicas mediante contratos de cesión de derechos con comunidades de regantes.
Preguntado por la repercusión en el precio del recibo del agua debido al recurso de agua desalada (A la MCT le cuesta a 50 céntimos el metro cúbico) en lugar de agua del trasvase, respondió que hasta el momento la MCT se ha apretado el cinturón y a corto plazo no se contemplan modificaciones de las tarifas, como tampoco se contemplan restricciones de agua.
En este sentido, comentó la inversión de más de veinte millones de euros para llevar agua desalada a Molina y Murcia.
Al final del año hidrológico, el 1 de octubre, la MCT está espectante ante la evolución de la cabecera del Tajo porque el recurso del trasvase "es fundamental" para el abastecimiento humano de esta población del levante español.
La MCT abastece de agua potable a 79 municipios, 43 de Murcia, 34 de Alicante y 2 de Albacete, lo que representa una población de 2,5 millones de habitantes, que en época estival puede llegar a los tres millones, con unas necesidades estimadas de entre 19 y 20 hectómetros cúbicos de agua al mes en verano.
En los meses de junio y de septiembre el consumo de agua baja a los 15-16 hectómetros cúbicos.
Por último, remarcó que "no se había visto una primavera así desde hace muchos años", en referencia a la escasez de lluvias de los meses de abril y mayo, y a la escasez, por tanto, de aportaciones en los embalses de la cabecera, las más bajas de la serie histórica, indicó el director de la MCT, Carlos Conradi.

miércoles, 17 de mayo de 2017

TUI reduce la pérdida neta un 19,1 % en su primer semestre fiscal

FRÁNCFORT.- El grupo turístico TUI redujo la pérdida neta atribuida un 19,1 %, hasta 362,9 millones de euros, en el primer semestre de su actual año fiscal, que comenzó en octubre.

TUI informó hoy de que su transformación en un grupo de hoteles y cruceros sigue su curso.
También señaló que el flujo comercial de cara al verano de 2017 confirma las expectativas.
"La bajada de la demanda para Turquía y Egipto se compensa con el aumento de la demanda para Grecia, España, Cabo Verde, Chipre y destinos de largo recorrido, como el Caribe", añade TUI.
La facturación se incrementó en el mismo periodo un 3,3 %, hasta 6.383,4 millones de euros.
Las marcas propias de hoteles y cruceros impulsan el crecimiento, añadió TUI.
El presidente de la junta directiva de TUI, Firtz Joussen, dijo que "nuestra transformación en una empresa turística integrada sigue su curso".
"Las marcas de hoteles y cruceros están consiguiendo un crecimiento sólido. El grupo está cambiando rápidamente; las previsiones siguen intactas pese a las dificultades coyunturales", según Joussen.
Estos dos segmentos aportan la mitad de los ingresos operativos de TUI en base al año completo.
La división de Hoteles y Complejos incrementó el resultado operativo bruto (Ebita) en el primer semestre un 27 % hasta los 122,8 millones de euros.
RIU ha aumentado la tasa de ocupación de sus hoteles propios en un punto porcentual, mientras los ingresos medios por cama aumentan en un 7 %.
Robinson también ha aumentado los ingresos medios por cama en un 3 %, con una ocupación algo más baja (menos un punto porcentual).
Hoteles y Complejos tiene las marcas RIU, Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life y Diamond Hotels, del grupo canadiense Sunwing, en el que TUI tiene una participación del 49 %.
TUI va a abrir más hoteles de las marca TUI Hotels & Resorts a lo largo del año: un TUI Blue hotel en Croacia, dos Robinson Clubs en las Maldivas y Tailandia y un RIU hotel en México a finales de año.
El Ebita antes de extraordinarios de la división de Cruceros asciende a 75 millones de euros, un 52,1 % más que en el año fiscal 2015/2016.
TUI Cruises y Thomson Cruises han logrado un sólido crecimiento gracias a la expansión de sus flotas durante el verano de 2016, con el Mein Schiff 5 y el TUI Discovery, respectivamente.
Thomson Cruises inauguró la semana pasada en Málaga el "TUI Discovery 2".
En 2018, el "TUI Explorer" (que actualmente opera con el nombre "Mein Schiff 1") se sumará a esta flota y, en 2019, el "Mein Schiff 2" será transferido a la flota de Thomson Cruises para proseguir con su programa de modernización.
El rendimiento de los mercados de origen se vio afectado por las fechas de Semana Santa y las bajas por enfermedad en la aerolínea TUI fly en octubre de 2016, que tuvieron un coste de 24 millones de euros.
Los Región Norte (Reino Unido e Irlanda, países nórdicos, Canadá, Rusia) han logrado un crecimiento general del 5 % en volumen de clientes.
Pero el resultado operativo estuvo influido por las fechas tardías de Semana Santa y otros extraordinarios, como el aumento de las reservas de mantenimiento de los aviones y el aumento de los costes del servicio de pensiones en Reino Unido.
El resultado de la Región Norte también ha sufrido el impacto de los costes de mercadotecnia para el cambio a la marca TUI y la bajada de la demanda para Turquía y Egipto.
Blue Diamond Hotels y Thomson Cruises ya no presentarán sus resultados en el marco de la Región Norte.
La Región Central (Alemania, Austria, Suiza, Polonia), ha sufrido el impacto del aumento de las bajas por enfermedades del personal de TUI fly, que se enfermó repentinamente en octubre porque temía que se fueran a recortar empleos al crear un nuevo grupo aéreo formado por TUIfly y Air Berlin.
Estas bajas médicas del personal causaron numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos.
TUI prevé que el Ebita antes de extraordinarios crezca al menos en un 10 % en su ejercicio 2016/2017.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Los empresarios del Mediterráneo se unen en Almería por el Corredor ferroviario

ALMERÍA.- Más de 300 empresarios catalanes, valencianos, murcianos y andaluces se han reunido hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), para reclamar la ejecución de un Corredor Mediterráneo con doble plataforma y tráfico para mercancías y pasajeros.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), promotora del encuentro, ha reivindicado que es preciso "disponer de un corredor como Dios manda, con doble plataforma, para personas y para mercancías", y ha anunciado que llevarán a cabo otro nuevo acto en octubre en Madrid.
A esta cita ha acudido una amplia delegación de empresarios del arco mediterráneo como Eduardo Baamonde (Cajamar) Francisco Martínez-Cosentino (Grupo Cosentino), o el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha dicho a los medios que "todos los españoles" deben defender el Corredor Mediterráneo porque "es un problema de la sociedad" y es bueno que la "riqueza de España sea totalmente circular, además de ser radial".
El acto ha sido inaugurado por Boluda, quien ha subrayado que la suma de asistentes ha demostrado que "todos vamos a una" y ha añadido que para que esta reivindicación tenga éxito hay que "desterritorializarla".
"Es determinante que catalanes, valencianos, murcianos y andaluces defendamos todos y cada uno de los kilómetros del corredor, porque en el trazado completo está la competitividad y el beneficio para el conjunto de España", ha añadido.
Ha asegurado que el objetivo es "completar la actual España radial con la españa circular, ya que son compatibles", porque si bien la capital española es "muy importante, el resto de regiones deben ser atendidas también, porque mejorándolas avanzará el conjunto del país".
El presidente de la patronal valenciana ha cuestionado la existencia de voluntad política para la ejecución del corredor y añade que aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado fechas, a los empresarios les parecen "tardías", aunque ha valorado que "ya hay un equipo trabajando y unos compromisos que cumplir, lo cual ya es un avance".
No obstante, ha advertido que el próximo junio se realizará una valoración de los "once hitos identificados como imprescindibles para el avance de la infraestructura", momento en el que se verá si "la voluntad política se traduce en hechos".
El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, ha dado a los asistentes la bienvenida "a la isla de Almería", en alusión al "aislamiento ferroviario" de la provincia con respecto al resto de España, ya que ha mantenido que es la provincia "más castigada" en lo que a infraestructuras se refiere.
"Estoy firmemente convencido de que la distancia no es el problema, porque Almería no está lejos. El problema es que las administraciones no han movido ni un milímetro para que estemos más cerca del resto de España", ha precisado.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sostenido que el Corredor Central y el Mediterráneo no son "incompatibles", y ha abogado por darle protagonismo al Campo de Gibraltar y Algeciras, de forma que ha ofrecido repetir el "éxito" del encuentro de Almería con otro "gran acto" en esta ciudad gaditana.
Ha sostenido que de esta forma se podrá "acreditar la complicidad" de ambos proyectos y eliminar "cualquier tipo de excusas o competencias falsas entre los dos, que son inexistentes".

800 empresarios reivindican en Almería el Corredor Mediterráneo

ALMERÍA.- Unos 800 empresarios de Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña participan este miércoles en Almería en el tercero de los encuentros organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reivindicar el Corredor Mediterráneo y sumar apoyos a esta causa, tras las citas de Tarragona, donde participaron más de 300 empresarios y Murcia con más de 500 asistentes.

Los Encuentros por el Corredor Mediterráneo, impulsados por AVE, tienen como finalidad escenificar la importancia y necesidad de la infraestructura y concienciar a la sociedad civil para que se implique en su reivindicación. Tras los encuentros de Tarragona y Murcia, Almería acogerá esta última parada del Road Show por las comunidades autónomas bañadas por el Mediterráneo, antes del chequeo semestral sobre el estado de las obras que tendrá lugar en el mes de junio.

Uno de los principales objetivos que se persigue es trabajar para que, en las infraestructuras en general, y las ferroviarias en particular, se complete la actual España radial con una circular, que conecte mejor a los territorios y haga más competitivo y próspero a nuestro país.

Canal de comunicación
Además, se dará a conocer el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, que permite al usuario navegar de forma interactiva a través de la primera grabación que se realiza en helicóptero por todo el trazado ferroviario, desde la frontera francesa hasta Algeciras por la costa, escogiendo el tramo que más le interesa.

Este nuevo canal de comunicación cuenta con producción audiovisual propia, extensiones en las redes sociales y está concebido para concienciar a la población sobre "la situación de parálisis que sufren las obras ferroviarias en la cornisa mediterránea, demostrar cómo afecta a su vida cotidiana y hacer un riguroso seguimiento".

#QuieroCorredor
Además del canal de comunicación, AVE ha puesto en marcha la iniciativa #QuieroCorredor, una campaña de recogida de firmas, que en estos momentos llega prácticamente a las 6.000 adhesiones, que tiene el objetivo de sumar a la sociedad civil a la iniciativa.

Los presidentes de AVE y de la Cámara de Comercio de Almería, Vicente Boluda y Diego Martínez Cano, respectivamente, abrieron el Encuentro, que cerrará el presidente de la CEA José Manuel González de Lara. Además, durante el encuentro tendrá lugar un diálogo entre empresarios en el que está previsto que participen los empresarios Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima y AVE), Ignacio Osborne (Grupo Osborne e IEF), José García Carrión (Grupo García Carrión), José Cano García (Asempal y Deretil) y José Mª Bonmatí (Aecoc).

Asimismo, asisten empresarios como Juan Roig, Eduardo Baamonde, Artur Carulla, Ignacio Ferrero, Javier Godó Muntañola, Francisco Martínez-Consentino, Javier Moll, José Terradellas, Federico Michavila, Quico Catalán y Tomas Fuertes. También, del mundo patronal y cameral de toda la cornisa mediterránea, entre los que estarán, José Manuel González de Lara, Antonio Ponce Fernández, José Mª Albarracín, Pedro García Balibrea, Francisco Gómez Andreu, Salvador Navarro, Josep Antoni Belmonte y Juan Bautista Riera Fernández.

martes, 9 de mayo de 2017

El Tajo entra en coma: ya no hay agua para trasvasar


TOLEDO.- Situación de alerta en los pantanos de la cabecera del Tajo. El agua embalsada en Entrepeñas y Buendía ha bajado 14,19 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, situándose en 378,497 hectómetros cúbicos, por debajo así del umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos. 

Y es que según los datos facilitados ayer por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a fecha ocho de mayo, se encontraban al 15,29% de su capacidad total de embalse, que asciende a 2.474 hectómetros cúbicos, según publica http://www.periodicoclm.es
En concreto, el embalse de Buendía almacena 6,012 hectómetros cúbicos menos que en la semana anterior y acumula 243,814 hectómetros cúbicos, que suponen el 14,87 % de su capacidad total de embalse, que se sitúa en 1.639 hectómetros cúbicos. 
Por su parte, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha bajado 7,229 hectómetros cúbicos y almacena 141,645 hectómetros cúbicos, el 16,96 % de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos. 
Una situación que contrasta radicalmente con la que se registraba hace tan solo un año, cuando por estas fechas los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 547,8 hectómetros cúbicos, el 23,23% de su capacidad total de embalse. 
Y sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han seguido autorizando, mes tras mes, los trasvases a través del acueducto Tajo‑Segura, el último de 15 hectómetros cúbicos el pasado 11 de abril. Algo que podría volver a producirse, a pesar de la dramática situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo, puesto que según el último informe de la CHT todavía serían trasvasables otros nueve hectómetros cúbicos, los que faltan para que se alcance el nivel de emergencia, por debajo del cual no se podría trasvasar salvo tirando de Real Decreto. 
Una situación de alerta de la que también se ha hecho eco la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, desde la que denuncian que "la falta de agua" y los "bruscos descensos" ocasionados por el trasvase Tajo-Segura "dejan sin oxígeno al agua", lo que provoca "la muerte directa de las especies que habitan en los embalses y el río". 
Asimismo advierten que el próximo verano será "de gran mortandad" para la economía, las poblaciones y sobre la propia naturaleza, todo ello "gracias a la nefasta gestión del Memorándum del Tajo" que, critican, "solo lleva cuatro años en vigor y en dos ocasiones ya ha dejado en evidencia la vergonzosa situación". 
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 5.818,046 hectómetros cúbicos de agua, que son 93,221 menos que la pasada semana y que suponen el 52,858 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.
Pero la grave situación en la que se encuentra el río Tajo no solo se aprecia en sus embalses de cabecera, sino que también tiene su reflejo a lo largo de su recorrido. Señales que el río va mostrando, y que advierten del peligro de muerte que le acecha, como las que han aparecido estos días a su paso por la capital regional, donde las espumas blancas que lo han poblado durante meses han dejado paso a grandes manchas de color verde.
Una situación que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha relacionado con los efectos del trasvase y las altas temperaturas, apuntando que esto conllevará "la muerte importante de peces". En este sentido, ha asegurado que "se está trasvasando mayor cantidad de agua de la que está llegando a la ciudad de Toledo", de ahí que el bajo caudal unido a las altas temperaturas favorezca la aparición de algas, que acaba con el oxígeno y lleva a la mortandad de peces en el río. 
Y es que aún en la retina de los toledanos permanecen las impactantes imágenes de junio de 2012, con la aparición de cientos de peces muertos en el Tajo a su paso por Toledo, debido a una situación similar. 
También se pronunciaba sobre la situación del Tajo la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, quien ha señalado al "escaso caudal del río" como la causa del "estancamiento del agua" que ha propiciado la aparición de algas a su paso por Toledo. 
Asimismo, la titular de Fomento ha denunciado que estos días era "mucho más" el agua trasvasada al Levante que la del río Tajo, ya que se enviaban a Murcia 20 metros cúbicos por segundo y "el río estaba llevando tan solo 15 a su paso por Toledo".
García Élez se ha referido así al "expolio" que sufre el río Tajo a través del trasvase, convirtiéndolo en "un río en estado de coma", tal y como se denunció desde Castilla-La Mancha ante la Unión Europea.

La última voluntad de Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- Las reflexiones que la viuda de Vicente Sala plasmó en su diario sobre las relaciones volcánicas entre el clan, han rescatado una de las grandes dudas que planean en la familia desde que María del Carmen Martínez apareció muerta con dos tiros en la cabeza el pasado mes de diciembre. Vicente Sala padre, ¿quería o no quería a su hijo al frente del holding familiar? ¿Era su voluntad que la acción de oro pasase a su primogénito en detrimento de sus tres hijas? Parece que no, según El Mundo

Pese a que su esposa volvía una y otra vez sobre el testamento en el que se recogía que este privilegio -que otorgaba la última palabra de decisión en los negocios- pasaría de ella a su único hijo varón, la realidad era otra. La acción de oro se extinguía en ella. Para que pasase al hijo, el expresidente de la CAM tendría que haber modificado los estatutos de las empresas y no lo hizo.
Tenía total poder y autoridad para haberlos cambiado pero optó por dejarlos igual. Tuvo tiempo, ya que sabía que el cáncer que le habían diagnosticado era grave, y sin embargo no los modificó a sabiendas que el hecho de no hacerlo hacía que lo que ponía en el testamento carecía de validez. De esta manera, dejó a todos sus hijos en igualdad de condiciones en la multimillonaria compañía.
Su viuda siempre consideró que la acción de oro debía pasar a su hijo y maniobró para que así fuera. Su empeño le ocasionó un primer revés del Registro Mercantil de Alicante. Fue después de una junta infernal para la familia en la que expulsó a sus hijas del consejo de administración y colocó a su primogénito como administrador único haciendo uso de la acción de oro. 
El Registro revertió esta situación pero María del Carmen seguía convencida de que la voluntad de su marido era que Vicente Sala Martínez acumulara la capacidad de decisión del entramado empresarial.
Aludía al testamento constantemente. Se olvidaba de que sin la modificación de los estatutos, el testamento no tenía valor. Para muchos, esta manera de proceder fue una jugada maestra de Vicente Sala padre; una forma de contentar a todos: a su esposa (quién creyó que el control de los negocios quedaba en manos de su hijo pues él nunca le comentó el detalle de los estatutos), a su hijo (que se atribuyó el papel de jefe pensando que el contenido del testamento era suficiente) y a sus hijas (a quienes no perjudicó). Lo cierto es que dejó a sus descendientes en igualdad de condiciones a base de templar ánimos y de mucha mano izquierda.
La prueba de que María del Carmen no aceptaba la situación queda reflejada en las anotaciones que adelantó El Mundo. Decía estar «dolida» porque sus hijas «no cumplían la voluntad de su padre». Mar, Tania y Fani Sala intentaron contrarrestar el convencimiento de su madre acudiendo a la vía legal.
Tal como publicó este periódico, las tres hermanas pusieron el conflicto en manos de un bufete de Madrid para demandar a María del Carmen. La iban a llevar a los tribunales para impugnar el acuerdo alcanzado en la junta del 19 de septiembre de 2016 donde quedaron fuera del consejo de administración. La demanda estaba lista para presentar pero el asesinato de María del Carmen el 9 de diciembre la frenó.

Declaran prescrito el supuesto fraude de Coepa denunciado por el Servef

ALICANTE.- Un juzgado ha declarado prescrito el supuesto fraude con subvenciones en la construcción del centro de oficios y formación de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) que había denunciado el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).

Así se recoge en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declara el sobreseimiento libre de la causa por falta de indicios criminales y que puede ser recurrido por las partes.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante, Ana Hoyos, coincide con el fiscal al apreciar la prescripción de los delitos de fraude en las subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida y descarta por otro lado la comisión de otro delito de insolvencia punible.
El Servef subvencionó entre 2005 y 2010 con 1,9 millones de euros la construcción del centro de formación de la patronal alicantina, ubicado en la calle Metalurgias de la ciudad y que costó, según datos de sus propietarios, unos 6,8 millones en total.
Al mismo tiempo, según la querella del organismo autonómico, Coepa habría recibido otros fondos entre 2002 y 2009 por parte de otros entes públicos, el Sepiva y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, para las obras y el equipamiento del edificio.
Por último, el Servef acusaba a la patronal de presentar facturas por duplicado por un importe de 4,7 millones a fin de acceder a un préstamo de 3 millones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La juez ha declarado prescritos los presuntos delitos de fraude, falsedad documental, estafa y apropiación indebida al haber transcurrido más de cinco años desde que se concedió la última subvención, 15 de noviembre de 2010, y la presentación de la denuncia, 4 de agosto de 2016.
El Servef también acusaba a Coepa de un supuesto delito de insolvencia punible por la imposibilidad de recuperar las subvenciones que le concedió al haber entrado en concurso de acreedores.
Los empresarios alicantinos solicitaron en 2015 la declaración del proceso concursal, que tramita actualmente en fase de convenio el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, después de que el IVF reclamara la devolución del préstamo de tres millones concedido para el centro de negocios.
La magistrada no aprecia en esos hechos que se haya producido un "delito de frustración de la ejecución y/o insolvencia punible", como sostenía el Servef, que creía "frustradas" sus expectativas de recuperar los fondos públicos aportados debido a la valoración que se había hecho del edificio de la calle Metalurgias.
"No se relata (en la denuncia) actos de disposición patrimonial o de generación de obligaciones que dilate, dificulte o impida un embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio", precisa la juez, ni que "disminuyan su patrimonio" o hayan sido destinados "a pagar a uno o a varios acreedores en postposición del resto".
El sobreseimiento de la causa, en la que está personada tanto Coepa como la Abogacía de la Generalitat Valenciana, como acusación particular, ha contado con el informe favorable de la Fiscalía.

Sabadell es el segundo banco detrás del Popular en deuda derivada del ladrillo

MADRID.- La di­ges­tión del la­drillo por parte de la banca es­pañola re­sulta mucho más pe­sada de lo que se es­pe­raba por parte de al­gunos de sus res­pon­sa­bles. Los prin­ci­pales bancos aún so­portan casi 94.000 mi­llones de ac­tivos du­dosos o ad­ju­di­cados al cierre del primer tri­mestre y se re­duc­ción se li­mita a tan sólo un 3,5% de media res­pecto al cierre del pa­sado ejer­ci­cio. Por en­ti­da­des, el Banco Sabadell se acerca al Popular, pri­mero, en deuda acu­mu­lada por el efecto la­dri­llo, según desvela hoy https://www.capitalmadrid.com

El Banco de España ya alertaba hace unos días sobre este problema, más acuciante en algunas entidades que en otras.
El empacho de ladrillo, o la "resaca" según los términos del ministro Cristóbal Montoro al referirse a la deuda pública, por parte de la banca española supone todavía 93.725 millones de euros en sus balances, a tenor de los datos presentados por los siete bancos que cotizan en el selectivo al cierre del primer trimestre.
Desde luego, la "evacuación", según los términos que utilizan sus propios directivos, de esos activos improductivos se produce a un ritmo menor al deseado, aunque algunos de los consejeros delegados de los grandes bancos consideren que el lastre inmobiliario irá a menos en los próximos trimestres por la recuperación del sector inmobiliario.
Si se compara la cifra conjunta ofrecida por los principales bancos al cierre de marzo con la que acumulaban al cierre de 2016, la reducción se limita a 3.388 millones de euros, un 3,48% menos.
El Banco de España, en su último Informe de Estabilidad Financiera, cifraba en 190.000 millones de euros el total de activos improductivos de todo el sector financiero, con una reducción anual del 9%. El supervisor advierte de que este lastre impide una recuperación de la rentabilidad perseguida por todas las entidades, con unos ROE por debajo del coste de capital.
Las coberturas de dichos activos se han incrementado a lo largo de la crisis y ya suponen como media algo más del 50%, aunque varían según la situación de cada uno de los bancos. Eso sí, dichas provisiones suponen una merma sustancial en los resultados individuales de cada entidad que pueden desembocar en pérdidas frente a los beneficios que pudieran obtener por su actividad puramente bancaria.
"No queremos ser un banco inmobiliario", sentenciaba hace algunas semanas el consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, antes de la presentación de las cuentas de su grupo correspondientes al primer trimestre del ejercicio.
Pese a esas pretensiones, el caso del Popular es el más grave entre los principales bancos españoles, ya que hasta marzo el volumen de activos improductivos se eleva hasta los 36.839 millones de euros, algo por debajo de los más de 37.000 millones que soportaban al cierre del pasado ejercicio. Su consejero delegado busca la fórmula para poder acelerar el ritmo para aliviar esa enorme carga.
De hecho, el Popular más que duplica la cifra de activos improductivos del segundo banco peor situado, como es el Sabadell que cuenta con un esquema de protección de activos (EPA) por la integración de la intervenida CAM. El grupo presidido por José Oliu soporta 18.275 millones de activos problemáticos, de los que 8.968 millones de euros son adjudicados.
Santander y BBVA, los dos grandes grupos internacionales, rondan los 10.000 millones de euros en ese tipo de activos, mientras que Caixabank se sitúa algo más por debajo (7.600 millones de euros). Pese al traspaso de activos a la Sareb o banco malo, Bankia soporta todavía una losa de unos 11.000 millones de euros.
Bankinter es el que goza de una posición más desahogada, ya que su exposición al inmobiliario se ha reducido algo por debajo de los 511 millones de euros. Esta entidad es la que se ha visto menos afectada por el pinchazo de la burbuja del inmobiliario a lo largo de toda la crisis y sus coberturas (48% de problemáticos) se comparan en igualdad con aquellos que más peso de ladrillo tienen en sus balances.

Los regantes advierten de que se enfrentan a un verano sin agua del Trasvase

MURCIA.- "El verano va a ser caliente y muy seco". Así lo ha expresado esta mañana el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que se ha reunido con el presidente murciano Fernando López Miras y el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, en San Esteban, para exponer la dura situación a la que se enfrenta el sector agrícola murciano. 

Y que ha advertido que de no haber noticias en un par de semanas sobre la aperturas de pozos de sequía y del Sinclinal de Calasparra, habrá movilizaciones.
"Estamos mucho peor que el año pasado" por estas fechas, comenta, y explica que en primavera a los pantanos de la cabecera del Tajo llegaron entre 170 y 200 hm3 que permitieron recibir trasvases durante toda el verano. Ahora no se espera ningún envío para riego desde este mes. Los pantanos acogen actualmente 373 hm3 de agua, a tan sólo 5 de lo que técnicamente se conoce como 'trasvase cero' (368 hm3).
Jiménez ha sido el primero en ser recibido oficialmente por López Miras desde que este fue nombrado presidente de Murcia y le ha expuesto al jefe del ejecutivo la necesidad de presionar ante Madrid, "porque es allí donde están las competencias en materia de Agua', y lograr que el Ministerio de Agricultura prorrogase el decreto de sequía a partir de septiembre y agilizase los trámites para que el regadío disponga de algo de agua este verano de recursos alternativos.
El presidente del Scrats enumeró entre 21 y 26 hectómetros de la desaladora de Torrevieja (Alicante), 25 hectómetros de los pozos del Sinclinal; poder utilizar el agua desalada que el abastecimiento no vaya a utilizar y que los contratos de cesiones de agua de comunidades de regantes de la cabecera del Tajo, como Estremera, que les venderían 8 hm3, se autoricen con rapidez.Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, destacó tras la reunión que los diputados murcianos habían introducido una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar con 4 millones de euro la subvenciona al agua desalada que permita poner un 'precio social' para su destino a la agricultura.

Detenida una menor por los daños causados el domingo en la Santa Faz

ALICANTE.- Una menor de 17 años fue detenida en las últimas horas por, presuntamente, invertir siete crucifijos en la iglesia del monasterio de la Santa Faz de Alicante el pasado domingo de madrugada, así como por otros daños, entre ellos rayar el cristal blindado que protege la sagrada reliquia para inscribir tres números 6 y una cruz boca abajo. A la joven se le atribuye un presunto delito contra los sentimientos religiosos. 

El cristal no llegó a romperse, lo que evitó la posibilidad de que el pliegue de tela que constituye la sagrada reliquia, pudiera ser dañado.
La menor se escondió en el interior de la iglesia mientras el capellán cerraba el monasterio el sábado por la noche y salió al día siguiente a las siete y media cuando volvía a abrirlo. Una vez que se quedó sola y encerrada en el templo cometió el presunto delito, según la Policía Nacional, y aprovechó para llevarse el libro de oraciones y un dietario.
Para evitar que las cámaras de seguridad captaran su acción lo primero que hizo fue dirigirlas hacia la pared. De la investigación se ha hecho cargo la Brigada Provincial de Información de la Comisaria Provincial de Alicante.
Una vez que ha explicado los hechos de los que se le acusa en sede policial, con asistencia tutelar de la Fiscalía de Menores de Alicante, ha sido puesta en libertad y ha quedado a disposición de dicha Fiscalía

domingo, 7 de mayo de 2017

¿Ataque satánico contra la reliquia de la Santa Faz?


ALICANTE.- Este domingo a las 7,35 horas, al abrir la iglesia del Monasterio de la Santa Faz de Alicante, el capellán y la persona encargada de la apertura se han encontrado siete pequeñas cruces del vía crucis, que están en las columnas del templo, de forma invertida, así como signos extraños en el cristal blindado que protege la reliquia de la Santa Faz por el lado del templo, sin llegar a romperlo, y la sustracción de un libro litúrgico de oración y el dietario donde se anotan los actos de culto. Inmediatamente se ha dado aviso a la Policía Científica, que se ha personado en el monasterio para tomar huellas.

El Obispado es quien ha dado parte a la Policía de este intento vandálico de ataque de carácter satánico, que ya ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido porque los asaltantes de madrugada han causado daños en el altar con un punzón, según han confirmado tanto el Obispado de Orihuela-Alicante como fuentes municipales. Los satanistas han accedido al interior y han intentado entrar en el camarín, donde se guarda la sagrada reliquia.

De haberlo conseguido hubiese saltado la alarma conectada con la urna que aloja la sagrada reliquia, tal como sucedió días atrás durante los ensayos previos a la romería del pasado 27 de abril. El hecho de que el cristal que preserva la reliquia estuviera blindado "ha evitado males mayores" mientras las autoridades eclesiásticas han mostrado su extrañeza por lo sucedido "ya que no ha resultado sustraido ningún otro objeto de valor".

Las cruces invertidas se usan en las misas negras como un ritual de carácter satánico y, según versión municipal, los atacantes han intentado profanar, sin suerte, directamente la sagrada reliquia venerada por los alicantinos, aunque al final no lo han podido conseguir 

Este monasterio, destino desde hace siglos de una multitudinaria peregrinación desde Alicante cada segundo jueves posterior a la Semana Santa, guarda en una urna blindada uno de los sudarios con los que la Verónica secó el rostro de Cristo en su camino al monte Calvario, según la tradición.

Hasta el monasterio se han desplazado diversas autoridades religiosas, entre ellas el obispo de la Diócesis, Jesús Murgui, que con su vicario general, Vicente Martínez, se ha reunido con la comunidad de monjas y el capellán.

«Al final de la reunión, se suplica a Dios, nuestro Señor, por quien o quienes han causado este daño, y pide al pueblo de Alicante y devotos que las presentes lamentables circunstancias no sean en detrimento del amor y devoción que sentimos hacia esta reliquia secular de la Santa Faz», se señala en el comunicado que ha emitido el Obispado.

También se ha informado a los patronos de la Santa Faz, que son el Cabildo de la concatedral de San Nicolás de Bari y el Ayuntamiento alicantino, cuyo alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), se desplazó esta tarde al monasterio y se ha determinado emitir el comunicado «para que el pueblo de Alicante conozca, de primera mano, lo sucedido».

Ya se prepara un acto de desagravio en fecha aún por determinar dentro del mes de mayo.