La venta de la promotora inmobiliaria murciana “Polaris World” (con oficinas en varios puntos de la provincia de Alicante como Benidorm y Torrevieja) se ha cerrado ya, inicialmente en Suiza, sobre una cifra superior a los 1.000 millones de euros con “Crédito Suizo”, el último de los bancos internacionales interesado en hacerse con su marca, opciones y activo, según confirman fuentes financieras españolas solventes en Zurich. Esas mismas fuentes no descartan que se haya llegado a los 1.300 millones tras negociar algunos flecos, que no han supuesto mayor impedimento al acuerdo mercantil alcanzado este primer lunes de octubre.
Tanto esta negociación como otras anteriores, que no fructificaron finalmente, han estado sometidas, al parecer, a un pacto de silencio “contra natura” impuesto por “Caja Murcia” (como mayor acreedor de “Polaris”) a determinados medios de comunicación murcianos y alicantinos (entre los que no se encuentran ni “Economía Avanzada” ni “Vega Media Press” obviamente), bajo la advertencia de perder suculentos contratos publicitarios en caso contrario.
El inminente cambio de propiedad de “Polaris World”, a tan sólo unos meses de la decisiva cita electoral de mayo, tiene mucho que ver con una relación privilegiada de todo tipo de esta empresa con relevantes militantes del PP murciano y destacados miembros del gobierno autónomo presidido por Valcárcel, y también con el riesgo de que una eclosión, por falta o disminución drástica de clientes, terminase cuestionando la solvencia real de “Caja Murcia” por el fuerte riesgo contraído. Esta entidad de ahorro ha sido la primera y más interesada en esta venta al objeto de garantizarse recuperar un crédito sindicado y otro particular, que suman casi los 1.000 millones de euros.
Poco antes de trascender este acuerdo inicial de venta, y sin que tenga directamente nada que ver, se ha sabido por el diario “El País” que Murcia y Alicante son señaladas (junto a Valencia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Madrid, Barcelona y La Coruña) por el Ministerio del Interior como unas provincias donde lavan en el ladrillo su dinero negro las mafias, con una alta rentabilidad además. Esas tramas criminales están integradas casi todas por españoles, dentro de una poderosa, sofisticada, desalmada y nueva forma de delincuencia de cuello blanco, a juicio de los expertos policiales dedicados a combatirlas. Esta constelación delictiva funciona jerárquicamente, es disciplinada, se autofinancia y tiene vocación de supervivencia.
Según esa información, las mafias han encontrado en nuestro país una tierra de oportunidades: una sociedad con posibilidades para el enriquecimiento rápido y sin control social, particularmente en las áreas del sur y el levante español donde las urbanizaciones que proliferan como hongos albergan a una población residencial, en gran medida extranjera, que se confunde con los 40 millones de turistas.
Los españoles prestan cobertura y conocimiento sociológico a sus compinches, fundamentalmente venidos del Este de Europa. Aportan también infraestructuras y camuflajes empresariales a una delincuencia fría y animada por su convicción criminal. Estas mafias funcionan con métodos de gestión de empresa: analizan zonas y sectores de actuación más favorables para sus actividades, y calculan costes, riesgos y beneficios. También en los casos de Murcia y Alicante, según la Policía, utilizan estructuras comerciales legales o ficticias y se sirven de abogados, financieros, contables, suministradores… “Bien asesoradas en el plano legal, algunas de estas organizaciones operan hábilmente en los intersticios legales del sistema y aprovechan las lagunas de la cooperación policial-judicial”.
A juicio del secretario de Estado de Seguridad, el mallorquín Antonio Camacho, “las mafias acaban por corromper al Estado y al poder público al instalarse en una sociedad débil”. Por su parte, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ido más allá al reconocer que la mafia y su principal efecto, la corrupción, “ya ha empezado a asomar en algunos ayuntamientos” debido a que el delito económico es más rentable y está menos penado. El Gobierno es consciente del discreto asentamiento de los grandes grupos mafiosos en nuestro país para el blanqueo de dinero, y así el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, afirma que “con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, los blanqueadores de las mafias (…) han creado amplias redes de sociedades pantalla, a veces 30 ó 40 firmas, que les permiten ocultar a los verdaderos propietarios de las urbanizaciones, terrenos o empresas adquiridas en este país. (…) Si no las frenamos, estas organizaciones, que poseen estructuras estables y tienden a establecer contactos en los ayuntamientos, acabarán por corromper a las instituciones”.
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