martes, 30 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

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