La Diócesis de Orihuela-Alicante condena el urbanismo depredador

La condena pública del actual modelo de desarrollo urbanístico depredador en la provincia de Alicante por parte de la iglesia de la diócesis de Orihuela (en la ilustración, Nuestra Señora de Gracia, su sede en Alicante) a un paso de las fiestas de Navidad y Reyes se suma a otras dos efectuadas anteriormente por el propio Parlamento Europeo y las instituciones de la sociedad civil, y sitúa al gobierno conservador de la Generalitat en el centro de todas las censuras a tan sólo cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Esa rotunda crítica eclesial sirve igual para los gobiernos autónomos de signo PP en la Región de Murcia e islas Baleares. Alcaldes democristianos con proyectos urbanísticos muy sobredimensionados, caso de Águilas, en la costa murciana, se ven ahora en la tesitura de rectificar o de pechar con el purgatorio electoral. Se echa en falta entre los católicos más concienciados de la archidiócesis de Valencia o la diócesis de Cartagena una condena en el mismo o parecido sentido, aunque no se espera o parece muy improbable en ambos casos.

Sin embargo, de insostenible e inmoral califica la iglesia católica alicantina ese urbanismo que procura 400.000 viviendas vacías en esta provincia mientras jóvenes, mayores, inmigrantes y numerosas personas desfavorecidas no tienen acceso a un techo digno. “Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», según el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnáiz.

La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante aboga por romper con la concepción del suelo como un recurso económico especulativo porque considera que produce situaciones objetivamente “inmorales”. Las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, que el precio de los inmuebles haya subido trece veces más que el salario medio desde el año 1987 o que el suelo agrícola se transforme a pasos agigantados en “monocultivos de construcción”, son algunas de sus principales preocupaciones.

A juicio de Arnáiz, el urbanismo se ha convertido en el principal motor económico de la provincia en detrimento de sectores tradicionales como la agricultura o las industrias del calzado o el textil, pero alerta de que “no puede ser una posibilidad ilimitada o eterna, sino que tendrá un tope”.Por este motivo, resalta la necesidad de la concurrencia del Estado, el mercado y la sociedad civil para que “todos puedan disfrutar del bien común”.

El documento titulado «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades», es un pronunciamiento de la Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», según el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Esteve.

El estudio, que en esencia muestra los puntos de conflicto entre el “afán urbanizador” que afecta a muchos puntos de la provincia y la doctrina social de la Iglesia, pretende ser ante todo “una invitación a la reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico, social y medioambiental”, según Arnáiz.

Sus autores consideran necesaria una intervención del Estado, a través de las administraciones públicas. «La Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». A su juicio, no puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad».

Según Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, este responsable diocesano expresa que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo.

Para Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista esos factores medioambientales ni de futuro”. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario alicantino consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», especialmente a juicio de Antonio Esteve.

Desde la Diócesis también se plantea la cuestión del modelo de ciudad que se desea y cómo va a influir ese modelo en los ciudadanos. En este sentido, “rechaza la construcción y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», dice el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social».

Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error».

Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta Esteve la rehabilitación de los cascos urbanos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» esas viviendas, pero sí es necesario penalizarlas».

Además, ambos consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.

El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, el catedrático universitario de Geografía, Eugenio Burriel, ha manifestado, a propósito de ese documento diocesano, que “hasta la Iglesia se ha unido ya a la condena unánime de todas las instituciones sociales y políticas, y ha censurado los pecados cometidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el ladrillo y la vivienda”. Burriel destaca, igualmente, que “las instituciones europeas, el Síndico de Agravios, los propios medios de comunicación e, incluso, la patronal de turismo Exceltur han denunciado, junto con la Oposición, la depredación urbanística que ha practicado el Consell”.

Burriel incide en ese argumento y añade que «hasta una institución tan prudente como la Iglesia ha tenido que poner de manifiesto lo inaceptable de este crecimiento desaforado, que no parece tener límites, y la inmoralidad de la política de vivienda de Camps, que no atiende a esa necesidad básica de los ciudadanos». El responsable socialista señala que, «como todos los pecados, éste también debe cumplir penitencia», si bien subraya que en política, «la penitencia la dictan los ciudadanos retirando su confianza a quien dirige una gestión tan desastrosa como esta”.

Para el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, los «pecados del ladrillo no pueden perdonarse sólo con la propaganda con la que nos inunda cada día», en clara referencia al conseller de Territorio, Esteban González Pons. «Es necesario el arrepentimiento, que implica pedir perdón a los ciudadanos por los daños medioambientales, económicos y sociales que han provocado», dice el responsable socialista en materia de urbanismo.

Además, Burriel considera que debe haber un «auténtico propósito de enmienda, lo que supone cambiar de verdad la política urbanística practicada durante tantos años por el PP y que ahora sigue siendo la misma, pese a la palabrería pseudo verde de Pons».

«La penitencia de Camps llegará en 2007 - pronostica Eugenio Burriel - porque los ciudadanos no le perdonarán que haya destruido el territorio mientras que los muchos de ellos siguen sin poder acceder a una vivienda adecuada».

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante, Ramón Jerez, afirma que esta postura de la Diócesis «es una opinión que, en una economía libre de mercado, es prácticamente imposible o muy difícil de abordar». Califica el razonamiento como «discutible desde ese punto de vista».

A su juicio, incentivar los alquileres, promover las viviendas de protección oficial o fiscalizar las viviendas vacías «son peticiones que se pueden hacer, pero que no tienen sentido con las leyes actuales ni con la economía española». Jerez entiende que «es cierto que los precios hacen muy complicada la adquisición de una vivienda, con hipotecas que suponen en muchos casos el 60% de la economía familiar, pero la posición de la Iglesia en este caso es un brindis al sol, porque para aplicar sus razonamientos sería necesario cambiar el modelo de Estado actual, lo cual no es una tarea fácil ante la globalización económica».

Según Ramón Jerez, las intenciones de la Iglesia pueden ser muy buenas, «de una gran sensibilidad, pero no son reales y pueden generar falsas esperanzas».