martes, 31 de diciembre de 2019

El permiso de paternidad se amplía a doce semanas desde mañana, 1 de enero

MADRID.- El permiso de paternidad se amplía hasta las doce semanas a partir de este miércoles, 1 de enero: el segundo progenitor tendrá que disfrutar de forma obligatoria las cuatro primeras tras el nacimiento del niño o las seis primeras en caso de adopción o acogimiento tras la resolución judicial.

La llegada del nuevo año ha elevado el permiso de paternidad desde las ocho semanas hasta las 12, una medida del decreto ley sobre igualdad laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo.
Esta ampliación tendrá un coste de 871 millones de euros en 2020, 705 millones los pagará la Seguridad Social y los 166 millones restantes correrán a cuenta de los empresarios.
En caso de nacimiento, la madre dispondrá de 16 semanas de permiso, mientras que el otro progenitor tendrá doce semanas, cuatro de las cuales deberá tomar de forma ininterrumpida tras el parto.
Las ocho semanas restantes podrán disfrutarse a lo largo del primer año de vida del bebé y la madre podrá ceder hasta dos semanas de su permiso al padre.
En el caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, cada progenitor tendrá un periodo de suspensión obligatorio de seis semanas después de la resolución judicial de adopción o de la decisión administrativa de guarda.
Además, ambos dispondrán de un total dieciséis semanas que tendrán que tomar de manera ininterrumpida en los doce meses siguientes a la adopción y que podrán repartir entre ellos como deseen, siendo el máximo de diez semanas para un progenitor y quedando las seis restantes para el otro.
En 2021, los permisos por nacimiento serán de 16 semanas para ambos progenitores, iguales e intransferibles.

La Región de Murcia y Andalucía trasladarán a la Unión Europea la alarmante situación de sequía que padecen

MURCIA.- Los gobiernos de la Región de Murcia y de Andalucía trasladarán a los comisarios de Agricultura y de Medio Ambiente de la Unión Europea la situación de especial vulnerabilidad del Sureste español ante el cambio climático, y que valoren el papel que desempeña la agricultura ante el avance de la desertización.

Así lo anunció hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, tras reunirse en Murcia con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, sobre la que destacó que "la experiencia de nuestras regiones en esta materia, puede ser de especial relevancia en la política europea de lucha contra el cambio climático y la desertización".
Por este motivo, los consejeros han enviado una carta conjunta solicitando sendas entrevistas a Janusz Wojciechowski, comisario europeo de Agricultura, y a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca.
Antonio Luengo explicó a los medios de comunicación que "es fundamental la coordinación y el trabajo conjunto entre las regiones afectadas".
En el marco de la lucha contra la desertización, ambos consejeros han expuesto la contribución que el Trasvase Tajo-Segura ha significado para el Levante español en los últimos 40 años, recordando que abastece a más de 80.000 regantes y 145.000 hectáreas, generando más de 100.000 puestos de trabajo y más de 300.000 indirectos. 
Además, aporta cerca de 4.000 millones de euros al PIB español, y permite hacer frente al avance de la desertización, que amenaza al sur de Europa.

Los hogares españoles gastan más de lo que ingresan

MADRID.- Los hogares españoles gastaron en el tercer trimestre más de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro entrara de nuevo en negativo, hasta situarse en el -1,3% de su renta disponible, frente al -1,4% del mismo trimestre de 2018, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de ahorro de los hogares vuelve así a tasas negativas después de que en el segundo trimestre recuperara valores positivos, disparándose hasta casi el 20%.
Los hogares aumentaron su renta disponible bruta un 3,1% en el tercer trimestre, hasta 176.055 millones de euros, pero su gasto en consumo se situó por encima de esta cantidad, en 177.132 millones de euros, un 2,5% más, de forma que su ahorro fue negativo.
En concreto, el ahorro de los hogares se situó en -2.197 millones de euros, frente a los -2.452 millones de euros del tercer trimestre de 2018.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el tercer trimestre en el 6,4%, tasa 1,4 puntos inferior a la del trimestre anterior.

¿Qué subirá de precio y qué bajará en 2020?

MADRID.- El año 2020 se inicia con subidas en los billetes de tren, las autopistas de peaje, salvo las rescatadas, y las comisiones de varios bancos, al tiempo que volverá a encarecerse el precio de la vivienda y el alza del IBI no superará el 5%, mientras que bajará el gas natural en una media del 4% y se mantendrán las tasas aeroportuarias.

Estas variaciones van acompañadas del mantenimiento de las pensiones, el SMI y el salario de los empleados públicos, según ha decidido el Gobierno en funciones a la espera de la investidura y de constituir un nuevo Ejecutivo con plenas funciones.
Una vez se conforme un nuevo Gobierno, el salario de los funcionarios subirá un 2%, a lo que se podrá sumar otro 0,3% por fondos adicionales; mientras que las pensiones se revalorizarán un 0,9% y las pensiones mínimas un 3%, junto a un nuevo alza del SMI aún por determinar.

Suben los trenes

En cuanto a las tarifas de tren, Renfe subirá el precio de los billetes de todos sus trenes en 2020, de forma que el del AVE y Larga Distancia se encarecerá un 1,10%, la primera subida en tres años, y los de Cercanías y regionales se incrementarán un 1%, el primer incremento desde 2015.
De su lado, el servicio de Media Distancia, los trenes de trayectos regionales, subirá también un 1% para el caso de los que circulan por líneas convencionales. Los Avant, los que circulan por líneas AVE, el billete sencillo subirá un 1,2%, si bien los ‘bonos multiviaje’ se mantendrán sin variación.
Por su parte, en los trenes que circulan por vías estrechas del Norte del país, los de la extinta Feve, la subida de billetes para 2020 será del 1,1%. En cuanto a las autopistas, el precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero de 2020.
La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron ‘rescatadas’ por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.
Las tasas aeroportuarias de Aena aplicables bajarán un 1,4% a partir de marzo de 2020, según ha comunicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2017-2021, marco regulatorio que fija la senda tarifaria, contempla una rebaja del 11% en las tasas de Aena y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.
A ello se añade, la rebaja de en torno al 12% en las tasas de navegación aérea en 2019, recogida en el ‘Plan Vuelo 2020’ de Enaire. 
Esta medida, tras la reducción del 12% aplicada en 2019 y el 3% en 2018, compensará el incremento del tráfico aéreo superior al previsto.
Por otro lado, se mantiene la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares en el 75%.

Bancos

Por su parte, varias entidades financieras han adelantado ya un aumento de las comisiones a los clientes para el nuevo ejercicio, de forma que se endurecerán las condiciones a los clientes que abran una cuenta gratuita.
En concreto, Santander cobrará a los clientes por sus cuentas 1,2,3 y cobrará nueve euros mensuales por la cuenta Día a Día; BBVA elevará las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros al año, salvo en los casos de un ingreso periódico mensual de al menos 600 euros y tener cinco recibos domiciliados. 
Por su parte, Sabadell y Bankia también han modificado su programa de exención de comisiones para vincular más a los clientes.
En cuanto al Euríbor, éste situó su media en diciembre en el -0,266% y los expertos creen que continuará en ‘rojo’ a lo largo de todo 2020 al haberse alejado las expectativas de una pronta subida de tipos por parte del BCE. 
Esto supondrá que las hipotecas a tipo variable seguirán en niveles muy bajos, si bien las entidades ya se han protegido aumentando la contratación de hipotecas a tipo fijo.
Respecto a las telecomunicaciones, este año las operadoras no han anunciado subidas para principios de año, aunque algunas ya acometieron subidas en 2019, que podrían repetirse en los próximos meses.
En principio los principales operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) mantendrán los precios de la cuota de línea el nuevo año.

Energía y gas

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se prorrogará para 2020 por sexto año consecutivo, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como ‘pool’, que afecta a algo más de un tercio del recibo.
No obstante, dado que las competencias de peaje al transporte y la distribución de electricidad se han transferido a Competencia, estos podrían bajar de media un 5,6%, en función del proyecto de circular por el que se establece la metodología de cálculo, lo que tendría una repercusión a la baja en el recibo de la luz.
También se mantendrá el 25% del recibo correspondiente al IVA y al Impuesto de Electricidad, si bien el 35% restante relativo al consumo dependerá de la evolución de los precios del ‘pool’, que en diciembre han ido a la baja.
Con el nuevo año, entrará en vigor la modificación del sistema de fijación de precios en la nueva tarifa de la luz, que variarán en función de la hora, según el día de semana y dependiendo de la ubicación geográfica.
Mientras, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del próximo 1 de enero un 4% de media respecto al último trimestre de este año, retomando así los descensos tras permanecer los dos últimos trimestres de este 2018 congelada.
Por su parte, el precio de la bombona de butano se sitúa en 12,74 euros, tras haber subido un 4,86% en noviembre, por lo que habrá que esperar a mediados de mes para ver si se vuelve a encarecer.

Nuevos impuestos en vivienda

En el capítulo de impuestos, el nuevo Gobierno podría retomar algunas de las medidas acordadas para los fallidos Presupuestos de 2019, como un aumento del IRPF para las rentas muy altas y una tributación mínima de un 15% en Sociedades, así como un alza del 1% en Patrimonio para fortunas de más de 10 millones.
Asimismo, podría recuperarse la idea de bajar del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina y del 21% al 10% el de servicios veterinarios, y también están pendientes el nuevo impuesto a los servicios digitales (‘Tasa Google’) y la creación del impuesto sobre transacciones financieras (‘Tasa Tobin’), así como el nuevo impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina y otros tributos ‘verdes’.
En materia de vivienda, las previsiones de los principales portales y agentes inmobiliarios apuntan a un alza de los precios tanto en la compra como en alquiler.
Fotocasa cifra el aumento en el 3%, Moody’s en el 5,5% y Servihabitat lo sitúa en el 4,8%, con un alza en compraventas del 4%. Pisos.com calcula que el coste de adquirir una vivienda será entre un 2% y un 4% mayor, y el del alquiler entre un 4% y un 6% más alto.
Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2020, que implicará a 1.092 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La actualización da como resultado unas subidas y bajadas medias globales que alcanzan el 3%, si bien el incremento máximo no supera el 5%.

Cómo se dibujaron las provincias en España

 Las provincias de España son casi coincidentes con regiones de Voronoi (los bordes de cada polígono son equidistantes a dos capitales, o de otro modo, cada punto está más cercano a su capital que a otras).

MADRID.- No es noticia que muchos españoles preferirían ver las líneas del mapa político del país repartidas de otra manera. A las históricas demandas de los nacionalistas vascos o catalanes por la independencia se unen también otras por la interdependencia, como la voluntad de algunos ciudadanos de León por volver a conformar una región propia y desvinculada de Castilla, se reconoce hoy en El Confidencial

Lo que ni ellos ni los partidos independentistas ponen nunca sobre la mesa es, curiosamente, la división provincial, que seguiría siendo exactamente igual en sus futuros escenarios. 
Frente a quienes aspiran a modificar la Constitución de 1978 por haberse quedado obsoleta tenemos aquí un trabajo intelectual, el de la división del territorio, con casi 200 años de historia y que sigue funcionando.
Por eso nadie —con pequeños matices que mencionaremos más adelante— ha manifestado querer alterar los límites de su provincia.
Un apunte contemporáneo para respaldar la precisión del modelo provincial desarrollado en el primer tercio del siglo XIX.
Recientemente, el geólogo Jorge Ginés compartió este interesante experimento resultante de dividir la península en regiones de Voronoi. Esto significa tomar unos puntos cualesquiera (en este caso las capitales de provincia) y aplicar el diagrama ideado por el matemático ruso Georgy Voronoi, que consiste en crear tantas regiones como puntos existan asignando a cada región todo aquel territorio que esté más cerca de ese punto que de ningún otro. 
La matemática Clara Grima explica cómo funcionan estos diagramas y cómo se han utilizado para muchas cosas más aparte de la cartografía.
No es sorprendente que los actuales límites provinciales sean casi coincidentes a las líneas de un diagrama de Voronoi. Nuestras actuales provincias son hijas del racionalismo. Lo que no está tan claro es quién es el otro progenitor.

Prefecturas francesoides

En 1810, durante la invasión napoleónica, José Bonaparte encomienda a José Lanz, ingeniero nacido en México (por entonces Nueva España) y nacionalizado francés, la división de un territorio en el que nunca había vivido y del que fue desterrado. 
Quizá por eso, Lanz prescindió de reivindicaciones históricas y tiró de pragmatismo y accidentes geográficos para delimitar el territorio en 'departamentos', que los franceses renombraron como 'prefecturas'.
Pese a que el trabajo de Lanz no pasó de la provisionalidad, algunas de sus provincias nombradas en base a los ríos ya prefiguraban lo que estaba por venir. Por ejemplo el Zújar, afluente del Guadiana, serviría para delimitar el límite de las provincias de Córdoba y Badajoz, por entonces Mérida. Y así sucesivamente, cuenca a cuenca.
Sin embargo, muchas de esas prefecturas resultaron demasiado amplias para ser abarcadas. Al mismo tiempo, habría más de cien subprefecturas con las que interlocutar. Por eso el encargo realizado a Javier de Burgos en 1833 tenía, principalmente, un ánimo centralizador: poder coordinar la organización periférica del Estado a través de las diputaciones y hacer tábula rasa de los anteriores modelos de reinos y regiones.
De Burgos, que fue periodista, traductor de Horacio y, a la postre, Secretario de Estado de Fomento, se apoyó en una propuesta de 1822 que no llegó a entrar en vigor pero dibuja las provincias actuales casi al dedillo, con la salvedad de que incluía tres más: Calatayud, Játiva y Vierzo.
En el decreto de las Cortes donde se exponía el plan provisional, sus señorías cifraban "todas las almas" del país en 11.661.980 personas. Aquella España era un lugar muy distinto. La provincia de Madrid, con 290.490 habitantes, no estaba entre las más pobladas. Concretamente estaba por detrás de Zaragoza, Oviedo, Barcelona, Córdoba, Coruña, Granada, Vigo, Sevilla y Valencia. La nueva división provincial calculaba un ahorro para el país de 1.046.100 reales con respecto al modelo anterior.

Casi clavando lo de hoy

Once años después, el geógrafo acabó integrando a las tres provincias extra en Zaragoza, Valencia y León (además de cambiar Chinchilla por Albacete) para dar con un mapa clavado al actual.
En estos modelos se introdujo un doble criterio de eficiencia: las provincias tenían que tener entre 100.000 y 400.000 habitantes y que todos sus municipios estuvieran ubicados a menos de una jornada a caballo de su capital de provincia. Incluso visto con los ojos del presente, teniendo en cuenta las vías de comunicación actuales, el plan de 1833 se demostró bastante preciso, como muestran estas visualizaciones realizadas por @Apariciovich.
"Se ha mantenido que la provincia española era una invención de Javier de Burgos, basada en el modelo de los departamentos franceses y que se realizó la división territorial poco menos que con un mapa y un compás", escribe Enrique García Catalán en su 'Urbanismo de Salamanca en el siglo XIX', que considera además "que esta afirmación es incierta y que debe romperse de una vez por todas con un tópico... pues la provincia es una figura con amplios antecedentes en la historia de España". 
Expone además que el proceso de división en provincias apareció ya en el siglo XVIII y en 1813 comenzó a reiniciarse el interés, tras el repliegue de las tropas francesas.
Qué curioso. El polifacético Fermín Caballero también criticó la organización territorial de Lanz en 1810 usando una expresión similar; decía que estaba hecha "con el compás y la punta del sable, sin consideración alguna del orden existente". 
Por ello la de 1833, para la que Caballero realizó la propuesta final como miembro de la Comisión Mixta de División Territorial y Rectificación de Límites Provinciales, incorporaba sutilezas regionales que los proyectos anteriores no tuvieron en cuenta. Fue un proceso de dos décadas en los que todo el país logró alcanzar un 'pacto provincial', como lo describe Jesús Burgueño en su libro 'La Invención de las Provincias'.
Desde 1833 los cambios al dibujo de Javier de Burgos han sido menores, afectando exclusivamente a municipios limítrofes
En 1927, la que por entonces era la provincia de Canarias se dividió en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Salvo éste el resto de cambios al modelo decimonónico han sido menores, afectando exclusivamente a municipios limítrofes entre dos provincias. 
Por ejemplo una pedanía que se separaba de un ayuntamiento para irse con el de otra provincia. Se sospechaba en muchos casos —el de Villena y Sax, incorporados a Alicante desde Albacete y Murcia en 1836— de injerencias políticas y diputados afines, pero al fin y al cabo así se escribe también la historia. 
El último caso fue el de Gátova, que en 1995 pasó de Castellón a Valencia aduciendo razones económicas y sentimentales.
Este municipio de 400 habitantes expuso que se había demostrado "la existencia de una tendencia natural de los vecinos a desplazarse a Valencia salvo para asuntos oficiales, dada su mayor proximidad geográfica y accesibilidad. Por último cabe resaltar el factor humano y sociológico que de modo natural produce un mayor acercamiento a la provincia de Valencia que a la de Castellón de la Plana".
Ante esas razones no hay racionalismo que pueda aplicarse y así provocó el último retoque al mapa de las provincias, un dibujo que ha pasado de provisional a bicentenario.

Castellanos y Leoneses: “Hay centralismo de Valladolid y León está despoblado”


LEÓN.- Todo empezó cuando, en una especie de ejercicio del derecho a la autodeterminación autonómica dentro de la Constitución española, el Ayuntamiento de León reclamó la segregación de esta provincia, de Zamora y de Salamanca de la actual Castilla y León para formar una nueva comunidad autónoma —la de la región leonesa—. 

PP y Ciudadanos ven en esta reivindicación un contagio del desafío independentista catalán, mientras que el alcalde socialista, José Antonio Díez, la justifica por motivos identitarios y económicos.
En cualquier caso, ha quedado claro que la ciudadanía quiere aportar su visión sobre esta polémica. A continuación el análisis que han hecho cinco lectores de La Vanguardia.
Borja García León, ciudadano de Castilla y León, concretamente, de Santovenia de Pisuerga , provincia de Valladolid.
“Con respecto a la autonomía leonesa creo que es muy difícil negarse a ella, puesto que, provincias como Madrid, La Rioja y Cantabria, se han constituido en comunidades autónomas. No veo por qué, un reino histórico como es el Reino de León no pueda ser una autonomía”.
“Pero, ¿qué es el Reino de León? Primero, para reivindicar una determinada autonomía, entiendo que tiene que haber un territorio que la constituya. Y aquí comienza el punto con el que no estoy de acuerdo con la autonomía”. 
“Los políticos ‘leonesistas’ reclaman una autonomía leonesa formada por tres provincias, pero ¿el Reino de León tiene tres provincias o cinco?”
“La comarca en la que vivo, La Campiña del Pisuerga, fue conquistada y poblada por leoneses, el fundador de Valladolid, el Conde Ansurez, cuya estatua está en la Plaza Mayor de la ciudad, era apodado el anticastellano por ser rival directo de El Cid”.
“La historia de Valladolid y de Palencia es leonesa y los ‘leonesistas’ no la reivindican como propias. El blasón de mi municipio es leonés, simboliza que el Reino de León cruzó la frontera natural que era el río Pisuerga para expandirse territorialmente como reino hacia el Este (estaban pujando con los castellanos por este territorio)”.
“En Villalar está el puente El Fierro (palabra leonesa). Podemos encontrar cómo en las comarcas de Valladolid y Palencia, hasta hace muy poco se hablaba con leonesismos y aún hoy se utilizan, palabras como mancar, rodea, arambol...”
“Haciendo este pequeño resumen histórico y vivencial, a la pregunta: ¿está a favor de la autonomía del Reino de León?... Yo quiero poder votar y votar que sí, pero sus demandas excluyen al Este del Reino de León”.
“Un Reino de León formado por sólo tres provincias es artificial, por tanto, estoy en contra de esa propuesta. Pero no podré votar porque me excluyen como leonés”.
“Si las tres provincias donde quieren que se haga el referéndum autonómico, dos votan en contra... pues el referéndum de secesión se ha perdido y estos ‘leonesistas’ tendrán que asumir que la mayoría de la población leonesa quiere estar unida a Castilla y no sacarse de la manga que las provincias que digan ‘Sí’ a la autonomía, aunque sea sólo una , la de León claro, se constituyan en una nueva entidad autonómica”.

Raúl Pastor Blanco, reside en Valladolid. "En mi opinión, León tiene todo el derecho a decidir o cuestionar el ser una comunidad autónoma propia”.
“Claro está, siguiendo todos los pasos legales que obliga la Constitución y la ley que regula las autonomías”.
“Nadie podría poner en cuestión esa propuesta, saliera adelante o no. Históricamente está claro que poco o nada tiene que ver con el resto de provincias de Castilla y León”.
“Teniendo incluso más parecidos con Asturias, por el relieve, minería, costumbres... el problema viene con las comparaciones con Catalunya, que su fallo garrafal fue saltarse todas las normas, porque está claro que no iban a poder reunir los requisitos para que saliera bien”.
“Soy andaluz, de Jaén, pero nunca me pareció razonable que hubiese una sola comunidad autónoma compuesta por dos regiones”.
“Si este fuese el caso habitual y todas o casi todas las comunidades autónomas estuvieran compuestas por dos o más regiones, me parecería bien, pero, al no ser así, veo que se ha cometido un agravio tanto con castellanos viejos como con leoneses”.
“Como la mejor manera de entender el problema de alguien es ponerse en su pellejo, eso que llamamos tener empatía, yo me pongo en situación y me imagino que en los años 70-80, cuando se crearon las autonomías, le hubiese tocado por su mala suerte a Andalucía compartir autonomía con otra región, por ejemplo, por proximidad, con Castilla la Nueva (que se llamaba entonces)”.
“Si eso fuese así, hoy estaría reclamando al igual que lo han hecho los leoneses una autonomía propia y no compartida”.
“Si lo que queremos es vivir en un mundo más justo, apoyar esta iniciativa es una pequeña parte de esa justicia que buscamos”.
“A los andaluces nos dejaron votar el Estatuto de Autonomía, a ellos se lo impusieron por la fuerza y con calzador. Ya que no votaron entonces, que lo hagan ahora, y esa sería la mejor medida para saber qué es lo que prefiere el pueblo leonés y el castellano”.

Pascual, nació y vive en Zamora. Para empezar, la idea de asociar Estado y Nación (española, leonesa, catalana o azerí) siempre me ha parecido anacrónica y bastante pueblerina, por mucho que se adorne de modernidad”.
“Para continuar, la idea de tener que construir un nuevo parlamento, pagar a un nuevo presidente y mantener a toda su cohorte, pagar a otra docena de consejeros y mantener a todas sus cohortes, habilitar una docena de consejerías, llevar representantes a Europa... me provoca a ratos ira y a ratos pereza”.
“A ver si se enteran de una vez los políticos y los militantes de sus aburridísimos partidos de que los votamos para que garanticen el funcionamiento de la sanidad, la educación, las carreteras, la seguridad...”
“No los votamos para tener ocurrencias olímpicas ni para que nos eduquen en la tradición... Me la refanfinflan Don Pelayo y Don Ramón Berenguer II”.
“Hay centralismo de Valladolid, León está despoblado y se está muriendo”.
“Hay poca inversión, no se invierte en nada y León ya es la ciudad que pierde más habitantes de Castilla y León”.
“No tiene nada que ver con la independencia ni nadie quiere romper España, León fue obligado a integrarse en Castilla por interés económico tanto del PP como de los socialistas”.
“Lo hicieron sin contar con el pueblo y a eso se le llama democracia...”

UGT denuncia que un informe de Intervención "paraliza" la prestación de servicios de 'Vaersa'


VALENCIA.- El sindicato UGT PV ha denunciado que un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 3 de octubre de 2019 publicado recientemente "está paralizando" y "poniendo en jaque" la prestación de los servicios que ejecuta la empresa pública Vaersa.

El sindicato ha explicado que, según dicho informe, Vaersa "no puede seguir ejecutando los servicios atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público". Esta situación provocó el cese el día 7 de diciembre de diez personas en la Unidad de Análisis de Sanidad Animal integradas en el Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria, que entre otras responsabilidades se encuentran la Red de Alerta Sanitaria
Veterinaria y el Programa Nacional del Control de Enfermedades, ha lamentado UGT.
Sin embargo, la organización sindical ha afirmado que "gracias a la intervención de la Conselleria de Agricultura "se han podido recuperar a ocho de las diez personas cesadas y el servicio solo ha estado paralizado 16 días".
"Cuestión diferente es lo que ocurre con las obras de mantenimiento y apertura de Áreas Cortafuegos, ya que han cesado a 30 personas en la provincia de Valencia porque las nueva obras previstas por un valor de dos millones de euros, no se pueden ejecutar debido al informe de la Intervención", ha denunciado UGT. 
El sindicato ha hecho hincapié en que además no se ha podido finalizar los trabajos en las Áreas Cortafuegos de la zona de Tous.
Asimismo, ha remarcado que del mismo modo "se va a cesar el día 31 de diciembre a cinco personas que prestan servicio para la Conselleria de Economía Sostenible". 
"Este personal realiza los controles de las explotaciones mineras en cuanto a restauración y medioambiente", ha detallado.
En este sentido, UGT ha criticado que la "falta de personal" en la Dirección General de Industria, Energía y Minas provoca que "no se puedan revisar los Planes de Labores y los avales presentados por las explotaciones mineras, que en muchos casos no coincide con la realidad, aprobándose por silencio administrativo a los dos meses de su presentación".
UGT también ha alertado de que "puede dejar de ejecutarse el Plan de Vigilancia Preventiva contra el Riesgo de Incendios Forestales, un dispositivo de unidades de vigilancia, motobombas y la red de observatorios forestales que tiene un valor estimado de 14 millones de euros al año y que está integrado por más de 400 personas".

El PP de Benidorm ejecuta su mayoría: rechaza todas las enmiendas al presupuesto para 2020


BENIDORM.- El gobierno del PP ha sacado músculo este lunes con la aprobación del presupuesto para 2020, donde ha ostentado su mayoría absoluta para rechazar todas las enmiendas de la oposición. Así, el pleno de Benidorm ha aprobado con los votos del gobierno local las cuentas, y los votos en contra de la oposición, con un concejal menos. 

El presupuesto sitúa los ingresos en 103.469.011,64 euros y los gastos en 102.337.107,66 euros. La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que estas cuentas cumplen la regla de gasto y el equilibrio económico, y ha detallado que, respecto al presupuesto de 2019, el de 2020 recoge una reducción del capítulo de gastos del 4,7% y del 4,5% en los ingresos. 
Entre los motivos que justifican la rebaja de los ingresos está la minoración de las transferencias de otras administraciones públicas; como también se reducen los gastos financieros que tiene que asumir el Ayuntamiento “gracias a la amortización anticipada de los préstamos con mayores costes financieros” hecha a lo largo de 2019, entre los que destacan los 11 millones de euros liquidados del Plan de Ajuste. 
García Mayor ha indicado que el capítulo de inversiones asciende a 11,3 millones de euros, de los cuales 6,9 se financiarán íntegramente con recursos municipales. Dentro de las inversiones, la edil ha destacado la configuración del “cuarto espacio museístico” de Benidorm con la creación del Aula del Mar (385.385 euros); la ejecución de la segunda fase del Parc de la Séquia Mare (300.000 euros); o la puesta en valor del patrimonio histórico con la remodelación de la Torre de Morales (207.536,37 euros, de los cuales 124.521,85 euros son aportación municipal), la mejora de la accesibilidad al yacimiento de El Tossal de La Cala (150.000 euros), y la intervención en l’Hort de Colon (105.000 euros).
Además, el presupuesto incluye la remodelación de las calles Polop (500.000) y La Garita (173.767,94 euros), y la reforma de la Glorieta Carrasco (218.250 euros). El Presupuesto Participativo, por su parte, ha sido dotado con 500.000 euros –superando con creces los 350.000 euros que equivaldrían al 5% de las inversiones-, que irán a la ejecución de proyectos propuestos por el Consejo Vecinal. Idéntica cantidad se destina al desarrollo de la EDUSI.
García Mayor ha recalcado que “muchas de las inversiones incluidas en el presupuesto crecerán a lo largo del año, en cuanto liquidemos anticipadamente el Plan de Ajuste, algo que ocurrirá durante el primer trimestre del año”. “Así –ha añadido-, el remanente positivo de Tesorería que se obtenga se destinará, tal y como permite la Ley, a obras financieramente sostenibles como puedan ser la renovación de la pasarela de Poniente o de la catenaria del Paseo de Levante, la pavimentación de zonas escolares, el arreglo de caminos rurales y el Plan de Asfalto 2020”.
La responsable de Hacienda ha informado que en el capítulo de Personal “se ha tenido en cuenta presupuestaria la subida del 2.0% más un 1.0 % adicional a partir del mes de julio, así como la previsión de la incorporación de los puestos incluidos en las ofertas de empleo de ejercicios anteriores pendientes, los puestos contemplados en la de este año”; así como la próxima aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) pactada con los sindicatos, refrendada “ampliamente” por los trabajadores en consulta pública y que ahora se encuentra en periodo extraordinario de alegaciones.  
Previo a la votación del presupuesto, se han debatido las enmiendas de inversión presentadas por los grupos de la oposición, que no han sido incorporadas al documento. García Mayor ha explicado que la mayor parte de las enmiendas se han rechazado ya que “proponían detraer el dinero de partidas de Atención Social o de la reservada para becas de Educación, que para este gobierno son intocables”; mientras que el resto ya están previstas o carecen de informes técnicos.  
Superada la aprobación inicial, el presupuesto será ahora expuesto al público durante un mes. 
Con el voto de la mayoría de la Corporación se ha aprobado la propuesta del concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González, para declarar finalizado el contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos a fecha 31 de diciembre, comunicando a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) la obligación de prestar el servicio a partir del 1 de enero, y “estrictamente” hasta que culmine el proceso de licitación del contrato “que se tramita” y haya un nuevo adjudicatario. La propuesta ha llegado a pleno acompañada de los informes de Intervención e Ingeniería, y también del elaborado por un técnico externo. 
Por mayoría ha prosperado la petición del concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, para pedir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dejar “sin efecto la asignación de caudales ecológicos en los cursos del Amadorio y Guadalest”, a la vista del “creciente descontento social” provocado por los desembalses que se hacen en ambos pantanos para cumplir dichos caudales y que se traducen “en muchos litros de agua vertida al mar”. De Zárate ha indicado que la eliminación de esos caudales es una reivindicación “compartida” por los regantes y por administraciones como la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana. 
Con el apoyo unánime, también se ha dado luz verde al Plan de Igualdad para el Personal del Ayuntamiento de Benidorm. Tal y como ha señalado la edil del área, Ángela Zaragozí, este plan se ha establecido para el periodo 2020-2025 con el objetivo de “alcanzar en el Ayuntamiento de Benidorm la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo”. 
Zaragozí ha explicado que “tras la realización de un diagnóstico de la situación” en la que han participado “los representantes de las personas trabajadoras”, el Plan contempla una serie de medidas a aplicar en los próximos cinco años para conseguir el objetivo señalado.
Con idéntico resultado también se han aprobado el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y el Plan Local de Quemas. Respecto al primero, la concejala de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha explicado que se este plan, que sustituye al de 1989, pretende “minimizar el riesgo de incendios, actuando sobre sus causas y reduciendo la superficie que pudiera verse afectada por los mismos”. Gómez ha explicado que este plan, que incide en la prevención, es el mismo que ya se aprobó y remitió a Conselleria en octubre del 2017, si bien ha sido necesario adaptarlo a la nueva normativa autonómica en lo relativo a cálculos, planos y puntos críticos.
También por mayoría se han aprobado las actas de cesión suscritas en marzo de 2017 entre el Ayuntamiento y varios particulares para la adquisición de terrenos necesarios, mediante de reserva de aprovechamiento, para la ampliación y mejora del vial de acceso al Palau d’Esports y al nuevo depósito de vehículos.  
Por unanimidad, se ha respaldado la propuesta de la Junta de Portavoces para la concesión de la Medalla Corporativa de la ciudad con motivo del Día de la Constitución a Estefanía Gomis y Jorge Navarro, que salvaron la vida de una vecina en un colegio electoral durante las votaciones del 10N. Ambos recibieron esta distinción el pasado 6 de diciembre.
En la misma sesión se ha dado cuenta del informe del Secretario municipal y del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) relativos al procedimiento relativo a las torres de Punta Llisera derivando su ejecución a la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia.
También se ha dado cuenta de la sentencia del TSJCV que anula algunos artículos del Reglamento del Servicio Público de Auto-Taxi de Benidorm; así como de la información contable de tercer trimestre de 2019 y del decreto de Alcaldía en relación a un auto referido al APR-7. Además se ha dado cuenta de un informe jurídico municipal sobre este mismo asunto, y de la designación de un nuevo secretario para la Comisión Informativa de Hacienda. 

Mociones de urgencia

Por la vía de urgencia, el pleno ha adoptado el compromiso de habilitar el crédito suficiente para financiar dos proyectos que el Ayuntamiento va a presentar a dos convocatorias de fondos europeos. El primer proyecto, valorado en algo más de un millón de euros y que ha contado con el apoyo unánime de la Corporación, plantea instalar placas fotovoltáicas en edificios municipales para ahondar “en ahorro energético” y “aumentar el uso de energías renovables”. El proyecto plantea la colocación de placas fotovoltáicas en colegios públicos, escuelas infantiles, instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua, deportivas y sociales. La subvención a solicitar supera los 520.000 euros.
El segundo proyecto es el de ‘Control de Accesos y Regulación Sostenible de Aparcamientos en Benidorm’ y asciende a 4,8 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento debería aportar el 50%. De Zárate ha detallado que el Ayuntamiento va a presentar este proyecto a las ayudas FEDER 2014-2020 del Programa Operativo Plurirregional de España destinada a desarrollar propuestas que favorezcan una economía baja en carbono. 
En este caso, el proyecto desarrolla el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Plan de Estacionamiento Sostenible (PES) y busca reducir los kilómetros recorridos en búsqueda de aparcamiento en la ciudad. Para ello, entre las medidas contempladas están la implantación de sensores de contaminación; generar nuevas áreas de prioridad residencial con control de acceso; establecer zonas de estacionamiento regulado; adecuar el acceso a aparcamientos disuasorios; crear zonas de estacionamiento disuasorio regulado con sensor de plaza; implantar una ‘app’ para guiar a los conductores a plazas de aparcamiento y paneles que informen de la disponibilidad de las mismas; e implantar más de 200 puntos de recarga en los aparcamientos. 

El PSOE de Benidorm vota en contra

"El PP ha terminado el año aplicando de nuevo el rodillo y despreciando”, según apuntan los socialistas, la totalidad de las enmiendas a los presupuestos generales de Benidorm presentadas por el grupo municipal socialista en el pleno ordinario celebrado este lunes.
El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha explicado que su grupo ha votado en contra de las cuentas municipales por ser “irreales” y por el “desprecio” del equipo de Gobierno a las propuestas sociales y de mejoras en infraestructuras deportivas y de la escena urbana. “Hemos intentado mejorar el presupuesto pero nos hemos vuelto a encontrar con la prepotencia y soberbia del PP”, ha indicado.
Así, Martínez ha criticado que las cuentas municipales aprobadas hoy por el PP destinan al bienestar de los vecinos y vecinas de Benidorm cerca de 8 millones de euros menos que en 2019 con, además, un descenso de cerca del 35 por ciento de las inversiones. “Son unos presupuestos de recesión y que pronto serán papel mojado. El equipo de Gobierno es especialista en presupuestar una cosa y ejecutar otra totalmente distinta mediante transferencias de crédito”, ha remarcado.
En cuanto a las propuestas en materia de bienestar social, el portavoz socialista ha indicado que el “rodillo” del PP ha “tumbado” destinar 200.000 euros para implantar en los colegios de la ciudad el proyecto de patios inclusivos que tiene como objetivo el diseño de diferentes espacios de juego, interacción y aprendizaje donde se dé respuestas a la diversidad; consignar 70.000 euros para redactar el proyecto de la 3ª fase del Centro Municipal Pepa Esperanza; y presupuestar 125.000 euros para bonificar el 100% del billete de bus urbano a mayores de 65 años y menores de 25, y del 50% del billete al resto de empadronados.
En mejoras de la escena urbana e infraestructuras municipales, el PP ha despreciado iniciativas tan necesarias como la renovación de la plaza Neptuno y el entorno de la colonia Alfredo Corral con 300.000 euros;  contemplar 150.000 euros para ayudar a la rehabilitación de edificios de más de 50 años; destinar 100.000 euros para la puesta en marcha de la oficina de la Oficina Técnica y Comisión del Ciclo Integral del Agua de Benidorm; y aumentar en 35.000 euros la partida destinada a mejorar la Casa del Fester y el Festa Espai.
En materia deportiva, el gobierno local del PP ha rechazado mejorar la iluminación de los campos de futbol Antonio López y del anexo Guillermo Amor con 40.000 euros;  instalar una cubierta en las pistas multideporte del Palau d’Esports destinando 80.000 euros; y mejorar en la accesibilidad y espacios del pabellón Raúl Mesa consignando 50.000 euros.
Para finalizar, el portavoz socialista ha lamentado que el equipo de Gobierno se ha negado a modificar las bases de ejecución de presupuesto para que las modificaciones presupuestarias competencia de la Alcaldía pasen previamente por comisión informativa de Hacienda; y a invertir 40.000 euros en elaborar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que “termine con la política de improvisación en la gestión de departamentos, áreas y personal municipal del PP”.

La AP-7 pasa a ser gratuita a las ocho de esta noche después de medio siglo de peaje


VALENCIA.- Con el levantamiento de barreras que se hace efectivo esta noche  de martes, último día de 2019, la AP-7 entre Tarragona y Alicante pasa a ser gratuita después de 48 años de pago de peajes. Las barreras se levantarán a las 20 horas.


Una liberalización por parte del Ministerio de Fomento que no solo supone un ahorro para los vehículos particulares, sino también para los transportistas y que ahora obliga a analizar la evolución futura de la demanda y planificar la movilidad, actuando para mejorar la conectividad de la AP-7 con los municipios que atraviesa.

Con una autopista totalmente gratuita, quedan trabajos pendientes como la retirada de las playas de peaje, que no impedirá la celebración de la Nochevieja convocada en el área de San Antonio para festejar la liberalización de una autopista "más que amortizada", según la convocatoria de Fem Marina Alta en las redes sociales.

Los 367 kilómetros de la autopista entre Tarragona y Alicante se integrarán así en la red estatal de carreteras de alta capacidad gratuitas y se gestionará bajo los mismos criterios que el resto, según indicó el secretario general de Infraestructuras, Julián López.

La liberalización de la AP-7 "culmina una lucha de muchos valencianos" por estar casi cincuenta años pagando, según el diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví, que ha agradecido su labor a todos los que a lo largo de los años han concienciado a la sociedad y han presionados a los políticos para lograr una vía libre de peaje.

"Son casi 50 años pagando, y ha habido tres ampliaciones, dos propiciadas por grupos socialistas y otra por Aznar", ha recordado Baldoví.

Ahora, según Baldoví, toca reivindicar todas las conexiones entre las ciudades y la AP-7 para hacer una autopista "aun más útil" a los valencianos y vertebradora.

Entre esas reivindicaciones está la creación de nuevos enlaces de conexión de la AP-7 con la N-332 y la N-340, y la mejora de la seguridad vial de los tramos que conectan los peajes con núcleos urbanos u otras carreteras, según especificaba un estudio de julio de 2018 elaborado por técnicos de la Conselleria de Obras Públicas y de los municipios por los que atraviesa la Autopista del Mediterráneo.

La gratuidad supondrá un importante ahorro para los transportistas que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha cuantificado entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo.

Además, conllevará un mayor uso de una vía mejor, de alta capacidad y más rápida para los transportistas que cubren rutas de proximidad entre Valencia, Alicante y Castellón y que hasta ahora evitaban utilizar esta vía para ahorrarse el peaje.

Menos importante será la denominación que se le dé para diferenciarla de la A-7, un cambio que se estudiará más adelante ya que ahora se mantendrá igual para evitar problemas en la cartelería, pero que habrá que abordar porque no se pueden tener "dos A-7".

Para los camiones 63 euros de ahorro en el trayecto

La gratuidad de la AP-7 entre Alicante y Tarragona ahorrará unos 63 euros por viaje a los transportistas que utilizan la autopista para llegar a la frontera francesa. Los turismos dejarán de pagar unos 46 euros en este tramo de 375 kilómetros a partir de esta medianoche, una vez que caduque la concesión de la compañía Abertis

Los vehículos pesados están obligados a viajar por la AP-7 y no pueden salir a las carreteras nacionales durante el trayecto hasta Francia, por lo que la gratuidad supondrá un gran ahorro económico, aunque no evitará los problemas de saturación que encuentran los camiones en las áreas de servicio.


Por otra parte, los transportistas esperan que la eliminación de los peajes de las autopistas contribuirá a descongestionar las autovías y las carreteras nacionales de uso gratuito, lo que «aportará indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial», según ha avanzado la patronal Fenadismer.

Esta organización prevé que la liberalización de la AP-7 permitirá «una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes», dado que la decisión de optar por una u otra vía por parte de los conductores ya no responderá «a criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino a la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje.

Esto permitirá un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad».


Fomento ha realizado una due dilligence (una auditoría o estudio pormenorizado) de la situación en la que se encuentra la AP-7 «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación previo a su entrega sea adecuado», según adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado mes de julio.

Este informe se ha remitido a Abertis tras examinar la situación actual de la autopista, al que la concesionaria podrá alegar. «En general está en bastante buenas condiciones, salvo algún defecto que se requiere subsanar, aunque no está cuantificado cuánto puede costar», explicó el secretario general de Infraestructuras, Julián López.

El alto cargo de Fomento también precisó que «todas las autopistas tienen un inspector de explotación que elabora un informe sobre las condiciones exigidas en las concesiones. Se podrá reclamar a Abertis, aunque haya acabado la concesión. Aunque la AP-7 está bien conservada, excepto algún punto de discusión, pero el estado general es bastante bueno».

El Gobierno en funciones tomó la decisión de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vayan venciendo para que reviertan así al Estado y permitan su uso gratuito.


Por ahora seguirá siendo de pago el tramo de la AP-7 entre Crevillente y Pilar de la Horadada y entre Cartagena y Vera. En la primera de ellas el Ministerio de Fomento aplicará una subida de las tarifas del 0,84% a partir de esta medianoche, mientras que la Cartagena-Vera, que es una de las rescatadas por el Estado, se librará de la subida y seguirá siendo gratuita solo entre las 12.00 horas de la noche y las 6.00 horas de la mañana.

Última hora

Pasadas las 20:00 horas, la autopista AP7 entre Tarragona y Alicante libre de peajes es una realidad. A esa hora, la empresa concesionaria Abertis decidía levantar la barrera y, por tanto, dejaba de cobrar a los usuarios. 
Aunque en un principio, el levantamiento del peaje estaba previsto para las 22 horas, la empresa decidió adelantarlo para que los trabajadores del turno pudieran llegar con antelación a sus domicilios y celebrar la cena de Nochevieja. 
Desde este martes por la noche, la autopista está gestionada por el Ministerio de Fomento.
De esta manera, se pone fin a una infraestructura que se puso en marcha 1972, primero entre Tarragona y Valencia y más tarde entre Valencia y Alicante, que abrió sus primeros tramos en 1974 y que se puso la totalidad en servicio en 1985.
A lo largo de todo el día, los conductores han podido hacer sus trayectos con total normalidad. En los peajes, las barreras ya estaban quitadas en algunos puntos, mientras que en otros se ha retirado horas más tarde. 
Pasada media tarde ya se ha dejado de entregar el tícket de acceso y pasadas las 20:00 horas se ha dejado de cobrar. Mientras se han producido alguna pequeña aglomeración en algún peaje, como en Benidorm, donde pasadas las 19 horas había retenciones para salir. En el resto de la vía ha habido bastante normalidad y sobre todo, tráfico de turismos.

Fomento calcula que el tráfico aumentará en un 30% en la AP-7 a partir de mañana

BARCELONA.- Los usuarios de la autopista de peaje (AP-7) entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que desde mañana 1 de enero del 2020 dejarán de pagar por circular por esas vías de alta capacidad se ahorrará unos 290 millones de euros, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento, a quien le corresponde a partir de ahora la gestión de los 468 kilómetros --374 de la AP-7 y 74 de la AP-4-- de esas autopistas, recoge hoy El Periódico

La mayor parte de esa cantidad (unos 230 millones) corresponde a la vía que transcurre por el litoral mediterráneo y 60 millones a la que une las capitales andaluzas, ambas gestionadas por Abertis por medio de Aumar hasta ahora. 
La mayor parte del impacto del levantamiento des peajes en la vía litoral se concentran en la Comunitat Valenciana: unos 175 millones; el resto (55 millones) corresponden al tramo catalán de la AP-7.  
No obstante, Fomento calcula que si se considera el incremento del tráfico que se producirá en estas dos vías: un 30%, el ahorro potencial para los usuarios podría alcanzar los 380 millones de euros, de los que 300 millones se producirán en la vía mediterránea .
Aunque el impacto económico se notará en el bolsillo de los usuarios y en las cuentas de la empresa concesionaria, su repercusión también se dejará notar en los presupuestos del Estado, ya que el Ministerio de Fomento se hace cargo, a partir de ahora, de las labores de conservación que hasta ese momento realizaba la empresa concesionaria con cargo a los ingresos por peajes. 
“Estas labores de conservación tienen un coste significativo, que debe ser asumido por el presupuesto destinado a carreteras del Ministerio”, ha puntualizado fuentes de Fomento. 
Fomento ha licitado cinco contratos de servicios para la conservación y explotación de ambas autopistas (uno por cada provincia afectada), por un importe de 32,4 millones anuales. No obstante, todavía no se han adjudicado. 
Además, se han licitado 12 contratos de concesión de servicios, para la gestión por cinco años, de cada una de las 12 áreas de servicio que existen en las autopistas que revierten (tres en la AP-4 y nueve en la AP-7). En este caso, será el adjudicatario el que deberá abonar al ministerio un canon por la explotación de estas áreas. 

Déficit en infraestructuras

En todo caso, son cifras que se suman al déficit que genera el mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado y que desde algunos organismos, como la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Catalunya (CCOC) se cifra en más de 7.000 millones de euros. “El ministerio no tiene dinero para hacer frente al mantenimiento de todas las vías que deben volver al Estado”, ha comenta Joaquín Llansó, presidente de la CCOC. 
Desde Fomento no se confirma la cifra del déficit, pero se apunta que “el presupuesto de carreteras ha disminuido durante los últimos años”. La media desde el 2012 es de 850 millones de euros destinados a conservación, cuando antes de la crisis se destinaban 1.250 millones, y sin embargo, la red ha ido aumentando. 
“La reversión de autopistas de peaje es un ejemplo significativo, al tener que gestionar el Ministerio, en el plazo de  algo más de un año, 550 kilómetros más de autovías”. A estos, en teoría se le sumarían los 425 kilómetros de Acesa, cuando venza la concesión, el 31 de agosto de 2021. Se trata de los tramos de la AP-7 de La Junquera a Barcelona y de Barcelona a Cambrils, además del de Montmeló a El Papiol, así como el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Todos ellos de Abertis, como los 60 kilómetros del tramo Montgat-Palafolls y del de la C-33 Barcelona-Granollers. 

Efecto en el tráfico rodado

Con lo económico, el impacto de la supresión afectará directamente al tráfico rodado que discurrirá por esas vías. O como lo denomina Pere Macias, ex conseller de Política Territorial y presidente de la Fundación Círculo de Infraestructuras, “externalidad negativa de la eliminación de peajes: más tráfico y más emisiones de CO2”, sin contar los menores impuestos recaudados por Hacienda. 
Fomento espera que se produzca una redistribución del tráfico desde las carreteras convencionales que van paralelas a las autopistas, como la N-340 o N-332 en el caso de la AP7 o la N-IV en el caso de la AP-4. 
Este descenso mejorará sensiblemente la congestión y las condiciones de seguridad vial de estas vías paralelas y por otra parte, “la mayor intensidad de tráfico de las autopistas harán que sea necesario adaptarlas a las nuevas condiciones de explotación. Básicamente, habrá que analizar los niveles de servicio del tronco y de los enlaces para ver si es necesario aumentar su capacidad, también aumentar la conectividad con el territorio a través de nuevos”, considera Fomento. 
Los únicos datos sobre aumento de tráfico que tiene el ministerio tras la supresión de peajes corresponde a la experiencia de la única vía revertida, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Ha provocado que cada día casi 8.000 vehículos, en su mayoría camiones, hayan cambiado de carretera, desde la N-I a la autopista. Esto supone un incremento en la intensidad media diaria (IMD) de un 30%.
 Según Abertis, la intensidad actual del tramo Tarragona-Valencia de la AP-7 es de 12.023 vehículos y la del tramo sur es de 14.966.

Cuánto ha ganado 'Aumar' con la AP-7 en la última década

VALENCIA.- La autopista AP-7, que este 31 de diciembre, día de Nochevieja, pasará a ser gratis entre Tarragona y Alicante a las doce de la noche, ha reportado grandes beneficios a Aumar (empresa filial de Abertis).

La concesionaria ha obtenido en la última década 955 millones de euros de beneficios por la explotación de la AP-7. Y es que con una infraestructura más que amortizada, los pagos que realizan los usuarios por utilizar estas carreteras cubren de sobra los costes de personal y de mantenimiento hasta el punto de que la mercantil transformó el año pasado en ganacias uno de cada dos euros que ingresó.
El año pasado la sociedad declaró beneficios de 146,3 millones, casi un 25 % más que el año anterior con una cifra de negocio de 306,5 millones de euros. En la última década (en plena crisis), el año que menos ganó Aumar fue 2011 y obtuvo unos beneficios de 66 millones.

Las ayudas a dedo de Ximo Puig, en cuestión: más de la mitad de la subvención a su pueblo para catering

VALENCIA.- «Las subvenciones directas concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y fundamenten su régimen excepcional, revisadas en la presente fiscalización no se han ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones».

 Con esta rotundidad, la Sindicatura de Comptes pone en solfa el millón de euros consignado en los presupuestos de 2018 a Presidencia para la concesión de ayudas a dedo a 47 entidades, según recoge El Mundo
Aunque la Generalitat destacó, en un comunicado posterior, que «estas subvenciones se tramitaron en su integridad con el aval de los servicios técnicos y económicos de la Generalitat, así como de los correspondientes informes de la Abogacía y de la fiscalización de la Intervención Delegada», lo cierto es que la Sindicatura pone ciertos reparos.
En su informe, destaca que la modificación de la ley que da competencias al presidente de la Generalitat «debilita las garantías legales» previstas en la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y en la Ley General de Subvenciones. El síndic destaca que no se ha podido comprobar «el procedimiento seguido para seleccionar a los beneficiarios de las subvenciones». 
Tampoco, prosigue, «existe una publicidad previa de las subvenciones presupuestadas ni las fichas presupuestarias contienen la información relativa a su forma de concesión». Así, añade, «tampoco existe un procedimiento reglado de solicitud por parte del interesado». Así, se destaca que «las bases reguladoras se aprueban y publican en el DOGV junto con la propia concesión de la subvención, sin que exista, por tanto, un procedimiento previo reglado de solicitud e instrucción del expediente, que se inicia mediante la propuesta de Presidencia». 
Por último, señala que «la excepcionalidad de la actividad a subvencionar no es objeto de valoración por parte de un órgano técnico con carácter previo a la propuesta de gasto».
El síndic analiza seis expedientes revisados. Curiosamente, uno atañe a una ayuda de 40.000 euros al Ayuntamiento de Morella (del que Puig fue alcalde de durante cuatro legislaturas y media) para la celebración del 54 Sexenni. 
El órgano fiscalizador señala que «el 61,9% de los justificantes presentados corresponde a gastos protocolarios y de restauración, cuya vinculación directa con la actividad subvencionada no se encuentra debidamente justificada».
Una afirmación que rebate el Ayuntamiento de Morella. Fuentes del consistorio explican se gastaron 9.398 euros en un catering para una romería; 824 en manutención de Protección Civil y 1.934 euros para dar un sustento a los participantes en les Danses. En total, algo más de 12.000 de una subvención de 42.000 euros. Un 25% que contrasta con el 61% que detecta el órgano fiscalizador
El síndic también censura que «el 85% de las facturas se han pagado con posterioridad a la finalización del plazo de justificación, por lo que no deberían haberse considerado gastos subvencionables». 
Una circunstancia que el Consell justifica en el hecho de que la orden se publicara con retraso en el DOGV y solo diera 5 días al Ayuntamiento para presentar los recibos. Se optó, explican fuentes de la Generalitat, por «flexibilizar los plazos».

El Estado ya gestiona los 8 millones decomisados a Eduardo Zaplana

VALENCIA.- El juzgado que investiga el caso Erial -donde la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil coloca a Eduardo Zaplana como director de una trama de blanqueo y cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas para beneficiar a la familia Cotino- ya tiene los ocho millones decomisados al ex ministro de sus supuestas actividades ilícitas y los ha puesto en manos del Estado, según publica hoy El Mundo

El dinero ha sido ingresado en la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) y se invertirá en servicios públicos. El Orga es un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los bienes procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves. Entre ellos destaca el blanqueo de capitales o la corrupción.
La UCO halló seis millones en una cuenta a nombre de Fernando Belhot, el abogado uruguayo considerado testaferro de Zaplana y el hombre que le delató, y el ex ministro siempre ha sostenido que no eran suyos, por lo que no los podrá reclamar si en futuro se produjera una hipotética sentencia absolutoria. Los otros dos millones pertenecen a la trama y, según los investigadores, fue Juan Francisco García, su ex jefe de Gabinete y persona de máxima confianza, quien los repatrió a España desde Luxemburgo aprovechando la amnistía fiscal.
Esos dos millones, tal como expone la UCO en el sumario, provenían, según la Guardia Civil, provenían de las mordidas que pagó Vicente Cotino -sobrino del ex conseller de Camps y ex director general de la Policía, Juan Cotino -por las adjudicaciones del Plan Eólico y la privatización de las ITV en la Comunidad Valenciana.
Según los investigadores, en 2006 el Grupo Sedesa de la familia Cotino realizó dos ingresos en la mercantil con sede en Luxemburgo Fenix Investments, administrada por García. Un primer pago de 186.000 euros y un segundo de dos millones camuflados en la compraventa de participaciones de una tercera empresa, Inversiones Impega, en el año 2007.
Ahora, los ocho millones vinculados a la trama corrupta pertenecen al Estado, que los destinará a apoyar a programas de atención a víctimas del delito, impulsar y dotar de medios a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación, comprendiendo el coste de las pericias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses o gastos de la propia Oficina, entre otros.
Con el dinero ya en la cuenta estatal, Eduardo Zaplana y el resto de imputados aguarda a que la juez Isabel Rodríguez levanta el secreto de sumario de la última parte de la investigación, algo que con toda probabilidad no se producirá en el mes de enero.
La parte que está secreta cusa una cierta inquietud a los políticos que en algún momento formaron parte del universo del ex ministro de Aznar. Entre la documentación que se examina hay un contenido que destaca sobre el resto: las agendas personales del ex presidente de la Generalitat Valenciana, unas libretas en la que desde el año 1995 apuntaba con todo detalle encuentros, reuniones y decisiones. Por intranscendentes que fueran. 
Zaplana, caracterizado por ser un hombre metódico, hace gala de ello en las páginas de los dossiers que están analizando los investigadores y que por el momento todavían no han plasmado en su informe. 
Las agendas, según ha podido saber El Mundo, son muy extensas e incluyen nombres de muchos políticos o ex políticos que en algún momento tuvieron peso tanto a nivel estatal como autonómico. Que en ellas se reflejen encuentros oficiales derivados de su categoría como político o no todavía se desconoce.
Los investigadores ultiman el rastreo de estos datos para confeccionar el correspondiente informe y ponerlo sobre la mesa de la magistrada que investiga el asunto.
No obstante, el hecho de que haya plasmados nombres y distintas reuniones no implica que esas personas estén relacionadas con los negocios turbios que se le atribuyen a Zaplana en el marco de las diligencias que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia aunque quizá puedan ser fuentes de información para otros asuntos.
Lo que sí se desprende de las anotaciones que todavía permanecen bajo secreto de sumario es la intensa red de relaciones que tejió desde que accedió a la presidencia de la Generalitat Valenciana y el detalle con el que las recoge.
También evidencia su capacidad para relacionarse con personas de distintos ámbitos, en principio, antagónicos entre sí. El levantamiento del secreto de esta pieza mantiene en cierto nivel de alerta a quienes contactaron con él en algún momento.
De hecho, son varias las agendas que los agentes de la Uco están analizando, dado lo abultado del contenido. Una vez que la juez Isabel Rodríguez haga pública esta parte, la última que queda bajo secreto, todo el sumario del caso Erial será público si bien es cierto que las pesquisas más comprometidas para Zaplana trascendieron hace meses.
Las conclusiones que emitieron los agentes de la Uco son devastadoras. Los agentes sostienen que recibió 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino a cambio de darle 85 millones en adjudicaciones.

El 'Botànic' celebra que el Consell se acerque a la media en gasto social y PP y Cs critican el aumento del déficit

VALENCIA.- Los partidos firmantes del pacto del Botànic han asegurado que el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2018 demuestra que el Consell "progresa adecuadamente" y es "eficaz", y han celebrado que el gasto social haya crecido hasta acercarse a la media de las autonomías.
Así lo han puesto de manifiesto dirigentes del PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem, después de que el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haya entregado al Parlamento autonómico el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2018.

Para el vicesecretario general del PSPV–PSOE y síndic en Les Corts, Manolo Mata, el informe de la Sindicatura de Comptes confirma que "el Consell del Botànic progresa adecuadamente", y ha celebrado que no haya responsabilidad contable en la cuentas autonómicas.

Asimismo, ha defendido los 1.325 millones de euros reivindicativos. "Nunca lo hemos ocultado, siempre lo hemos dicho y son millones que se han gastado en políticas sociales", según Mata.

El dirigente socialista ha asegurado que a pesar de la infrafinanciación, desde el Consell no se va a tolerar "tener un gasto por debajo del resto de comunidades autónomas en Sanidad, Educación y Servicios Sociales".

Por ello, ha añadido, "la reivindicación siempre es tratar el déficit de manera asimétrica en función de la financiación que tengan las comunidades autónomas", pues el déficit "no puede ser el mismo para una comunidad sobrefinanciada que para una infrafinanciada".

Por su parte, la diputada de Compromís Graciela Ferrer ha señalado que el informe demuestra que la Administración "funciona de una manera razonable y eficaz" y que el problema recurrente es "la falta de financiación para poder dar los servicios a los que tienen derecho de los ciudadanos".

En este sentido, ha dicho que seguirán defendiendo una financiación justa, especialmente, en relación con la ley de la Dependencia.

Ferrer ha defendido también los 1.325 millones. "Es una partida presupuestaria reivindicativa porque a lo que aspiramos y queremos hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos igual que en el resto del Estado español".

Ha valorado que en este momento se está llegando al gasto social medio del resto de autonomías, tras muchos años por debajo, pero el problema, ha dicho, "es que tenemos mucho menos dinero del que nos correspondería" para poder prestar esos servicios.

"No vamos a recortar derechos que son fundamentales para la calidad de vida de las personas", ha asegurado, y ha destacado que aunque el déficit ha subido en términos absolutos, es el segundo año que se reduce en porcentaje del PIB.

Desde Unides-Podem, Irene Gómez ha manifestado que el mayor gasto que ha habido por parte del Consell no es "porque sí", sino que es porque "se hacen cosas en beneficio de los ciudadanos" y para mejorar su vida. 

Soler se siente respaldado

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha valorado el informe anual de la Sindicatura de Comptes referido al ejercicio de 2018, del que ha considerado que "respalda" la "reivindicación del Consell de una reforma urgente de la financiación y de la compensación de la deuda histórica". El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado a Les Corts el informe, que incluye un apartado sobre el sistema de financiación autonómica.

Soler ha subrayado el hecho de que la Sindicatura advierta de que la "discriminación" financiera de la Comunitat Valenciana, --que, según ha apuntado en un comunicado es la que motiva la inclusión de la partida de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos--, "compromete el acceso de las y los valencianos a los servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia en condiciones de igualdad con el resto de autonomías".

Asimismo, la Sindicatura alerta de que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de esta infrafinanciación, "condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica sufrida durante los últimos años".

Por otra parte, según Soler, la Sindicatura de Comptes señala que si los fondos que actualmente recibe la Comunitat Valenciana a través de los mecanismos especiales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), "llegasen a través del sistema de financiación autonómico, no incrementarían el endeudamiento de la Comunitat Valenciana".

El informe subraya que estos mecanismos especiales incrementan la deuda, por lo que "dificultan la consecución de los objetivos tanto de déficit como de endeudamiento, incidiendo en el normal funcionamiento de la Administración de la Generalitat", ha apuntado el conseller.

Aún así, Soler ha recalcado que el síndic destaca en su informe de fiscalización el "cambio de tendencia" en el endeudamiento de la Generalitat en porcentaje de PIB, "que se ha reducido en 2018 por segundo año consecutivo".

En su valoración, Soler ha destacado igualmente el aviso de Cucarella de las "consecuencias negativas" que el actual sistema de financiación autonómico tiene sobre la Comunitat Valenciana en forma de "falta de equidad horizontal y vertical" y especifica que los ingresos del sistema de financiación de los ejercicios 2014 a 2018 no han sido "suficientes" para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos presupuestos, ni para cubrir el gasto presupuestario de naturaleza no financiera, excluyendo el servicio de la deuda.

Además asegura que, teniendo en cuenta que el resto de ingresos no financieros obtenidos por la Generalitat tan solo representan un 5,9% del total, la administración "está abocada a cubrir el déficit presupuestario mediante el recurso al endeudamiento", añade Soler.

El PP y Ciudadanos han criticado este lunes el incremento del déficit de la Generalitat en 2018 en un 7,7 % en 2018 hasta los 2.187 millones, han advertido del incremento del gastos y han reclamado más responsabilidad al Consell a la hora de gastar el dinero público.

El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado en un comunicado que con el Gobierno de Ximo Puig los valencianos "solo tenemos más deuda, más déficit y más impagos" y ha señalado que la cuenta de 2018 demuestra "la nefasta gestión económica" del Consell.

"Además de estos malos datos se puede comprobar cómo la Generalitat no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos", ya que, según ha dicho, en 2018 éste "se desbocó un 7,7 % respecto a 2017, a pesar de tener más ingresos, lo que demuestra un claro desequilibrio en las cuentas".

Todo ello además, ha destacado, "con innumerables facturas en el cajón, por valor de cerca de 1.000 millones; de pagos sin contrato por valor de 1.400 millones y en definitiva una larga lista de impagos a los valencianos y a sus derechos".

"Estamos ante la evidencia más clara de una gestión caótica", ha asegurado Ibáñez, quien ha alertado sobre "la mala justificación de subvenciones, de forma especial en Presidencia", así como del abuso de pagos sin contratos y la falta de liquidación en las concesiones sanitarias".

"Hay un riesgo de prescripción de derechos de cobro de impuestos y aumento descomunal del gasto. Especialmente relevante es el caso de la Conselleria de Sanidad, que paga farmacia y productos sanitarios por caja fija sin contrato y fraccionando", ha indicado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha manifestado que el hecho de que la Comunitat tenga menos dinero y esté peor financiada "no es una carta blanca para poder gastar todo lo que se quiera sin todo el control que se debiera".

"Se debería tener más responsabilidad a la hora de gastar porque si no, ocurre lo que ocurre, el déficit y la deuda aumentan y nos lleva a una situación cada vez más insostenible", ha manifestado.

Merino también ha dicho compartir con la Sindicatura la idea de que no se deberían incluir en el Presupuesto los 1.325 millones de euros que el Consell califica de reivindicativos y que desde la oposición ven ficticios.

"Nos parece una irresponsabilidad y una irrealidad", ha afirmado la parlamentaria, quien cree que se trata de promesas que se hacen y que al final se incumplen porque "son gastos o inversiones que se dejan de ejecutar porque son ingresos que no llegan".

"Está muy bien reivindicarlos pero no creemos que sea la forma, la forma de reivindicar la financiación es otra, no poner 1.325 millones año tras año de forma reiterada en los presupuestos que nunca llegan", ha denunciado. 

Puig graba el mensaje de Fin de Año en el Cabriel para destacar la "emergencia climática"

VALENCIA.- El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha grabado el mensaje de Fin de Año que se emitirá este martes, día de Nochevieja, en el Valle del Cabriel, concretamente en Casas del Río (Requena), una zona declarada recientemente 'reserva de la biosfera' por la Unesco.

Según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat, en este año, en lugar del tradicional despacho como escenario para la grabación del mensaje, "se ha buscado una imagen que conecte con una de las prioridades claras del Consell: la emergencia climática".
Se trata de una zona protegida declarada recientemente 'reserva de la biosfera' por parte de la Unesco. Es la segunda área valenciana con esta catalogación y se pretende "poner en valor este rasgo medioambiental".
Asimismo, han explicado que el 'president' quiere "poner el acento" en este mensaje de Fin de Año en "la cuestión de la sostenibilidad, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado la ONU para la Agenda 2030".
El emplazamiento, novedoso por ser en exterior, "busca conectar con otra preocupación transversal del Consell: la lucha contra la despoblación".

Dos fármacos para dejar de fumar estarán financiados a partir de mañana

MADRID.- El Ministerio de Sanidad financiará por primera vez y a partir de mañana dos fármacos para dejar de fumar, la vareniclina (de marca comercial Champix) y bupropion, que pueden beneficiar a 83.800 personas con problemas de adicción al tabaco.

Ambos fármacos se incluyen a partir del 1 de enero en la prestación farmacéutica, con un impacto presupuestario de 7,9 millones de euros el primer año, según aseguró la ministra María Luisa Carcedo.
El tabaquismo es un problema de salud púbica y supone la principal causa de enfermedad y de muerte prematura evitable en España (cada año se contabilizan una media de 51.870).
La titular de Sanidad ha destacado que el éxito en la cesación tabáquica en personas que lo hacen sin ayuda es del 5 % frente al 30-40 % en aquellas que siguen un tratamiento farmacológico específico y cuentan con apoyo psicológico.
Según ha explicado el ministerio en un comunicado, el coste del tratamiento por día será de aproximadamente 3,55 euros por persona en el caso de la vareniclina y de 1,03 euros en el caso de bupropion (incluido el IVA).
Así, una persona con una aportación farmacéutica del 40 % pagaría 1,42 euros/día en el caso de la vareniclina y 0,41 euros en el caso del bupropion.
El tratamiento se prologa durante 12 semanas y la prescripción se efectúa por un mes, tras el que se valora su efectividad antes de emitir la siguiente receta.
Cada prescripción se realizará por un envase, lo que equivale a un mes de tratamiento. Tras ello, el médico, en el marco del seguimiento del programa de deshabituación tabáquica, deberá valorar la evolución de la efectividad del tratamiento con carácter previo a la emisión de la siguiente receta.
El tratamiento completo tiene una duración de entre nueve y doce semanas y la sanidad pública financiará un intento anual por paciente para dejar de fumar.
Será en la Atención Primaria donde se defina qué profesionales médicos se van a encargar de esta prestación que se financiará bajo receta electrónica a pacientes que estén incluidos en algún programa de apoyo individual o grupal y cumplan los criterios establecidos.
Estos son: tener motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento en el último año, fumar diez o más cigarros al día y tener un alto nivel de dependencia.

Una Dana muy fría puede asolar el sureste de España a final de semana

MADRID.- Los modelos de predicción se han enzarzado en una 'pelea' cuyo resultado aún no está claro. ¿Tendremos DANA para acabar la semana o una irrupción de aire frío proveniente del noreste? La conclusión tras Nochevieja. 

La primera mitad de la semana se mantendrá estable en la mayor parte del país, hasta ahí la predicción es fácil. A partir del jueves los modelos plantean diferentes escenarios que podrían traer algunas lluvias, con temperaturas en el promedio, o la primera entrada fría de relumbrón.

Tiempo de Nochevieja y Año Nuevo

En las próximas 48 horas no cambiará demasiado el panorama. El anticiclón continuará abrazando la Península Ibérica, proporcionando grandes claros, bancos de nubes bajas o niebla en los valles y también heladas adentrada la noche. 
Así, las uvas y el cotillón en ciudades como Madrid, Zaragoza o Salamanca tendrán que ir acompañadas de un buen chaquetón si la celebración es al raso. En Barcelona, Valencia o Sevilla no helará ¡pero anoraks que no falten! Los primeros días de 2020 ya tienen más 'miga’.

DANA de cara al viernes o...

En las últimas horas ha sido la apuesta favorita del modelo ECMWF, con un emplazamiento bastante dispar. Mientras algunos de sus mapas sitúan la DANA en el suroeste peninsular, otros la desplazan al sureste. El radio de acción, en cuanto a lluvias, sería bastante reducido y la incertidumbre es aún bastante alta.
El jueves existe una alta probabilidad de que llueva en el litoral de Galicia, extendiéndose las precipitaciones el viernes por el resto del territorio gallego y llegando, también, a otros puntos de la vertiente cantábrica. 
Por allí los paraguas podrían hacer falta hasta el sábado. El resto de la Península quedaría a expensas de la trayectoria final de la DANA. El domingo, según plantea ahora el modelo ECMWF, las lluvias serían ya cosa del mar de Alborán.

Irrupción de aire frío

Es el segundo escenario que plantean los modelos de predicción. El anticiclón que estos días está en nuestra vertical podría estirarse hacia el norte, con la ayuda de las borrascas atlánticas, que en tal caso ayudarían a extender la dorsal hasta las Islas Británicas.
Así la DANA pasaría a convertirse en una importante irrupción de aire ártico y/o polar con destino al Mediterráneo. 
Una parte de ese envite acabaría sobre el este peninsular y Baleares, aportando temperaturas gélidas, con heladas casi generalizadas sobre todo a partir de la noche de Reyes.
Si algo parece claro es que lloverá en Galicia y en las regiones bañadas por el Cantábrico entre el jueves y el sábado. De esto tampoco se salvan en este escenario. Después, con esta disposición de piezas, las lluvias se trasladarían a Baleares y, quizás, a puntos del litoral sureste peninsular.