El coste de la corrupción

La querella presentada ayer por la Fiscalía contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el militante de Coalición Canaria Miguel Zerolo, y la libertad bajo fianza de 80.000 euros decretada para el presidente del PP en Telde, José Luis Sánchez, constituyen los últimos episodios de las investigaciones sobre posibles delitos de corrupción. Las pesquisas se están desarrollando en un período preelectoral, lo que inquieta a todas las formaciones políticas concernidas por ellas y que tienden a reaccionar con visible contrariedad. Así, el presidente de Baleares, el popular Jaume Matas, ha llegado a sostener que las indagaciones del Ministerio Público en Andratx constituyen una especie de 11 de marzo para su partido, cuya intención de voto, según las encuestas, se ve seriamente mermada.

Con independencia de que resulte inadmisible que se invoque la tragedia del 11-M con voluntad de alentar presuntas conspiraciones, no es de recibo descargar las culpas en la Fiscalía, que debe cumplir con su obligación de perseguir el delito. Las acusaciones de parcialidad no sólo no contribuyen a aliviar la irritación que suscitan en la ciudadanía los abusos de algunos de sus servidores públicos, sino que llevan implícita la sospecha de que jueces y fiscales prevarican con actuaciones de mala fe destinadas a perjudicar a terceros. La generalización no es verosímil y, en todo caso, esas imputaciones no deberían insinuarse si hay pruebas concluyentes.

Es indudable que las investigaciones de casos de corrupción pueden provocar movimientos en el electorado, que toma en consideración todos los factores a la hora de ponderar su voto. Pero si los partidos –y, en especial, las dos grandes formaciones– quieren librarse de esta destructiva rémora, deben combatir desde dentro la corrupción, prevenirla primero y erradicarla sin contemplaciones. Si las fuerzas políticas tienen esa vocación compartida, deberían consensuar mecanismos eficaces para combatir cualquier irregularidad.

Los escasos intentos ya consolidados, como el Pacto Antitransfuguismo, han demostrado su eficacia aunque sus resultados hayan sido insuficientes por la ausencia de una voluntad política real de aplicarlos. Lo exigible y lo que la ciudadanía reclama es que los partidos renuncien a utilizar la corrupción como arma arrojadiza y no se amparen en excusas de difícil justificación para tratar de eludir sus responsabilidades.

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