MADRID.- "Me ha dicho mi abogado que no hable". Enrique Álvarez Conde
no es ya ese tipo dicharachero, algo desaliñado y dispuesto a hacer
favores. El catedrático epicentro del caso máster -con permiso de la
todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes-
ha pasado de ser un personaje clave entre las bambalinas del mundo
judicial, capaz de engrasar tribunales de oposición y plazas en altos
puestos de la Administración, al ostracismo. De fundar el Instituto de
Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos -un chiringuito, una máquina de hacer dinero bajo su único control- a hundirlo, ya que la universidad le ha suspendido de sus funciones, según El Confidencial.
Para entender su historia hay que remontarse casi al colegio. "Enrique
es de Zamora, pero estudió en Valladolid. No sé incluso si interno en el
colegio", cuenta una persona que lo conoce desde hace décadas. Nacido
en 1952, se licenció en 1974 en Derecho con sobresaliente, según su
currículum.
"Su mentor en Valladolid fue Juan Ferrando Badía, un catedrático valenciano, un tipo extraño, soltero y raro, con fama de hábil que era amigo de Calvo Serer".
Enrique no tenía una escuela clara, algo conveniente en la universidad
española para obtener una cátedra. Entonces "tuvo que pegarse a la
asociación católica de propagandistas, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga
y gente así, pero no era pata negra de ese sector demócratacristiano,
era un poco advenedizo a ese círculo. Tuvo necesidad de buscar apoyo en
sectores de la izquierda para sacar la cátedra. Culebreó y se hizo
simpático a diestra y siniestra".
Eso es algo que se le da bien. Quienes le conocen cuentan que es
simpático, algo desaliñado, amante de la buena vida y nada sectario. "No
es de izquierdas pero tiene muy buena relación con todo el mundo. No es
pepero, pepero, pepero pero su negocio está claramente en el PP.
Aun así, si había que echar una mano a alguien de izquierdas se la
echaba. No es ultramontano ni sectario".
En 1987 obtiene la cátedra en
Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Antes había sido
letrado del Consejo General del Poder Judicial y había pasado por las universidades de Alcalá de Henares y Alicante.
Su producción académica es notable -su 'Manual de Derecho Constitucional' de la Editorial Tecnos va por la séptima edición- y cuando en 1996 el PP llega al poder, Enrique ve que ha llegado su momento. Mariano Rajoy es nombrado ministro de Administraciones Públicas y tiene como jefe de gabinete a un joven Francisco Marhuenda (luego profesor de Derecho de la Rey Juan Carlos como le gusta recordar).
Jorge Fernández Díaz
es nombrado secretario de Administraciones Territoriales y este es el
que piensa en Enrique. "Rajoy no lo conocía y debe de ser Jorge
Fernández Díaz o su hermano Alberto el que se lo coloca como director
del INAP",
el Instituto Nacional de la Administración Pública, el organismo de la
Administración General del Estado responsable de la formación y
selección de sus directivos y empleados públicos y es un centro de
investigación y publicación en temas de Administración pública.
Desde ese organismo, Álvarez Conde empieza a editar libros colectivos
de derecho, a engrasar favores. "En el INAP, en 1998, en el 20
aniversario de la Constitución, hace un libro colectivo titulado 'Administraciones Públicas y Constitución'
para el que pide colaboraciones. Además, crea una revista, 'Cuadernos
de derecho público'. Como es muy listo se mueve muy bien y hace muchas
cosas académicas. Hace favores que luego cobra, como es la perspectiva
siempre en el mundo académico", cuenta otra persona que le ha tratado,
catedrático de la Rey Juan Carlos que pide el anonimato.
En la
Administración, Álvarez Conde no encaja: "Él es lo contrario a un
burócrata. Es expeditivo, le dan igual los reglamentos. Es un organismo
que maneja unos fondos enormes pero en aquella época todavía más. Tuvo
choques con el subsecretario de Rajoy, un gallego de la confianza de
Rajoy, un médico llamado Paco Villar. Este le puso la proa porque lo consideró un peligro, no por ser deshonesto sino porque la manera alegre de dirigir un organismo público le debía de poner los pelos de punta: los viajes, los gastos, las contrataciones....".
Tres años después, antes de que termine la legislatura, Rajoy
prescinde de él y Álvarez Conde vuelve a la universidad. Se va como
catedrático de Constitucional a la recién abierta Rey Juan Carlos. Se
trata de un centro creado por el Gobierno de Aznar en Móstoles como un
espejo de lo que hicieron los socialistas con la Carlos III en Getafe
(aunque con los años la imagen especular se fue deformando).
Pedro González-Trevijano,
hasta entonces catedrático en Extremadura, es nombrado primer rector y
Álvarez Conde se pega a él. "Tampoco es su maestro, han tenido
tensiones", cuenta una fuente de la universidad. En 2000 crea el Instituto de Derecho Público
(IDP), el centro del que casi 20 años después salió el máster
falsificado de Cristina Cifuentes. El IDP fue impulsado por
González-Trevijano con Gustavo Villapalos de consejero de Educación.
Para
el IDP, Álvarez Conde consigue algo muy difícil de lograr: autonomía de
gestión y financiera.
"Este IDP ha
hecho cursos de todo tipo, ha
montado una revista de derechos fundamentales, proyectos de
investigación. La característica es que tiene autonomía de gestión
administrativa y económica. No da cuenta a la universidad de ingresos y
gastos. Teóricamente el destino de esos fondos no es para enriquecer a
nadie sino para sacar libros. En la práctica ha sido una universidad
paralela que da cursos o másters de toda naturaleza en la que él
administra lo que cobra por las matrículas".
Esa universidad paralela para unos, chiringuito para otros, convirtió a Álvarez Conde en un virrey dentro de la Rey Juan Carlos.
Tuvo algún problema como cuando un alumno denunció que se había
matriculado en un lo que creía ser un máster de liderazgo político y en
realidad lo impartía una academia en un piso en la plaza de los
Mostenses, en Madrid. Proliferaron los títulos propios a los que a
cambio de ingresar dinero le entregaba el sello del IDP. Aunque tiene
dedicación exclusiva monta una empresa para dar cursos y conferencias.
Se mueve en el filo de la legalidad, que parece él parece algo sinuoso.
Presumía de sus buenas relaciones con la ministra de Defensa y
secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
"Ver
la memoria del IDP es mareante. Firma cantidad de convenios, acuerdos,
subvenciones, publicaciones... y da todo tipo de cursos. Es propio de
Enrique. A él le gusta el poder académico y en ese ámbito se mueve
bien". Álvarez Conde interpreta las reglas de forma flexible. No tiene
problema en acudir como miembro del tribunal cuando su pareja y coautora de libros, Rosario Tur, va a sacar la cátedra en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
En el IDP, Álvarez Conde comienza a dirigir las carreras de lo que él
llama "sus discípulas". Aunque él es próximo al PP allí entra de todo.
Su número dos, recién dimitida como si no supiera nada, Laura Nuño, es de Comisiones Obreras. Cecilia Rosado,
una de las firmantes del acta falsa de Cifuentes, fue candidata de
Izquierda Unida. Hasta hace días, todas profesaban lealtad a Enrique. Él
podía arruinar sus carreras o promocionarlas.
Las
relaciones personales siempre han jugado un papel relevante. Álvarez
Conde, por ejemplo, fue amigo de Juan Antonio Souto Paz,
catedrático de Derecho Canónico y primer alcalde de la democracia en
Santiago de Compostela, un tipo muy respetado que dimitió cuando el
Gobierno, de su propio partido, negó inversiones a su ciudad.
Una de sus hijas, Clara Souto,
es otra de las discípulas de Álvarez Conde y su firma falsificada
aparece en el acta clave que avalaba el máster de Cifuentes. Otra
hermana está en el Tribunal Constitucional -donde fue luego
González-Trevijano como magistrado a propuesta del PP- de letrada y la
tercera es catedrática de Derecho Eclesiástico en la UNED.
Al estallar el caso del máster, Álvarez Conde intentó navegar entre dos
aguas. Por un lado salvar a sus "discípulas" y decir que fue él quien
les conminó a firmar el acta -"me arrepiento de todo lo posible",
declaró a este diario-.
Por otro trató de salvar a Cifuentes alegando
que él le corrigió un trabajo a mano que ella le enviaba por chófer
-aunque eso chocara con las explicaciones que había dado la presidenta
regional-. Ahora, la Rey Juan Carlos planea disolver el IDP y todos se
alejan de él. Las palabras que sostiene que le dijo el rector cuando
estalló el escándalo de Cifuentes suenan ahora algo imposible de
cumplir. "Enrique, arréglalo".
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