viernes, 29 de junio de 2018

Imputado el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, el 'popular' César Sánchez, por coacciones y malversación


ALICANTE.- Uno de los casos más controvertidos con los que se ha enfrentado el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, regresa. El también presidente de la Diputación de Alicante tendrá que ir a declarar al juzgado de Dénia el próximo 12 de julio como investigado (la acepción actual de imputado) por una posible comisión de un delito de coacciones y malversación de caudales tras una denuncia de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Calp ante el Ministerio Público en Alicante.

La citación se produce después de que en dos ocasiones el juzgado de Dénia haya archivado la denuncia presentada por una trabajadora, que cursó en su momento la fiscalía. Ha sido la Audiencia Provincial de Alicante la que ahora solicita al juzgado de Dénia que abra diligencias y realice alguna investigación antes de archivar la causa.
En mayo de 2017, momento en el que la fiscalía dio traslado a la denuncia presentada por la funcionaria y pidió la imputación del munícipe calpino por dos presuntos delitos de malversación y coacción, fuentes del entorno de César Sánchez aseguraron que la denuncia no tenía “ni pies ni cabeza”.
Sin embargo, la Audiencia, coincidiendo con el punto de vista del ministerio público, no lo ha visto así: la denuncia aporta prueba documental, facilita testigos y señala que el alcalde de Calp pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales atendiendo a su cargo y ejerciendo un posible abuso para hacer campaña electoral en las municipales de 2015, sacando provecho de una institución pública. Sánchez ganó aquellas elecciones.
Paradójicamente, ha sido el propio alcalde de Calp el que ha revelado su nueva situación procesal a través de un comunicado. Sánchez ha mostrado su máximo respeto a la justicia y ha pedido celeridad para que se aclare cuanto antes el caso de la trabajadora del Ayuntamiento calpino contra él.
El día 12 de julio voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto”, ha señalado Sánchez, quien ha manifestado estar tranquilo y “dispuesto a colaborar plenamente con la justicia para que esta situación se resuelva lo antes posible”.

La Fiscalía de Alicante pide pena de cárcel para Armando Sala, ex vicepresidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado la libre absolución para 13 miembros del consejo de administración de la CAM que aprobó la dietas del expresidente Modesto Crespo, entre los cuales figura el empresario murciano José García Gómez, presidente de Agrupal

En su escrito de conclusiones definitivas el fiscal Anticorrupción mantiene la acusación contra la cúpula de la Caja, en la que se incluye al ex vicepresidente por Murcia, Ángel Martínez, en la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante. Se trata de una de las siete piezas separadas de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra de la CAM.
La Fiscalía mantiene las penas de dos años para los ex vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala (en la imagen), así como para el ex secretario del consejo José Forner. Argumenta que los vicepresidentes «no eran vocales de base, eran delegados cuyo papel tenía que haber sido sumamente activo y responsable. Ellos eran la CAM», asegura.
Aunque en sus conclusiones el fiscal había tenido que mantener la responsabilidad penal de los consejeros por una cuestión técnica, pese a eximirles de responsabilidad civil, lo que implicaba que no tendrían que abonar las dietas percibidas por Modesto Crespo, en su informe final pedía ayer la absolución.
Estima que el papel de los 13 vocales del consejo de administración que aprobaron la propuesta en la sesión del 27 de noviembre de 2009 fue meramente «administrativo». Aludía a la complejidad «premeditada» de esta sesión del consejo y de cómo se planteó una propuesta ya resuelta. A esto hay que sumar, indicaba el fiscal, que «no tenían un fácil acceso ni a las actas ni a las preactas del consejo».
Para el Ministerio Público ha quedado probado que Modesto Crespo nunca trabajó en Tinser, «no fue presidente ni fue nada», y que tan solo en 2010 mantuvo una reunión de una hora relacionada con la empresa participada por la Caja.
Según el fiscal, no se ha podido acreditar «ni un solo escrito ni correo electrónico o testigo» de que Crespo actuara como presidente de Tinser. Se trata, añadía en su exposición, de «un palmario fraude de ley».
Unos hechos que se han reflejado en el escrito de conformidad del expresidente Modesto Crespo, y que para el fiscal Anticorrupción se han convertido en una prueba de cargo contra los otros siete acusados, ya que «en ningún momento, estos han puesto en duda la versión del expresidente», dijo.
El fiscal responsabiliza directamente al ex director general de la CAM Roberto López Abad y mantiene la petición de cuatro años por inductor y cooperador necesario.

El juez deja libre con cargos al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez

VALENCIA.- Un día después del sorpresivo arresto del presidente de la Diputación de Valencia, con el consiguiente daño que ha provocado en la imagen del PSPV-PSOE -aunque también de Compromís-, Jorge Rodríguez ha salido sonriente de los juzgados alrededor de las 18.15 horas de este jueves. 

Lo ha hecho en libertad con cargos -no especificados- y sin medidas cautelares, aunque seguirá investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -en su vertiente de administración desleal- por irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra. En la misma situación quedan los otros seis arrestados ayer miércoles: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego). Todos ellos deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que lleva el caso, cuando sean llamados.
Tras permanecer por la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, han pasado a disposición judicial al principio de la tarde. Apenas dos horas después, la mayoría había abandonado ya las dependencias judiciales después de acogerse a su derecho a no declarar. A la salida han estado acompañados por familiares, aunque también han sido recibidos por algunos cargos de sus respectivos partidos.
El único en atender brevemente a la prensa ha sido Rodríguez, quien ha declarado que estaba «muy tranquilo» y que todo había «salido bien». Sobre su comparecencia ante el juez, ha señalado que no podía «decir nada» puesto que la causa todavía se encuentra bajo secreto de sumario y tiene que saber primero «de qué va».
Aunque no ha ofrecido ninguna explicación de los hechos que han trascendido hasta el momento, sí ha calificado de «desproporción absoluta» tanto las acusaciones que recaen sobre él como el operativo de su detención.
En cuanto a la medida adoptada por el partido de suspenderle de militancia y de todos sus cargos, ha asegurado que era «la primera noticia» que recibía y que no la iba a valorar. Aun así, ha considerado que este tipo de decisiones son «lógicas en una situación como esta».
En términos similares se ha expresado otro de los arrestados, Manuel Reguart. «Esto es una barbaridad, es una desproporción», ha indicado entre gritos. El resto de investigados no ha realizado ningún tipo de comentario.
Con la salida en libertad se concreta una de las incógnitas más importantes desde que se pusiera en marcha la denominada «Operación Alquería» por la gravedad que habría supuesto que el juez decretara prisión provisional.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, mientras que el caso se encuentra coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado.
Durante la jornada del miércoles se practicaron varios registros en la Diputación, en las sedes de Divalterra, en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que Rodríguez es alcalde-, donde los agentes accedieron tanto a su despacho como al departamento de informática, lo que apunta especialmente a la búsqueda de información en ordenadores.
Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y al PSPV-PSOE.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió. La situación fue denunciada en los tribunales por trabajadores de Divalterra, aunque el PP ya interpuso una denuncia que fue archivada. Ciudadanos también se sumó posteriormente.

La detención de Jorge Rodríguez, una operación contra el corazón del PSPV que debilita a Ximo Puig

VALENCIA.- La operación Alquería lanzó ayer un misil a la línea de flotación de la federación socialista valenciana que lidera Ximo Puig. La imagen de decenas de agentes y varias furgonetas de la Policía Nacional en la puerta de la Diputación de Valencia -junto a una pancarta reivindicando una financiación justa y una bandera arcoiris- les ha dejado en shock y les ha roto el discurso de regeneración democrática con el que la izquierda consiguió sacar al PP de las instituciones valencianas en 2015, razona hoy El Mundo.

«Nadie podía sospechar que Jorge Rodríguez (el principal detenido) tendría ese final», apuntaban fuentes del partido. Por otros, apuntan, no pondrían la mano en el fuego, pero Rodríguez era lo que se conoce como un mirlo blanco.
El presidente de la Diputación de Valencia era uno de los valores en alza del partido y eterno candidato a pugnar por la sucesión de Ximo Puig cuando éste se retirara tras las elecciones de 2019. 
El también alcalde de Ontinyent, que empezó como asesor en la institución provincial, no tenía demasiados apoyos orgánicos pero con el traje de presidente de la Diputación -una institución que reparte muchas subvenciones entre los ayuntamientos- había logrado afianzarse en el partido.
Tras el último congreso regional donde Puig tuvo que frenar el empuje de los sanchistas, el secretario general reelegido premió su lealtad y le nombró portavoz de la ejecutiva por encima de otra de las jóvenes promesas. Le colocaba en la pole position de una supuesta sucesión. Eso sí, como si no se acabara de fiar, Puig le puso un contrapeso con la designación como vicesecretario general del experimentado dirigente Manolo Mata.
Un Rodríguez crecido estuvo a punto de enfrentarse a los partidarios de José Luis Ábalos por la Secretaría General del partido en la provincia de Valencia. Ya durante la campaña interna se posicionó como uno de los valedores de Susana Díaz, aunque mantenía puentes con el otro bando. 
Finalmente, Ximo Puig le disuadió de enfrentarse a la candidata del sanchismo pues no quería seguir en una guerra inacabable contra los partidarios de Pedro Sánchez.
La detención de Rodríguez deja muy tocada a la federación valenciana, que no solo pierde un portavoz, un referente y un posible relevo de Puig. Da munición a la oposición y rompe el discurso de que «todos los políticos no son iguales» que exhibían los partidos que firmaron el pacto del Botànic.
Ayer los socialistas intentaron rehacerse pronto del golpe. Aunque costó, finalmente, Puig, «con tristeza» y «dolor», suspendió de todos sus cargos a Rodríguez. 
En el PSPV mantienen que «no hay nada» que les haga «presumir de una responsabilidad directa» del detenido, pero eran conscientes de que mantener al presidente de la Diputación era demasiado desgaste. 
Ya aguantaron al alcalde de Alicante más de la cuenta para nada. El PSPV no quiso caer en el mismo error y la ejecutiva socialista decidió apartar al dirigente consciente de que, de lo contrario, todo el esfuerzo para levantar la hipoteca reputacional quedaría en papel mojado.
En el caso que se investiga de la presunta financiación irregular del PSPV de la época anterior, Ximo Puig ha conseguido sortear la asunción de responsabilidades. Ayer, la imagen de la policía tomando la Diputación fue demasiado explícita.

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales

MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.
Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.
La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.
No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.
Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.
En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

Las primarias del PP pueden terminar en un absoluto ridículo / José Oneto *

El cierre oficial de la lista de los militantes del Partido Popular que participarán en la elección del líder que substituirá a Mariano Rajoy al frente del partido, ha supuesto un verdadero fiasco sobre la tan cacareada fortaleza del partido que acaba de ser desplazado del poder, sino que el desarrollo de las primarias populares puede terminar en el más preocupante de los ridículos. 

Aunque quien ha ideado las normas de actuación y funcionamiento de esas primarias, el vicesecretario de organización Fernando Rodríguez Maíllo, insista en que los militantes que participarán en ese proceso insólito en el PP, en uno de los peores momentos de su reciente historia, no llegarán ni siquiera al ocho por ciento de la militancia, una cifra que a quien, en este momento maneja el aparato, le parece lo más natural del mundo.

Que un partido que según ha confesado recientemente a Carlos Alsina en Onda Cero, la secretaria general Dolores de Cospedal, tiene 780.000 afiliados (se ignora si han dado de baja a los muertos y a los que han anunciado su marcha por descontento político o porque se han pasado a Ciudadanos) y no tenga ni 70.000 militantes dispuestos a votar en las primarias del jueves  5 de Julio, significa que el PP tiene la militancia menos participativa de cualquier partido político europeo o, por el contrario, nunca ha tenido esos 780.000 afiliados (869.000, según las últimas cifras oficiales) el partido con más afiliados de España, según han venido repitiendo de forma machacona sus dirigentes.

Una cifra realmente insólita que algún medio ha recordado que es algo más alta, no mucho, que los 61.986 militantes que se presentaron en la listas de las elecciones municipales. O sea una cifra de militantes que podría englobar a los que tienen algún cargo de cualquier tipo en las distintas Administraciones y a sus familiares. Esos pocos más de 66.000 militantes que votarán al fututo Presidente del partido contrastan con el 80% de los militantes del PSOE que en otras primarias históricas eligieron a Pedro Sánchez, secretario general del partido. Pablo Iglesias fue votado por 55.275 inscritos, el 34,5% del censo, en febrero de 2017.

Cómo estará la situación interna, que el único que ha dado la voz de alarma de algo que resulta escandaloso, ha sido Pablo Casado con un argumento demoledor: “Si no hemos sido capaces de ilusionar y movilizar a nuestros afiliados ¿cómo vamos a ilusionar al país?”. 

Otro candidato, el ya famoso Joserra, también ha sido el único que ha propuesto cambios en las reglas de funcionamiento para no terminar haciendo el ridículo. Su preocupación es tal que incluso se ha atrevido a preguntarle en un pasillo del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  qué es lo que hay que hacer en unas primarias y se ha quedado sorprendido cuando le ha oído decir al Presidente del Gobierno que “ir contra el aparato del partido”.

El resto calla como si no fuera con ellos. Margallo, uno de los candidatos más creíbles, en señal de protesta por lo que no deja de ser un gran ridículo político, en el que él  no debería participar, debería, eso sí,  en señal de protesta, retirarse. Las dos restantes candidatas, bautizadas en algún periódico europeo como “las dos generalas”,  han tenido  reacciones esperadas: las reglas son las reglas y no se pueden cambiar a mitad del partido. Las dos piensan que pueden controlar el aparato y también a los compromisarios en una segunda vuelta.

Más ladina, Sáenz de Santamaría, la vicetodo, que nunca se ha interesado por el partido ni ha querido saber lo que pasaba porque siempre se resistió a ser militante, y siempre ha querido ir de “independiente”, aunque estaba en el Comité Ejecutivo, ha encontrado a quienes deberían pronunciarse como miembros del “Aparato” del partido: Cospedal y Pablo Casado. Ella, Santamaría, no se pronuncia. Ella es una mujer de poder, de Gobierno (es lo único que le interesa), y no de partido.

Y ella participa en estas primarias, no como candidata a la Presidencia del Partido, sino en función de que la presidenta del Partido es también la candidata a la Presidencia del Gobierno y cree que ese puesto es suyo, como si lo hubiese heredado. Pero puede haber muchas sorpresas, porque cada vez se sabe más del obscuro y misterioso papel que desempeñó: bolso puesto en el escaño del Presidente del Gobierno, refugiado en ese momento, en un restaurante de la calle de Alcalá, al lado del Congreso con sus más leales, entre los que no estaba la vicetodo.


(*) Periodista y economista


jueves, 28 de junio de 2018

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en una operación anticorrupción


VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana en el desarrollo de una operación contra la corrupción que coordina el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. 

Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard
Rodríguez está retenido en su despacho del Ayuntamiento de Ontinyent y Brines y Simón en la sede de la empresa pública.
La causa, cuyas diligencias están secretas, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia a raíz de la denuncia de un ex trabajador. 
Se investigan irregularidades en la contratación en 2015 de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, una de las empresas públicas más salpicada por los escándalos, ya que sirvió de tapadera a las irregularidades denunciadas por Marcos Benavent, el yonki del dinero, y que condujo a la detención del ex presidente Alfonso Rus
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mundo, la llamada Operación Alquería tiene más focos al margen de las siete contrataciones de 2015, tres de las cuales están extinguidas, aunque fueron adjudicadas a personas que ni fueron a trabajar. También se investigan también contratos duplicados, fraccionados para eludir el concurso y sin presupuesto previo ni vigilancia posterior.
En el marco de estas acturaciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. 
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que argumentaban que eran hecho al margen del consejo de la empresa pública. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas, según contestaron fuentes judiciales a los denunciantes.

Golpe político a Puig

La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.
De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.
Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial. 
También se destacaba por atajar radicalmente todos aquellos asuntos que pudieran tener alguna sombra de duda, como los que afectaron a José Manuel Orengo, actual asesor de Puig en Presidencia. Rodríguez cortó por lo sano y buscó la manera de deshacerse de Orengo como vicepresidente de la Diputación. Y lo logró.
Suya fue la iniciativa de tratar de cambiar el perfil de Divalterra, la sociedad pública dependiente de la Diputación de la que han provenido sus problemas judiciales.  
Divalterra es la heredera de Imelsa, centro de la corrupción en la etapa de su antecesor, Alfonso Rus.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.

Mata (PSPV): "Me cuesta creer un operativo así por unos contratos irregulares"

VALENCIA.- El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha dicho que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado un operativo como en el que ha sido detenido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de este partido, Jorge Rodríguez, y que "tiene que ser otra cosa" aunque ha pedido "cautela" y "prudencia". 

Mata ha reconocido su "sorpresa" por la detención de Rodríguez junto, al menos, otras dos personas más, y ha insistido en que detener a alguien "por haber hecho contratos de alta dirección mal" le parece "insólito".
"Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada", ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts.
Mata ha insistido en que "la versión que dan es porque hizo unos contratos mal en una empresa pública. Está mal pero no es esa corrupción. Puede haber unos contratos mal, enchufar a alguien, eso pueden ser un delito, pero la detención y los registros de domicilios es una medida muy extrema y tiene que ser otra cosa porque no puede ser eso".
"Lo que dicen no me lo puedo creer. Te puedo hacer un contrato para una empresa sin concurso público, puede ser irregular, puede ser prevaricación, pero por eso la gente no va a la cárcel, la inhabilitan pero no para registrar domicilios porque ¿qué buscan en los domicilios?", se ha preguntado.
Mata ha reiterado que desconoce los motivos que han llevado a la detención y ha asegurado: "Me cuesta creer que un operativo así se monte por unos contratos irregulares. Deben estar buscando otra cosa pero no lo sabemos. Mucha sorpresa y mucha cautela".

Ximo Puig aparta a Jorge Rodríguez de la presidencia de la Diputación y propone a Toni Gaspar

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apartará al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Así, Puig convocará al Secretariado del PSPV para "proponer la suspensión de todos sus cargos". 

En este sentido, el presidente de la Generalitat convocará a los órganos de dirección del partido competentes para proponer al actual vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar, como nuevo presidente provincial. 
Puig pedirá también al Secretariado del partido la suspensión de militancia de Rodríguez, y por tanto, que sea apartado de la ejecutiva del PSPV de la que es portavoz.
Puig reacciona así después de que Rodríguez haya sido detenido hoy por la Guardia Civil acusado de un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La causa, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta antes la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Valencia.
En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de siete altos cargos en 2015 cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.

Comunicado íntegro de Ximo Puig sobre la detención de Jorge Rodríguez
 
Tras un día difícil en el que he compartido reflexiones con muchas compañeras y compañeros he convocado al Secretariado del PSPV y voy a proponer la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez. 
Con dolor, con tristeza, pero sabiendo que lo más importante es el interés general siempre, el interés de los valencianos. La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que hemos hecho todos para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del PP.
El PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Jorge Rodríguez. 
El PSPV ha sido contundente, ha luchado siempre, se ha arruinado por defender la legalidad y la lucha contra la corrupción. Así será siempre el PSPV.
Para garantizar la estabilidad de la Diputación de carácter inmediato, voy a proponer a la ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar sea el candidato a la presidencia.

Una operación contra la corrupción

VALENCIA.- La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado este  miércoles en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y ha detenido tanto al presidente de la Corporación, el socialista Jorge Rodríguez. 

Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.
Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor.
Esta 'Operación Alquería' ha supuesto que el despacho del presidente haya sido precintado y también se estaría investigando dentro de las dependencias del departamento de informática.
El Juzgado de Instrucción nº 9 de València es el coordinador de la operación por una causa que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada “operación Alquería”, agentes de la UDEF han practicado registros tanto en la Diputación de València como en la empresa pública Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Jorge Rodríguez. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La investigación sigue abierta y se espera que los detenidos pasen esta noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores en la ciudad de València.
La investigación tendría su origen en una primera denuncia interpuesta por el PP el 29 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia que fue admitida a trámite el 2 de enero de 2017 y archivada el 4 de enero. 
Posteriormente, tras este archivo, la misma denuncia se presentó por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado.
El pasado mes de abril fue Ciudadanos el grupo que aportó una nueva denuncia sobre las contrataciones de altos directivos en Divalterra, que la Fiscalía añadió a las diligencias que ya venía desarrollando.

Ferraz se remite a su código ético ante la detención del presidente de la Diputación valenciana

MADRID.- La dirección del PSOE no se plantea tomar medidas contra el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que ha sido detenido por la UDEF en el marco de una operación contra la corrupción. En Ferraz se remiten al código ético que impulsó Pedro Sánchez y que establece en el momento de la apertura del juicio oral la suspensión de militancia. 

Fuentes de la dirección socialista se remiten a ese texto y aseguran que por el momento tendría que por el momento tendría que Rodríguez tendría que adquirir ese "carácter" de acusado ante un juicio para que el partido tomara medidas contra él. No obstante, dejan en manos de la dirección del PSPV de Ximo Puig la toma de otro tipo de medidas. Rodríguez es portavoz del partido en la Comunidad Valenciana. 
Esas mismas fuentes muestran, además, su "extrañeza" ante la detención policial ante un caso por "irregularidades procedimentales" en unas contrataciones y recuerdan que, se formularon con el informe contrario de los órganos pertinentes, pero que fueron revocadas por el propio Rodríguez, que ha sido detenido junto a un asesor y su jefe de gabinete. 
Horas más tarde de la primera reacción de Ferraz, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que es el número dos de José Luis Ábalos en la dirección del PSOE, ha advertido de que están "a la espera de conocer todos los hechos y en el momento en el que se conozcan los detalles, si se demostrara que hay cualquier indicio de delitos vinculados con la corrupción, el PSOE actuará con contundencia, como siempre ha hecho en estos casos".

Golpe al atún rojo ilegal: redada en las lonjas de Madrid, Barcelona y Málaga


MADRID.- La Guardia Civil ha salido a la 'pesca' del atún rojo capturado de forma ilegal, al margen de las cuotas anuales establecidas por la Comisión Europea, en toda España. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lanzó ayer una macrooperación, con registros y detenciones en mercados mayoristas como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla

Los agentes detuvieron a implicados en la trama durante varios de esos registros, como el de Mercamadrid. La operación seguirá abierta a lo largo de toda esta semana, por lo que no se descarta que los investigadores se personen en más mercados o empresas y arresten a más involucrados, según fuentes del Instituto Armado.
Los registros también han afectado al menos a diez empresas pesqueras y distribuidoras, según fuentes conocedoras de los hechos. Estas son: Roquetafish y Arrom (Barcelona), Pescnor (Valencia), Ricardo Fuentes y Pescados José (ambas en Murcia), Pescados Prado y Seifu (Madrid) y Lara (Málaga). 
También acudieron a recoger información a Petaca Chico (Cádiz), donde no hubo detenidos y los agentes permitieron seguir funcionando a la empresa con normalidad. La Guardia Civil también ha registrado Mercamálaga y otros puntos de venta mayorista en Almería o Valencia.
Fuentes del sector pesquero español explican que la sensación entre los operadores de este negocio es que la entrada en el mercado de atunes capturados fuera de las cantidades fijadas por Bruselas sigue existiendo. 
"Hasta 2007, cuando la pesca ilegal puso el atún en peligro por la sobrepesca, esto era una práctica extendida. Con las cuotas y el mayor control, bajó mucho. Pero en los dos últimos años notamos un repunte ya que quienes hacemos bien las cosas observamos que el atún legal es sustancialmente más caro respecto a otros atunes, también rojos. Algo ocurre", resumen las citadas fuentes.
La cuota para esta campaña de 2018 se situó en 28.000 toneladas para todo el atún rojo que se captura en Europa, de las que a España corresponden 5.000 toneladas. Las limitaciones a la pesca se establecieron en 2006, cuando se redujo drásticamente la captura -para permitir la supervivencia de la especie- hasta las 12.600 toneladas. 
Las mismas fuentes del sector consideran que tras la buena campaña de este año, las cuotas de capturas desaparezcan más allá de 2020 y se pase de una fase de conservación de la especie, a otra de gestión de la misma.
En España también se comercializa atún procedente de otros países extracomunitarios, como Marruecos, algo permitido siempre que el producto esté convenientemente identificado. 
El consumo de atún rojo en España se ha disparado en la última década y hoy día casi la mitad de lo que se captura en las aguas del Mediterráneo y Atlántico se queda en el país. Se acabaron por ahora los tiempos en los que el 95% del producto se iba directamente a Japón, entre otros mercados asiáticos.

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el exdirector general de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante elevó a definitiva la petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja murciano-alicantina, Modesto Crespo. 

También mantiene la petición de tres años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración. 
A todos les exime del pago de la responsabilidad civil.

Murcia, Cantabria y Valencia incumplen los plazos de pago con los autónomos

MADRID.- Cantabria, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más morosas hasta mayo e incumplen los plazos de pago con los proveedores autónomos.

Según un informa de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a cierre de mayo y comparado con el mismo período del año anterior, destaca por pronto pago el País Vasco (23 días de espera), Andalucía (27) y Navarra (28).

Las administraciones locales son las únicas que incrementaron la espera de los autónomos para cobrar las facturas pendientes, con más de tres meses de espera (95 días).

Vigo es el municipio mejor pagador (14 días), mientras Jaén tarda 589 días de media.

La diputación provincial más morosa es la de Cádiz (114 días de media) y Pontevedra es la que menos (17 días).

En su informe, ATA reconoce el esfuerzo que realizan las administraciones regionales para reducir los plazos "en contraposición" con la central y la local que han aumentado en el último año.

Recuerda que la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Precisa que, aún teniendo en cuenta este detalle, las administraciones locales y la central incumplen la ley y tardan más de 60 días en efectuar el pago.

Los plazos medios de pago de las administraciones públicas son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017.

La media de las autonómicas ha sido la única que se ha visto reducido en el último año y se fija en 45 días.

Las administraciones locales pagan de media sus facturas en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017) y ATA aprecia que, "lejos de querer reducirlos, sigue poco a poco aumentando".

Indica que sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago.

Cantabria es la que más tarda en pagar, unos 73 días, seguida de Murcia, con 66, y de la Comunidad Valenciana, con 63 días de media.

Por debajo de la media (45 días) está también Castilla y León (31 días), Galicia (33), Asturias (35) y Canarias (42).

Respecto a las diputaciones y tras la de Pontevedra, es la de ALaCoruña la que mejor paga, con 20 días de media, el mismo tiempo que la de Palencia.

 Algo más de tres semanas (24 días) esperan a cobrar sus facturas los autónomos que trabajan para las diputaciones de Salamanca y Córdoba y 25 días los que lo hacen para la de Huesca y el Cabildo insular de la Gomera.

Por debajo de 30 días de media pagan las diputaciones de Vizcaya (27 días) y Ciudad real (28 días).

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.
La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 
"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.
Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.
El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.
Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 
"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 
El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 
"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 
El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.
En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 
"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.
La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 
Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.
 
Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.
 
Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.
 
En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.
 
El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.
 
Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.


(*) Columnista



martes, 26 de junio de 2018

La defensa comunica al juez que Zaplana está muy grave y ha perdido cinco kilos en prisión

VALENCIA.- La defensa del político cartagenero Eduardo Zaplana ha comunicado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de València, que instruye el caso Erial, el "estado muy grave" de salud del exmninistro y expresidente de la Generalitat valenciana, que ayer tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis vírica y que ha perdido 5 kilos desde que ingresó en prisión el pasado 24 de mayo.

En el escrito, los abogados consideran que el estado del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana es "muy grave" y por ello presentaron ayer mismo un escrito en el que dejan constancia de la situación y reiteran su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
Zaplana, que sufre leucemia desde hace tres años, fue llevado al hospital por problemas derivados del mal funcionamiento de su pulmón izquierdo y su estado es grave pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones. Regresó por la tarde a la cárcel de Picassent.

El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana habría regresado a la cárcel después de haber sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia donde le fue diagnosticada una bronquitis, según habrían informado fuentes próximas a su familia. 
En el denominado caso Erial, a Zaplana se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En ocasiones anteriores, la jueza ya rechazó su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El PP demandará a la Generalitat por las ayudas al valenciano para medios de la familia de Ximo Puig

VALENCIA.- El PPCV presentará de manera "inminente" una demanda contra la Generalitat Valenciana por malversación, nepotismo y tráfico de influencias en la concesión de ayudas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación que pertenecen a familiares del presidente, Ximo Puig, según ha avanzado la diputada en las Cortes Beatriz Gascó. 

En una rueda de prensa, Gascó ha explicado que han detectado "irregularidades" en la concesión de subvenciones para fomento del valenciano en medios de comunicación "para beneficiar a empresas de familiares del president Puig que han incrementado estas ayudas en un 1.600%".
Así, ha dicho, "ante las negativas de Educación", han acudido al TSJCV para iniciar el procedimiento judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la concesión de las subvenciones concedidas a Mas Mut Produccions SLU y Comunicacions dels Ports SA.
 "Finalizado el plazo, el grupo popular va a presentar la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias. Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias", ha indicado la portavoz de Educación del PP.
"Hemos detectado numerosas irregularidades y como a través de la vía administrativa no hemos conseguido la documentación que lo aclare, ahora vamos a utilizar todos los cauces legales para conocer qué está pasando. Todo lo que rodea este procedimiento genera dudas y es muy sospechoso, tanto el texto de las órdenes como la forma de resolución y en base a qué se han resuelto", ha indicado.
La parlamentaria ha explicado que "la convocatoria de 2015 estaba lista y se dejó, por cuestión de prudencia, sobre la mesa para el siguiente Consell" cuando el PP dejó de gobernar, "pero tardaron cinco meses en publicarla, lo hicieron in extremis en diciembre porque se agotaba el tiempo". 
Su sorpresa, ha proseguido, fue "ver cuáles eran las modificaciones para retrasar el expediente" y que "uno de los requisitos que había desaparecido era que las empresas debían tener la licencia y una de las empresas que se beneficiaban de ello era una de las empresas de familiares del president de la Generalitat".
Asimismo, ha recordado que "en el pleno del Consell de abril 2016, Puig se ausentó porque un familiar directo iba a recibir una licencia. Qué casualidad que en 2016, cuando esta empresa ya tenía la licencia, se vuelve a establecer la necesidad de esa licencia como requisito en el expediente".
 "Alguien malpensado podría concluir que se adaptaron las circunstancias a esta empresa. Cuando son un cúmulo de casualidades el tema empieza a ser sospechoso", ha incidido.
Beatriz Gascó se ha referido a más modificaciones en el texto de la orden: "Las ayudas al sector iban para radios y televisiones, pero Marzà lo amplía a medios digitales y escritos. Nuestra sorpresa es que la empresa de familiares de Puig se presenta a todo. Gracias a las modificaciones, poder optar sin licencia y en todas las modalidades, estas empresas pasan de recibir 6.000 euros a 100.000 euros, un 1.600% más".
Según ha dicho, "las modificaciones parecen hechas ad hoc para favorecer a estas empresas" y, además, "aparecen como justificantes de gastos el pago del alquiler de un local a Joaquín Puig Mestre, padre del president de la Generalitat, y la contratación de un hijastro", lo que no es para el PP "ético ni estético".
La diputada también ha explicado que han detectado "irregularidades" en la justificación de la subvenciones a estas empresas en base a los espectadores: "Ellos dicen que tienen 55.000 espectadores en la tele pero ningún técnico se pone en contacto con ellas para pedir aclaraciones como hacen con otras empresas. 
En los oyentes de radio, según ellos, tienen casi el 100% de los oyentes de la zona en la que emiten. O en prensa digital: tienen el 70% de las visitas en castellano. Y es una página web que no escribe en castellano".
Asimismo, ha indicado que "Comunicacions Els Ports subcontrata a Mas Mut Produccions, cuando los accionistas son los mismos. A su vez Mas Mut subcontrata a otra empresa, pero todas se presentan a las ayudas. No es que sea ético o estético, es que es ilegal al incumplir la Ley de subvenciones. Nos parece grave y nos pusimos en contacto con la Conselleria de Educación. Ni siquiera se molestaron en mirar el expediente". 
La portavoz 'popular' ha afirmado que "hay irregularidades desde el minuto uno y nadie nos da ninguna explicación. Cuando Marzà aseguró la semana pasada en la comisión que no había irregularidades en la subvención mintió. No sabemos por qué ocultó información y no quieren dar la cara".
"Hemos intentado agotar antes todas las vías administrativas pero no ha sido posible. Nos ocultan información de forma reiterada a nosotros y al juzgado", ha criticado.
Por todo ello, "ante las negativas" de Educación, el PP ha acudido al TSJ con un procedimiento judicial "con la interposición de un recurso contencioso-administrativo al que, finalizado el plazo, se añadirá la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias: Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias".

Empresas en Cataluña

"Este mismo galimatías de las empresas de familiares de Puig se aplica también a otras empresas con domicilio fiscal en Cataluña", ha advertido, ya que "se cometen irregularidades porque en la convocatoria del 2014, con el PP, se decía que podían optar a ayudas las empresas en el ámbito de la Comunitat Valenciana; en 2015 intervienen tres empresas catalanas y se les conceden casi 100.000 euros. ¿Cómo es posible si no cumplen las bases?".
Después, ha apuntado, "se dieron cuenta de que habían metido la pata y lo modificaron en la orden de 2016, ampliando a emisión en otros territorios. Al final concurren 7 empresas y reciben casi 300.000 euros", ha añadido.

'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día


MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 
En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 
Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 
Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.
Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 
Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.
A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 
Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 
Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 
 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 
«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 
Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 
Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  
Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 
De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.
Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 
De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 
«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.