VALENCIA.- La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, acusó hoy a la Generalitat de "no estar interesada en construir vivienda protegida", algo que supone "un perjuicio para todos los ciudadanos", aunque dijo que, pese a ello, el Gobierno central "no va a castigar" a los valencianos por esa "irresponsabilidad".
Trujillo se refirió así, durante la firma de varios convenios para la construcción y rehabilitación de viviendas en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, a la no asistencia del Gobierno valenciano a la reunión bilateral de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 en Valencia.
Según la Conselleria de Territorio y Vivienda, la decisión de no acudir a la comisión bilateral se debe a que el Ministerio de Vivienda decidió excluir los proyectos de Sociópolis en Valencia y la intervención en el barrio de San Antón en Elche.
La ministra aseguró que Sociópolis no puede entrar en la financiación estatal al existir un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "por falta de agua" y añadió que el Ministerio "no puede financiar un desarrollo urbanístico que afecta de forma tan grave a los ciudadanos y al medio ambiente".
"Los ciudadanos que acceden a una vivienda protegida tienen derecho a tener agua y todas las infraestructuras y equipamientos sociales, por tanto no se financiará, no solo en esta Comunidad Autónoma sino en ningún lugar de España, un desarrollo urbanístico que tenga un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica o de infraestructuras", manifestó.
Trujillo señaló que no se pueden hacer desarrollos urbanísticos como "de forma insostenible" se han llevado a cabo en España y añadió que "en este país estamos muy cansados de que se urbanice tan mal en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de muchos".
Respecto a la intervención en el barrio de San Antón de Elche, la ministra calificó de "falsa" la "excusa" de la Generalitat de que no recibe financiación estatal, ya que, según explicó, la rehabilitación "ya se está haciendo por parte del Ministerio" y este departamento está en conversaciones para incluir esta operación en el programa de 2006 o posteriores del Plan de Vivienda.
Tras aclarar que la Delegación del Gobierno es "la sede" del Ministerio de Vivienda y que la última reunión de la comisión bilateral se celebró en este lugar, acusó al president de la Generalitat, Francisco Camps, al conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de importarles "poco" la vivienda protegida.
A pesar de su ausencia, señaló, "no vamos a castigar a los valencianos por esa irresponsabilidad que han demostrado", y dijo esperar que el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valencia firmen "cuanto antes" los convenios para "no perjudicar a las familias beneficiadas".
Desde 1987 no se construían tantas viviendas protegidas en España, dijo la ministra, al tiempo que puso de manifiesto que en 2006 se inició la construcción de cerca de 6.000.
Los convenios suscritos suponen la rehabilitación y construcción de 2.288 viviendas en la Comunitat Valenciana con una inversión de 22 millones de euros por parte del Ministerio.
En la sede de la Delegación del Gobierno, la ministra firmó con 13 alcaldes de municipios socialistas de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia acuerdos de colaboración con los Consistorios para sacar al mercado viviendas en régimen de alquiler.
Estos convenios se unen a los firmados el año pasado, que suman ya un total de 29 municipios, con la particularidad de que todos ellos están gobernados por el PSPV.
Pero fue la propia ministra quien mostró su extrañeza por la ausencia de ayuntamientos gobernados del PP. Para Trujillo la explicación es evidente: a algunas autonomías “les interesa más poner ladrillos que recuperar la ciudad existente, sacando el patrimonio desocupado de viviendas”.
Trujillo, al hacer esta referencia, citó expresamente a las autonomías de Valencia y Madrid, que recordó que son las que más demanda tienen de este tipo de viviendas. La ministra resaltó que en estos momentos la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio, tiene 600 viviendas de este tipo en la Comunidad Valenciana.
La ministra aprovechó también para criticarla porque estuvo a punto de firmar el año pasado un acuerdo, “pero la Generalitat no quiso” y calificó esta falta de colaboración de “asignatura pendiente”.
Para Trujillo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio es destacable, ya que tras el convenio, la SPA podía acceder a más de 900.000 valencianos. Los precios de las viviendas en alquiler oscilan entre los 100 y los 600 euros, que en el caso de los universitarios oscilará entre los 75 y los 200 euros.
Trujillo explicó que el programa SPA “no es comparable a ningún otro” sistema español, ya que esta sociedad pública paga la renta directamente al propietario, negocia con éste para alcanzar precios más asequibles y presta “un verdadero servicio público”.
Trujillo se refirió así, durante la firma de varios convenios para la construcción y rehabilitación de viviendas en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, a la no asistencia del Gobierno valenciano a la reunión bilateral de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 en Valencia.
Según la Conselleria de Territorio y Vivienda, la decisión de no acudir a la comisión bilateral se debe a que el Ministerio de Vivienda decidió excluir los proyectos de Sociópolis en Valencia y la intervención en el barrio de San Antón en Elche.
La ministra aseguró que Sociópolis no puede entrar en la financiación estatal al existir un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "por falta de agua" y añadió que el Ministerio "no puede financiar un desarrollo urbanístico que afecta de forma tan grave a los ciudadanos y al medio ambiente".
"Los ciudadanos que acceden a una vivienda protegida tienen derecho a tener agua y todas las infraestructuras y equipamientos sociales, por tanto no se financiará, no solo en esta Comunidad Autónoma sino en ningún lugar de España, un desarrollo urbanístico que tenga un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica o de infraestructuras", manifestó.
Trujillo señaló que no se pueden hacer desarrollos urbanísticos como "de forma insostenible" se han llevado a cabo en España y añadió que "en este país estamos muy cansados de que se urbanice tan mal en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de muchos".
Respecto a la intervención en el barrio de San Antón de Elche, la ministra calificó de "falsa" la "excusa" de la Generalitat de que no recibe financiación estatal, ya que, según explicó, la rehabilitación "ya se está haciendo por parte del Ministerio" y este departamento está en conversaciones para incluir esta operación en el programa de 2006 o posteriores del Plan de Vivienda.
Tras aclarar que la Delegación del Gobierno es "la sede" del Ministerio de Vivienda y que la última reunión de la comisión bilateral se celebró en este lugar, acusó al president de la Generalitat, Francisco Camps, al conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de importarles "poco" la vivienda protegida.
A pesar de su ausencia, señaló, "no vamos a castigar a los valencianos por esa irresponsabilidad que han demostrado", y dijo esperar que el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valencia firmen "cuanto antes" los convenios para "no perjudicar a las familias beneficiadas".
Desde 1987 no se construían tantas viviendas protegidas en España, dijo la ministra, al tiempo que puso de manifiesto que en 2006 se inició la construcción de cerca de 6.000.
Los convenios suscritos suponen la rehabilitación y construcción de 2.288 viviendas en la Comunitat Valenciana con una inversión de 22 millones de euros por parte del Ministerio.
En la sede de la Delegación del Gobierno, la ministra firmó con 13 alcaldes de municipios socialistas de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia acuerdos de colaboración con los Consistorios para sacar al mercado viviendas en régimen de alquiler.
Estos convenios se unen a los firmados el año pasado, que suman ya un total de 29 municipios, con la particularidad de que todos ellos están gobernados por el PSPV.
Pero fue la propia ministra quien mostró su extrañeza por la ausencia de ayuntamientos gobernados del PP. Para Trujillo la explicación es evidente: a algunas autonomías “les interesa más poner ladrillos que recuperar la ciudad existente, sacando el patrimonio desocupado de viviendas”.
Trujillo, al hacer esta referencia, citó expresamente a las autonomías de Valencia y Madrid, que recordó que son las que más demanda tienen de este tipo de viviendas. La ministra resaltó que en estos momentos la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio, tiene 600 viviendas de este tipo en la Comunidad Valenciana.
La ministra aprovechó también para criticarla porque estuvo a punto de firmar el año pasado un acuerdo, “pero la Generalitat no quiso” y calificó esta falta de colaboración de “asignatura pendiente”.
Para Trujillo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio es destacable, ya que tras el convenio, la SPA podía acceder a más de 900.000 valencianos. Los precios de las viviendas en alquiler oscilan entre los 100 y los 600 euros, que en el caso de los universitarios oscilará entre los 75 y los 200 euros.
Trujillo explicó que el programa SPA “no es comparable a ningún otro” sistema español, ya que esta sociedad pública paga la renta directamente al propietario, negocia con éste para alcanzar precios más asequibles y presta “un verdadero servicio público”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario