En estos términos se ha expresado la responsable del departamento de Campanar, durante la rueda de prensa del inicio de las clases 2026-2027 y tras un final de curso pasado marcado por la huelga en la enseñanza pública no universitaria, que se desarrolló desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio, fecha en la que quedó suspendida pero no desconvocada.
De hecho, los sindicatos y asambleas docentes tienen anunciada una manifestación para el próximo 12 de septiembre.
A preguntas de los medios sobre las negociaciones con los sindicatos, Ortí ha aseverado que su conselleria tiene «objetivos propios» y que, «si no hay manera de acordarlos» con las centrales sindicales, «se van a aplicar y se van a llevar adelante».
«Nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad y que nuestros alumnos y alumnas tengan todo lo mejor que les podamos ofrecer», ha destacado Ortí.
Preguntada por cuáles son los puntos en los que ve «imposible» que se llegue a un acuerdo, la consellera ha indicado que la cuestión que «más ha dificultado» las negociaciones ha sido el tema de las ratios, ya que, según ha expuesto, la propuesta de su Conselleria, --que está establecida en 25 alumnos para este curso--, busca una reducción que sea «progresiva, real, aplicable» y que cuente con «recursos y edificios», mientras que los sindicatos piden una ratio máxima de 15 alumnos en Infantil y Primaria.
Un propuesta que desde el departamento de Campanar ven «imposible poderla aplicar en los plazos que se nos exige» ya que, para ello, hay que «tener preparadas las infraestructuras y la dotación de personal que sea necesaria para realizar esa reducción de ratios de manera tan drástica».
«Nos encantaría si se pudiera llegar a 15, pero, por supuesto, que en los plazos en los que han determinado las organizaciones sindicales, en absoluto», ha manifestado Ortí, quien ha subrayado que, «lo mismo» ocurre con la bajada de ratios planteada por el Ministerio de Educación para la enseñanza de 0 a 3 años con «cuatro, seis y ocho» alumnos por aula, lo que significa «la mitad de los que hay».
Y, ha este respecto, ha criticado que «no hay estructuras para escolarizar a los alumnos que no quepan en las aulas que hay en estos momentos» y, ha afirmado: «Si se van a tener que quedar en casa, flaco favor, estamos haciendo a la conciliación, además de que vamos clarísimamente en contra de la ley, de la ley orgánica».
En este sentido, ha insistido en que la Conselleria de Educación «tiene idea de aplicar muchas medidas y de favorecer la escuela pública» pero «con responsabilidad» y «atendiendo a criterios que puedan ser llevados a cabo».
Sobre las mesas de negociación llevadas a cabo durante el mes de julio, la consellera ha indicado que, en ellas, se llegó a concretar «bastantes acuerdos» y que, «cada vez estamos un poco más cerca de poder acordar ciertas cosas con las organizaciones sindicales», sin embargo, ha destacado que existen «determinadas cuestiones, pues que parece que son imposibles de negociar y que, a pesar de que hemos avanzado muchísimas cuestiones, por una cuestión puntual, finalmente no se cierran los acuerdos».
«Después de ver la hoja de ruta que, a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, (...) nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros», ha considerado.
Asimismo, ha puesto en relieve que el documento que la Conselleria ha presentado durante las mesas de negociación, «empezó con un folio» y «no paró de crecer con cosas que se habían aceptado por parte de propuestas que habían hecho los sindicatos» y, sin embargo, ha criticado que el documento de las organizaciones sindicales «también no paraba de crecer y crecer, porque lo que alegaban, era que, cuanto más tardaba la negociación, más cosas tenían para pedir».
Por lo tanto, ha insistido en que en la negociación «es imposible de que haya puntos de encuentro fácilmente, porque cuando uno solamente lo que hace es incrementar sus peticiones y pedir y no tiene capacidad o no demuestra capacidad de poder acordar y encontrar términos medios, pues la verdad es que es bastante difícil».
No obstante, ha apuntado que la Conselleria tiene convocatorias de mesas de negociación que están «en funcionamiento a lo largo de todo el curso» y que, la postura del ejecutivo de Educación «está, como no puede ser de otra manera, abierta al diálogo, a la negociación». Asimismo, ha remarcado que, «en una negociación, ambas partes tienen que ceder y no solamente una puede imponer».
Así, ha resaltado que, en estos momentos, la Conselleria va a aplicar aquellos acuerdos que fueron aprobados con el apoyo de algunos de los sindicatos, y que, en el caso de las cuestiones en las que se ve «imposible» llegar a un acuerdo, «se van a aplicar y se van a llevar adelante» de igual forma ya que su «objetivo prioritario» es que «haya una educación pública de calidad y que nuestros alumnos y alumnas tengan todo lo mejor que les podamos ofrecer».
Por otro lado, preguntada por el escrito de la Fiscalía en el que solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anule la mayoría de los servicios mínimos fijados por el Consell en la pasada huelga en la enseñanza pública valenciana, Carmen Ortí ha defendido los servicios mínimos establecidos por su Conselleria y ha subrayado que para ellos el alumnado es «el centro y la razón».
«Respetando el derecho de huelga establecimos unos servicios mínimos que entendimos que eran servicios esenciales que son precisamente aquellos que hay que proteger. Nuestros alumnos y alumnas no podían no ser evaluados porque eso limitaba poder continuar con sus estudios, poder entrar en concurrencia competitiva no solamente con los compañeros y compañeras de la propia comunidad autónoma, sino también de otras comunidades», ha explicado.
Y, ha añadido: «Esa decisión se tomó considerando esta excepcionalidad con servicios esenciales protegiendo precisamente a los más vulnerables, que son los alumnos y que son los últimos que tienen que sufrir las consecuencias de posibles situaciones de discrepancia o situaciones de mejora que se arrastran desde hace muchos años».
«Los volveríamos a hacer (los servicios mínimo). No me parece que fuese lógico que nuestros alumnos y alumnas no hubiesen podido participar de las PAU y que todos los puestos de las universidades hubieran sido cubiertas por alumnos y alumnas de otras comunidades autónomas», ha zanjado.
