El Gobierno valenciano pretende marcar las distancias con los responsables políticos de la etapa en que se produjo el supuesto fraude en la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA), denunciado por la Agencia Tributaria e investigado, desde ayer, por la Fiscalía Anticorrupción alicantina.
Tanto es así que el Consell no descarta, según fuentes próximas al Gobierno autonómico, exigir responsabilidades penales individuales a los directivos que gestionaban entonces la SPTA si finalmente se prueba que consintieron o alentaron el presunto fraude. Esta posibilidad, no obstante, depende de que sean acusados también de forma personal.
Tanto es así que el Consell no descarta, según fuentes próximas al Gobierno autonómico, exigir responsabilidades penales individuales a los directivos que gestionaban entonces la SPTA si finalmente se prueba que consintieron o alentaron el presunto fraude. Esta posibilidad, no obstante, depende de que sean acusados también de forma personal.
Esta determinación guarda un fuerte paralelismo con la actuación del parque temático Terra Mítica, cuya construcción promovió la mencionada sociedad, respecto a la investigación judicial sobre una presunta trama de facturas falsas. Entonces el parque pretendió personarse como parte perjudicada, cuando también era parte denunciada. Posteriormente, al desvelarse en unas grabaciones el presunto reparto de comisiones entre Eduardo Zaplana (en la fotografía inferior) y el empresario Vicente Conesa, el juez permitió a Terra Mítica personarse en la causa por estafa, aunque no por el resto de delitos investigados.
En cualquier caso, el proceso se encuentra todavía en una fase embrionaria, dado que es el fiscal Felipe Briones quien debe decidir, dentro del plazo de seis meses, si archiva la denuncia de la Agencia Tributaria o bien la remite a un juzgado para que abra diligencias.
Así, hay que entender la determinación de emprender, llegado el caso, acciones legales como un intento de desmarcarse desde el principio de la gestión de los responsables de la SPTA en 2000 y 2001, la actual consellera de Cooperación, Gema Amor, y Luis Esteban, presidente a su vez en la misma etapa de Terra Mítica.
En cualquier caso, el proceso se encuentra todavía en una fase embrionaria, dado que es el fiscal Felipe Briones quien debe decidir, dentro del plazo de seis meses, si archiva la denuncia de la Agencia Tributaria o bien la remite a un juzgado para que abra diligencias.
Así, hay que entender la determinación de emprender, llegado el caso, acciones legales como un intento de desmarcarse desde el principio de la gestión de los responsables de la SPTA en 2000 y 2001, la actual consellera de Cooperación, Gema Amor, y Luis Esteban, presidente a su vez en la misma etapa de Terra Mítica.
Reunión en la Fiscalía
Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Antonio López Coig, confirmó que ayer recibieron la documentación remitida por la Fiscalía de Valencia. De hecho, López Coig y Briones, que regresó ayer de vacaciones, pasaron gran parte de la mañana reunidos para analizar el contenido de la misma. Más de mil folios donde se detalla la investigación desarrollada en Valencia, y remitida a Alicante -la Fiscalía competente- el pasado martes.
Dado que gran parte del trabajo de investigación ya ha sido realizado, todo indica que Briones no agotará sus seis meses de plazo antes de tomar una decisión.
Dado que gran parte del trabajo de investigación ya ha sido realizado, todo indica que Briones no agotará sus seis meses de plazo antes de tomar una decisión.
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